Economía
¿Qué es un fondo buitre? Los jueces decidirán cada caso de desahucio
El decreto no fija una definición cerrada de fondo buitre y deja a los jueces valorar cada desahucio según la compra, el precio y la vulnerabilidad.

Resumen
- El decreto no fija una definición cerrada de fondo buitre
- Los jueces valorarán cada caso de desahucio según la actividad del propietario
- La suspensión protege a personas vulnerables sin alternativa habitacional
El nuevo decreto de vivienda del Gobierno introduce una protección específica frente a determinados desahucios, pero deja una cuestión decisiva abierta a la interpretación judicial: qué entidades encajan en la actividad atribuida a los llamados fondos buitre. La norma no establece para estos procedimientos un número mínimo de viviendas ni un porcentaje cerrado que permita resolver la cuestión con una simple operación matemática.
Desde el 1 de octubre de 2026, el Real Decreto-ley 26/2026 establece un régimen temporal para determinados procesos de desahucio cuando la persona afectada se encuentra en situación de vulnerabilidad y carece de alternativa habitacional. Cuando el demandante desarrolla la actividad descrita expresamente por la norma, será el tribunal quien examine las circunstancias y, si concurren los requisitos, suspenda el proceso mediante auto.
La diferencia es importante porque el texto no convierte la expresión “fondo buitre” en una etiqueta automática que pueda colocarse únicamente mirando el tamaño de una empresa. El foco se desplaza hacia cómo se adquirieron los inmuebles o las deudas hipotecarias, a qué precio y con qué finalidad económica. Un terreno menos cómodo que contar casas, sí, pero bastante más relevante dentro de un juzgado.
El decreto no fija una definición cerrada de fondo buitre
En España, “fondo buitre” no constituye por sí solo una categoría jurídica general comparable a una sociedad anónima, una SOCIMI o un fondo de inversión inmobiliaria. La expresión se utiliza habitualmente para describir determinadas estrategias de inversión basadas en adquirir activos o deuda a precios muy reducidos y obtener después rentabilidad mediante su gestión, explotación o reventa.
El Real Decreto-ley 26/2026 adopta otra fórmula. Para el régimen especial de desahucios se refiere a entidades que adquieren inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado y que lo hacen con determinadas finalidades descritas en la norma.
Entre ellas aparecen la intención de eludir mecanismos relacionados con la función social de la vivienda o maximizar la rentabilidad mediante rentas de alquiler desproporcionadas, precios de reventa o la utilización de los inmuebles para finalidades no residenciales.
Y ahí aparece el matiz que puede acabar llenando páginas de resoluciones judiciales: el decreto habla de un precio “claramente inferior” al valor de tasación, pero en este artículo no convierte esa expresión en una cifra concreta. No dice 50%, 60% ni 70%. El tribunal deberá valorar los hechos acreditados en cada procedimiento.
El 70% sí existe, pero para otro supuesto
Conviene separar las dos cuestiones porque el decreto contiene, muy cerca una de otra, dos reglas diferentes. El artículo 1 sí incorpora una frontera numérica para determinadas adquisiciones de vivienda; el artículo dedicado a los desahucios, en cambio, emplea conceptos que requieren interpretación judicial.
Hasta el 31 de diciembre de 2028, las entidades con o sin personalidad jurídica que incluyan en su objeto social la adquisición de inmuebles tienen limitada la adquisición de viviendas a título gratuito o por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado, con las excepciones recogidas en el propio decreto.
En una vivienda tasada en 200.000 euros, por ejemplo, ese umbral se situaría en 140.000 euros. Para esa medida concreta la norma aporta una referencia matemática clara. No queda al juez decidir dónde empieza ese 70%: la cifra está escrita.
La regulación contempla excepciones para adquisiciones destinadas, entre otros fines, a vivienda habitual asequible o social durante un mínimo de cinco años, residencias de personas que necesitan atención sociosanitaria, alojamiento de colectivos vulnerables por entidades del tercer sector o recursos destinados a víctimas de violencia de género.
Ese porcentaje no define al fondo buitre en un desahucio
El detalle esencial es que el umbral del 70% del artículo 1 no se traslada como criterio automático al régimen de desahucios del artículo 2. Son disposiciones relacionadas, pero no idénticas. Precisamente ahí nace buena parte del debate alrededor de la norma.
En los procedimientos de desahucio, el texto habla de adquisiciones realizadas por un precio claramente inferior a la tasación. Esa expresión jurídicamente abierta obliga a examinar las circunstancias de la operación y deja margen para que los tribunales vayan concretando su alcance mediante la aplicación de la norma a casos reales.
Qué tendrá que comprobar el juez ante un desahucio
Para aplicar esta protección especial no basta con que el propietario sea una empresa conocida, posea muchas viviendas o haya recibido públicamente la denominación de fondo buitre. El tribunal deberá comprobar que su actividad responde a los requisitos establecidos por el decreto.
Importará, entre otras circunstancias, si la entidad se dedica a comprar inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados, las condiciones económicas de esas adquisiciones y si la actuación encaja en las finalidades de rentabilidad o utilización de la vivienda descritas por la regulación.
Al otro lado del procedimiento hay otro requisito fundamental: la persona demandada debe encontrarse en situación de vulnerabilidad y no disponer de una alternativa habitacional. La vulnerabilidad puede acreditarse mediante los servicios sociales o conforme a los criterios establecidos en la legislación procesal.
Cuando concurran las condiciones previstas, el tribunal suspenderá el proceso por auto. La medida también puede alcanzar procedimientos en los que ya exista sentencia, decreto o auto que haya puesto fin al asunto o acordado el lanzamiento, siempre que el desalojo todavía no se haya ejecutado efectivamente.
Este régimen especial está previsto hasta el 31 de diciembre de 2030. Es decir, la protección no supone que todos los desahucios queden paralizados ni que toda empresa propietaria sea tratada automáticamente como fondo buitre. Hay que acreditar los presupuestos establecidos en la norma.
No todos los propietarios reciben el mismo tratamiento
El decreto establece también otro régimen para situaciones en las que el demandante no encaja en el supuesto anterior. Si la persona afectada es vulnerable, carece de alternativa habitacional y la Administración competente no ha proporcionado una solución digna y adecuada, el tribunal debe requerir información sobre los recursos disponibles.
Si esa alternativa no existe, el procedimiento puede quedar suspendido mientras se adoptan las medidas correspondientes. En este segundo régimen, la suspensión debe ser revisada judicialmente cada doce meses para comprobar si continúan existiendo la vulnerabilidad y la falta de vivienda alternativa que la originaron.
La suspensión se levanta cuando desaparece esa vulnerabilidad, se facilita una alternativa habitacional adecuada y efectiva, la persona demandada la rechaza sin causa justificada o transcurren tres años desde que se acordó, según las condiciones establecidas para este supuesto.
La norma contempla asimismo compensaciones para determinados demandantes. Pueden alcanzar, dentro de los límites previstos, la renta contractual que se haya dejado de percibir y determinados suministros impagados, aunque quedan fuera conceptos como un hipotético lucro cesante o los daños morales.
También introduce límites destinados a ponderar la posición económica del propietario. Entre ellos figura el tratamiento específico de las personas físicas titulares de dos viviendas o menos, cuya situación no queda equiparada a la de una persona jurídica o un gran tenedor.
De contar viviendas a examinar cómo fueron adquiridas
Uno de los cambios más interesantes está precisamente en esa lógica. Buena parte de la discusión pública sobre los grandes propietarios ha girado durante años alrededor del número de viviendas que poseen. Esta regulación incorpora una mirada distinta: qué se compró, cuánto se pagó y qué se hizo después con esos activos.
Eso significa que una sociedad con una gran cartera inmobiliaria no entra necesariamente, por su mero tamaño, en el supuesto concreto previsto para estos desahucios. El decreto pone el foco en la naturaleza de la actividad y de las operaciones, no solamente en el volumen del patrimonio inmobiliario.
Y también funciona al revés. La ausencia de miles de viviendas en una cartera no basta, por sí sola, para excluir a una entidad cuando su actividad pudiera responder a los elementos descritos por la ley. Al final, habrá que bajar al barro: contratos, precios, tasaciones, carteras y finalidad de las operaciones.
El mecanismo del 70% ofrece una frontera mucho más limpia para determinadas compras. En los desahucios, en cambio, el legislador ha utilizado un concepto más flexible. La consecuencia práctica es bastante evidente: la jurisprudencia irá dando forma a los límites a medida que estos asuntos lleguen a los tribunales.
Cuando la etiqueta deja paso a los hechos
“Fondo buitre” funciona con facilidad en el lenguaje político, social y mediático. En un procedimiento judicial las etiquetas pesan menos. Allí hacen falta hechos acreditados, documentación y requisitos jurídicos.
El Real Decreto-ley 26/2026 no establece que una empresa sea automáticamente un fondo buitre porque tenga diez, cien o diez mil viviendas. Para este régimen describe determinadas formas de adquirir y rentabilizar activos inmobiliarios y las conecta con la protección de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
De ahí que la pregunta decisiva ante un desahucio no sea simplemente cómo se denomina públicamente al propietario. El juez tendrá que analizar cómo adquirió los activos, a qué precio y de qué manera opera, junto con la situación concreta de la persona afectada.
Una diferencia que parece semántica desde fuera del juzgado puede terminar siendo decisiva dentro. Porque entre considerar aplicable o no este régimen puede estar la continuidad de un procedimiento de desahucio o su suspensión. Y esa frontera, al menos en los casos previstos por el decreto, empezará a dibujarse sentencia a sentencia.












