¿Por qué Japón acelera su gasto militar al 2%?

Japón adelanta el 2% del gasto militar a marzo de 2026 y reajusta su estrategia: impacto en compras, costes alianzas y presión de Washington.

Tokio pisa el acelerador. La primera ministra, Sanae Takaichi, ha decidido que Japón alcance el 2 % del PIB en gasto de defensa al cierre del actual año fiscal, que concluye en marzo de 2026, y no en 2027 como estaba previsto. El movimiento adelanta dos años el calendario del gran plan aprobado en 2022 y envía una señal inequívoca: reforzar la capacidad de disuasión ahora, no después. La medida llega con la vista puesta en un vecindario cada vez más tenso —China, Corea del Norte y Rusia— y en plena coordinación con Estados Unidos, cuyo presidente aterrizará en Asia en los próximos días para una gira clave.

No se trata solo de un porcentaje. El 2 % del PIB en la tercera economía del mundo equivale a decenas de miles de millones de euros adicionales respecto a lo ya comprometido. La administración Takaichi pretende cerrar el salto con un presupuesto suplementario y adelantar entregas y contratos de sistemas críticos, desde misiles de largo alcance a radares y plataformas Aegis. En paralelo, la jefa del Gobierno ha puesto sobre la mesa medidas fiscales «proactivas» para atajar la pérdida de poder adquisitivo y revisará antes de 2026 los tres documentos estratégicos de defensa aprobados en 2022, con la vista puesta en ajustar prioridades y ritmos.

Lo decidido y cuándo se aplicará

El anuncio contiene dos capas. La primera, cuantitativa: alcanzar el 2 % del PIB en marzo de 2026, es decir, dentro del presente año fiscal japonés. Hoy, el esfuerzo ya rozaba esa cota con un presupuesto en torno al 1,8 % del PIB, pero la última décima —o dos— obliga a acelerar: adelantar adquisiciones, activar créditos extraordinarios, reforzar la base industrial y firmar contratos multianuales. La segunda, cualitativa: confirmar la revisión de la arquitectura estratégica, que desde 2022 permite a Japón adquirir capacidad de contraataque —un cambio doctrinal de calado respecto al marco de posguerra—.

El plan de 2022 fijó un marco quinquenal de 43 billones de yenes (unos 285.000–315.000 millones de dólares, según el tipo de cambio) para 2023–2027. El salto al 2 % suponía doblar el viejo listón —de facto— del 1 % del PIB. Lo aprobado ahora es acortar el calendario y “cerrar” la meta dos años antes. La hoja de ruta encaja con las últimas solicitudes del Ministerio de Defensa: más fondos para munición de precisión, defensa antimisiles, ciberseguridad, espacio y movilidad logística, además de la construcción de dos grandes buques con sistema Aegis que sustituyen al programa cancelado Aegis Ashore.

El calendario interno es apretado. En Japón, los ejercicios presupuestarios se presentan a finales de verano, se negocian en otoño y quedan fijados antes de finalizar marzo. Entre medias, la Dieta tramita presupuestos suplementarios para dar oxígeno a programas que necesitan ritmo. Para materializar el 2 % este mismo ejercicio, el Gobierno tendrá que acelerar licitaciones, llevar pagos a cuenta a 2025–2026 y blindar contratos con proveedores nacionales y extranjeros. La clave no es solo gastar más, sino gastar antes sin generar cuellos de botella.

Las razones estratégicas que empujan el acelerón

La justificación es conocida en Tokio. China mantiene una presencia militar más agresiva en el Estrecho de Taiwán y en el mar de China Oriental, muy cerca de las islas Senkaku/Diaoyu. Corea del Norte prueba misiles de alcance variado con patrones de vuelo cada vez más complejos. Rusia ha incrementado su actividad en el noreste de Asia pese a la guerra en Ucrania. Todo ello configura, en palabras repetidas por los responsables de Defensa, “el entorno más severo desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.

Ese diagnóstico se traduce en una prioridad operativa: pasar de una defensa centrada en interceptar a una disuasión creíble, con alcance y resiliencia. Japón ya ha cerrado acuerdos para adquirir hasta 400 misiles Tomahawk como solución puente hasta el despliegue a gran escala de misiles autóctonos de larga distancia —la versión extendida del Type 12 y el proyecto hipersónico HVGP—. Vienen además radares de nueva generación, capacidad anti–hipersónica en cooperación con Estados Unidos y plataformas Aegis dedicadas que sostendrán la defensa antimisiles en mar abierto. El objetivo: que cualquier actor hostil calcule que el coste de atacar a Japón sería inasumible.

La revisión en 2026 de los tres documentos —Estrategia de Seguridad Nacional, Estrategia de Defensa Nacional y Programa de Desarrollo de la Defensa— permitirá ajustar prioridades en función de lo aprendido y de la tecnología disponible. El énfasis esperado: munición “stand-off”, comando y control con mayor fusión de datos, satélites y drones (aéreos, de superficie y submarinos) que alivien el déficit de personal de unas Fuerzas de Autodefensa que compiten con un mercado laboral envejecido.

Cómo se paga: impuestos, bonos y el papel del yen

El elefante en la habitación es la financiación. El diseño original incluía subidas tributarias escalonadas a partir de 2026–2027 (tramo corporativo y figuras complementarias) para garantizar ingresos estables. Acelerar el 2 % a marzo de 2026 obliga a avanzar gasto con presupuestos suplementarios y a refinar la mezcla entre impuestos, deuda y reasignaciones. La primera ministra defiende un enfoque “proactivo”: inyectar recursos en la economía, elevar ingresos de los hogares y dejar que el crecimiento nominal y los beneficios empresariales sostengan los ingresos fiscales sin tocar tipos. Es un giro discursivo respecto al énfasis tradicional en el superávit primario, que no desaparece, pero deja de ser el faro único.

Hay riesgos. El yen ha vivido episodios de debilidad que encarecen las compras en dólares (misiles, sensores, software) y la inflación, aunque más moderada que en Europa en 2022–2023, sigue siendo sensible a las materias primas. Subir gasto militar mientras se promete alivio del coste de la vida exige coreografía: transferencias temporales a familias vulnerables, políticas de salarios que consoliden el poder adquisitivo, apoyo a PYMES para la transición tecnológica y una gestión fina del Banco de Japón, que mantiene un sesgo acomodaticio. Financiar mal el 2 % podría debilitar la moneda y, paradójicamente, encarecer el propio rearme.

En paralelo, Tokio impulsa alianzas industriales que reduzcan la dependencia exterior a medio plazo. El proyecto GCAP —el futuro caza de sexta generación junto a Reino Unido e Italia— es la punta de lanza. La producción de munición y componentes clave se está ampliando con acuerdos de largo recorrido. El Gobierno ha flexibilizado en parte las reglas de exportación de material —durante décadas draconianas— para dar escala a los fabricantes y permitirles participar en cadenas aliadas. Sin músculo industrial, el 2 % corre el riesgo de transformarse en importaciones lentas y caras.

Qué se compra realmente: misiles, radares y ciberdefensa

Bajo el paraguas del 2 % no hay un «cheque en blanco» sino programas muy concretos. El catálogo que Defensa ha puesto en ruta es reconocible:

Capacidad de contraataque. El esquema pivota sobre misiles de largo alcance que pueden operar desde tierra, mar y aire. Los Tomahawk se integrarán en destructores Aegis (Kongō, Atago, Maya y futuros ASEV) como solución puente hasta que la nueva generación del Type 12 sea plenamente operativa. Japón quiere alcances de 800 a 1.000 kilómetros en sus sistemas autóctonos para cubrir el arco suroccidental del archipiélago y dar profundidad a la defensa.

Escudo antimisiles reforzado. La construcción de dos buques Aegis dedicados —Aegis System Equipped Vessels— permitirá liberar a otras unidades y ofrecer cobertura BMD constante. Se trata de naves de gran porte, diseñadas desde el inicio para el combate antiaéreo y antimisil, con radares de alta potencia y capacidad para SM-3/SM-6. Complementan a los destructores existentes y sustituyen la solución terrestre cancelada.

Ciber y espacio. Dos ámbitos con crecimiento acelerado. En ciberdefensa, los presupuestos impulsan equipos de respuesta, herramientas de detección y colaboración con aliados y sector privado. En espacio, Japón refuerza observación, seguimiento de objetos, comunicaciones seguras y alerta temprana para sostener un mando y control distribuido, resiliente.

Logística y munición. La guerra en Ucrania ha dejado una lección evidente: la munición importa. Tokio está invirtiendo en stockpiles y en un tejido industrial capaz de reponer. También en movilidad estratégica —buques, aviones de transporte, helicópteros pesados— para mover unidades con rapidez entre islas, un requisito básico en un país archipelágico.

Drones y sistemas no tripulados. Aire, superficie y submarinos. Se integran para vigilancia, guerra antisubmarina, reconocimiento y ataque de precisión en entornos de riesgo. Alivian la presión sobre unas Fuerzas de Autodefensa con déficit de reclutas y, bien diseñados, son más baratos de operar que plataformas tripuladas equivalentes.

Todo ello exige formación, infraestructura y mantenimiento. De poco sirve comprar misiles si no hay centros de adiestramiento, simuladores, doctrina y procedimientos conjuntos. Por eso los presupuestos contemplan también instalaciones, depósitos, nodos de comunicaciones y actualizaciones de software que no se ven pero son la arquitectura del poder militar moderno.

Impacto en la relación con Estados Unidos y el vecindario

La decisión se entiende también en clave alianza con EE. UU. Tokio y Washington llevan meses afinando calendarios para que la capacidad de contraataque japonesa se integre con sensores, inteligencia y plataformas estadounidenses. La visita del presidente Donald Trump a la región —con paradas previstas en Japón y Corea del Sur— abre una ventana diplomática en la que se espera una agenda intensa: misiles, ejercicios combinados, cooperación industrial y, no está descartado, nuevas expectativas de gasto por parte de Washington más allá del 2 %.

El vecindario leerá el movimiento con lupa. China lo denunciará como una militarización de Japón, pero seguirá ensayando bloqueos parciales en torno a Taiwán y incursiones aéreas y navales en zonas disputadas. Corea del Norte lo usará como justificación para más pruebas. Corea del Sur, con una percepción de amenaza similar, avanzará su propia modernización, con la que Tokio coordina cada vez mejor pese a las cicatrices históricas. Australia, Filipinas y Vietnam verán en el adelanto del 2 % una señal de seriedad en el mantenimiento de un Indo-Pacífico abierto.

En términos jurídicos y políticos, la aceleración llega sobre un terreno ya preparado: la reinterpretación de Artículo 9 (2014), la legislación de seguridad de 2015 y la triple estrategia de 2022. Con ese marco, el debate ya no es si Japón puede reforzarse, sino cómo y cuánto debe hacerlo sin perder el consenso social. Y ahí entra el factor economía doméstica.

Inflación, salarios e inmigración: la otra mitad del mensaje

Takaichi no escondió el otro gran frente: el coste de la vida. La inflación —moderada frente a picos europeos, pero sensible en un país poco acostumbrado a subidas de precios— ha erosionado la mentalidad del consumidor; justo al revés de lo que el Gobierno necesita para sostener el ciclo de inversión–empleo–recaudación. Por eso, junto al rearme, la primera ministra empuja paquetes de estímulo, traslada la idea de ingresos más altos y coquetea con una trinidad complicada: estímulo fiscal, tipos bajos y consolidación a medio plazo vía crecimiento.

En ese tablero aparece la inmigración. Japón, con una pirámide demográfica invertida, necesita manos en sanidad, construcción, logística y tecnología. El discurso del Ejecutivo busca dibujar una línea: acoger a quienes cumplen y aportar recursos para integración y formación, pero endurecer la respuesta a infracciones. Se trata de proteger el mercado laboral sin renunciar a la atracción de talento. El tema ha ganado temperatura con la visibilidad de partidos ultraconservadores y populistas que, aunque minoritarios, empujan el debate hacia posiciones más duras.

La cohesión social importa. El 2 % será sostenible si la clase media siente que no paga sola la factura; si ve salarios al alza, precios contenidos y servicios públicos que no se resienten. Ahí encaja el compromiso de no cargar el grueso del esfuerzo en subidas fiscales inmediatas, de apoyar a las pymes en la transición tecnológica —automatización, IA, robótica— y de blindar la seguridad energética para que la factura eléctrica no se coma parte de los incrementos salariales.

Lo que cambia con el 2 %: doctrina y cultura estratégica

El porcentaje es una palanca que acelera un cambio más profundo. Durante décadas, la cultura estratégica japonesa descansó en un escudo: interceptar, resistir, no golpear primero. La capacidad de contraataque redefine esa ecuación: si se detecta una amenaza inminente, Japón aspira a neutralizar lanzadores, nodos de mando y logística del adversario antes de que el impacto llegue a su territorio. No es un ataque preventivo generalizado, pero sí una respuesta activa amparada por la autodefensa.

Para que ese marco funcione hacen falta tres capas: inteligencia de calidad, mandos con información en tiempo real y armas que lleguen a donde deben, cuando deben. Japón avanza en satélites y radares, entrena con aliados y compra stand-off. La interoperabilidad con Estados Unidos es crucial: compartir datos, enlaces y procedimientos para que la cadena de muerte —detectar, decidir, atacar— sea rápida y precisa. Por eso se multiplican los ejercicios conjuntos en el suroeste del archipiélago y los despliegues rotatorios de activos aliados.

El otro cambio, menos visible, es industrial. La estrategia de 2022 ya advertía de la necesidad de recuperar tejido y capacidad de producción. Japón no pretende replicar todo en casa —sería ineficiente—, pero sí internalizar nodos críticos y asegurar suministro de munición, propulsantes, chips y materiales avanzados. Es una carrera larga: construir una cadena de valor lleva años y conviene evitar vaivenes políticos que desincentiven inversiones de ciclo largo.

La batalla presupuestaria por dentro

Alcanzar el 2 % este mismo ejercicio abrirá, en la Dieta, una batalla técnica casi contable. Habrá discusión sobre qué partidas cuentan como gasto de defensa —investigación dual, infraestructuras de uso militar, guardia costera— y cómo consolidar los créditos para evitar solapamientos. Los ministerios económicos querrán amarrar el impacto en deuda y tipos; Defensa, blindar sus siete pilares de refuerzo: mando y control, misiles de largo alcance, defensa antimisil, cross-domain (ciber, espacio, electromagnético), movilidad y logística, munición y defensa de islas.

El núcleo político del asunto es claro: prioridades. La primera ministra aspira a gobernar el debate construyendo una narrativa de seguridad y prosperidad —“sin economía robusta no hay defensa sostenible”—. La oposición cuestionará el oportunismo del adelanto, el coste de oportunidad y el riesgo de que el estímulo fiscal derive en presión inflacionaria. En esa disputa, los aliados —EE. UU. y socios regionales— jugarán su papel: respaldar públicamente el esfuerzo, compartir transferencia tecnológica y abrir puertas industriales para que el dinero rinda más.

Un mapa regional más denso, más conectado

El Indo-Pacífico de 2025 no es el de 2015. La red de minilaterales —Quad, AUKUS, triangulaciones como EE. UU.–Japón–Corea del Sur o EE. UU.–Japón–Filipinas— crea capas de cooperación que complican cualquier cálculo de aventura militar. Japón encaja su 2 % en ese entramado. El mar de Filipinas, el canal de Bashi, Okinawa y el mar de Japón son hoy laboratorios de interoperabilidad. Drones, aviones cisterna, buques logísticos, submarinos y satélites comparten datos y procedimientos con rapidez inédita hace una década.

En esa red, Japón aporta: tecnología, financiación, capacidad naval y un signo político que pesa: el del país que durante años contuvo su músculo militar y que ahora, con prudencia jurídica, lo adapta al siglo XXI. La aceleración al 2 % no es un gesto grandilocuente; es una señal operativa de que Tokio pretende llegar a tiempo a un tablero que cambia deprisa.

Señales a Pekín, Moscú y Pyongyang

La comunicación estratégica es parte de la disuasión. El mensaje a Pekín busca ser bidireccional: contención y apertura. Japón no quiere escaladas; su comercio con China es enorme. Pero sí deja claro que protegerá sus líneas de suministro, sus islas y su espacio aéreo. A Moscú, la señal es la de un flanco nororiental que no se descuida pese a Ucrania. A Pyongyang, que sus lanzamientos tienen un coste: cada ensayo afina la arquitectura defensiva y acelera compras y ejercicios aliados.

El matiz respecto a décadas previas es la capacidad de respuesta activa. No se trata solo de derivar un misil con un interceptor; también de neutralizar —si se cumplen los supuestos jurídicos— el lanzador o el centro de mando desde el que se prepara el siguiente ataque. Eso exige inteligencia y tiempo de decisión muy cortos. Japón entrena para ello con socios que ya llevan años en esa doctrina.

Gobernar la expectativa social

Queda la gestión interna. La primera mujer al frente del Gobierno japonés ha elegido el seguro —la defensa— como señal de autoridad al inicio del mandato, pero sabe que los hogares miran antes el precio del supermercado que el desplazamiento de un destructor al Pacífico occidental. De ahí el énfasis en ingresos y en medidas para la vida cotidiana. Si el yen se estabiliza, los salarios negocian otra ronda al alza y la inflación se modera, el 2 % se normalizará en la conversación pública. Si alguna de esas piezas falla, crecerán las dudas y voces críticas en los márgenes de la coalición.

Hay también un factor generacional. Una parte de los mayores de 60 años creció en la cultura pacifista pos-Abe mientras mira con preocupación cualquier giro que huela a militarización. Las generaciones más jóvenes tienden a ver la seguridad desde la tecnología: ciber, drones, satélites, IA. Conectar ambas sensibilidades —explicando objetivos, límites jurídicos y costes— será una tarea política diaria.

Un movimiento con eco regional y factura interna

Japón ha decidido llegar antes al 2 % del PIB en gasto de defensa. No es un capricho ni una cifra al azar, sino la bajada a tierra de una estrategia iniciada en 2022 y reactivada ahora por Sanae Takaichi con un mensaje doble: disuadir en un entorno incierto y cuidar la economía para que el esfuerzo sea sostenible. La agenda inmediata es densa —presupuesto suplementario, contratos, interoperabilidad con Estados Unidos, visita presidencial, revisión de documentos estratégicos— y se moverá al compás de los mercados, las entregas industriales y la geopolítica.

El éxito del adelanto no dependerá solo de cuánto se gaste, sino de cómo y cuándo. Si los misiles llegan a tiempo y los sistemas se integran sin fricciones; si la base industrial gana músculo y la economía acompaña sin sobresaltos, Tokio habrá comprado seguridad a un precio razonable. Si, por el contrario, el gasto se atasca en la tubería burocrática, el yen sufre y la inflación muerde, la apuesta se volverá más áspera en el debate público. Por ahora, el mensaje que sale del Kantei es nítido: Japón no esperará a 2027. Y eso, en el Indo-Pacífico de 2025, se escucha lejos.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Agencia EFE, Deia, Reuters, AP News, The Japan Times.