¿Por qué el Congreso de Perú ha destituido a Dina Boluarte?

El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte por incapacidad; José Jerí asume interino y la transición se centra en seguridad y elecciones.

El Congreso peruano destituyó a Dina Boluarte en una sesión extraordinaria celebrada de madrugada y aprobó su vacancia por “incapacidad moral permanente” con una mayoría holgada que superó con creces el umbral constitucional. La mandataria no acudió al hemiciclo a ejercer su defensa y la votación se resolvió en un trámite veloz, síntoma de que los números estaban cerrados de antemano. Con el resultado proclamado en el panel electrónico, la línea de sucesión se activó de inmediato.

A la una de la madrugada, aproximadamente, el presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, juró como jefe del Estado interino y asumió el mando con un mensaje corto: respeto al calendario y prioridad absoluta a la seguridad ciudadana. Su papel será el de conducir la transición hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026, salvo que el Legislativo acuerde un adelanto. Afuera, Lima vivió otra noche de bocinas, cacerolas y nervio. Dentro, la fotografía de una presidencia breve y desgastada que terminó sin defensa presencial y con una cifra simbólica: más de 120 votos a favor de la remoción en un Parlamento de 130 escaños.

El camino a la vacancia: una tarde de mociones y una noche de aritmética

La caída se gestó en horas. Durante la tarde se presentaron cuatro mociones de vacancia en bloque, con firmas suficientes para poner en marcha el procedimiento. La Mesa Directiva dio cuenta de los escritos, el pleno fue convocado a última hora y la sesión adquirió tono de desenlace desde el primer minuto: agenda acotada, cronómetro en marcha y bancadas con postura definida. En el Palacio Legislativo se respiraba cierto dejà vu de otros procesos, aunque con una diferencia crucial: el apoyo transversal que esta vez se alineó con fluidez entre fuerzas conservadoras, fujimorismo y grupos bisagra.

El reglamento establece que, admitida la moción, la presidenta puede defenderse personalmente o a través de abogado. No ocurrió. La ausencia de Boluarte —explicada por su entorno como un desacuerdo con el proceso y por la premura de las horas— allanó una discusión técnica, no maratoniana, centrada en delitos comunes en ascenso, extorsiones al alza, escándalos de integridad y un argumento compartido: “falta de gobernabilidad”. La votación final se impuso con números contundentes, por encima del listón de 87 votos exigido por la Constitución. La vacancia quedó aprobada y el país, otra vez, cambió de presidente mientras muchos dormían.

La puesta en escena fue milimétrica: terminada la votación, el presidente del Congreso convocó al acto de juramento, el estrado se transformó en improvisada mesa de transmisión de mando y, tras la fórmula solemne, José Jerí ocupó el primer plano. No hubo largas alocuciones ni anuncios espectaculares, apenas un puñado de ideas fuerza: transición, orden, elecciones. Los detalles se reservaron para las horas siguientes y, sobre todo, para la conformación de un gabinete capaz de sostener a un interinato que nacerá bajo presión.

Las razones del derrumbe: seguridad, escándalos y un desgaste acumulado

La destitución es el resultado de una suma que venía creciendo desde hacía meses. La inseguridad —convertida en conversación diaria por balaceras, extorsiones, secuestros exprés y atentados de alto impacto— deterioró la confianza en la capacidad del Ejecutivo para recuperar el control de las calles. Estados de emergencia focalizados, operativos puntuales y cambios en mandos policiales no lograron torcer la percepción de miedo. El discurso de “resultados en camino” chocó con una realidad obstinada: más denuncias, más videos virales de violencia, más barrios que se blindan con rejas y toques de queda de facto.

A esa deriva se sumó el “Rolexgate”, el caso de los relojes de lujo que estalló en 2024 y que, con altibajos judiciales, erosionó la credibilidad de la presidenta. La suspensión temporal de investigaciones mientras estuviera en el cargo —adoptada por el Tribunal Constitucional semanas atrás— no solo no calmó las aguas, sino que alimentó el relato de “blindaje” político. En la arena parlamentaria, ese giro se leyó como una oportunidad: la incapacidad moral no es una categoría penal, sino política, y su interpretación abierta favorece decisiones de mayoría cuando el clima social y los incentivos de los bloques se alinean.

Quedaba el factor de origen: el costo humano de las protestas de 2023 tras la destitución de Pedro Castillo, con decenas de muertos y heridas abiertas. Ese trauma nunca fue procesado con una agenda contundente de reparaciones, memoria y reformas; se encadenó, en cambio, con pugnas con la Fiscalía, choques con gobernadores y tensiones con el propio Congreso. El resultado fue una aprobación bajísima, una recesión de apoyos incluso entre antiguos aliados y un país que, en cuestión de meses, pasó de la prudencia táctica a la impaciencia.

El marco legal que lo hizo posible: la “incapacidad moral” y un umbral exigente

La destitución se apoya en el artículo 113, inciso 2, de la Constitución peruana, que prevé la vacancia del presidente por “permanente incapacidad moral o física”. Es una figura discutida por su ambigüedad, pero plenamente operativa desde hace años en una práctica parlamentaria que ha convertido ese inciso en la llave de arranque de los cambios de mando. Para prosperar, se necesitan dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. Ese listón alto explica por qué ocho intentos previos se habían pipelineado sin éxito. Esta vez, el consenso alcanzó las bancadas determinantes.

Antes del voto de fondo, el procedimiento exige que el pleno admita la moción —primera barrera donde suelen naufragar muchas iniciativas— y establezca la fecha y hora para la sesión. Aquí pesó el calendario político: las elecciones están a la vuelta de la esquina, los partidos empiezan a ordenar listas y nadie quiere ir a campaña cargando con la etiqueta de haber sostenido a una presidenta impopular. La admisión se votó sin sobresaltos y, ya en la sesión nocturna, se recorrieron los pasos previstos: intervención de portavoces, acreditación del derecho de defensa y, al no presentarse la mandataria, ingreso al voto.

La discusión jurídica se desplazará ahora a otro terreno —acciones de amparo, disputas competenciales—, pero con un hecho consumado: la vacancia fue aprobada, se juró al nuevo jefe del Estado y la sucesión quedó perfeccionada. En la práctica, revertir un relevo de estas características es extraordinario y requiere circunstancias que, a día de hoy, no se vislumbran. La política, mientras tanto, toma nota y sigue.

José Jerí al timón: perfil, margen de maniobra y primeras decisiones

José Enrique Jerí Oré, abogado limeño, llegó a la presidencia del Congreso en julio y saltó a Palacio de Gobierno por la vía de sucesión automática. Su biografía pública mezcla pragmatismo y alineamientos conservadores en votaciones clave. No es un outsider, tampoco un barón regional; su poder real dependerá de dos factores: cómo ensamble el gabinete y qué acuerdos logre con las bancadas que facilitaron la vacancia. En Lima ya se repite una frase clásica: “los primeros siete días de un interinato valen por seis meses”.

El diseño del Consejo de Ministros será la carta de presentación. Un Interior con experiencia de campo, un Economía con crédito ante los mercados y un Justicia con solvencia técnica enviarán señales de estabilidad. Si en cambio se impone la repartija, la luna de miel ni siquiera empezará. La comunicación tendrá que ser parca en adjetivos: enfatizar metas medibles, fechas, presupuestos y indicadores. En seguridad, hablar de objetivos (reducción de extorsiones, golpes a redes de sicariato, intervención en corredores calientes) antes que de slogans. Y, sobre todo, recordar que la tarea es de transición, no de refundación.

Las 72 horas que ordenan una transición

En las primeras 72 horas de cualquier gobierno interino, el orden del día se escribe casi solo. Mensaje al país con tres ideas nítidas: elecciones en fecha, respeto a derechos humanos, coordinación con regiones. Reunión operativa con Fiscalía, Poder Judicial y Policía para afinar un plan anti-extorsión y trazabilidad financiera del crimen organizado (con metas de decomisos, cierre de cuentas y capturas prioritarias). Citas con MEF y Banco Central para blindar la confianza y evitar volatilidad cambiaria. Puente con la OEI/OEA de observación electoral, que da tranquilidad a socios y aporta acompañamiento técnico sin ruido.

La gestión exige muñeca fina. El nuevo presidente deberá equilibrar el respaldo de las bancadas con señales de autonomía. Un exceso de concesiones a grupos con agenda propia puede dinamitar en semanas cualquier plan razonable. La calle, por su parte, tendrá el listón alto: pretende ver patrullas, operativos y sentencias que no se caigan en tribunales. Y pronto.

La fotografía social y económica tras la destitución

El impacto inmediato se mide en tres planos. En la economía, el primer objetivo es evitar ruido innecesario: ratificar el respeto a contratos, mantener el sesgo prudente del Banco Central y agilizar proyectos de inversión que ya están aprobados y solo necesitan tramitología. Un mensaje explícito sobre no tocar el marco regulatorio sin consenso y plazos puede apaciguar a los capitales más nerviosos y mantener al sol dentro de banda.

En la seguridad, el Gobierno interino hereda la prioridad absoluta del país. No hay margen para grandes reformas legales en meses, sí para medidas quirúrgicas: inteligencia contra extorsiones que usan sistemas de cobro y telecomunicaciones, controles de armas más estrictos en puertos y fronteras, fiscalías especializadas con metas de acusación y condena en plazos tasados, policía comunitaria que recupere barrios tomados por la intimidación. La cooperación internacional —intercambio de inteligencia, trazabilidad de dinero sucio, capacitaciones— puede marcar diferencias en poco tiempo.

En lo social y político, late una fatiga profunda con la rotación de mandatarios que Perú arrastra desde 2018. Un interinato con pocas promesas y hechos concretos —calles algo más seguras, trámites algo más rápidos, señales claras a la inversión— tiene más chances de respirar que cualquier retórica grandilocuente. El humor de Lima y el de las regiones no siempre camina a la par; se le exige al Ejecutivo salir del perímetro de la capital y escuchar a Cusco, Puno, Ayacucho, no solo con gabinetes itinerantes que quedan en foto, sino con respuestas específicas en conectividad, precios y seguridad rural.

Lo que dice el número: una mayoría que deja poco margen al relato

Conseguir más de 120 votos para destituir a una presidenta no es rutina. Es señal de consenso negativo: una coalición amplia que puede fragmentarse en horas si no se gestiona con tacto. El nuevo presidente puede intentar aprovechar esa amplitud para sostener un paquete mínimo (seguridad, economía, gestión electoral) y blindarse ante nuevas tormentas. Pero la misma aritmética puede convertirse en hipoteca si cada bancada traduce su voto en una cuota.

En clave institucional, se reabre una discusión de fondo: la categoría de “incapacidad moral” se ha convertido en el atajo peruano cuando la erosión del Ejecutivo se hace insoportable para el Congreso. Hay juristas que defienden su flexibilidad como herramienta de control y otros que reclaman acotarla por ley o por jurisprudencia para evitar que el presidencialismo se vuelva una ficción a golpe de vacancias. El debate seguirá, pero la vida política cotidiana —los plazos, los presupuestos, la seguridad— no esperará al dictamen académico.

Calendario político: elecciones en 2026 y un tablero que ya se mueve

A día de hoy, el cronograma apunta a abril de 2026 para la primera vuelta y a una segunda vuelta semanas después, como dicta la tradición. Cualquier adelanto requiere un acuerdo legislativo que hoy no está sobre la mesa. La comunidad internacional —vecinos, organismos y socios comerciales— tiende a preferir la previsibilidad y, por tanto, leerá como positiva la confirmación de fechas. La observación electoral externa, si se gestiona con normalidad, aportará tranquilidad.

Mientras tanto, las pre-campañas se acelerarán. La derecha intentará capitalizar la bandera del orden, la izquierda buscará recomponer su relato tras el ciclo de Castillo y la centroderecha tecnocrática tanteará si hay espacio para un mensaje de gestión sin estridencias. En ese submundo, el interinato hará de árbitro administrativo: no tomar decisiones que distorsionen la competencia, asegurar suelo parejo y cuidar que el aparato estatal no se convierta en una herramienta de campaña.

¿Qué margen tiene el Congreso?

Mucho. El Congreso conserva la iniciativa política y el control de tiempos. Si el Ejecutivo acierta con un gabinete compacto y una agenda concreta, la relación puede estabilizarse en una tregua técnica. Si se resbala en nombramientos polémicos o en gestos de autosuficiencia, volverán los choques. La experiencia reciente en Perú enseña que cada semana importa: una mala designación, una frase desafortunada o un caso en redes puede torcer una narrativa en horas.

Efectos colaterales: justicia, memoria y reformas que quedaron a medias

La vacancia no borra el pasado. Quedan abiertos los expedientes sobre violaciones de derechos humanos en las protestas de 2023, la discusión sobre el uso proporcional de la fuerza y la rendición de cuentas de mandos operativos y responsables políticos. También sobreviven los casos de integridad que salpican adquisiciones suntuarias y posibles enriquecimientos; su avance dependerá del trillo legal y de las garantías que la expresidenta conserve o pierda tras su salida de Palacio.

Más allá de personas y casos, el sistema arrastra una reforma política pospuesta una y otra vez: partidos con debilidad orgánica, financiación opaca, representación atomizada, voto preferencial que fragmenta, reglas de reelección y vacancia que se combinan para hacer de la inestabilidad una constante. La otra reforma —menos vistosa— es la administrativa: un Estado que tarda demasiado en comprar, ejecutar y medir, y que por eso falla en la última milla donde se juegan la seguridad y los servicios básicos.

Señales hacia afuera: vecinos, organismos y mercado

En el vecindario, la lectura será pragmática. Habrá comunicados de respeto institucional y llamados a la calma. Los organismos —OEA, ONU, bancos de desarrollo— pondrán el foco en estabilidad y procesos electorales. El mercado ya aprendió a convivir con el zigzag peruano, pero no es inmune a sorpresas: un mal paso en Economía o un mensaje ambiguo sobre normas extractivas puede mover el tipo de cambio. Lo contrario también vale: un equipo técnico creíble y una hoja de ruta mesurada anclan expectativas.

Lo que falta por resolver: preguntas que no admiten retórica

¿Qué pasará con las acciones judiciales que se tramitan alrededor de la expresidenta? ¿Cómo se instrumentará la coordinación con gobernadores y alcaldes en la ofensiva contra la extorsión y el sicariato? ¿Qué metas —numéricas, verificables— se fijará el interinato para medir éxitos o fracasos? Son preguntas operativas, no filosóficas. Y tendrán respuestas en días, no en meses. Si la transición cristaliza en medidas puntuales y resultados tangibles, el país habrá ganado algo más que tiempo. Si se enreda en la politiquería, el desgaste volverá a la puerta de Palacio.

La historia reciente sugiere cautela. Cada presidencia de corta duración suma cinismo y ruido, pero también deja aprendizajes sobre lo que sí funciona: equipos quizá pequeños, pero coordinados; métricas públicas; canales de denuncia que no se estrellan contra la burocracia; apoyo logístico a policías y fiscales que investigan a las bandas, no a los titulares de turno. La comunicación importa, pero menos que la gestión. Un dato sólido vale más que diez eslóganes.

Un nuevo capítulo con tareas concretas

Perú amanece con nuevo presidente interino, un Congreso que reafirma su centralidad y una ciudadanía que no concede cheques en blanco. Los hechos están claros: el Parlamento aprobó la vacancia de Dina Boluarte, ella no ejerció su defensa en el pleno, se activó la sucesión y José Jerí tomó juramento. Quedan por delante designaciones clave, el plan de seguridad que baje la presión en barrios y carreteras, y la confirmación del calendario electoral de 2026 sin giros de última hora.

El desafío para el nuevo Gobierno es menos épico y más prosaico: reducir extorsiones, acelerar obras que ya tienen expediente aprobado, bajar la crispación institucional, proteger la macroeconomía. Si lo logra, aunque sea en parte, el país ganará ese bien escaso que siempre falta en Lima: tiempo. Si falla, la rueda de la inestabilidad volverá a girar con la misma fuerza de siempre. La diferencia se verá pronto, en semanas, quizá en días. Entre tanto, el reloj corre y la transición ya está en marcha.

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Este artículo se ha elaborado con información contrastada y de fuentes fiables. Fuentes consultadas: RTVE, Europa Press, 20minutos, elDiario.es, Onda Cero.