¿Qué revela la jueza sobre Rita Barberá y las tramas del caso Azud?

Rita Barberá vuelve al centro del caso Azud casi diez años después de su muerte. No porque pueda ser juzgada —falleció en noviembre de 2016 y cualquier eventual responsabilidad penal quedó extinguida—, sino porque el auto que pone fin a la larga instrucción dibuja con bastante más nitidez el papel que, según la jueza Pepa Tarodo, desempeñó alrededor de varias operaciones investigadas durante sus años como alcaldesa de València. La magistrada sostiene que Barberá conocía algunas de ellas y atribuye especial importancia al respaldo que habría proporcionado a su cuñado, el abogado José María Corbín.

El dato más contundente es éste: la instructora considera que Corbín pudo moverse por distintas áreas municipales gracias al “amparo personal” de su familia política, incluida la propia alcaldesa. El abogado aparece en la resolución como un intermediario capaz de facilitar adjudicaciones a empresas que después le pagaban cantidades que la investigación considera comisiones ilícitas camufladas bajo supuestos servicios jurídicos. La jueza cifra en torno a 3,6 millones de euros el dinero presuntamente obtenido por Corbín mediante ese mecanismo.

No es una sentencia firme ni una condena retrospectiva de Rita Barberá. Conviene decirlo sin letra pequeña. Estamos ante las conclusiones de una instrucción judicial, plasmadas en un auto que conduce hacia la fase de acusación y que todavía puede ser recurrido. Pero tampoco se trata ya únicamente de sospechas dispersas en informes policiales: después de años de diligencias, registros, comunicaciones, declaraciones y documentación bancaria, la jueza incorpora el nombre de Barberá al relato de operaciones como el PAI del Grao, el proyectado hospital de la Universidad Católica y la UTE Los Hornillos.

La jueza sitúa a Barberá dentro del engranaje de Azud

El caso Azud nació de una investigación sobre el despacho de José María Corbín y terminó creciendo hasta convertirse en una de esas macrocausas valencianas donde abrir una puerta llevaba casi siempre a otro pasillo. Contratación pública, urbanismo, empresas constructoras, supuestos pagos encubiertos, operaciones financieras y relaciones políticas que alcanzaron tanto a dirigentes del PP como a antiguos cargos vinculados al PSPV-PSOE.

La instrucción concluye con 38 personas encausadas. Entre ellas aparecen Corbín, tres hijas suyas y sobrinas de Barberá, el exvicealcalde Alfonso Grau, el exconcejal popular Jorge Bellver, el antiguo portavoz socialista Rafael Rubio, abogados, funcionarios y numerosos empresarios. La jueza atribuye de forma indiciaria distintos delitos según cada caso, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo y falsedad documental.

Rita Barberá no forma parte, obviamente, de esos 38. Su muerte el 23 de noviembre de 2016 impide cualquier procedimiento penal contra ella. Lo relevante está en otra parte: la resolución utiliza sus actuaciones, contactos y posición institucional para reconstruir cómo habría funcionado el acceso privilegiado de Corbín al Ayuntamiento que ella gobernó desde 1991 hasta 2015.

El “amparo personal” a José María Corbín

La descripción judicial del cuñado resulta especialmente áspera. Corbín aparece como una especie de “conseguidor” de contratación pública, un hombre cuya principal ventaja competitiva no habría estado precisamente en una biblioteca jurídica, sino en su acceso a las personas que tomaban decisiones.

La jueza considera que Corbín podía desenvolverse con libertad en departamentos municipales por la protección derivada de dos relaciones familiares decisivas: su esposa, María Asunción “Totón” Barberá, hermana y jefa de gabinete de la alcaldesa, y la propia Rita Barberá. Según la resolución, Corbín intermediaba ante la Administración para favorecer intereses empresariales y después canalizaba los pagos hacia su despacho mediante contratos de asesoramiento que la investigación considera ficticios o carentes de trabajos que justificaran las facturas.

Aquí está uno de los cambios de temperatura del caso. Durante años, el apellido Barberá aparecía alrededor de Azud inevitablemente, pero muchas veces como paisaje político: familiares, colaboradores, concejales, agendas. El auto va más lejos al atribuir a la exalcaldesa una intervención o conocimiento concreto en determinadas operaciones.

El PAI del Grao y la implicación personal de la alcaldesa

Una de esas operaciones es el PAI del Grao, el gran desarrollo urbanístico previsto junto al frente marítimo de València en los años de la Copa América y de la posterior Fórmula 1. Era la época en la que la ciudad coleccionaba grandes proyectos con la misma facilidad con la que otros ayuntamientos encargaban bancos para un parque. Dinero, suelo y expectativas inmobiliarias circulaban a gran velocidad.

La jueza sostiene que Barberá “se implicó personalmente” en la ordenación urbanística de esta zona. La investigación ya había documentado reuniones y contactos alrededor del proyecto y había señalado la capacidad de Corbín para actuar como mediador entre intereses privados y el Ayuntamiento. Una investigación anterior situó en más de 224.000 euros los pagos relacionados con su intermediación en torno al PAI del Grao.

También aparecen reuniones del empresario Jaime Febrer, considerado una figura central de la trama, con personas del entorno municipal. La UCO investigó contactos relacionados con el Grao y detectó encuentros del entonces edil Jorge Bellver con Febrer en los que se abordó precisamente este proyecto, además de otros asuntos urbanísticos.

El interés judicial no reside únicamente en que Barberá pudiera conocer un determinado plan urbanístico —sería bastante llamativo que una alcaldesa desconociera uno de los mayores proyectos de su ciudad—, sino en cómo ese conocimiento se conecta con las gestiones de Corbín y con pagos efectuados por empresas interesadas. Ahí está el terreno penal que la causa intenta delimitar.

El hospital de la Universidad Católica

Otro capítulo lleva hasta un proyecto que nunca llegó a convertirse en el hospital universitario privado que sus promotores imaginaban. En 2010 se trabajó en la construcción de un centro vinculado a la Universidad Católica de Valencia sobre suelo de la ciudad. El proyecto requería decisiones urbanísticas y administrativas municipales y alrededor de él volvieron a aparecer Jaime Febrer, Alfonso Grau y José María Corbín.

La empresa implicada contrató al despacho de Corbín y le abonó 63.720 euros. La UCO investigó esos pagos como posibles comisiones ilícitas porque no encontró rastro suficiente de un asesoramiento jurídico que explicara la cantidad. La operación llegó incluso a provocar cambios en el planeamiento urbano para hacer viable el futuro hospital.

La documentación intervenida durante la investigación resulta reveladora por algo mucho más cotidiano. En papeles atribuidos a Corbín aparecía una referencia a haber hablado con una mujer sobre el proyecto; los investigadores interpretaron por el contexto que se trataba de Rita Barberá. Es decir, la exalcaldesa no aparece aquí simplemente como un nombre situado al fondo del organigrama municipal, sino dentro del circuito de conversaciones que rodeaban una operación empresarial concreta.

Los Hornillos y el valor de ser “el cuñado de Rita Barberá”

Probablemente ningún episodio explica mejor la tesis de la jueza que la planta de residuos de Los Hornillos, en Quart de Poblet. La UTE adjudicataria de su construcción y explotación realizó pagos a Corbín presentados formalmente como asesoramiento jurídico. Sin embargo, el auto sostiene que el abogado no elaboró informes ni dejó constancia de trabajos que justificasen esas facturas.

La magistrada afirma que la función de Corbín estaba ligada a su contacto personal con Rita Barberá y añade que la alcaldesa se interesó particularmente por esa adjudicación. La resolución llega a describirlo, en esencia, como una persona cuya utilidad consistía en ser cuñado de la alcaldesa. Una frase judicial demoledora porque reduce el supuesto servicio profesional a algo bastante menos sofisticado: tener el teléfono adecuado en la agenda.

La dimensión económica tampoco es menor. Según informes de la UCO incorporados al caso, se pactó una comisión de alrededor de 2,25 millones de euros vinculada a Los Hornillos, de los que parte debía pagarse mediante contratos y unos 450.000 euros en efectivo. En la documentación analizada también constan 261.000 euros facturados por la UTE a Corbín en 2005 y 2006 sin que el auto encuentre constancia de trabajos que los justificasen.

El patrón se repite en otras empresas. Tras finalizar aquella facturación, la constructora CYES abonó a Corbín cerca de 491.700 euros entre 2006 y 2014, mientras obtenía contratos municipales. La jueza sostiene nuevamente que no existe evidencia del trabajo jurídico que explicaría semejantes desembolsos.

Los 3,6 millones y una trama que desborda a Rita Barberá

Reducir Azud a Rita Barberá sería, sin embargo, deformar la causa. La resolución describe algo bastante más ancho. La jueza coloca en el núcleo de la presunta trama a José María Corbín, Alfonso Grau y Jaime Febrer, a quienes atribuye una relación estable alrededor de operaciones inmobiliarias y contratación pública.

Grau, vicealcalde y durante años número dos del consistorio, aparece como una figura con enorme capacidad de intervención interna. La magistrada considera que el grupo podía influir sobre adjudicaciones y contratos mientras Corbín aprovechaba su acceso familiar a la alcaldía. También se investigan pagos y operaciones relacionados con compañías como Acciona, Cleop, CYES o Secopsa, cada una con circunstancias y responsabilidades que deberán discutirse judicialmente.

El procedimiento alcanza igualmente a antiguos cargos socialistas. La instrucción analiza una vertiente vinculada a operaciones urbanísticas y a una supuesta financiación irregular de campañas del PSPV-PSOE. Entre los encausados figuran el exconcejal Rafael Rubio y el abogado José Luis Vera. Azud no es una causa contra un partido, sino una investigación sobre varias redes que, según la jueza, encontraron interlocutores en distintos espacios políticos y administrativos.

Ese matiz importa. Mucho. Porque el auto debe leerse como lo que es: un relato judicial construido sobre indicios suficientemente relevantes, a juicio de la instructora, para continuar el procedimiento contra decenas de personas. El juicio —si finalmente se abre para todas ellas— tendrá que determinar qué hechos pueden probarse, qué delitos encajan y cuáles de las acusaciones resisten el contraste de las defensas.

Una herencia política que el auto vuelve a iluminar

Rita Barberá gobernó València durante 24 años y fue una de las figuras más poderosas del PP español. Su muerte cerró cualquier posibilidad de que respondiera penalmente por hechos que pudieran atribuírsele, pero no podía borrar documentos, agendas, pagos o testimonios que siguieran formando parte de investigaciones abiertas.

El caso Azud devuelve su nombre al primer plano por una razón precisa: la jueza no presenta a Barberá simplemente como una alcaldesa rodeada de personas posteriormente investigadas. La sitúa con conocimiento e intervención en episodios concretos y considera que su posición facilitó el acceso de su cuñado al Ayuntamiento y, según la tesis judicial, los pagos que éste recibía de empresas interesadas en contratos y operaciones públicas.

Será imposible conocer qué habría contestado Barberá ante estas conclusiones. Y ésa es una frontera que ningún auto puede cruzar. Lo que sí existe en septiembre de 2026 es una resolución judicial que, tras años de instrucción, deja una imagen mucho menos nebulosa del funcionamiento que la jueza atribuye al entorno municipal de aquella época: empresarios buscando decisiones favorables, intermediarios cobrando supuestos servicios y un apellido, Barberá, que según la instructora abría puertas que difícilmente figuraban en ningún pliego de contratación.