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¿Por qué Myanmar sigue en guerra cinco años tras el golpe?

Cinco años tras el golpe, Myanmar encara urnas vigiladas, un superconsejo militar y una guerra que rompe el país y multiplica el sufrimiento.

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Myanmar sigue en guerra

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Cinco años tras el golpe, Myanmar encara urnas vigiladas, un superconsejo militar y una guerra que rompe el país y multiplica el sufrimiento.

Myanmar llega a febrero de 2026 con una fecha clavada como una astilla: 1 de febrero de 2021, el día en que los militares derribaron al Gobierno civil y el país empezó a deshacerse por las costuras. Cinco años después, la junta que dirige Min Aung Hlaing intenta dar forma a un nuevo “orden” con urnas vigiladas, un Parlamento recortado por la guerra y un órgano recién creado, el Union Consultative Council, pensado para que el mando no se escape aunque cambien los trajes y los cargos. En paralelo, la resistencia armada sigue viva, dispersa y obstinada: un mosaico de milicias, guerrillas y ejércitos étnicos que ha convertido amplias zonas rurales en territorio de combate y ha obligado a millones a moverse, esconderse o huir.

La sensación dominante, dentro y fuera, es la de un conflicto que ya no cabe en el titular fácil. Hay un Estado que se blinda con leyes, tribunales y policía, y hay una oposición que se ha militarizado en parte a través del National Unity Government (NUG) y sus People’s Defence Forces (PDF), además de alianzas puntuales con organizaciones armadas de minorías étnicas. Y entre medias queda lo más difícil de encajar en una frase: una población que vive con miedo administrativo (detenciones, controles, denuncias), con miedo económico (precios disparados, moneda debilitada) y con miedo físico (bombardeos en el campo, violencia y extorsión en carreteras). En ese clima, incluso la esperanza se pronuncia bajito, como si fuese material inflamable.

El golpe del 1 de febrero de 2021 y la herida que no cierra

La cadena de acontecimientos que lleva a esta Myanmar de 2026 arranca con el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, cuando el ejército —la Tatmadaw— detuvo a la entonces dirigente civil Aung San Suu Kyi y descabezó al partido que dominaba la política electoral, la National League for Democracy (NLD). La junta justificó la asonada con acusaciones de fraude en las elecciones anteriores y prometió un proceso “de transición” que, en la práctica, desembocó en una represión sostenida. La protesta callejera fue enorme al principio, con huelgas, funcionarios que se negaban a trabajar y una desobediencia civil que buscaba paralizar el país; la respuesta llegó con detenciones masivas, censura, disparos y un sistema penal convertido en herramienta de disciplina.

Con el paso de los meses, lo que empezó como un pulso político se transformó en conflicto armado abierto. Muchas zonas rurales —especialmente en regiones como Sagaing y áreas fronterizas— se convirtieron en escenarios de ataque y represalia. El ejército mantuvo una ventaja decisiva en potencia de fuego, sobre todo por su capacidad aérea, pero el control efectivo del territorio empezó a fragmentarse. En Myanmar, el mapa dejó de ser un mapa y se volvió una costura rota: pueblos que cambian de manos, carreteras que pasan de transitables a letales, ciudades que aparentan normalidad mientras su periferia arde. Hoy se habla de más de 90.000 muertos desde el golpe y de millones de desplazados, cifras que no solo describen una tragedia, también explican por qué el país no vuelve a la “normalidad” que vende la propaganda: cuando tanta gente ha perdido casa, trabajo o familia, la política se vuelve supervivencia.

En esta Myanmar, el poder no se limita a gobernar: vigila, castiga, reescribe. El “Estado” es, muchas veces, un retén en una carretera, un interrogatorio en una comisaría, un tribunal que sentencia rápido, una amenaza de conscripción o una visita nocturna. Y la oposición, que antes cabía en mítines y urnas, se ha mezclado con clandestinidad, armas y redes de apoyo. Ese salto es clave: el golpe de 2021 no solo cambió al Gobierno; cambió la forma de hacer política, la manera de hablar, incluso los silencios.

La elección de 2026, el triunfo anunciado del partido militar

A finales de 2025 y durante enero de 2026, la junta organizó las primeras elecciones generales desde el golpe, en un proceso por fases: votaciones el 28 de diciembre de 2025, el 11 de enero de 2026 y el 25 de enero de 2026, con resultados finales publicados a comienzos de febrero. Era el movimiento que el régimen necesitaba para vestir de institucionalidad lo que sigue siendo un poder nacido de los cuarteles. La victoria del Union Solidarity and Development Party (USDP) —partido vinculado históricamente al estamento militar y dirigido por figuras con pasado de uniforme— fue presentada como prueba de “legitimidad”; para una parte enorme del país, y para gran parte de la comunidad internacional, fue un guion con final escrito.

El dato que define el alcance del control es doble y casi brutal por simple: por un lado, el USDP se adjudicó 339 de 586 escaños en el nuevo Parlamento reducido; por otro, la Constitución garantiza automáticamente al ejército 166 escaños reservados, un 25% del total que no se vota y que, sumado a los aliados, deja un dominio aplastante del bloque militar, cerca del 86% de la cámara. Con esa aritmética, la pregunta no era quién ganaba, sino con qué apariencia se presentaba la victoria. Y aun así, los propios números reflejan un país roto: la votación se celebró en 263 de 330 municipios, porque el conflicto hizo imposible o inviable votar en decenas de zonas.

La junta defendió el proceso como un paso hacia el “orden”. Pero el contexto habla por sí solo: partidos rivales disueltos o excluidos, disidencia reprimida, vigilancia en colegios electorales y una participación que, según cifras oficiales, se movió alrededor del 54%–55%, muy lejos de los momentos de entusiasmo democrático anteriores al golpe. En ciudades grandes como Yangon (Rangún), el voto se vivió en algunos barrios como un trámite vigilado; en áreas rurales, directamente no se votó o se votó con miedo. Lo que salió de las urnas, más que un mandato social, fue una fotografía del poder militar y de su capacidad para imponer un marco.

Un Parlamento recortado por la guerra y un presidente en el aire

La reducción del Parlamento —de un diseño original de 664 escaños a 586 por la ausencia de voto en 67 municipios— es una pista del país real, el que no cabe en los comunicados. La guerra no es un fenómeno “periférico”: es lo que decide dónde se puede hacer campaña, dónde se puede abrir un colegio electoral y dónde no hay más opción que cancelar. En paralelo, la figura que domina la escena sigue siendo Min Aung Hlaing, el general que lideró el golpe y encabeza el régimen. Dentro del esquema constitucional, la presidencia tiene un problema práctico: el presidente no puede ser al mismo tiempo comandante en jefe del ejército, el puesto de poder más determinante. De ahí que, durante semanas, una pregunta flotara sobre Naypyidaw como un zumbido: si el general se convierte en presidente, ¿cómo retiene el control real sin soltar el mando militar?

Ese dilema no es menor: en Myanmar, el mando de la Tatmadaw no es una oficina más; es el corazón del poder. La presidencia aporta fachada, diplomacia y firma; el mando militar aporta fuerza, inteligencia, disciplina y coerción. Y la solución que la junta ha puesto sobre la mesa, justo cuando se cerraba el ciclo electoral, explica la lógica de 2026.

El Union Consultative Council, el seguro de vida del poder

A comienzos de febrero de 2026, la junta impulsó la creación del Union Consultative Council, un órgano que, sobre el papel, “asesora” en asuntos como seguridad nacional, relaciones exteriores, paz y legislación. En la práctica, según la lectura de analistas y juristas, funciona como un superórgano capaz de supervisar tanto la administración civil como la estructura militar, una especie de techo institucional que deja poco margen a contrapesos. Se ha hablado de un consejo de cinco miembros y de competencias amplias, con una ambición clara: que la cadena de mando no se rompa aunque haya un cambio formal de Gobierno o una redistribución de cargos.

Aquí el detalle importante no es solo que exista un consejo, sino el momento en que nace: justo después de la elección y cuando se prepara la constitución de un nuevo Parlamento, con la previsión de que éste se reúna en marzo y que un nuevo Gobierno se formalice en abril. La arquitectura parece pensada para ese tránsito: la junta puede señalar un calendario, mostrar instituciones, hablar de “normalidad”, y a la vez mantener una palanca desde arriba. Es un mecanismo típico de regímenes que quieren continuidad sin exponerse: el poder se deposita en un órgano “consultivo” que, en realidad, marca límites.

El interrogante que más circula —sin necesidad de gritar— es si Min Aung Hlaing presidirá ese consejo o lo dominará desde otro lugar. No se han anunciado nombres definitivos con claridad en todos los niveles, pero el diseño encaja con una idea simple: un líder puede ceder un cargo visible y seguir mandando desde una estructura menos fiscalizable. En Myanmar, donde la rendición de cuentas es casi inexistente y donde el sistema judicial ha sido acusado de operar como instrumento de represión, la creación de un órgano así no tranquiliza; endurece la sensación de cierre autoritario.

La resistencia armada y el país convertido en un mosaico de frentes

Cuando se habla del conflicto, se cae fácil en la simplificación de “junta contra oposición”. La realidad es más enrevesada y, por eso mismo, más difícil de apagar. La resistencia incluye al National Unity Government (NUG), formado por políticos y figuras asociadas al Gobierno depuesto y a movimientos prodemocráticos, y también a sus milicias vinculadas, las People’s Defence Forces (PDF). Pero Myanmar arrastra además, desde hace décadas, conflictos con organizaciones armadas étnicas en regiones fronterizas: Kachin, Karen, Shan, Chin… Cada territorio tiene sus siglas, sus alianzas, sus heridas históricas. En algunos casos, hay cooperación táctica contra el ejército; en otros, rivalidades por control local. El resultado es un tablero sin una línea de frente única.

La junta conserva ventaja en aviación, artillería y capacidad de castigo, y eso se nota especialmente en áreas rurales: ataques aéreos, desplazamientos forzados, aldeas arrasadas, caminos convertidos en trampas. La resistencia, por su parte, ha demostrado capacidad de hostigar y de expulsar a fuerzas del régimen en determinadas zonas, y ha alimentado una guerra de desgaste que hace imposible la “pacificación” rápida. Es un conflicto que no se decide en una capital tomada, sino en una suma de choques pequeños, en carreteras, en puestos, en selvas. Y, como sucede en las guerras largas, la logística importa tanto como las banderas: gasolina, comida, medicinas, baterías, redes de comunicación, rutas seguras. Lo épico dura un día; la logística decide meses.

En ese contexto, el país vive con una rutina extraña: hay pueblos que aprenden a apagar luces, a esconder teléfonos, a no hablar de política en lugares públicos; hay aldeas que se vacían al primer rumor de incursión; hay familias con un hijo en la junta y otro en la resistencia, y nadie lo dice alto. Se ha normalizado una expresión que retrata el clima sin adornos: esperar es peligroso, pero moverse también. Y cuando ambas cosas se vuelven peligrosas, la vida se estrecha.

Rangún y Mandalay, una normalidad vigilada y cara

En ciudades como Yangon (Rangún) o Mandalay, la guerra se escucha menos como explosión y más como zumbido continuo. En la capital económica, la presencia de controles, cámaras y patrullas recuerda que el Estado no se ha retirado; ha cambiado el modo. Hay lugares donde se votó con sensación de trámite impuesto, donde el colegio electoral parecía más un punto de control que una fiesta cívica. Los testimonios que han ido apareciendo estos meses coinciden en la misma atmósfera: mucha prudencia, conversaciones cortadas, redes sociales vigiladas, detenciones que funcionan como aviso general.

La economía añade otra capa, igual de corrosiva. La inflación y la incertidumbre han golpeado salarios y precios: se habla de costes que se han multiplicado en productos básicos, de alquileres tensionados por el desplazamiento interno y de un mercado informal que crece porque el formal no da. La moneda, el kyat, lleva tiempo debilitada, y eso se nota en importaciones, combustible, medicinas. No es solo “vivir peor”; es vivir con la sensación de que cualquier shock —una subida de gasolina, una redada, un cierre de carretera— te deja sin margen. Y cuando no hay margen, el miedo se vuelve material, casi contable.

La junta intenta sostener un relato de estabilidad, pero la estabilidad tiene un sonido concreto: tiendas que cierran antes, restaurantes que bajan persiana pronto, calles con menos vida nocturna, gente que evita ciertas rutas. La represión también ha drenado el tejido cívico: periodistas, activistas, abogados… demasiadas piezas esenciales de una sociedad abierta han salido del país, han sido encarceladas o han optado por el silencio. Queda una ciudad que sigue funcionando, sí, pero con una capa de barniz que no tapa las grietas.

Rakhine y los rohinyá, atrapados entre la junta y la guerra local

Si Myanmar es un mosaico, el estado de Rakhine es una pieza especialmente peligrosa. Allí se cruzan la guerra contra el ejército y un conflicto local en el que gana peso el Arakan Army (AA), una fuerza armada étnica que ha expandido su control en partes del territorio en los últimos años. En esa región, la minoría musulmana rohinyá vuelve a quedar en el lugar más vulnerable: sin ciudadanía plena, con restricciones históricas de movimiento y con un pasado reciente marcado por el trauma de 2017, cuando cientos de miles huyeron hacia Bangladesh en una de las crisis de refugiados más graves de Asia.

La situación actual es un encierro dentro de otro encierro. Hay denuncias de abusos cometidos por el ejército y también acusaciones contra actores armados no estatales en el terreno; la población rohinyá aparece, una y otra vez, como moneda de cambio o como escudo humano en una guerra que no eligió. Informes recientes hablan de reclutamiento forzoso, de presiones por parte de distintas fuerzas en conflicto, de bloqueos a la ayuda y de hambruna o inseguridad alimentaria agravadas por el cierre de rutas. En Rakhine, la guerra no solo mata: también hambrea, desplaza, descompone el acceso a hospitales, escuelas, mercados.

El impacto regional es evidente. En Cox’s Bazar, Bangladesh, sobreviven enormes campos de refugiados rohinyás con un futuro congelado, sostenido por asistencia internacional y por decisiones políticas que cambian con el viento. En la frontera y en el mar, los movimientos de población generan rutas peligrosas, redes de tráfico, tensiones con autoridades locales. Myanmar exporta inestabilidad porque su conflicto empuja cuerpos: hacia el oeste, hacia el este, hacia el agua. Y, mientras tanto, la comunidad rohinyá queda colgada de un hilo, una vez más: sin garantías de retorno seguro, sin derechos plenos dentro del país, y atrapada en una guerra que se vuelve cada vez más compleja.

La paz no cabe en una urna

El intento de la junta de cerrar el círculo con elecciones y nuevos órganos de control no cambia el dato básico: Myanmar llega a 2026 sin un acuerdo político creíble y con un conflicto que se ha vuelto estructural. La victoria del USDP, apuntalada por los 166 escaños reservados a los militares, asegura un dominio parlamentario que roza lo absoluto; la creación del Union Consultative Council refuerza la idea de que el poder real seguirá blindado aunque cambien los nombres de los cargos. Y la probable transición hacia un Gobierno formal en primavera, con un Parlamento que se espera activo desde marzo y un Ejecutivo en abril, suena más a reorganización del mando que a reconciliación.

Del otro lado, la resistencia no muestra señales de disolverse. El NUG y las PDF mantienen la narrativa de legitimidad democrática frente al golpe, y las organizaciones armadas étnicas, con agendas propias y décadas de historia, no desaparecen porque haya urnas en parte del país. En muchas áreas, la guerra ya no depende de un gran comunicado, sino de dinámicas locales: control de rutas, recursos, poblaciones, fronteras. Eso hace que el conflicto sea, a la vez, menos espectacular en el foco internacional y más persistente en el terreno.

En el plano diplomático, Myanmar sigue encajonado. ASEAN lleva años intentando una salida que no llega, con contactos limitados y un consenso frágil; potencias como China y Rusia mantienen vínculos con la junta por interés estratégico, mientras otros gobiernos y organismos critican la falta de condiciones democráticas y denuncian represión. Y, encima, la crisis humanitaria se enfrenta a un problema tan simple como devastador: la financiación internacional no es infinita y el acceso a las zonas necesitadas se complica por combates y controles. Cuando el dinero y la entrada fallan, el sufrimiento crece sin necesidad de nuevas batallas.

Myanmar, cinco años después del golpe, es un país donde el poder se está rediseñando para durar y donde la guerra se ha incrustado en la vida diaria. No hace falta adornarlo: hay urnas, sí, pero hay guerra; hay instituciones, sí, pero también hay miedo; hay calendarios políticos, sí, pero en demasiadas aldeas el único calendario real lo marca el sonido de un dron, un avión o un camión militar al fondo del camino. Y así, con esa mezcla amarga de formalidad y violencia, Myanmar entra en su sexto año de posgolpe sin un final a la vista, solo con un Estado más blindado y una sociedad más cansada… y, aun así, todavía en pie.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.