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¿Por qué Ghislaine Maxwell calló ante el Congreso de EEUU?

Maxwell se acoge a la Quinta en el Congreso y supedita su testimonio a un indulto de Trump mientras se abren archivos sin censura de Epstein Este lunes 9 de febrero de 2026.

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Ghislaine Maxwell calló ante el Congreso

Maxwell se acoge a la Quinta en el Congreso y supedita su testimonio a un indulto de Trump mientras se abren archivos sin censura de Epstein

Este lunes 9 de febrero de 2026, la mujer que durante años fue el engranaje más fiable del universo Jeffrey Epstein se sentó ante el Congreso de Estados Unidos… para no decir nada. Maxwell, condenada a 20 años de prisión por su papel en la red de tráfico sexual del financiero, compareció por videoconferencia ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes y se acogió a la Quinta Enmienda, el derecho a no responder si hacerlo puede incriminarte. El comité quería un mapa; recibió una pared lisa, blanca, sin grietas.

La sesión, además, no fue un simple “me niego”. Llegó con condición escrita en el aire: el abogado de Maxwell, David Markus, trasladó que su cliente estaría dispuesta a testificar “plenamente” si obtiene clemencia presidencial. Es decir, si el presidente Donald Trump decide recortar o extinguir su condena. Ese movimiento convirtió la comparecencia en un pulso político en toda regla: Maxwell no ofreció información sobre la trama, pero sí dejó clara una propuesta. En la capital, a veces lo único que importa es eso: qué se ofrece, a cambio de qué, y quién puede firmarlo.

Maxwell ante el comité: la puerta que se cerró

La comparecencia fue a puerta cerrada y con formato virtual, conectando el Capitolio con el centro penitenciario donde Maxwell cumple condena en Texas, tras su traslado desde Florida el verano pasado. Allí, en esa pantalla con retardo mínimo y gesto congelado, el comité pretendía preguntarle por lo que durante años ha sido un rumor permanente y una certeza judicial a la vez: cómo funcionaba la trama de captación, quién hacía qué, quién sabía qué, y qué nombres propios orbitaban alrededor de Epstein cuando ya era un hombre marcado por una condena de 2008 y, aun así, seguía moviéndose como si nada.

Al frente del comité está el republicano James Comer, que salió ante los periodistas con el tono seco de quien ha gastado una bala y no ha oído impacto: calificó de “muy decepcionante” la negativa. Y no es solo una queja de cortesía parlamentaria. En una investigación de este calibre, que mezcla delitos sexuales, poder y una red de relaciones sociales y económicas, la palabra de alguien como Maxwell puede ser el hilo que ata documentos dispersos. Sin ese hilo, todo se vuelve más caro: más tiempo, más testigos, más peleas legales, más ruido.

En paralelo, los demócratas del comité dijeron lo que muchos estaban pensando sin ganas de maquillarlo: Maxwell está jugando. El representante Robert Garcia resumió la idea con un dardo directo al centro, al acusarla de aparecer para “no aportar nada” y sugirió que su silencio opera como una forma de protección hacia terceros. “¿A quién está protegiendo?”, vino a ser el subtexto. Porque si Maxwell calla, no es un silencio abstracto: es un silencio con nombres dentro, aunque esos nombres no se pronuncien.

La Quinta Enmienda, explicada sin toga

La Quinta Enmienda es una especie de freno de mano constitucional. No es un truco, no es una trampa, no es “me hago la tonta”: es un derecho diseñado para evitar que el Estado obligue a alguien a autoinculparse. En España solemos resumirlo como el derecho a no declarar contra uno mismo, pero en Estados Unidos tiene un peso cultural y jurídico enorme; basta la frase y el interrogatorio se queda sin suelo, como si la sala de repente perdiera gravedad.

Lo que más desconcierta, a primera vista, es que Maxwell ya está condenada. ¿Qué riesgo hay en hablar? El riesgo existe igual: nuevas causas potenciales, detalles que puedan abrir flancos en su estrategia judicial, contradicciones que deriven en acusaciones de falso testimonio o en problemas en procedimientos paralelos. Y, sobre todo, el riesgo de dejar por escrito una versión que pueda ser usada contra ella si intenta seguir peleando su caso. En un asunto así, el silencio no es vacío; es cálculo.

El detalle que incomoda: cuando sí habló con el DOJ

Aquí aparece una contradicción que en Washington se está subrayando con rotulador grueso: Maxwell se negó ante el Congreso, pero hace meses participó en entrevistas de dos días con el Departamento de Justicia y con el entonces número dos del organismo, Todd Blanche. Según lo que ha trascendido, en aquellas conversaciones respondió preguntas sobre su relación con Epstein y su entorno sin invocar la Quinta. Eso dejó una sensación rara: ¿por qué sí allí y no aquí? La respuesta oficial de su defensa gira alrededor de una petición judicial en curso, un intento de reabrir la batalla legal por su condena con el argumento de que hubo vulneraciones constitucionales en el juicio. Es la coartada jurídica que sostiene el “hoy no hablo”.

La carta que encendió parte del debate la firmó Ro Khanna, quien comunicó que Maxwell planeaba leer una declaración preparada en lugar de someterse al ping-pong de preguntas y repreguntas. A estas alturas, la declaración preparada es casi un género: sirve para colocar un mensaje, protegerse legalmente y evitar el terreno resbaladizo de los detalles. Es decir, el formato perfecto para decir “estoy aquí” sin estarlo del todo.

Y hay un dato más, menos vistoso pero muy relevante: el comité no está haciendo una sola deposición suelta por capricho. Comer ha explicado que hay más comparecencias programadas y que quieren escuchar a figuras del círculo operativo de Epstein, como Les Wexner, Richard Kahn y Darren Indyke. La idea es clara: si Maxwell cierra la boca, el Congreso intentará reconstruir el sistema por otras bocas. Más lento, sí; menos directo, también. Pero el carril sigue abierto.

El indulto como moneda: Trump en el centro del tablero

La frase que lo cambió todo fue la oferta de clemencia. Maxwell, a través de su abogado, vino a decir: “hablaré si me perdonan”. Y no lo planteó como un simple beneficio personal, sino como una supuesta vía para “contar la verdad completa”. En Washington, esas dos palabras —verdad completa— pesan como una maleta llena de piedras, porque siempre se han usado en este caso y casi nunca han desembocado en lo que prometían.

El gesto se volvió más polémico cuando su defensa deslizó un elemento explosivo: Maxwell estaría dispuesta a declarar que tanto Trump como el expresidente Bill Clinton “no hicieron nada malo” en su relación con Epstein. Dicha así, la propuesta suena a intercambio demasiado obvio: te absuelvo en público, tú me absuelves en lo penal. Los demócratas lo interpretaron como una campaña de autopreservación. La representante Melanie Stansbury lo resumió con crudeza: Maxwell está “haciendo campaña” por su propia clemencia.

Dentro del propio Partido Republicano tampoco hubo unanimidad ni silencio complaciente. La congresista Anna Paulina Luna fue especialmente dura al rechazar cualquier indulgencia. Y el demócrata Suhas Subramanyam describió la escena con palabras que han circulado mucho desde entonces: Maxwell, dijo, se mostró “robótica” y “sin arrepentimiento”. Son etiquetas que, en un caso de abuso sexual sistemático, importan. No por estética, sino porque afectan al relato político que rodea cualquier posibilidad de perdón.

Mientras tanto, Trump no ha cerrado públicamente la puerta a esa clemencia. Ese matiz —no negarlo de forma rotunda— basta para que la hipócil se convierta en un mercado: voces a favor, voces en contra, cálculos internos. Y en medio, el presidente del comité, Comer, marcando posición ante los periodistas: no cree que Maxwell deba ser indultada. En otras palabras: incluso si Maxwell intentaba convertir su silencio en moneda, el Congreso no está dispuesto a pagarla al precio que ella pide, al menos de cara al público.

Un archivo de tres millones de piezas: revisión sin tachones

El día de la comparecencia coincidió con otro movimiento que cambia el tablero por debajo, sin fuegos artificiales, pero con potencia de largo recorrido: el Departamento de Justicia empezó a permitir que miembros del Congreso revisen versiones sin censura de los archivos de Epstein, un gigantesco conjunto documental que supera los tres millones de piezas. El acceso, eso sí, es controlado: se hace en dependencias del propio Departamento, con aviso previo, sin posibilidad de sacar copias electrónicas y con restricciones estrictas. Es la forma burocrática de decir “mirad, pero no os llevéis el edificio”.

Ese detalle tiene dos lecturas simultáneas. La primera: el Congreso busca suplir el silencio de Maxwell con evidencia documental, con correos, anotaciones, registros, materiales internos que ayuden a reconstruir relaciones, rutinas y conexiones. La segunda: la administración reconoce que el material es tan sensible —por las víctimas, por datos personales, por contenido sexual y por posibles implicaciones reputacionales— que no puede liberarse sin filtros sin provocar un daño adicional. En este caso, “más transparencia” siempre viene acompañada de un miedo real: la revictimización.

En ese punto, la presión pública no afloja. Ha circulado un vídeo de víctimas y activistas que exigen al Gobierno de Trump más claridad y una publicación completa de los documentos vinculados a las investigaciones. El grupo Mundo Sin Explotación ha puesto el foco en la fiscal general Pam Bondi, pidiéndole que publique lo que falta, lo que está tachado, lo que —según ellas— sigue escondido tras la cortina administrativa. El choque es evidente: el Estado insiste en proteger a víctimas y a terceros; las víctimas insisten en que sin exposición no hay rendición de cuentas. Dos impulsos legítimos que, en la práctica, chocan como dos coches en una rotonda.

Y hay una advertencia que en Estados Unidos se repite cada vez más, casi como un estribillo defensivo: que aparecer mencionado en archivos no implica automáticamente delito. Es importante decirlo porque el caso Epstein funciona como un imán de sospecha: atrae nombres, fotos, anotaciones, invitaciones, mensajes. Algunas conexiones serán inocuas, otras serán socialmente tóxicas y unas pocas podrían ser delictivas. El problema es que todo se mezcla en la conversación pública, y el Congreso lo sabe. De ahí la obsesión por “ir al grano”: quién facilitó, quién encubrió, quién abrió puertas.

Lutnick y el efecto dominó en el gabinete

En los últimos días, el terremoto documental ha alcanzado a un miembro del Gobierno: el secretario de Comercio Howard Lutnick. Lo que ha provocado la polémica no es un rumor vago, sino la aparición de documentos y correos que sugieren una relación más persistente —comercial y de trato— con Epstein de lo que Lutnick había reconocido. Entre los elementos más citados figura la adquisición de participaciones en una empresa de tecnología publicitaria llamada Adfin en 2012, con firmas vinculadas a ambos, varios años después de la condena de Epstein en 2008. Ese dato importa porque desplaza el eje temporal: no es “antes de saber”; es “después de que ya se supiera”.

A eso se suman correos que hablan de planes de encuentro en el Caribe y referencias a fechas y lugares que, por su simbolismo, envenenan cualquier matiz: St. Thomas, las vacaciones, la posibilidad de “verse”. También han circulado menciones a una invitación para un acto de recaudación de fondos de Hillary Clinton y a intercambios posteriores donde Epstein aparece como alguien a quien pedir consejo o con quien comentar asuntos prácticos. No es una acusación penal por sí misma, pero sí un retrato de continuidad. Y en política, la continuidad con Epstein después de 2008 se paga caro, aunque no haya delito.

El primero en pedir una consecuencia inmediata fue el republicano Thomas Massie, uno de los impulsores de la ley de transparencia de los archivos. Preguntado en televisión —en particular en CNN— sobre si Lutnick debía testificar, Massie no pidió comparecencia: pidió dimisión. “Que renuncie”, vino a decir, con la idea de que la explicación pública ya llega tarde cuando lo que se discute es la sinceridad sobre el vínculo. La presión, además, ha ganado un componente poco habitual: crítica bipartidista, con voces demócratas sumándose a la exigencia de responsabilidades.

Desde el Departamento de Comercio se ha intentado contener el golpe con una línea defensiva clásica: minimizar el contacto, presentarlo como limitado, denunciar que se está usando el caso como arma política o como distracción. Pero el caso Epstein no se comporta como un escándalo normal. Es pegajoso, persistente, vuelve cada cierto tiempo con otro paquete de documentos, otra foto, otro correo, otra frase. Y, de repente, la comparecencia muda de Maxwell se conecta con esto: si ella hablara, podría separar lo accesorio de lo central. Al callar, deja que el documento crudo sea el que mande.

Un silencio que reordena la investigación

Lo más llamativo de la jornada no fue una revelación nueva, sino la ausencia de revelación. Maxwell, una mujer que la justicia federal situó en el centro de un esquema de explotación de menores, decidió no aportar detalles. Eso, en términos prácticos, obliga al comité a reordenar prioridades: más documentos, más testigos, más comparecencias, más presión institucional. Y, de paso, refuerza una sospecha que recorre el caso desde hace años: que el sistema social alrededor de Epstein no se sostiene solo con dinero, sino con lealtades y con silencios bien colocados.

En este clima, también ha pesado una intervención simbólica: la familia de Virginia Giuffre, una de las víctimas más visibles y figura central en la dimensión internacional del caso, ha hecho llegar una carta durísima recordando que Maxwell no fue “una acompañante” ni “una sombra”, sino un actor deliberado en una maquinaria de captación, aislamiento y abuso. La muerte de Giuffre en 2025 —y el hecho de que su familia vuelva a hablar ahora— añade una capa emocional que en Estados Unidos está tomando fuerza: no se discute solo un expediente judicial, se discute un daño que sigue vivo, que no terminó con la condena de Maxwell ni con la muerte de Epstein en 2019.

En paralelo, el comité ha tensado otras cuerdas. Tras amenazas de desacato por negarse a comparecer, Bill y Hillary Clinton han aceptado acudir a deposiciones previstas para este mes, según lo que se ha comunicado en Washington. No hay que leerlo como una escena de “gran golpe final”, porque este caso rara vez funciona así; hay más bien una sucesión de puertas pequeñas que se abren y se cierran, y cada puerta deja pasar un poco de aire. La estrategia del comité parece clara: si la testigo estrella no habla, se persigue el relato por acumulación, cruzando testimonios con documentos, buscando incoherencias, fechas, contactos.

Y queda el elemento más delicado: la clemencia. Maxwell ha intentado convertir su voz en una ficha negociable. Sus críticos dicen que es una maniobra cínica; sus defensores insisten en que es la única forma de “contar todo” sin destruir su situación legal. El problema es que, mientras se discute eso, la investigación no se detiene. Se ensancha. Entra en el Gobierno por el caso Lutnick, entra en el debate público por las demandas de transparencia, entra en el Congreso por la revisión sin tachones. Y el caso Epstein, una vez más, hace lo que siempre hace: vuelve al centro con un ruido de papeles, como una carpeta que cae al suelo y se abre sola. Maxwell no habló, pero el sistema alrededor de Epstein sigue hablando por ella, documento a documento, gesto a gesto, dimisión a dimisión si llega.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.