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¿Trabajas y estudias? El permiso para tus exámenes debe ser pagado

Si trabajas y estudias, tienes permisos pagados para exámenes oficiales y puedes reclamar descuentos salariales aplicados de forma indebida.

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Trabajas y estudias

Compatibilizar una nómina con apuntes, clases y exámenes tiene una ventaja laboral que muchos trabajadores desconocen: el permiso para acudir a exámenes oficiales debe ser retribuido cuando se cursan regularmente estudios dirigidos a obtener una titulación académica o profesional. La Audiencia Nacional ha reforzado esa interpretación del Estatuto de los Trabajadores en una sentencia con bastante más importancia de la que sugiere, a primera vista, un simple día de examen.

La consecuencia práctica es considerable. Quien esté trabajando mientras estudia ESO, bachillerato, Formación Profesional, una carrera universitaria u otra formación reglada que conduzca a un título puede disponer de los permisos necesarios para presentarse a los exámenes sin que esa ausencia se convierta automáticamente en horas sin sueldo. No ocurre lo mismo con cualquier cursillo privado, academia o formación informal que entregue un diploma bonito para colgar en LinkedIn pero no conduzca a una titulación académica o profesional reconocida.

Y hay otro detalle que puede tocar el bolsillo. Cuando una empresa haya descontado indebidamente del salario cantidades correspondientes a estos permisos, esas diferencias salariales pueden reclamarse dentro del plazo general de un año contado desde el momento en que pudieron exigirse.

La Audiencia Nacional despeja una vieja ambigüedad

El origen de la cuestión está en el artículo 23.1 del Estatuto de los Trabajadores. La norma reconoce a quien estudia regularmente para obtener un título académico o profesional el derecho a disfrutar de permisos para concurrir a exámenes. También contempla otras medidas destinadas a hacer compatibles estudios y empleo.

Había, sin embargo, una palabra que el artículo no escribía: «retribuido». Esa ausencia había servido durante años para sostener dos interpretaciones. Una entendía que el trabajador podía ausentarse, pero la empresa no estaba obligada a pagar ese tiempo. La otra defendía que reconocer un permiso y después convertirlo en una pérdida salarial vaciaba parcialmente de contenido el propio derecho.

La Audiencia Nacional se ha inclinado claramente por la segunda interpretación. En su sentencia 100/2026, de 1 de junio, dictada tras un conflicto entre UGT-FICA y varias sociedades vinculadas al Grupo Acciona Energía, la Sala de lo Social declaró que el permiso para acudir a exámenes oficiales es una ausencia retribuida. El conflicto afectaba a unas 1.800 personas trabajadoras.

La empresa sostenía que ni el Estatuto ni su convenio calificaban expresamente ese permiso como pagado. La Audiencia respondió examinando el Estatuto en conjunto: cuando la legislación laboral quiere que una ausencia implique pérdida proporcional de salario, suele decirlo. En el caso de los exámenes, no lo hace.

Dicho de forma bastante menos jurídica: tener permiso para examinarse no debería equivaler a comprarse el día libre con parte de la nómina.

Qué trabajadores pueden acogerse al permiso

No existe en el artículo 23 una edad máxima ni se reserva este derecho a quienes acaban de salir del instituto. Un trabajador de 20 años y otro de 52 pueden encontrarse en la misma situación jurídica si cursan regularmente unos estudios incluidos en la norma.

Tampoco desaparece porque el empleo sea a tiempo parcial. Lo determinante es la existencia de una relación laboral y que los estudios estén encaminados a obtener una titulación académica o profesional.

Estudios oficiales sí; cualquier curso privado, no

Aquí está una de las fronteras importantes. La protección está pensada para estudios reglados: ESO, bachillerato, Formación Profesional, titulaciones universitarias y otras enseñanzas que permitan obtener un título académico o profesional reconocido.

Un curso particular de idiomas, fotografía, programación, cocina o marketing realizado en una academia privada no entra automáticamente en este derecho simplemente porque termine con un examen. Puede ser magnífico, incluso mucho más útil profesionalmente que alguna asignatura universitaria particularmente somnífera, pero jurídicamente la cuestión es otra: debe existir una titulación académica o profesional amparada por el artículo 23.

También hay que separar estos exámenes de las oposiciones y procesos selectivos. Presentarse a unas pruebas para conseguir un empleo público no equivale, por sí solo, a estar cursando estudios para obtener una titulación. Un convenio colectivo puede mejorar las condiciones y reconocer permisos adicionales, pero eso es otro escenario.

El permiso es retribuido, pero la duración exige matices

La sentencia de la Audiencia Nacional resuelve con claridad el aspecto económico: el permiso reconocido por el artículo 23.1.a debe considerarse retribuido. La empresa no puede transformarlo sin más en horas recuperables o descontarlas de la nómina basándose únicamente en que el Estatuto no haya escrito expresamente la palabra «retribuido».

Más delicada es la duración. El Estatuto habla de los «permisos necesarios para concurrir a exámenes», pero no fija una cantidad uniforme de horas ni establece literalmente que todos los trabajadores tengan siempre derecho a una jornada completa por cada prueba.

Aquí pesan el convenio colectivo, la regulación concreta aplicable y las circunstancias del examen. La jurisprudencia ha llegado a reconocer jornadas completas cuando la redacción convencional y la finalidad del permiso justificaban esa interpretación, incluso aunque el examen se celebrara fuera de una parte de la jornada laboral. Pero convertir esa solución en una regla automática para absolutamente todos los trabajadores iría más lejos de lo que dice el Estatuto.

La noticia verdaderamente firme es otra, y no menor: el carácter retribuido del permiso ha recibido un respaldo judicial muy relevante.

Estudiar también da derecho a ajustar ciertas condiciones laborales

El permiso de examen no camina solo. El artículo 23 contempla un pequeño paquete de derechos pensado para quienes intentan mantener juntos dos mundos que no siempre encajan bien: el calendario académico y el cuadrante de la empresa.

Cuando una persona cursa regularmente estudios para obtener un título académico o profesional, tiene preferencia para elegir turno de trabajo cuando la empresa funciona mediante turnos. Preferencia no significa que pueda diseñar unilateralmente su horario a la carta, pero sí que existe un derecho específico que debe ser tenido en cuenta para facilitar la compatibilidad entre trabajo y estudios.

La legislación menciona también el acceso al trabajo a distancia cuando ese sistema esté implantado en la empresa y las funciones desempeñadas resulten compatibles con él. No obliga, por ejemplo, a convertir en teletrabajo un empleo que materialmente exige presencia, pero sí incorpora los estudios como circunstancia jurídicamente relevante cuando el puesto permite trabajar en remoto.

A ello se suma el derecho a la adaptación de la jornada ordinaria para asistir a cursos de formación profesional y la posibilidad de obtener permisos de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto.

Otra figura distinta son las 20 horas anuales retribuidas de formación profesional para el empleo reconocidas a quienes tengan al menos un año de antigüedad en la empresa. Pueden acumularse durante un máximo de cinco años. No deben confundirse con el permiso para presentarse a exámenes: son derechos diferentes y pueden coexistir.

El salario descontado puede reclamarse durante un año

La sentencia abre también una cuestión práctica para quienes hayan utilizado permisos de examen y posteriormente hayan descubierto un mordisco en su nómina.

El artículo 59 del Estatuto establece que las acciones destinadas a exigir percepciones económicas prescriben, con carácter general, al año desde que pudieron ejercitarse. Eso permite plantear reclamaciones por cantidades salariales descontadas indebidamente dentro de ese periodo.

No significa que cualquier ausencia por estudios ocurrida durante los últimos doce meses vaya a cobrarse automáticamente. Habrá que acreditar que se cumplían los requisitos del permiso, que existió el examen correspondiente, que los estudios estaban comprendidos en el artículo 23 y que efectivamente se produjo una pérdida salarial que no procedía.

En una reclamación ordinaria de cantidad suele ser necesario intentar previamente la conciliación o mediación laboral antes de acudir al juzgado. Y hay una particularidad relevante del proceso social: en primera instancia el trabajador puede comparecer por sí mismo, pues la asistencia de abogado o graduado social no es obligatoria. Otra cosa es que, cuando el asunto se complica, presentarse solo sea necesariamente la mejor idea.

Una sentencia importante, pero todavía no es el Tribunal Supremo

Conviene colocar una pequeña señal de prudencia jurídica. La sentencia del 1 de junio fue dictada por la Audiencia Nacional dentro de un conflicto colectivo relacionado con empresas del Grupo Acciona Energía. Su interpretación del artículo 23 tiene una evidente relevancia más allá de esas empresas, porque analiza una norma estatal aplicable con carácter general a las relaciones laborales, pero la resolución prevé expresamente la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Eso significa que no estamos ante una nueva ley que haya añadido un permiso al Estatuto. El derecho a acudir a exámenes estaba allí desde mucho antes. Lo nuevo es el respaldo judicial a una cuestión que había provocado dudas: si ese permiso podía disfrutarse cobrando normalmente.

La Audiencia Nacional dice que sí. Y razona que permitir el examen pero castigar económicamente al trabajador por acudir a él chocaría con la finalidad de la propia legislación, que pretende facilitar la formación y promoción profesional.

Trabajar no debería convertir estudiar en un lujo

Durante años, compatibilizar estudios y empleo ha significado para mucha gente salir del trabajo con la mochila puesta, estudiar en el autobús, cenar delante de unos apuntes y llegar al examen con las horas contadas. La legislación laboral no elimina ese pequeño malabarismo cotidiano, pero tampoco deja completamente solo al trabajador.

El artículo 23 reconoce permisos para examinarse, posibilidades de adaptación vinculadas a la formación, preferencia de turno en determinadas circunstancias y otros instrumentos para que continuar estudiando no dependa exclusivamente de la buena voluntad de la empresa.

La sentencia de la Audiencia Nacional añade una pieza decisiva: el permiso para acudir a los exámenes oficiales protegidos por esa norma debe entenderse como tiempo retribuido. Una palabra que no aparecía escrita con claridad en el artículo y que, después de décadas de dudas, empieza a pesar bastante más en la nómina.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.