¿Cómo conectaron dos cargos de Podemos con Crónica Libre y el PSOE?

La investigación sobre la presunta red articulada alrededor de Leire Díez ha incorporado un nuevo ramal político y mediático. Unos chats atribuidos al grupo de WhatsApp La Compañía muestran que Gloria Elizo, antigua responsable legal y dirigente de Podemos, y Pablo Manuel Fernández Alarcón, exgerente del equipo jurídico de la formación, mantuvieron contacto estrecho con miembros de Crónica Libre y participaron en la difusión de contenidos del digital.

Los mensajes, fechados entre 2020 y 2024, reflejan intercambios de artículos, información sobre procedimientos judiciales y conversaciones internas de Podemos. Esto acredita una relación fluida entre personas vinculadas entonces al partido y responsables del medio, pero no demuestra por sí solo que Podemos, como organización, dirigiera Crónica Libre ni que ordenara sus publicaciones. Esa frontera, tan importante como poco vistosa, separa el hecho documentado de la conclusión política prefabricada.

Los chats que abren un nuevo frente político

La Compañía reunía a una fauna poco habitual incluso para los estándares de la política española: periodistas, abogados, policías, un fiscal y antiguos responsables de Podemos. La periodista Patricia Espinar confirmó judicialmente la existencia del grupo, presentado inicialmente como un chat de amigos creado alrededor de una celebración personal.

Entre sus integrantes figuraban Patricia López, fundadora y directora de Crónica Libre hasta su fallecimiento; Gloria Elizo; Pablo Manuel Fernández Alarcón; el fiscal anticorrupción José Grinda; el antiguo responsable de Asuntos Internos de la Guardia Civil Marcelino Martín-Blas, y otros profesionales relacionados con investigaciones sobre las llamadas cloacas policiales. Un salón virtual bastante concurrido, vaya.

La información conocida sostiene que Elizo compartía publicaciones del digital y trasladaba a Patricia López datos relacionados con asuntos especialmente delicados, entre ellos el caso Dina y distintas piezas del caso Villarejo. En algunos mensajes también aparecían referencias abreviadas a dirigentes de Podemos. La UCO interpreta, por ejemplo, que las iniciales “IM” aludían a Irene Montero, aunque se trata de una interpretación de los investigadores, no de una identificación reconocida por sus protagonistas.

Gloria Elizo y Pablo Manuel Fernández, el vínculo morado

Gloria Elizo no era una militante de relleno. Fue responsable del equipo legal de Podemos, miembro de su dirección y vicepresidenta del Congreso. Había dirigido actuaciones judiciales de la formación contra las denominadas cloacas del Estado y participado en procedimientos vinculados a José Manuel Villarejo. En marzo de 2020 quedó fuera de la dirección del partido, aunque continuó como diputada y no anunció su salida definitiva del espacio político hasta 2023.

Pablo Manuel Fernández Alarcón —no debe confundirse con otros dirigentes llamados Pablo Fernández— había ejercido como gerente del equipo jurídico de Podemos y es marido de Elizo. Su presencia en el chat refuerza el nexo personal con la antigua estructura legal de la formación, aunque tampoco convierte cada conversación privada en una decisión orgánica del partido.

Los mensajes descritos muestran algo más concreto: miembros de Crónica Libre enviaban artículos al grupo y esperaban que las personas relacionadas con Podemos los amplificaran en redes sociales. Elizo participó en ese circuito. Hablar de una red de difusión informal parece, por el momento, más exacto que afirmar la existencia de una maquinaria institucional controlada desde la sede del partido. Las palabras gruesas suelen correr más que los autos judiciales, pero no siempre llegan más lejos.

Qué era Crónica Libre y por qué interesa a la UCO

Crónica Libre nació como un digital especializado en investigaciones sobre corrupción política, policial, judicial y mediática. Su línea editorial se concentró especialmente en las cloacas del Estado, los audios de Villarejo y las operaciones atribuidas a mandos policiales durante gobiernos del Partido Popular.

Esa orientación produjo informaciones de indudable interés público, algunas basadas en grabaciones relevantes. También colocó al medio en una posición de abierta confrontación con determinados policías, jueces, fiscales y periodistas. Una cabecera puede investigar abusos reales y, al mismo tiempo, ser utilizada dentro de una estrategia política. Ambas posibilidades no se excluyen; la realidad rara vez entrega personajes completamente blancos o negros.

La UCO investiga quién controlaba realmente la sociedad Grupo Crónica Libre SL. Formalmente aparecieron como administradoras Patricia Espinar y, después, Patricia López. Sin embargo, un contrato privado sobre participaciones y la declaración prestada por Espinar llevaron a los agentes a considerar que Leire Díez habría tenido una presencia societaria no reflejada inicialmente en la escritura pública.

Espinar declaró que Díez y la periodista Nuria Coronado participaban en reuniones y decisiones empresariales pese a no figurar como socias en la constitución inicial. De confirmarse judicialmente, no estaríamos simplemente ante una colaboradora ocasional, sino ante alguien con capacidad de intervención en el proyecto editorial. Aun así, la investigación continúa y no existe una sentencia firme que establezca una estructura clandestina o un uso delictivo del periódico.

El pago de 18.125,50 euros bajo la lupa

El elemento más comprometedor no está en un mensaje fogoso, sino en una factura. Grupo Crónica Libre emitió el 27 de mayo de 2024 una factura por 18.125,50 euros a IKI Group Communications, agencia que había trabajado con el PSOE. La documentación incorporada al sumario vincula el servicio a una campaña publicitaria electoral.

Aquí conviene afinar. La existencia de una factura y de inserciones publicitarias no demuestra por sí misma una financiación irregular. Los partidos contratan anuncios en medios de comunicación durante las campañas y los medios cobran por publicarlos; no hay misterio en eso. La sospecha surge porque los investigadores consideran que la operación pudo ocultar una finalidad distinta: proporcionar fondos al digital o remunerar actuaciones relacionadas con la presunta red de Leire Díez.

Las informaciones conocidas tampoco coinciden plenamente sobre la campaña concreta. Parte de la documentación identifica el encargo con las elecciones europeas de 2024, mientras que otras referencias lo relacionan con la campaña catalana de Salvador Illa. La fecha de la factura, posterior a las elecciones catalanas del 12 de mayo y anterior a las europeas del 9 de junio, encaja de manera más directa con estas últimas. Esa discordancia documental debería aclararse con contratos y justificantes, no resolverse a martillazos ideológicos.

La UCO concede importancia a una conversación telefónica interceptada en marzo de 2026. En ella, responsables del medio comentaban que los anuncios habían sido retirados en cuanto terminaron las elecciones y reconocían que los banners estaban bien pagados. El diálogo puede alimentar las sospechas sobre el precio o la finalidad de la campaña, pero también resulta compatible con el funcionamiento ordinario de una publicidad electoral, que desaparece cuando concluye el periodo contratado.

El juez Santiago Pedraz autorizó investigar las relaciones comerciales de IKI Group, Crónica Libre, el PSOE y el PSC, aunque limitó otras peticiones más amplias de la Guardia Civil sobre cuentas bancarias. El magistrado reclamó que las diligencias se concentraran en operaciones concretas relacionadas con los hechos investigados. Es decir, la causa avanza, pero el juez no ha convertido todas las hipótesis policiales en verdades procesales.

La etiqueta de la “UCO patriótica”

La investigación también examina el uso de la expresión “UCO patriótica”, una fórmula destinada a sugerir que determinados miembros de la Unidad Central Operativa actuaban con motivaciones partidistas. Los chats recogen intercambios entre Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo sobre artículos que cuestionaban la imparcialidad de la Guardia Civil.

En una conversación, Teijelo celebraba que el concepto empezara a aparecer en debates televisivos y consideraba que “va calando”. Después compartía una publicación sobre supuestos agentes al servicio del PP. Para la UCO, no eran comentarios casuales, sino parte de una estrategia de desgaste orientada a erosionar la credibilidad de los investigadores y, eventualmente, debilitar procedimientos judiciales relacionados con el Gobierno o el PSOE.

Crónica Libre había construido desde años atrás un relato crítico con las cloacas policiales y con la utilización partidista de unidades del Estado, un fenómeno que no nació de la imaginación de sus redactores: distintas causas judiciales han investigado operaciones parapoliciales, seguimientos ilegales y campañas contra adversarios políticos. El problema aparece cuando la denuncia de abusos acreditados se utiliza como molde universal para descalificar cualquier investigación incómoda.

Ni toda crítica a la UCO supone una conspiración ni la Guardia Civil queda fuera del escrutinio democrático. Pero coordinar mensajes con personas afectadas por investigaciones judiciales, celebrar su penetración mediática y financiarlos mediante circuitos que están bajo examen judicial dibuja un terreno bastante más turbio que una simple coincidencia editorial.

Lo acreditado y lo que permanece en investigación

A estas alturas está acreditada la existencia de La Compañía, la participación de antiguos responsables vinculados a Podemos, el intercambio de información y artículos, la relación de Leire Díez con personas de Crónica Libre y una factura publicitaria de más de 18.000 euros canalizada mediante IKI Group.

Está siendo investigado, en cambio, si ese pago respondía a una campaña real valorada a precio de mercado o constituía una vía encubierta de financiación; si Leire Díez controlaba de manera efectiva el digital; si hubo coordinación para desacreditar a la UCO y si esa actividad formaba parte de un plan más amplio destinado a influir en procedimientos judiciales.

Tampoco se ha probado que la dirección de Podemos ordenara alimentar el medio, que el partido conociera los intercambios privados de Elizo y Fernández o que existiera un acuerdo institucional entre Podemos, el PSOE y Crónica Libre. Elizo ya se encontraba alejada de la cúpula morada durante buena parte del periodo analizado. Presentar sus mensajes como una decisión colectiva de Podemos sería saltarse varios peldaños probatorios.

Lo mismo vale para el PSOE. Hay una operación publicitaria vinculada al partido y existen sospechas policiales sobre su verdadera finalidad, pero la calificación penal dependerá de facturas, contratos, correos, movimientos bancarios y testimonios. No de que un titular resulte cómodo para cada trinchera política.

Cuando la afinidad deja un rastro documental

El caso Crónica Libre revela una zona cada vez más habitual en la política española: la mezcla de militancia, periodismo, filtraciones, campañas publicitarias y relaciones personales. Un ecosistema donde un artículo puede funcionar simultáneamente como información, munición política y moneda de intercambio. Todo muy moderno; también muy antiguo.

Los chats sitúan a Gloria Elizo y Pablo Manuel Fernández Alarcón dentro de un circuito que ayudaba a difundir las publicaciones del digital y compartía información sensible. El pago de 18.125,50 euros conecta a Crónica Libre con una agencia contratada por el PSOE. La UCO cree que ambas piezas formaban parte de una estrategia contra la unidad investigadora. Son datos relevantes, no una sentencia.

La incógnita decisiva consiste en saber si aquella proximidad fue solo afinidad entre personas obsesionadas con las cloacas policiales o si terminó convertida en una estructura organizada, financiada y dirigida para proteger intereses políticos. Los documentos han abierto la puerta. Falta comprobar qué habitación había detrás.