¿Por qué los arquitectos cuestionan la reforma de la sede de Ayuso?

La reforma de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, ha abierto una polémica que va bastante más allá de elegir lámparas, maderas o el tono de una pared. Varios arquitectos y especialistas en rehabilitación cuestionan que el Gobierno regional haya adjudicado el diseño a Pombo Estudio, dirigido por la interiorista Alejandra Pombo, mediante un procedimiento negociado sin publicidad amparado en el carácter de “actuación artística única” del encargo. La discusión está, sobre todo, en cómo se justificó esa excepcionalidad y en el peso técnico de una intervención sobre un edificio protegido.

El expediente permite afinar bastante el asunto. El contrato no adjudica todavía las obras materiales, sino el diseño, la redacción del proyecto y la dirección facultativa de la futura adecuación de varios espacios. Tiene un importe de 59.377,73 euros, impuestos incluidos, una duración prevista de 19 meses y fue formalizado con Pombo Estudio después de un procedimiento en el que consta una sola oferta. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostiene que la elección responde a la singularidad artística de la propuesta y recuerda que el trabajo deberá contar con arquitectos y superar los controles técnicos y patrimoniales pertinentes.

Ahí está precisamente el nudo. Nadie discute seriamente que un interiorista pueda formar parte de un proyecto de esta naturaleza. Lo discutido es otra cosa: por qué la creación se considera tan singular que solo podía encargarse a ese estudio, cuando el propio pliego describe tareas propias de un proyecto básico y de ejecución y exige que el equipo mínimo incorpore un arquitecto habilitado como jefe y cabeza visible del proyecto. Una cosa es la libertad creativa; otra, bastante menos vaporosa, es la contratación pública.

Un contrato de 59.377 euros sin concurso abierto

La Comunidad de Madrid publicó el expediente el 7 de agosto. La documentación identifica el procedimiento como negociado sin publicidad, fija un valor de 49.072,50 euros antes de impuestos y señala a Pombo Estudio S.L. como adjudicataria por 59.377,73 euros con IVA. El contrato figura formalizado el 3 de agosto y con un plazo de 19 meses.

El alcance tampoco es el de una simple renovación de mobiliario. El pliego contempla el desarrollo de la decoración interior, materiales, acabados, iluminación y diseño de espacios, pero también proyecto básico y de ejecución, documentación para licencias y permisos, asistencia en materia de patrimonio y dirección facultativa. Las intervenciones se concentran en los patios interiores de la planta baja y en el ala norte de la segunda planta, donde se encuentran dependencias institucionales de especial relevancia.

La memoria justificativa añade restauración de carpinterías, actuaciones en suelos, techos y paramentos, instalaciones eléctricas y la integración del mobiliario y las obras de arte existentes. La Real Casa de Correos, construida en el siglo XVIII, está protegida como Bien de Interés Cultural, de modo que cualquier intervención relevante se mueve en un terreno donde la estética convive con permisos, conservación y requisitos técnicos. No basta con que algo quede bonito. En patrimonio, hasta el detalle aparentemente pequeño puede acabar pesando como una losa de granito.

La “actuación artística única” que permite la excepción

La pieza jurídica de la adjudicación está en el artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público. La norma permite recurrir al procedimiento negociado sin publicidad cuando un contrato solo puede encomendarse a un empresario determinado, entre otros supuestos, por tratarse de la creación o adquisición de una obra de arte única o una actuación artística única. Es una excepción prevista legalmente, pero precisamente por ser una excepción exige una motivación capaz de explicar por qué la competencia ordinaria no resulta adecuada.

La Comunidad argumenta en su memoria que la Real Casa de Correos necesita una intervención capaz de combinar historia, representatividad institucional y un lenguaje contemporáneo. Considera que el encargo no constituye un mero proyecto de interiorismo, sino un proyecto artístico, y concluye que el trabajo solo puede encomendarse a Alejandra Pombo por las características de su obra y su trayectoria. La Administración cita, entre otros antecedentes, trabajos de su estudio en inmuebles protegidos o de valor histórico.

La propia documentación administrativa reconoce, sin embargo, que el procedimiento negociado sin publicidad tiene carácter excepcional y recoge doctrina que exige acreditar una verdadera singularidad cuando se utiliza la exclusividad artística. Esa es la rendija por la que ha entrado toda la controversia: no tanto si la ley contiene la puerta, que la contiene, sino si este proyecto encaja de verdad por ella.

El propio pliego exige un arquitecto habilitado

El documento técnico introduce un detalle decisivo. El proyecto deberá estar dirigido por un equipo creativo multidisciplinar especializado en diseño de interiores y arquitectura para edificios BIC. Como mínimo, exige un arquitecto superior o titulado equivalente con habilitación profesional y un especialista en decoración o diseño de interiores.

Más aún: el arquitecto aparece definido como jefe del proyecto, responsable, coordinador de los departamentos participantes y cabeza visible de los trabajos. El equipo deberá preparar el proyecto técnico de obra, ocuparse del diseño arquitectónico, trabajar sobre instalaciones, eficiencia energética y documentación administrativa y responder ante los organismos competentes.

La aparente paradoja que alimenta las críticas

Alejandra Pombo figura en la documentación como graduada en Arquitectura de Interiores y profesional con experiencia en interiorismo. Que su empresa pueda integrar arquitectos habilitados no está en discusión: el propio Gobierno regional afirma que el estudio cuenta con ellos. La objeción planteada por varios profesionales es más fina: si el arquitecto debe ser desde el pliego la cabeza técnica del proyecto, consideran poco habitual que la singularidad utilizada para excluir la concurrencia se construya alrededor de la figura de una interiorista y que la arquitectura quede incorporada dentro del equipo adjudicatario.

Por qué algunos arquitectos hablan de un proceso “viciado”

Los profesionales que han criticado el procedimiento ponen el foco en el tipo de edificio y en el alcance que permiten los pliegos. La arquitecta y urbanista Elena Sarabia sostiene que determinadas actuaciones incluidas en el contrato pueden superar el ámbito habitual de la decoración interior. Lucía Bentué, vinculada al grupo Nexo del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ha subrayado la intensidad de los controles que pesan sobre una intervención en un monumento protegido. Otros profesionales han calificado el procedimiento de extraordinariamente inusual.

Las críticas tampoco son completamente homogéneas. Algunos especialistas consideran que, según cuál termine siendo el alcance real de los trabajos, una parte importante podría quedarse en interiorismo y adecuación estética; otros ven elementos suficientes —carpinterías, instalaciones, posibles cambios espaciales o intervención arquitectónica— para reclamar desde el inicio un liderazgo técnico mucho más definido. Esa discrepancia importa: muestra que el problema no está resuelto simplemente diciendo “es decoración” o “es arquitectura”. El pliego mezcla ambas dimensiones.

También se cuestiona la utilización de la exclusividad artística para un servicio que no termina en una pieza creativa aislada. El contrato incorpora redacción de proyecto, asistencia administrativa y dirección facultativa durante las obras. La memoria autonómica defiende que esas prestaciones forman parte inseparable de la idea artística; los críticos entienden, por el contrario, que esa amplitud hace todavía más necesario justificar por qué solo un profesional concreto podía asumir el encargo.

Qué responde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso

La Consejería de Presidencia defiende la legalidad del procedimiento y su sentido. Según su explicación, antes del contrato se solicitaron propuestas y la opción escogida fue la mejor valorada por los técnicos. El Ejecutivo regional sostiene que Pombo Estudio es propietario de la idea seleccionada, que dispone de arquitectos en su estructura y que la posterior ejecución material de las obras se licitará mediante un procedimiento abierto.

También recuerda que la Comunidad cuenta con una arquitecta encargada de coordinar las actuaciones en la sede y que el carácter BIC obliga a someter las intervenciones a los controles de Patrimonio. El expediente técnico prevé, de hecho, la tramitación de licencias y autorizaciones, la supervisión del proyecto y la participación de profesionales con habilitación arquitectónica.

Por eso conviene no simplificar la polémica hasta convertirla en un falso duelo entre “una decoradora” y “los arquitectos”. El contrato sí exige arquitectos. El debate relevante está en otro sitio: quién recibe el encargo principal, cómo se acredita la exclusividad artística y si el procedimiento excepcional resulta proporcionado para un trabajo que reúne creación estética, proyecto técnico y dirección de obra. El expediente figura formalizado; la controversia conocida gira alrededor de esas decisiones administrativas y profesionales.

El ático de Chamberí vuelve inevitable el contexto político

La reforma de Sol no ha aparecido en el vacío. El proyecto quedó ligado públicamente a la compra, a través de la empresa pública Planifica Madrid, de un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí por unos 6,3 millones de euros. El Gobierno regional había explicado que el inmueble podría servir para reuniones durante las obras de la sede de Presidencia. La operación provocó una fuerte polémica política y posteriormente la Comunidad decidió poner la propiedad a la venta, con un precio de salida de 6,69 millones de euros.

La cronología ha alimentado las dudas de la oposición y de quienes cuestionan la planificación de toda la operación. La memoria que justifica el procedimiento de reforma está firmada el 2 de junio de 2026, mientras que la compra del ático se produjo en abril. El dato no demuestra por sí mismo que antes no existiera ninguna previsión administrativa de obras, pero sí explica por qué la posterior publicación del contrato de la Real Casa de Correos se ha examinado con lupa.

El Ejecutivo madrileño mantiene que las obras justificaban la búsqueda de espacios alternativos y que ha ofrecido explicaciones suficientes. La venta del ático, sin embargo, no ha apagado el debate. Al contrario: ha convertido el contrato de apenas 59.000 euros para diseñar la reforma en una pieza de un puzle político mucho más caro y mucho más visible.

Patrimonio público, margen artístico y una duda incómoda

El expediente deja algunas certezas. La Comunidad de Madrid no ha adjudicado por 59.377 euros toda la obra de la Real Casa de Correos; esa cantidad corresponde al proyecto, determinadas tareas de asistencia y la dirección facultativa. La ejecución llegará después. Tampoco es correcto afirmar que el trabajo pueda desarrollarse sin arquitectos: el pliego exige expresamente uno habilitado en el equipo y le atribuye un papel central.

Lo controvertido está en la excepción escogida para llegar hasta Pombo Estudio. La Administración considera que existe una obra intelectual y artística suficientemente singular para justificar la adjudicación negociada sin publicidad. Una parte de los profesionales lo considera forzado, impropio de una intervención sobre un BIC o insuficientemente argumentado. Dos lecturas sobre el mismo expediente, aunque no con el mismo peso retórico: cuando una Administración prescinde de la competencia abierta, la singularidad debe quedar especialmente bien explicada.

Y ahí permanece la incomodidad que ha llevado a varios arquitectos a levantar la ceja. No porque la arquitectura tenga que vivir encerrada en una torre gremial ni porque el interiorismo sea una disciplina menor. Sería absurdo. La cuestión es más elemental: en un edificio histórico que pertenece a todos, la creatividad puede ser subjetiva; las razones para gastar dinero público y restringir la concurrencia, bastante menos.