El récord de arrestos por yihadismo en 2025, explicado

Las fuerzas de seguridad detuvieron en España a 100 personas por presuntos delitos relacionados con el terrorismo yihadista en 2025, según el balance provisional de Interior, con datos disponibles hasta el 17 de diciembre. La cifra supera en un 23,4 % los 81 arrestos de 2024 y es la más elevada desde los 131 registrados en 2004, el año de los atentados del 11-M. No significa, por tanto, que haya superado aquel máximo histórico, sino que no se alcanzaba un nivel tan alto desde entonces.

El aumento coincide con una actividad policial extensa: hubo 64 operaciones en territorio español y, al sumar las actuaciones en el extranjero con participación de agentes españoles, el cómputo asciende a 112 detenidos en 72 operaciones. Los datos dibujan una combinación de investigaciones más numerosas, atención creciente a la propaganda en internet y preocupación por la captación de menores. Pero el número de arrestos, por sí solo, no permite saber cuántas personas se radicalizan ni medir directamente el tamaño de la amenaza.

Una cifra récord que necesita contexto

La serie anual ayuda a situar el salto reciente. En 2004 se contabilizaron 131 detenidos y en 2005 hubo 92. Después, no se registraron cifras comparables hasta la secuencia de los últimos años: 78 arrestos en 2023, 81 en 2024 y 100 en 2025. La tendencia es ascendente durante ese periodo, aunque el balance de 2025 seguía siendo provisional cuando se difundió la estadística.

El aumento de 2025 respecto al año anterior es del 23,4 %, pero esa comparación describe detenciones, no una variación exacta de la actividad terrorista. Un arresto puede ser el resultado de una investigación prolongada, de la detección de nuevos indicios o de una intervención coordinada que alcanza a varias personas. También influye cuánto esfuerzo policial se dedica a determinadas conductas y entornos. La estadística registra la respuesta de las autoridades, no un recuento exhaustivo de quienes consumen propaganda o atraviesan un proceso de radicalización.

Hay, además, una diferencia importante entre estar detenido y haber sido condenado. Las personas incluidas en el balance fueron arrestadas por su presunta relación con delitos de terrorismo yihadista; esa condición no acredita por sí misma su culpabilidad. Las investigaciones deben traducirse en pruebas y someterse a control judicial. Leer la cifra como si describiera condenas firmes convertiría un indicador policial en algo que no es: un dato de actividad operativa, sujeto a la evolución de cada procedimiento.

Qué revela el reparto de las operaciones

En España, las 100 detenciones se produjeron en 64 operaciones antiterroristas. Cataluña encabezó el recuento territorial, con 33 detenidos, diez de ellos en Barcelona. La Comunidad de Madrid ocupó el segundo lugar, con 13, seis en la capital. Son concentraciones relevantes, pero no significan que toda la actividad se limitara a esas zonas ni que el fenómeno responda a una única explicación territorial.

El mapa de las actuaciones se extendió por 27 provincias de 11 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla. Por localidades, Barcelona registró diez arrestos; Melilla, nueve, y Madrid, seis. Santa Coloma de Gramenet sumó cinco. También hubo tres detenciones en cada uno de estos municipios: Pontevedra, Puerto de Sagunto, Salamanca, Fuensalida y Alcobendas. La dispersión muestra que las investigaciones no se circunscribieron a las grandes capitales.

Ese reparto geográfico tampoco permite atribuir una causa común a municipios muy distintos. Una operación puede tener su origen en contactos digitales, en una investigación que cruza varias provincias o en indicios detectados en un lugar concreto. La localidad donde se practica un arresto no siempre coincide con el origen de una investigación ni representa necesariamente el alcance de la actividad estudiada. Por eso, el mapa sirve para conocer dónde se materializaron las intervenciones, pero no basta para construir un perfil social o territorial del fenómeno.

La investigación digital, entre la propaganda y la captación

Una de las razones que ayuda a entender el trabajo policial es el desplazamiento de parte de la propaganda hacia espacios digitales muy diversos. Las autoridades han advertido de contenidos yihadistas en redes sociales, comunidades de videojuegos y plataformas de retransmisión en directo. Allí, además de compartir vídeos, los usuarios pueden conversar mediante chats y formar grupos. La interacción cotidiana puede convertirse en una vía de aproximación, aunque la presencia de un mensaje radical no demuestra automáticamente que exista captación o participación delictiva.

En noviembre, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado comunicó la eliminación de 5.400 enlaces con contenido yihadista, en una actuación en la que participaron Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Ertzaintza. La cifra mide enlaces retirados, no personas detenidas ni procesos de radicalización. También ilustra la escala del trabajo de moderación y detección: cuando un contenido se elimina de un espacio, puede reaparecer en otro formato o canal, de modo que la vigilancia no consiste únicamente en localizar una publicación aislada.

El Ministerio del Interior ha señalado que algunos mensajes circulan como piezas breves, con fragmentos de partidas a los que se añaden símbolos, expresiones, emojis o música asociados a narrativas extremistas. La presentación puede hacer que el material resulte más reconocible para públicos jóvenes y menos parecido a un manifiesto explícito. En paralelo, los servicios de seguridad han advertido de que las retransmisiones y los chats pueden utilizarse para acercarse a usuarios o difundir propaganda. El formato cambia, pero la investigación debe distinguir entre circulación de contenidos, adoctrinamiento y preparación de delitos; no son categorías intercambiables.

El balance de 2025 recoge también una operación de la Guardia Civil, practicada a comienzos de febrero, en la que fueron detenidas 11 personas, siete de ellas en las provincias de Pontevedra y Madrid. Según la información difundida sobre el caso, los investigados tenían decenas de miles de seguidores y difundían mensajes de captación y proselitismo bajo contenidos de entrenamiento físico, como la calistenia y la defensa personal. La apariencia cotidiana de una publicación no permite conocer por sí sola su propósito, pero explica por qué los investigadores prestan atención a la combinación de mensajes, redes de contacto y conducta observada.

Menores: un dato que exige distinguir los recuentos

Interior señaló que 14 de las personas detenidas en España en 2025 eran menores de edad. En otra cifra, fuentes policiales indicaron que la Policía Nacional practicó 65 detenciones y que diez de esos arrestados eran menores. Los números no son necesariamente contradictorios: el primero se refiere al balance general y el segundo a las actuaciones atribuidas a un cuerpo policial. La diferencia de alcance importa para no comparar como si ambos recuentos describieran el mismo conjunto.

En junio, responsables de los servicios de Información de la Policía Nacional y la Guardia Civil alertaron del aumento de menores implicados en actividades terroristas y señalaron las dificultades que plantean algunos casos de niños radicalizados. Entre los supuestos mencionados había menores de 14 años, por debajo de la edad a partir de la cual puede exigirse responsabilidad penal conforme al marco al que aludían las autoridades. Eso no elimina la preocupación por la situación del menor, pero sí separa dos planos: la protección y atención de un niño y la respuesta penal ante una conducta.

Las fuerzas de seguridad han vinculado parte de esa inquietud al uso de redes y videojuegos, y a una mayor exposición al entorno digital durante los confinamientos de la pandemia. Esa observación apunta a un cambio en los espacios donde puede circular propaganda, pero no demuestra que pasar más tiempo conectado conduzca por sí mismo a la radicalización. Los menores no forman un grupo uniforme y el consumo de contenidos, sin otros elementos, no basta para explicar una trayectoria individual. El dato de las detenciones señala casos investigados, no una generación entera ni una relación automática entre videojuegos y terrorismo.

Entre las operaciones del año figura la detención en octubre, en Melilla, de tres hermanos a quienes se atribuyeron actividades de captación dirigidas a menores. El caso refuerza el interés policial por las redes de contacto entre jóvenes, pero no permite generalizar sobre las familias o comunidades de una ciudad. En este tipo de investigaciones, la edad puede modificar tanto la forma de aproximación como la respuesta institucional. La advertencia de los cuerpos policiales se refiere a casos concretos y a la dificultad de intervenir cuando la propaganda entra en edades tempranas, no a una equivalencia entre juventud y peligrosidad.

Perfiles distintos y operaciones con indicios diversos

Las investigaciones de 2025 también incluyeron a mujeres en tareas atribuidas de adoctrinamiento. En mayo, la Policía Nacional detuvo en Madrid a dos hermanas de 19 y 21 años. La investigación apuntó a una plataforma virtual que, bajo la apariencia de enseñar religión a mujeres musulmanas, habría servido para difundir ideología yihadista. El caso se cita como ejemplo de una posible vía de captación basada en la confianza y en espacios de aprendizaje. La participación de mujeres no es una novedad que permita hablar de un perfil único, pero recuerda que las redes pueden adaptar sus mensajes a distintos públicos y funciones.

Otros arrestos reflejan la variedad de indicios que pueden aparecer en una investigación. En Melilla fue detenida una persona que compartía en redes vídeos de ejecuciones; en Barcelona, tres personas fueron arrestadas en una operación conjunta de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, en la que se intervinieron manuscritos y materiales con referencias a ataques individuales y al martirio. Esos elementos no describen por sí mismos el desenlace judicial de los casos. Sí muestran que las pesquisas pueden abarcar difusión de propaganda, materiales intervenidos y posibles referencias a la violencia, conductas que deben valorarse dentro del conjunto de pruebas.

El 9 de marzo, en Alcobendas, fueron detenidos cuatro jóvenes que difundían material con proclamas de líderes yihadistas y publicaban vídeos propios en los que ensalzaban la violencia y alentaban acciones violentas, según la información difundida sobre la operación. La investigación también apuntó a encuentros para entrenar en lugares aislados o durante la noche, con una estética asociada al ideario yihadista. En otro caso, un ciudadano tunecino detenido en Ceuta fue expulsado de España; los agentes sostenían que se había desplazado a Siria en 2016 para unirse a grupos terroristas y que pretendía acceder a la península de forma irregular. Son casos distintos y no deben fundirse en una explicación única: ilustran la diversidad de indicios y trayectorias bajo investigación.

Cooperación policial dentro y fuera de España

Según fuentes policiales, la Policía Nacional realizó 65 de las detenciones practicadas en España, cerca de dos de cada tres del total. En ese recuento figuraban 55 adultos y diez menores. El dato muestra el peso de sus unidades de Información, pero no describe en solitario toda la respuesta antiterrorista: las operaciones también implicaron a otros cuerpos y, en algunos casos, a organismos españoles y policías de otros países. La estadística por cuerpo y el balance nacional responden a escalas diferentes, una distinción necesaria para interpretar los porcentajes.

La cooperación apareció en actuaciones con los Mossos d’Esquadra y también en investigaciones que implicaron al Centro Nacional de Inteligencia, a la Policía de Ecuador, a la Polizia di Stato italiana o al FBI. No es un detalle protocolario. Cuando los contactos, las cuentas o los contenidos investigados atraviesan fronteras, una parte de las pesquisas puede depender de información y actuaciones realizadas en otros países. La colaboración permite conectar piezas que una sola jurisdicción difícilmente vería completas, aunque cada intervención conserve sus propios procedimientos y límites legales.

De las 72 operaciones que componen el balance ampliado de 2025, ocho se realizaron fuera de España con participación de policías españolas; al sumar sus resultados, el total asciende a 112 detenidos. En la serie histórica citada por Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil habían participado además en 68 operaciones en el extranjero, con 158 detenidos. Estas cifras describen periodos y alcances distintos, por lo que no deben sumarse entre sí como si fueran un mismo balance anual. La dimensión internacional es parte del trabajo operativo, no una prueba de que todos los casos tengan conexiones transfronterizas.

Lo que el récord permite afirmar y lo que no

Desde los atentados del 11-M, la estadística de Interior acumula 1.216 detenidos en España en 512 operaciones. La cifra de 2025 se inserta en una serie larga marcada por el excepcional nivel de 2004 y por una subida sostenida en los tres últimos ejercicios. También coincide con investigaciones desplegadas en numerosos territorios y con una atención policial específica a la propaganda digital y a la captación de jóvenes. Son elementos que ayudan a explicar por qué las intervenciones han ganado visibilidad y volumen.

Sin embargo, no hay en estos datos una descomposición que permita atribuir el incremento a una sola causa. No se puede determinar cuánto corresponde a un cambio en la actividad de los grupos, cuánto a una mayor capacidad de detección o cuánto a prioridades y recursos de investigación. Tampoco el número de enlaces eliminados equivale a personas captadas, ni el de arrestos a condenas. El récord describe un máximo reciente de detenciones desde 2004, mientras que la explicación de fondo exige mantener separadas la amenaza, la actividad policial y el resultado judicial.

El balance, además, estaba cerrado a 17 de diciembre, de modo que podía variar cuando se incorporasen actuaciones o ajustes posteriores. Para Navidad, Interior ordenó un refuerzo temporal de las medidas antiterroristas, con controles aleatorios y más presencia policial en lugares donde se esperaban concentraciones. El dispositivo previsto se extendía desde las 15.00 del 19 de diciembre de 2025 hasta las 15.00 del 8 de enero de 2026. El cierre provisional y el refuerzo preventivo pertenecen a planos distintos: uno contabiliza detenciones y el otro busca reducir riesgos durante un periodo concreto.

Así, la cifra de 2025 no ofrece una medida completa de la radicalización en España, pero sí una fotografía significativa de la respuesta policial: más arrestos que en los años inmediatamente anteriores, operaciones distribuidas por buena parte del territorio y una investigación cada vez más atenta a espacios digitales y perfiles diversos. La lectura más rigurosa evita convertir esa fotografía en una explicación total. El dato cobra sentido al combinarlo con sus límites: qué se cuenta, hasta qué fecha, quién realizó las detenciones y qué diferencia existe entre una sospecha investigada y una condena.