¿Quién puede perder su visado? EEUU prepara 200.000 cancelaciones

Estados Unidos prepara una medida migratoria de dimensiones inéditas: la revocación de hasta 200.000 visados de turismo y negocios concedidos a extranjeros que posteriormente solicitaron asilo o tienen una petición de asilo en curso. El plan de la Administración de Donald Trump afectaría a visados B1 y B2 expedidos entre 2016 y 2026 y, si finalmente se ejecuta con el alcance previsto, sería la mayor cancelación colectiva de visados registrada en el país.

A 26 de agosto de 2026, conviene precisar algo importante: no se han revocado de golpe 200.000 visados. El Departamento de Estado está preparando la operación junto al Departamento de Seguridad Nacional y prevé aplicarla de manera progresiva. La cifra procede de documentos gubernamentales y funcionarios estadounidenses conocedores del proceso; el propio Departamento de Estado sostiene que el número definitivo será dinámico y dependerá de los expedientes identificados.

El objetivo declarado es perseguir a quienes, según la Administración, entraron en Estados Unidos como visitantes temporales y después solicitaron permanecer en el país mediante el sistema de asilo. Ahí empieza el choque político, pero también el jurídico: pedir asilo después de haber entrado como turista no demuestra por sí mismo que el viajero mintiera al obtener el visado. Una persona puede sufrir una persecución sobrevenida, cambiar sus circunstancias o encontrarse ante una amenaza que no existía cuando hizo las maletas. La vida, inconvenientemente para los formularios administrativos, no siempre avisa con seis meses de antelación.

Hasta 200.000 visados B1 y B2 están bajo revisión

La medida se dirige específicamente contra titulares de los llamados visados B1 y B2. El B1 se utiliza fundamentalmente para viajes temporales relacionados con negocios, reuniones, congresos o negociaciones comerciales. El B2 permite viajar por turismo, visitar familiares o recibir determinados tratamientos médicos. Con frecuencia ambas categorías aparecen combinadas en un único visado B1/B2.

Son permisos concebidos para estancias temporales. Para obtenerlos, el solicitante debe convencer a las autoridades consulares de que pretende abandonar Estados Unidos al terminar su viaje y mantener vínculos suficientes con su país de residencia.

La Administración Trump considera que existe una contradicción cuando alguien obtiene uno de esos visados y después presenta una petición para quedarse en Estados Unidos como asilado. El Departamento de Estado ha explicado que está trabajando con Seguridad Nacional para identificar a extranjeros que llegaron alegando una visita temporal pero posteriormente solicitaron asilo con intención de permanecer.

La operación abarcaría visados concedidos durante una década, entre 2016 y 2026. No se ha anunciado una nacionalidad concreta como objetivo del programa ni una lista cerrada de países afectados. El criterio conocido hasta ahora gira alrededor de la combinación entre haber recibido un visado B1 o B2 y haber presentado posteriormente una solicitud de asilo.

Solicitar asilo no convierte automáticamente el viaje en fraude

Aquí está uno de los matices que puede perderse entre titulares gruesos. La legislación estadounidense permite solicitar asilo a una persona que se encuentre físicamente en Estados Unidos con independencia de su estatus migratorio, aunque después deba cumplir los requisitos del procedimiento, incluidos los plazos y las excepciones previstos por la ley.

Eso significa que la presentación de una petición de asilo no constituye automáticamente una confesión de que el viajero engañó al consulado cuando pidió su visado turístico. Para demostrar fraude o tergiversación pueden entrar en juego las circunstancias concretas y, sobre todo, qué intención tenía realmente esa persona cuando solicitó el visado o entró en el país.

No es un detalle menor. Una cosa es considerar incompatible un visado pensado para una estancia temporal con una posterior aspiración a permanecer permanentemente; otra, presumir que todas las personas que recorrieron ese camino actuaron fraudulentamente desde el principio. Entre ambos extremos cabe un océano de expedientes individuales.

Qué ocurre cuando Estados Unidos revoca un visado

Una revocación significa, ante todo, que ese documento deja de ser válido para utilizarlo en futuros viajes a Estados Unidos. Y aquí aparece una confusión habitual: visado y estatus migratorio no son exactamente lo mismo.

El visado funciona esencialmente como un documento que permite presentarse en una frontera estadounidense y solicitar la entrada dentro de una categoría determinada. Una vez dentro del país, la situación jurídica de la persona depende también de las condiciones de admisión, de su periodo autorizado de estancia y, en estos casos, del procedimiento de asilo que pueda tener pendiente.

Por eso la cancelación de un B1 o B2 no equivale automáticamente a una orden de deportación inmediata. Los extranjeros que ya se encuentren en Estados Unidos con solicitudes de asilo pendientes pueden entrar en una situación administrativa diferente, pero la mera revocación del visado no borra con un golpe de sello el procedimiento de protección internacional.

El efecto puede ser mucho más visible para quien salga del país y pretenda regresar utilizando el antiguo visado. Si este ha sido cancelado, deja de servir como documento de entrada. La aparentemente pequeña diferencia entre estar dentro y estar fuera puede transformarse entonces en un muro bastante sólido.

El Gobierno tiene un amplio poder para cancelar visados

La legislación estadounidense concede al secretario de Estado y a los funcionarios consulares un margen considerable para revocar documentos migratorios. La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que un visado puede ser cancelado en cualquier momento y de forma discrecional una vez expedido.

Ese poder explica por qué la Administración puede plantearse una operación de semejante tamaño sin necesidad de aprobar previamente una nueva ley en el Congreso. Pero que exista una facultad amplia para revocar visados individuales no significa necesariamente que cualquier programa colectivo esté blindado frente a los tribunales.

Las impugnaciones previsibles podrían centrarse en cuestiones como la forma de seleccionar a los afectados, el procedimiento seguido, la relación entre la solicitud de asilo y la supuesta incompatibilidad con el visado original o los límites de la autoridad ejecutiva. El terreno legal, eso sí, favorece tradicionalmente al Gobierno federal cuando se trata de expedir o cancelar visados, uno de los ámbitos donde el poder ejecutivo estadounidense dispone de mayor discrecionalidad.

La batalla tampoco partiría de un paisaje judicial tranquilo. Otras restricciones migratorias impulsadas por la Administración Trump han acabado recientemente ante los tribunales. Un juez federal anuló en agosto una política distinta que suspendía la tramitación de determinados visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países al considerar que excedía la autoridad legal del Ejecutivo. No es el mismo caso ni implica que esta nueva revocación vaya a correr idéntica suerte, pero muestra que la política migratoria de Washington se está escribiendo simultáneamente en los despachos gubernamentales y en los juzgados.

Trump endurece también las vías legales de entrada

La posible cancelación de estos 200.000 visados no aparece aislada. Forma parte de un endurecimiento mucho más amplio de la política migratoria durante el segundo mandato de Trump, que no se limita a quienes cruzan irregularmente la frontera.

El Departamento de Estado ha informado de más de 175.000 visados revocados durante los últimos 18 meses por diferentes motivos. El Gobierno también ha reforzado el escrutinio de solicitantes, ampliado controles sobre información personal y redes sociales, aplicado restricciones a determinadas nacionalidades y aumentado las exigencias en distintas categorías migratorias.

Ese giro tiene una consecuencia política relevante. Trump construyó buena parte de su discurso electoral alrededor de la inmigración irregular, pero las decisiones de su Administración están afectando también a los mecanismos de inmigración y entrada legal. El mensaje va cambiando: ya no se trata únicamente de cerrar pasos fronterizos, sino de revisar quién puede entrar, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo puede confiar en que su autorización seguirá siendo válida.

Para el Gobierno, el argumento es sencillo: impedir que un permiso diseñado para visitar temporalmente Estados Unidos se convierta en una puerta lateral hacia la residencia. Para asociaciones de defensa de los inmigrantes y críticos de la Administración, la respuesta es también sencilla, aunque diametralmente opuesta: el sistema de asilo existe precisamente para proteger a personas cuya situación puede cambiar después de su llegada.

Entre el turista y el asilado, una frontera cada vez más estrecha

La gran incógnita ya no es tanto si Washington puede cancelar visados —tiene una autoridad considerable para hacerlo— como hasta dónde podrá extender una revocación basada en una categoría tan amplia como haber solicitado asilo después de entrar con un permiso temporal.

Si el plan alcanza realmente a unas 200.000 personas, Estados Unidos habrá convertido una herramienta administrativa utilizada habitualmente expediente por expediente en una operación migratoria de escala histórica. Y ese salto cuantitativo cambia también el debate político: una cosa es descubrir que un viajero engañó deliberadamente al consulado; otra distinta es tratar como sospechosa, casi por defecto, toda evolución posterior de su situación.

La Administración Trump parece dispuesta a borrar esa zona gris. Turismo por un lado, asilo por otro, cada casilla en su cuadrícula. Pero precisamente ahí se encuentra la disputa que probablemente terminará en los tribunales: la ley permite pedir protección desde dentro de Estados Unidos, mientras el Gobierno sostiene que hacerlo después de haber prometido una estancia temporal puede justificar que aquel visado desaparezca.

Hasta que el Departamento de Estado concrete el procedimiento, la cifra de 200.000 debe entenderse como un máximo previsto, no como un recuento definitivo de cancelaciones consumadas. Lo que sí está claro es el rumbo. Washington está utilizando la política de visados como una de las piezas centrales de su ofensiva migratoria, y esta vez el alcance potencial se mide en cientos de miles de pasaportes.