¿Por qué condenados a muerte en Arabia Saudita piden ayuda a la BBC?

Desde una prisión del sur de Arabia Saudita, varios condenados a muerte han conseguido algo tan sencillo y, en sus circunstancias, tan extraordinario como hacer una llamada telefónica al exterior. Son ciudadanos etíopes que esperan la ejecución por delitos relacionados con drogas y que han contactado con el servicio en tigriña de la BBC para pedir ayuda y contar cómo viven sus últimos días sin saber cuándo llegará su turno.

Uno de ellos es Habtom, nombre ficticio utilizado para proteger su identidad. Lleva más de tres años encerrado en un centro penitenciario de Jamis Mushait, en el suroeste saudí. Su historia concentra buena parte del drama: huyó de la guerra y la pobreza en Etiopía, atravesó Yibuti y Yemen buscando trabajo y acabó condenado a muerte en un país que ha intensificado las ejecuciones por narcotráfico. La BBC asegura haber hablado con siete presos etíopes y señala que podrían ser hasta 200 los que esperan la ejecución en esa prisión, aunque las cifras son difíciles de verificar por la falta de transparencia del sistema.

No se trata de una amenaza remota. El 27 de julio, Arabia Saudita ejecutó a cinco ciudadanos etíopes en un solo día por delitos de drogas. Human Rights Watch contabilizaba entonces al menos 17 etíopes ejecutados desde principios de 2026 y otros 79 en riesgo inminente de correr la misma suerte.

Las llamadas desde el corredor de la muerte

La voz de Habtom llegó a la BBC acompañada por el ruido de otros presos encerrados con él. Lo que describió no fue tanto una sucesión de grandes acontecimientos como una espera. Eso, precisamente, resulta quizá más perturbador: nadie sabe cuándo llegará la ejecución.

Los internos conviven con la posibilidad de que un compañero desaparezca de repente. Habtom explicó que entre ellos apenas pueden darse consuelo y que viven sometidos a un miedo constante. Algunos consiguieron el número de teléfono del servicio de la BBC en tigriña y comenzaron a llamar para sacar sus casos fuera de los muros de la cárcel. Una botella lanzada al mar, solo que aquí el mar es de cemento.

Habtom conserva cierto contacto telefónico con su familia, pero ha preferido no contarles que está condenado a muerte. Antes de abandonar Etiopía soñaba con terminar sus estudios, ir a la universidad y encontrar un empleo con el que ayudar a sus padres. La guerra de Tigray, entre 2020 y 2022, destruyó aquel proyecto y lo empujó a emigrar.

Después de llegar a Arabia Saudita en 2021 trabajó como pastor por un salario bajo. Según el relato recogido por la BBC, terminó implicado en el transporte de un paquete por el que recibiría más dinero y posteriormente fue procesado por un delito de tráfico de drogas. Habtom sostiene que no conocía realmente el contenido de lo que transportaba. La sentencia, en cualquier caso, fue la pena capital.

Por qué Arabia Saudita puede ejecutar a alguien por drogas

Arabia Saudita mantiene la pena de muerte y la aplica a delitos que van mucho más allá del homicidio. Los tribunales saudíes pueden imponerla también en determinados casos relacionados con narcotráfico, una práctica que organizaciones internacionales consideran incompatible con los estándares que reservan la pena capital para los delitos de extrema gravedad que implican muerte intencionada.

Hubo un periodo que pareció apuntar en otra dirección. Las ejecuciones por delitos de drogas quedaron suspendidas temporalmente, pero el reino las reanudó a finales de 2022. Desde entonces el ritmo ha crecido con una rapidez considerable, mientras el discurso oficial insiste en presentar la pena capital como una herramienta para combatir el tráfico de estupefacientes y proteger a la sociedad de sus consecuencias.

El contraste con declaraciones anteriores del propio poder saudí es difícil de pasar por alto. El príncipe heredero Mohamed bin Salmán había afirmado en 2022 que la pena de muerte estaba esencialmente limitada a los casos de asesinato intencionado. La realidad posterior ha sido bastante menos restrictiva.

Un salto enorme en las ejecuciones

En 2025, Arabia Saudita ejecutó al menos a 356 personas, el mayor número anual registrado por Human Rights Watch desde que existen datos comparables. Una parte sustancial había sido condenada por delitos de drogas sin resultado mortal y muchos de los ejecutados eran extranjeros.

El patrón continuó en 2026. Amnistía Internacional contabilizaba 96 ejecuciones hasta el 22 de junio, 61 de ellas relacionadas con drogas. De estas últimas, 39 correspondían a ciudadanos extranjeros. Un mes después, Human Rights Watch situaba el total documentado en al menos 116 ejecuciones hasta el 27 de julio.

Los números cambian ligeramente según la organización que realice el recuento y la fecha de corte, algo habitual en un sistema donde la información oficial llega fundamentalmente a través de comunicados sobre ejecuciones ya realizadas. Lo importante, sin embargo, apenas admite discusión: Arabia Saudita se mantiene entre los países que más recurren a la pena capital en el mundo.

El problema no es solo la condena, sino cómo se llega a ella

Las acusaciones más graves de las organizaciones de derechos humanos afectan al funcionamiento de los propios juicios. Los presos entrevistados han denunciado dificultades para acceder a abogados, documentos judiciales y traducciones adecuadas, especialmente delicadas cuando el acusado es un migrante que no habla árabe.

Habtom afirma que no dispuso de abogado para defenderse y que llegó a firmar un documento escrito en árabe cuyo contenido no comprendía. Otros presos entrevistados ofrecieron relatos similares. Amnistía Internacional sostiene que, aunque formalmente existe la posibilidad de recurrir una sentencia, hacerlo sin representación jurídica puede convertir ese derecho en poco más que una puerta dibujada en la pared.

Human Rights Watch investigó también las ejecuciones de cinco etíopes realizadas el 27 de julio. Según las fuentes consultadas por la organización, los hombres pasaron más de tres años detenidos en Jamis Mushait, firmaron documentos que no entendían y afrontaron únicamente tres sesiones judiciales, algunas de pocos minutos y dos de ellas celebradas a distancia. No todos los procedimientos contaron con intérprete.

Las autoridades saudíes no respondieron a las preguntas de la BBC sobre esas denuncias de falta de garantías. Su versión institucional aparece, en cambio, en los comunicados publicados tras las ejecuciones: sostienen que los condenados han pasado por una investigación, un proceso judicial, una apelación, una revisión del Tribunal Supremo y finalmente la ratificación mediante decreto real.

Ahí está el choque de versiones. Sobre el papel existe una cadena judicial completa; según presos y organizaciones que han estudiado los casos, las garantías reales durante ese recorrido pueden ser extraordinariamente débiles.

Por qué tantos condenados son etíopes

Buena parte de los hombres recluidos en Jamis Mushait procede de Tigray, la región del norte de Etiopía devastada por una guerra entre 2020 y 2022. El conflicto terminó formalmente con un acuerdo de paz, pero dejó desplazamiento, pobreza, destrucción y una población joven empujada hacia rutas migratorias extremadamente peligrosas.

Una de ellas cruza el mar desde el Cuerno de África hasta Yemen y continúa hacia la frontera saudí. Quien hace ese camino no llega precisamente con una tarjeta de crédito platino en el bolsillo: son personas vulnerables, sin redes familiares, con poco dinero y dispuestas a aceptar trabajos que un residente con alternativas probablemente rechazaría.

Human Rights Watch documentó el caso de cinco etíopes ejecutados en julio que habían seguido esa ruta. Según una fuente conocedora de sus circunstancias, estaban exhaustos y sin empleo cuando un hombre les ofreció transportar un paquete. Fueron detenidos después y acusados de introducir hachís en Arabia Saudita. La organización sostiene que su vulnerabilidad económica y migratoria resulta decisiva para comprender cómo terminan algunos extranjeros implicados en estas redes.

El problema tampoco afecta únicamente a etíopes. Entre las personas ejecutadas por delitos de drogas aparecen ciudadanos de Pakistán, Sudán, Jordania, Siria y otros países. Amnistía calculó que los extranjeros representaron el 75% de las ejecuciones por drogas registradas en 2024 y el 78% de las de 2025.

Etiopía, bajo presión por sus ciudadanos condenados

La sensación de abandono ocupa buena parte del relato de los presos. Habtom expresó su enfado por lo que considera una reacción insuficiente de su Gobierno. Desde Addis Abeba, el Ministerio de Exteriores etíope ha asegurado que mantiene contactos con Arabia Saudita y que sigue los procedimientos judiciales que afectan a sus ciudadanos, aunque no ha detallado públicamente cuántos condenados a muerte están incluidos en esas gestiones.

La preocupación ha salido también del terreno diplomático. El patriarca de la Iglesia ortodoxa etíope pidió en mayo que se detuvieran las ejecuciones, y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos expresó el 22 de julio su alarma por la situación de los migrantes etíopes amenazados con la pena capital.

Las cifras, mientras tanto, se mueven entre estimaciones distintas. Human Rights Watch habló a finales de julio de al menos 79 etíopes en peligro inmediato; la investigación de la BBC sitúa en decenas y posiblemente cerca de 200 el número de presos etíopes que esperan una ejecución en Jamis Mushait. Esa diferencia no rebaja el problema. Más bien retrata otro: desde fuera resulta difícil saber exactamente quién está condenado, en qué fase se encuentra su proceso y cuándo puede ser ejecutado.

Una espera sin fecha en las celdas de Jamis Mushait

La historia de estas llamadas no habla únicamente de la pena de muerte. Habla de lo que ocurre antes: meses y años esperando una fecha que puede no anunciarse, familias que desconocen el alcance de la condena, migrantes intentando entender procedimientos desarrollados en otro idioma y presos que terminan buscando el número de teléfono de una emisora extranjera porque creen que ser escuchados fuera puede ser su última posibilidad.

Arabia Saudita sostiene que combate con dureza el tráfico de drogas y que sus condenas recorren todas las instancias previstas por su sistema judicial. Frente a esa versión están los testimonios de los detenidos y las investigaciones de varias organizaciones internacionales, que describen procesos con graves deficiencias y una aplicación de la pena capital especialmente intensa entre ciudadanos extranjeros.

Habtom sigue vivo. Al menos en el momento en que consiguió llamar. No ha querido decir a sus padres que espera la ejecución porque prefiere que conozcan la noticia después de su muerte antes que obligarlos a esperar con él. En esa decisión cabe casi todo lo que ocurre dentro de esas celdas: miedo, incertidumbre y tiempo, muchísimo tiempo, hasta que de pronto deja de haberlo.