Síguenos

Actualidad

¿Por qué De la Espriella deja entrar a la Policía en universidades?

De la Espriella endurece la respuesta ante disturbios en universidades y fija límites entre autonomía universitaria, protesta y orden público

Foto del avatar

Publicado

el

miembros de la policia de colombia

Foto: Policía Nacional de los colombianos / Wikimedia Commons — Flickr, CC BY-SA 2.0.

Resumen

  • De la Espriella permitirá la entrada policial ante violencia en campus
  • La autonomía universitaria seguirá vigente, pero no funciona como inmunidad
  • Un protocolo nacional fijará cuándo y cómo podrá intervenir la Policía

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que la Policía Nacional podrá entrar en las universidades cuando se produzcan hechos de violencia, vandalismo, terrorismo, situaciones de flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público. La decisión irá acompañada de un protocolo nacional de actuación con el que el Gobierno pretende separar con mayor claridad la protesta pacífica, que seguirá protegida, de las conductas violentas que puedan justificar una intervención policial.

Eso no significa que desaparezca la autonomía universitaria ni que la Policía reciba carta blanca para irrumpir en cualquier campus. La Constitución colombiana garantiza expresamente esa autonomía, pero la jurisprudencia ha establecido que no es absoluta: debe convivir con la ley, el interés general, los derechos fundamentales y el orden público. Dicho de otra forma, una universidad puede gobernarse a sí misma; no se convierte por ello en una pequeña república independiente rodeada de facultades, bibliotecas y cafeterías.

De la Espriella endurece las reglas dentro de los campus

El anuncio se produjo durante una alocución del mandatario colombiano. De la Espriella sostuvo que la autonomía universitaria no puede convertirse en una barrera frente a la actuación del Estado cuando dentro de una institución se estén preparando o cometiendo delitos.

Su Gobierno plantea que la Policía actúe como primera autoridad operativa cuando aparezcan situaciones de violencia que desborden una movilización estudiantil. El presidente citó los ataques contra miembros de la fuerza pública y civiles, la destrucción de infraestructuras y la preparación o almacenamiento de elementos destinados a acciones violentas.

La diferencia importa. Una protesta, aunque sea ruidosa, incómoda o interrumpa durante unas horas el funcionamiento normal de una universidad, no se convierte automáticamente en vandalismo. La protesta pacífica de los estudiantes cuenta con protección constitucional. Otra cosa son las agresiones, las amenazas, el uso de explosivos o los daños graves contra personas y bienes. Ahí el escenario jurídico cambia.

Protestar seguirá siendo legal

De la Espriella aseguró que su Ejecutivo respetará las movilizaciones realizadas dentro de la Constitución y la ley. La línea oficial pretende distinguir, por tanto, entre manifestación pacífica y conducta delictiva, aunque sobre el terreno esa frontera puede resultar bastante menos limpia de lo que parece en un despacho.

Pancartas, cánticos, asambleas y reivindicación política pertenecen a un terreno muy distinto al de las bombas incendiarias, las agresiones o la destrucción deliberada. El problema aparece cuando una movilización cambia de tono en cuestión de minutos. Por eso expresiones como violencia, flagrancia y peligro tendrán un peso decisivo cuando el protocolo se convierta en una norma operativa concreta.

No bastará con llamar alteración del orden público a cualquier concentración incómoda. La actuación estatal deberá respetar los límites existentes sobre el uso de la fuerza, incluida la necesidad de justificar por qué una intervención policial era adecuada y proporcional a lo que estaba ocurriendo.

La autonomía universitaria no equivale a inmunidad territorial

El artículo 69 de la Constitución colombiana garantiza que las universidades puedan darse sus propias directivas y regirse mediante sus estatutos. Esa autonomía alcanza aspectos centrales de su organización, programas académicos, personal docente, admisión de estudiantes, recursos y funcionamiento institucional. Es una garantía importante, pero no convierte el campus en un territorio ajeno al Estado.

Ahí está una de las claves del debate. Autonomía no significa extraterritorialidad. Dentro de una universidad siguen vigentes el Código Penal, los derechos fundamentales y las obligaciones legales que funcionan en el resto del país. Los muros de una facultad no borran un delito por el simple hecho de que ocurra detrás de ellos.

La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la autonomía universitaria debe ejercerse dentro de la Constitución y la ley y está condicionada, entre otros factores, por el orden público, el interés general y los derechos fundamentales. Pero el límite funciona en las dos direcciones: invocar el orden público tampoco permite borrar la autonomía universitaria ni restringir derechos de manera arbitraria.

Las intervenciones policiales no nacen con este Gobierno

La entrada de la fuerza pública en universidades colombianas no comenzó con De la Espriella. Es una polémica antigua, especialmente en instituciones públicas donde determinados episodios de violencia durante protestas han reabierto periódicamente el debate sobre hasta dónde puede llegar la intervención de la Policía.

Juristas y académicos llevan años señalando que un campus universitario no constituye un espacio jurídicamente vedado para las autoridades. Al mismo tiempo, cualquier intervención puede quedar sometida posteriormente a control judicial cuando existan dudas sobre su necesidad, motivación o proporcionalidad.

La novedad del Gobierno es menos cinematográfica de lo que sugiere la imagen de agentes atravesando las puertas de una universidad. No consiste simplemente en reconocer que la Policía puede actuar frente a un delito dentro de un campus, sino en crear un criterio nacional específico que determine cuándo y cómo debe hacerlo ante episodios violentos relacionados con las universidades.

El nuevo protocolo tendrá que respetar las reglas sobre protesta

Colombia ya dispone de reglas sobre la actuación policial durante manifestaciones. El marco vigente establece que el diálogo y la mediación deben ocupar un lugar prioritario, incluso cuando una protesta empieza a deteriorarse y aparecen momentos de tensión.

Cuando existen actos de violencia capaces de poner en peligro vidas, integridad física o bienes, la Policía puede intervenir, pero el uso de la fuerza está sujeto a criterios como legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y diferenciación. La fuerza no debería funcionar como una respuesta automática a cualquier desorden.

Por eso el protocolo anunciado por De la Espriella tendrá su verdadero examen cuando abandone el discurso político y se convierta en instrucciones concretas. Tendrá que precisar quién determina que existe una situación suficientemente grave, qué coordinación habrá con las autoridades universitarias y bajo qué condiciones puede producirse un despliegue policial dentro del campus.

También habrá que encajar esas decisiones con las competencias de alcaldes, gobernadores y demás autoridades territoriales. De momento, el Gobierno ha fijado claramente su orientación política, pero los límites operativos seguirán dependiendo del marco constitucional y legal colombiano.

Una pieza más de la política de seguridad de De la Espriella

La decisión universitaria encaja en el tono que el nuevo presidente ha querido imprimir a sus primeras semanas de mandato. De la Espriella ha colocado la seguridad y la autoridad del Estado en el centro de su discurso y ha apostado por una estrategia más contundente frente a organizaciones criminales y grupos armados.

El Ejecutivo también ha dado por terminadas mesas de diálogo heredadas del Gobierno anterior y ha defendido una respuesta basada en capturas, extradiciones y sometimiento a la justicia. La orientación es reconocible: menos confianza en negociaciones prolongadas y más peso para el componente policial y militar.

En esa misma línea se encuentra el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, manteniendo los requisitos y controles administrativos correspondientes. Fue otra decisión que abrió inmediatamente el debate sobre el equilibrio entre seguridad, derechos individuales y capacidad coercitiva del Estado.

Las universidades entran ahora en ese mismo tablero. Y no es un escenario cualquiera. En Colombia, como en buena parte de América Latina, el campus público ha sido durante décadas un espacio de movilización política y organización estudiantil. También, en determinados episodios, escenario de enfrentamientos, destrozos y presencia de personas violentas.

Entre la protesta estudiantil y el orden público

Convertir toda protesta en un problema policial sería jurídicamente difícil y políticamente explosivo. Fingir que los muros de una universidad neutralizan automáticamente la comisión de delitos tampoco resulta sostenible. Entre ambos extremos deberá moverse el nuevo protocolo nacional.

La cuestión más sensible estará en determinar cuándo una protesta deja de ser pacífica. Un grupo reducido puede cometer actos violentos mientras cientos de personas siguen manifestándose sin participar en ellos. Tratar a todos de la misma manera sería problemático; ignorar las agresiones porque ocurren dentro de una movilización también. Ahí aparecerá la necesidad de una actuación diferenciada.

Ese matiz será determinante para medir el verdadero alcance de la política de De la Espriella. La autonomía universitaria protege la capacidad de las instituciones para organizarse y desarrollar su actividad académica, mientras que el Estado conserva su obligación de perseguir delitos y proteger a las personas. El terreno intermedio, como suele ocurrir, es donde empieza la discusión de verdad.

El límite se probará en la primera crisis real

De la Espriella ha lanzado un mensaje inequívoco: la Policía podrá intervenir dentro de las universidades cuando se produzcan situaciones de violencia, vandalismo, terrorismo o flagrancia que justifiquen su actuación. La autonomía universitaria seguirá existiendo, pero el Gobierno no la interpretará como un escudo territorial frente a las autoridades.

La cuestión decisiva llegará con el primer caso concreto. Entonces se verá cómo define el Ejecutivo una alteración extraordinaria del orden público, cuánto espacio deja a la mediación previa y qué garantías rodean una entrada policial en mitad de un conflicto universitario.

Porque el debate no consiste realmente en decidir si dentro de una universidad pueden cometerse delitos, naturalmente que sí, ni en imaginar que un uniforme anula por sí mismo las libertades académicas. Se juega en algo bastante menos vistoso y mucho más importante: quién fija el límite, con qué pruebas y bajo qué controles cuando la protesta deja de ser pacífica y el Estado decide cruzar la puerta del campus.

Newsletter

Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.