¿Por qué la ONU ha recortado un 25% de sus cascos azules?

La ONU recorta un 25% de sus cascos azules por la crisis de financiación y la presión de EE UU: misiones en riesgo y ajustes sobre el terreno

La Organización de las Naciones Unidas ha confirmado una reducción de aproximadamente el 25% de su despliegue global de mantenimiento de la paz, un ajuste que se traducirá en la retirada de miles de militares y policías y en una contracción paralela del personal civil en los próximos meses. La decisión llega tras un deterioro financiero que se arrastra desde hace años y que ahora se ha acelerado por las tensiones con el principal contribuyente al presupuesto de estas operaciones: Estados Unidos. El movimiento no es un episodio aislado ni un gesto simbólico: afecta al corazón de la presencia internacional en varios de los puntos más frágiles del mapa y obliga a reconfigurar mandatos, ritmos y prioridades sobre el terreno.

En la práctica, los recortes implican menos patrullas, menos bases temporales, menos escoltas humanitarias y menos observación de alto el fuego. Los secretariados de misión revisan planes de emergencia, renegocian calendarios con gobiernos anfitriones y preparan repatriaciones de contingentes y material. No es la primera vez que la ONU reduce su huella —ya hubo una salida acelerada de Malí en 2023 y un repliegue gradual en la República Democrática del Congo—, pero nunca antes se había anunciado un ajuste de este alcance de forma tan sincronizada. El mensaje es claro: con menos dinero, habrá menos cascos azules y, en consecuencia, mayor presión para que los actores regionales y los equipos políticos de la ONU asuman un peso que hasta ahora correspondía a unas misiones armadas bajo bandera azul.

La palanca del dinero: cómo se financian las operaciones de paz

El mantenimiento de la paz se financia mediante cuotas obligatorias aprobadas por la Asamblea General. Cada país paga un porcentaje distinto según su capacidad económica, con un recargo para los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En esa escala, Estados Unidos cubre alrededor de una cuarta parte del total. El presupuesto anual del capítulo de operaciones de paz —que históricamente ha oscilado en el entorno de varios miles de millones de dólares— se asigna por misiones, y de esas partidas dependen gastos tan básicos como combustible, mantenimiento de helicópteros, paquetes de raciones, compensaciones por desgaste de vehículos blindados, primas a contingentes y salarios de intérpretes, conductores, ingenieros y equipos médicos locales.

El desfase entre lo aprobado y lo efectivamente cobrado —por retrasos o impagos— deja a la Secretaría con márgenes de maniobra mínimos. Cuando ese hueco se ensancha, lo primero que sufren son los reembolsos a los países que aportan tropas y las líneas de mantenimiento más sensibles (repuestos, combustible, comunicaciones seguras). Encadenar meses de tensiones de caja obliga a priorizar con bisturí: se concentran esfuerzos en zonas críticas, se cierran bases pequeñas, se reducen los relevos de personal y se ralentizan proyectos de protección comunitaria. Mantener un estándar operativo aceptable con menos patrullas es posible durante un tiempo; sostenerlo durante trimestres enteros compromete el mandato.

Estados Unidos y la ecuación política del “America First”

El giro estadounidense ha sido decisivo. Washington ya venía aplicando en la práctica un tope interno a su contribución por debajo de lo que le corresponde en la escala global, un conflicto crónico entre el compromiso internacional y el corsé presupuestario marcado por el Congreso. Con la reactivación de la agenda “America First”, la Casa Blanca ha endurecido ese enfoque, retrasando pagos y presionando para reducir el formato y la ambición de las operaciones de paz. Algunas capitales ven en ello un intento de forzar un rediseño profundo del modelo —más misiones pequeñas, más transición hacia oficinas políticas, más responsabilidades para organizaciones regionales— y otras lo interpretan ante todo como un recorte neto que traslada costos de seguridad a países de bajos ingresos.

La relación es compleja. Estados Unidos sigue siendo indispensable: dispone de influencia política, capacidades logísticas y una voz determinante en el Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, el mensaje de contención presupuestaria se ha vuelto inequívoco. El resultado es un tira y afloja donde la ONU plantea ajustes disciplinados, con matrices de riesgo y hojas de ruta por misión, mientras las delegaciones negocian qué se mantiene, qué se transforma y qué se apaga. No hay margen para improvisar: cada reducción debe coordinarse con el país anfitrión, notificar a los contribuyentes de tropas con suficiente antelación, cumplir con los memorandos de entendimiento sobre equipo mayor y menor, y garantizar una salida ordenada que no erosione la seguridad de las comunidades que han dependido del paraguas azul.

Qué misiones miran ya el reloj

El ajuste anunciado no es uniforme. Golpea con intensidad distinta a misiones con perfiles muy diferentes, desde grandes operaciones de protección de civiles hasta misiones de observación de alto el fuego. Entre los escenarios más sensibles se encuentran:

Líbano (UNIFIL). Con un mandato centrado en monitorizar el cese de hostilidades y apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país, UNIFIL se mueve en un entorno volátil. Una reducción de patrullas limita la presencia disuasoria a lo largo de la Línea Azul y exige reordenar sectores y rutas. Menos helicópteros y menos horas de vuelo complican la respuesta a incidentes. Los países europeos, España entre ellos, mantienen un interés directo en la estabilidad de esta misión.

Sudán del Sur (UNMISS). Es uno de los teatros donde los cascos azules ofrecen protección física de civiles, acompañan retornos y dan cobertura a corredores humanitarios. Reducir bases temporales deja huecos que grupos armados y redes criminales pueden explotar. La discusión técnica gira en torno a concentrar capacidades cerca de núcleos donde la violencia estacional es más probable, reforzar inteligencia comunitaria y coordinar con agencias humanitarias para priorizar escoltas.

República Democrática del Congo (MONUSCO). En transición desde hace meses, la misión ha ido cerrando bases y transfiriendo responsabilidades. El ajuste global acelera un final que, de no calibrarse, puede abrir vacíos de seguridad en Kivu Norte e Ituri. La coordinación con fuerzas nacionales es indispensable, pero la capacidad de estas para ocupar el espacio que deja la ONU no es homogénea en el territorio.

República Centroafricana (MINUSCA). Con un foco dual en proteger a la población y acompañar procesos políticos y electorales, la misión opera en un tablero denso de actores armados. Recortes prolongados significan menos patrullas de largo alcance y menos capacidad de reacción rápida. La presión logística se nota en combustible y mantenimiento, dos líneas críticas para sostener el despliegue.

Sáhara Occidental (MINURSO). Es una misión de observación del alto el fuego con una huella menor que las anteriores, pero muy sensible a la libertad de movimiento y a la vigilancia constante. Reducir equipos en patrulla puede restar capilaridad a la monitorización y al reporte regular a Nueva York.

Altos del Golán (UNDOF). La tarea de verificar la separación de fuerzas requiere medios de movilidad y comunicaciones seguras. Un recorte obliga a concentrar observadores y a replantear rutinas para no perder visión sobre puntos clave del alto el fuego.

Chipre (UNFICYP) y Kosovo (UNMIK). Misiones longevas en conflictos congelados, con poco personal militar pero incidencia política significativa. Aquí la clave es no desinvertir en la capacidad de mediación y enlace, porque las ventanas de distensión suelen abrirse —y cerrarse— sin previo aviso.

Abyei (UNISFA). Zona disputada entre Sudán y Sudán del Sur, donde una misión relativamente compacta ha sido esencial para evitar escaladas locales. La reducción exige coordinación fina con líderes comunitarios y mecanismos conjuntos para contener incidentes.

El hilo común es que cada teatro necesita un “paquete mínimo” de seguridad, movilidad, inteligencia situacional y apoyo médico. Por debajo de cierto umbral, el mandato se vuelve una promesa imposible de ejecutar. De ahí que los equipos en terreno estén rehaciendo planes a una velocidad poco habitual, con el objetivo de mantener intacto ese paquete mínimo a costa de todo lo demás.

Consecuencias sobre el terreno: de la protección a la disuasión

Los cascos azules no ganan guerras, pero contienen escaladas, proporcionan espacios seguros y sostienen treguas frágiles. Un 25% menos de personal y medios empuja a redefinir prioridades: más foco en puntos calientes y menos en patrullas de presencia; más coordinación con policía y ejército local y menos despliegue autónomo; más uso de tecnología de observación (radares terrestres, cámaras térmicas, sistemas de alerta comunitaria) para compensar menos botas sobre el terreno. El riesgo es evidente: si la percepción de la población cambia —si una comunidad siente que ya no hay cascos azules a 20 minutos de distancia—, aumentan la vulnerabilidad y la tentación de recurrir a mecanismos de autodefensa o a actores armados que ofrecen seguridad a cambio de lealtad.

En paralelo, las agencias humanitarias pierden escoltas, y eso afecta a convoyes de alimentos, clínicas móviles y retornos voluntarios. Los equipos civiles de las misiones, souvent invisibles, también se reducen: menos oficiales de enlace con líderes locales, menos ingenieros para puentes de emergencia, menos analistas que traduzcan señales de alerta en decisiones tácticas. La ONU confía en que, donde el recorte sea más intenso, los equipos de país (PNUD, UNICEF, ACNUR, PMA) tomen el relevo en el acompañamiento a instituciones civiles. Pero ese traspaso funciona si hay seguridad básica; no la reemplaza.

Un modelo bajo presión: lecciones de Malí y del Congo

Dos experiencias recientes ponen en contexto el momento actual. En Malí, la salida de la misión (MINUSMA) se cerró en pocos meses por una combinación de choque político con el gobierno y una ecuación de seguridad cada vez más adversa. La evacuación acelerada evidenció lo que cuesta desmontar en semanas lo que tardó años en levantarse: columnas logísticas vulnerables, material pesado que no se puede mover con rapidez, contratos que hay que liquidar y la imposibilidad de transferir capacidades si el receptor —un ejército o una policía— no puede absorberlas.

En la República Democrática del Congo, una retirada más gradual de MONUSCO está construida sobre tramos escalonados, con puntos de control que condicionan el cierre de bases a mejoras medibles en protección y capacidad de las fuerzas nacionales. Aun así, cada base que se cierra abre un debate local: quién llena el vacío, qué respuesta operativa queda a dos horas por carretera, cómo se protege a los desplazados cuando los actores armados testan el nuevo equilibrio. Estas lecciones influyen en los planes de reducción actuales: menos anuncios de calendario rígidos y más matrices de riesgo, menos fe en “transiciones automáticas” y más condicionalidad en la entrega de responsabilidades.

Europa, España y la estabilidad en el Mediterráneo oriental

La contracción de las operaciones de paz no es ajena a Europa. Varias misiones se despliegan en su vecindad estratégica. El caso de UNIFIL en Líbano es paradigmático: su trabajo diario, discreto pero constante, contribuye a impedir escaladas a gran escala junto a la frontera israelí. Para países europeos con tropas en la zona —España entre ellos, con un papel sostenido y reconocido—, el debate sobre recursos y reglas de empeñamiento no es abstracto. Menos medios significan más exigencia de priorización, más coordinación con las Fuerzas Armadas libanesas y más inversión en mecanismos civiles que preserven canales de comunicación cuando el clima político se enrarece.

También hay efectos indirectos: cuando un foco de tensión se descontrola, suben los riesgos de tráfico de armas, flujos de personas desplazadas y impactos económicos que se sienten en las orillas europeas. Por eso, junto a la discusión sobre cuotas y atrasos, varias capitales europeas empujan en Nueva York por mandatos realistas, plazos prudentes y una mayor sincronía entre los cascos azules y misiones de la UE (policiales, de entrenamiento o de observación) para evitar duplicidades y vacíos.

Los países que ponen las botas: reembolsos y credibilidad

Un aspecto poco visible del sistema es la relación con los países que aportan tropas y policías (Bangladés, India, Nepal, Ruanda, Pakistán, Ghana, entre otros). Para muchos, el mantenimiento de la paz es política exterior, formación en terreno real y una fuente de ingresos mediante reembolsos estandarizados por persona y equipo. Cuando la ONU retrasaba pagos, la tensión se trasladaba a esos ministerios de Defensa y de Interior que financian adelantando nóminas y mantenimiento. Un ajuste sostenido en el tiempo sin una hoja de pagos predecible erosiona la disposición a seguir contribuyendo. No es solo contabilidad: es credibilidad. Si la organización quiere preservar a sus contribuyentes más fiables, debe priorizar los reembolsos al día aunque recorte otras líneas, y comunicar con transparencia la secuencia de reducción para que los Estados planifiquen sus rotaciones y contratos.

Qué cambia en los mandatos: menos “todo a la vez”, más foco

En los últimos años, el Consejo de Seguridad ha tendido a cargar los mandatos con expectativas múltiples: proteger civiles, apoyar procesos políticos, acompañar reformas del sector de seguridad, facilitar elecciones, garantizar acceso humanitario, impulsar justicia transicional. Con un 25% menos de músculo, esos mandatos se están recalibrando. La palabra que se impone en los borradores es priorización. En misiones como UNMISS o MINUSCA, la protección de civiles seguirá como primera línea, con todo lo demás subordinado a lo que la seguridad permita. En otras, como MINURSO o UNDOF, la observación de alto el fuego y el reporte creíble a Nueva York son la esencia. Donde haya margen, se fortalecerán oficinas políticas y equipos de país, intentando que el paso de una misión robusta a otra más ligera no implique un apagón diplomático ni una degradación abrupta de la presencia internacional.

Tecnología y comunidad: compensar menos presencia física

Para compensar la reducción de patrullas, varias misiones aceleran la adopción de sensores terrestres, cámaras térmicas, globos cautivos y sistemas de alerta comunitaria conectados a centros de operaciones. La tecnología, por sí sola, no sustituye a un pelotón que llega en media hora, pero multiplica la conciencia situacional y acorta tiempos de respuesta. En paralelo, se refuerzan redes de enlace con líderes comunitarios, mujeres mediadoras y comités de seguridad local, que han demostrado ser sensores finos cuando existe confianza. El equilibrio es delicado: más dependencia de fuentes abiertas y alarmas tecnológicas exige protecciones de datos, protocolos de uso responsable y una ética de transparencia con las comunidades, para que la sensación de vigilancia no erosione la legitimidad de la misión.

La aritmética del calendario: presupuestos, contratos y logística

Las operaciones de paz trabajan con un ciclo presupuestario que va de julio a junio. Un recorte decidido en otoño se traduce en revisionar contratos —de combustible, alimentación, mantenimiento—, en reprogramar vuelos para rotaciones y en redimensionar existencias. No es un asunto menor: un helicóptero sin contrato de mantenimiento no vuela; un hospital de campaña sin cadena de frío no opera. Cada jefe de misión maneja ahora tablas de priorización con columnas de impacto en protección, coste marginal y riesgos reputacionales, buscando ahorros que no crucen ciertas líneas rojas (atención médica, evacuaciones, seguridad de convoyes). En paralelo, se preparan planes de repatriación de equipo mayor —el denominado “COE”— para evitar que el material se deteriore en pista o en hangares sin mantenimiento garantizado.

Politizar menos, explicar más

La reducción ha reabierto el eterno debate sobre si el mantenimiento de la paz funciona. La respuesta honesta es depende del mandato, del entorno y del nivel de recursos. Allí donde la violencia es difusa, comunitaria y alimentada por economías ilícitas, los cascos azules no pueden resolver problemas estructurales, pero sí bajan la temperatura y protegen a miles de personas cada año. Allí donde hay acuerdos políticos incompletos y actores externos armando a milicias, mantener la línea del alto el fuego es condición necesaria para que lo político prospere. Explicar esto con datos, ejemplos y límites ayuda a que los recortes se entiendan como un rediseño responsable y no como una retirada del mundo. En un contexto de desinformación y discursos maximalistas, la transparencia de la ONU —sobre lo que hace, lo que evita y lo que ya no puede asumir— es parte de la protección.

España ante el nuevo tablero

Para España, los recortes obligan a reevaluar planes de fuerza y coordinación con aliados en los despliegues bajo bandera azul, con la vista puesta en la estabilidad del Mediterráneo oriental y en las prioridades de seguridad europea. La experiencia acumulada en UNIFIL —con capacidades de zapadores, transmisiones y sanidad— es un activo que seguirá siendo útil si la misión se estrecha: más eficiencia, más integración con socios europeos y libaneses, y más cooperación civil-militar. En el plano político, España ha defendido históricamente mandatos claros, recursos coherentes y salidas responsables que no creen vacíos de seguridad. Ese enfoque encaja con la nueva fase: menos dispersión, más foco en lo esencial, más alianzas con actores locales y regionales que multipliquen el efecto de cada euro invertido.

Qué esperar en las próximas semanas

La hoja de ruta inmediata pasa por cartografiar riesgos por misión, anunciar secuencias de retirada con calendarios creíbles y blindar capacidades críticas: evacuación médica, comunicaciones, movilidad aérea y protección de instalaciones. Al mismo tiempo, el Departamento de Operaciones de Paz intensificará el diálogo triangular con países anfitriones y con los que aportan tropas y policías para evitar malentendidos que puedan tensionar el terreno. En Nueva York, el debate seguirá centrado en cuánto recortar, dónde y a cambio de qué tipo de presencia política. Lo que ya no está en discusión es que el perímetro de lo posible se ha encogido y que cada decisión conlleva costes y riesgos que deben explicarse con rigor.

De la estabilización a la contención: una nueva era de cascos azules

El recorte del 25% no es solo un ajuste contable; marca el inicio de una etapa en la que el mantenimiento de la paz deberá hacer menos cosas, pero hacerlas mejor. La regla, a partir de ahora, será concentrar personal y medios donde el impacto en vidas y en estabilidad sea más alto, renunciar a ambiciones que no se pueden financiar y construir alianzas operativas con actores regionales y equipos civiles que sostengan la presencia cuando el casco azul no pueda estar. En los teatros más frágiles, preservar un núcleo de protección y observación será la diferencia entre un alto el fuego que aguanta y una espiral de violencia que se reabre. En los más maduros, una transición cuidadosa hacia misiones políticas puede consolidar avances con una huella más ligera.

La ONU ha elegido dar la cara y anunciar el ajuste a tiempo, en lugar de prolongar un modelo insostenible por la vía de la inercia. El desafío es ejecutar esa decisión sin traicionar los objetivos de protección que dan sentido a la bandera azul. La experiencia acumulada, la profesionalidad de los contingentes y la red de agencias humanitarias y de desarrollo ofrecen una base sólida para hacerlo. Pero no hay milagros. Con menos helicópteros, menos patrullas y menos bases, cada alerta exigirá mejor información, más coordinación y decisiones más rápidas. Ese es el terreno donde se jugará el éxito o el fracaso de esta nueva era del mantenimiento de la paz: un periodo con recursos ajustados, expectativas más realistas y la misma exigencia de siempre —proteger a quienes viven en la línea más delgada entre la guerra y la paz.

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Este artículo se ha elaborado con información contrastada de medios españoles y fuentes oficiales. Fuentes consultadas: ABC, EL PAÍS, Europa Press, RTVE, Cadena SER.