El Partido Nacional gana fuerza territorial en Honduras

Honduras cierra el mapa político con un Congreso sin mayorías y 151 alcaldías nacionalistas tras un recuento tenso y pactos inevitables clave

Honduras ya tiene el tablero completo —al menos sobre el papel— tras la declaratoria final del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los niveles legislativo y municipal. El Partido Nacional, fuerza del presidente electo Nasry “Tito” Asfura, se queda como primera bancada con 49 de los 128 diputados del Congreso Nacional y amarra, además, el músculo territorial: 151 alcaldías de las 298 del país. El dato grande es ese, sí; el matiz también pesa: no hay mayoría absoluta en el Congreso y el próximo ciclo político arranca con calculadora en la mano, no con rodillo.

La fotografía la completan el Partido Liberal, segundo en el Legislativo con 41 escaños y con 76 alcaldías, y Libre —la fuerza oficialista en el Gobierno saliente— con 35 diputados y 69 alcaldías. En la esquina, donde a veces se decide todo, aparecen el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU) con dos curules y una alcaldía, y la Democracia Cristiana con un diputado, además de un municipio en manos de un independiente. Una distribución de poder que, en la práctica, convierte cada votación seria en una negociación: presupuestos, nombramientos, reformas, incluso el simple orden del día.

La declaratoria llegó al límite y con el CNE fracturado

La declaratoria de diputados y corporaciones municipales se emitió el 30 de diciembre, cuando al CNE le quedaban solo unas horas para cumplir el plazo legal. No fue un cierre rutinario. Se hizo de forma virtual y con una ausencia muy visible: Marlon Ochoa, representante de Libre en el órgano electoral, no participó y no reconoce los resultados, según se desprende del propio relato del cierre institucional. En pantalla aparecieron los nombres que han protagonizado semanas de tensión: la consejera presidenta Ana Paola Hall, la consejera Cossette López y el suplente Carlos Cardona. El país, mientras tanto, llevaba días escuchando la misma música de fondo: retrasos, disputas internas y un escrutinio especial que avanzaba a tirones.

Ese cierre “a contrarreloj” no fue casual. El proceso electoral hondureño de 2025 se ha movido como un motor con el capó abierto: a veces empuja, a veces se ahoga. El CNE arrastró conflictos internos y un ambiente enrarecido que, según la propia autoridad electoral, incluyó presiones, amenazas y ataques personales contra integrantes del organismo. En paralelo, los partidos se miraban con desconfianza creciente en las mesas de revisión de actas, con episodios que fuentes periodísticas describen incluso como riñas entre escrutadores de diferentes fuerzas. La declaratoria, en ese contexto, pretende ser una línea de llegada. En la calle y en los tribunales, la carrera no ha terminado del todo.

Los números que dejan a cada partido en su sitio… y lo que significan de verdad

El reparto oficial deja al Partido Nacional en cabeza del Congreso con 49 diputados, seguido del Partido Liberal con 41 y Libre con 35. Completa la suma el PINU con 2 y la Democracia Cristiana con 1. Traducción inmediata: nadie alcanza por sí solo la frontera de la mayoría absoluta (65). En un país acostumbrado a legislaturas tensas, esto empuja a un esquema de acuerdos que puede ser flexible o explosivo, según el día. Porque una cosa es pactar para elegir la junta directiva del Congreso y otra muy distinta sostener una agenda legislativa durante cuatro años.

En el nivel municipal, el peso del Partido Nacional es todavía más rotundo: 151 alcaldías. Es una cifra que no solo habla de urnas; habla de estructura. Las alcaldías son oficinas, presupuestos, equipos, contratación pública local, presencia diaria. Son, también, el lugar donde la política se vuelve concreta: agua, basura, baches, mercados, permisos, seguridad de proximidad, alumbrado. El Partido Liberal, con 76 municipios, mantiene una implantación relevante; Libre, con 69, conserva una base territorial que no desaparece ni por desgaste ni por derrota presidencial. En el detalle —una alcaldía para PINU y una independiente— se ve que el mapa no es monolítico: hay espacios donde el voto se sale del carril tradicional.

La paradoja es evidente y marca la legislatura que viene: el Partido Nacional sale fuerte, pero no omnipotente. Tiene el “primer turno” político, el impulso de haber ganado también el nivel municipal y la presidencia, pero necesitará socios. El Partido Liberal, por su parte, queda en una posición bisagra tentadora: puede acercarse al PN, puede tensar, puede negociar por temas. Y Libre, aunque cae, conserva 35 diputados: suficiente para bloquear, suficiente para empujar, suficiente para convertir cada debate en un pulso si decide que la oposición será una trinchera permanente.

La llave pequeña: cuando dos escaños valen oro

En una aritmética tan ajustada, dos diputados pueden ser más influyentes que veinte si la suma final depende de ellos. El PINU y la Democracia Cristiana no van a dictar el rumbo del país, pero sí pueden decidir votaciones concretas, la composición de comisiones, la estabilidad de una directiva legislativa, incluso el tipo de lenguaje con el que se presentan ciertos acuerdos. En muchos congresos latinoamericanos, esa “minoría mínima” se convierte en termómetro: cuando se les escucha, el sistema respira; cuando se les compra en silencio, el sistema se pudre. Honduras entra en ese terreno delicado, donde la negociación es inevitable y el método lo es todo.

Tegucigalpa cambia de manos: el símbolo y el margen de 888 votos

En el mapa municipal, hay una pieza que pesa por encima de muchas: el Distrito Central, donde están Tegucigalpa y Comayagüela. Ahí, el Partido Nacional obtiene una victoria de alto voltaje político: Juan Diego Zelaya queda como alcalde electo tras aventajar por 888 votos a Jorge Aldana, el edil de Libre que buscaba continuar en el cargo. En términos de narrativa, es un golpe seco: la capital se mueve, y lo hace por un margen tan estrecho que cada acta parece un billete de lotería.

La diferencia numérica explica parte del clima posterior: cuando el margen es milimétrico, cualquier irregularidad real —o cualquier sospecha— se amplifica como un eco en túnel. Y aun así, el resultado tiene una lectura política clara: el Partido Nacional recupera una plaza estratégica, con presupuesto, visibilidad y capacidad de marcar agenda nacional. El nuevo alcalde electo, además, ha apelado públicamente a la unidad tras conocerse la declaratoria, un tono que busca bajar decibelios en una ciudad donde la política se vive con nervio, barrio a barrio, y donde el cansancio electoral se nota en la conversación cotidiana.

Tegucigalpa no es “una alcaldía más”. Es escaparate y campo de pruebas. Cada problema municipal —tráfico, transporte, agua, seguridad— acaba convertido en titular nacional. Para el Partido Nacional, controlar el Distrito Central refuerza la idea de “ciclo ganador” y le suma una plataforma de gestión inmediata. Para Libre, perderlo es un aviso interno: la base existe, pero no basta; y la capital, además, tiene su propio humor político, menos disciplinado de lo que a veces se cree.

San Pedro Sula mantiene su rumbo y el Liberal reivindica territorio

Si Tegucigalpa simboliza poder político, San Pedro Sula simboliza poder económico y pulso urbano. Allí, el nombre que se impone es el de Roberto Contreras, del Partido Liberal, que repite en la alcaldía según los reportes de resultados municipales difundidos tras la jornada del 30 de noviembre. En San Pedro Sula, la continuidad de Contreras refuerza una idea que a veces se pierde en el ruido nacional: el Partido Liberal no es un actor de relleno; conserva plazas clave y capacidad de gestión en una ciudad que pesa, y mucho, en cualquier conversación sobre inversión, empleo y seguridad.

La permanencia liberal en San Pedro Sula también ordena el mapa: el Partido Nacional domina el total de alcaldías, sí, pero no se lo lleva todo en las ciudades que marcan el ritmo del país. Queda una Honduras más plural en lo local de lo que sugiere el titular rápido. Un PN fuerte con 151 municipios; un Liberal con bastiones urbanos; un Libre que no desaparece del territorio. Ese equilibrio imperfecto es, a la vez, un freno y una oportunidad: freno para cualquier tentación de gobernar por imposición, oportunidad para acuerdos prácticos entre alcaldías y Gobierno central, especialmente en obras y proyectos metropolitanos que no entienden de siglas cuando el problema es real.

El escrutinio especial: 2.792 actas, retrasos y tensión acumulada

Detrás de la declaratoria final hay una cifra que explica el atasco: 2.792 actas con inconsistencias sometidas a escrutinio especial. Ese proceso arrancó el 18 de diciembre, con retraso, y se convirtió en el cuello de botella de todo el calendario. Hubo problemas técnicos, choques entre representantes partidarios y una pelea constante por el control del relato: quién quería revisar, quién quería cerrar, quién denunciaba “inflación” de votos, quién hablaba de sabotaje. En este tipo de escenarios, la administración electoral no solo cuenta votos: también administra nervios. Y en Honduras, los nervios iban cargados.

En ese contexto, el expresidente Manuel Zelaya —figura central del oficialismo y esposo de la presidenta Xiomara Castro— llegó a calificar el proceso como “inválido” y sostuvo que la declaratoria sería ilegal, insistiendo en que no se daban condiciones para reconocerla. No es un detalle menor: cuando un actor político con ese peso deslegitima el cierre institucional, la grieta se traslada a la calle y a los tribunales, aunque no haya una movilización masiva constante. La tensión se vuelve persistente, como humedad: no siempre la ves, pero está.

Impugnaciones y Fiscalía: la batalla se mueve a los tribunales

Con la declaratoria legislativa y municipal ya emitida, las impugnaciones pasan al carril previsto por la ley: el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). En paralelo, el ruido del nivel presidencial sigue contaminando el ambiente general. El candidato Salvador Nasralla formalizó un recurso ante el TJE para impugnar el resultado presidencial —una derrota por margen inferior al 1% frente a Asfura— y pidió revisión y recuento en un amplio número de departamentos, alegando inconsistencias y señalando irregularidades. El tribunal, según la información difundida, solicitó documentación adicional y requirió al CNE que remitiera expedientes en un plazo concreto para analizar el caso.

La Fiscalía también quiere ocupar un lugar en esta historia. El fiscal general Johel Zelaya anunció acciones legales para investigar lo ocurrido en un proceso electoral que él mismo calificó, en esencia, como irregular y que, según su mensaje público, no debe repetirse. Su advertencia es política y jurídica a la vez: pretende sentar precedente, poner nombres y hechos sobre la mesa y dejar claro que, al menos desde el Ministerio Público, no se asumirá el caos como algo “normal”. Falta ver el aterrizaje: investigaciones concretas, imputaciones, pruebas, tribunales. Pero el anuncio, por sí mismo, añade presión al sistema.

Y en el centro de todo, la figura que se prepara para gobernar: Nasry “Tito” Asfura, presidente electo desde el 24 de diciembre, con toma de posesión prevista para el 27 de enero. Su victoria presidencial, reconocida por el CNE, llega acompañada por este cierre legislativo y municipal favorable a su partido, lo que dibuja una ventaja política inicial. Ventaja, no blindaje: el Congreso no le pertenece. El país, además, llega a 2026 con heridas electorales recientes, y gobernar con esa atmósfera exige algo más que mayoría relativa.

El arranque real del poder: Congreso, alcaldías y el primer pulso político

A partir de aquí, la política hondureña entra en su fase más tangible: instalar el Congreso, elegir su directiva, repartir comisiones, definir prioridades. El Partido Nacional, con 49 diputados, tiene la iniciativa, pero necesitará acuerdos para gobernar desde el Legislativo. En el fondo, el primer gran termómetro será ver con quién se entiende el nacionalismo: si el Liberal apuesta por un pacto estable, si Libre decide tensión permanente o negociación puntual, si los minoritarios imponen condiciones de transparencia o se diluyen en la trastienda.

En paralelo, el control municipal —esas 151 alcaldías— puede convertirse en una autopista de gobernabilidad o en un campo minado, dependiendo de la relación entre el Ejecutivo y los municipios en manos de otros partidos. Honduras tiene problemas que no esperan: seguridad, inversión, gestión de servicios, infraestructuras urbanas, drenajes, transporte, agua. Las alcaldías suelen ser el primer mostrador donde se cobra (o se pierde) la credibilidad política. Y en ciudades como Tegucigalpa, con la victoria ajustadísima de Juan Diego Zelaya, cada decisión tendrá doble lectura: municipal y nacional.

Lo que deja esta elección, en lo concreto, es un país con tres fuerzas grandes y espacio para bisagras pequeñas. Un Partido Nacional que gana en diputados y alcaldes, un Partido Liberal que conserva peso y plazas, y un Libre que, pese al golpe, mantiene bancada y presencia territorial. El final administrativo de los comicios ya está firmado. El final político, el de verdad, todavía no se ha escrito.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y medios de referencia, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Consejo Nacional Electoral de Honduras, Reuters, El País, BBC Mundo.