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Elisa Mouliaá mantiene su acusación contra Íñigo Errejón
La causa queda en un punto incierto: siguen en juego la acusación popular, el recurso y las posiciones enfrentadas.

Foto: Wiki
La actriz Elisa Mouliaá comunicó ante los Juzgados de Plaza de Castilla que seguirá acusando al exdiputado Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual que sitúa en octubre de 2021. Su decisión dio un giro a una causa que parecía abocada a continuar sin su participación, después de que días antes anunciara que retiraba su acusación. La denuncia no equivale a una condena: el procedimiento reúne posiciones enfrentadas y decisiones judiciales todavía pendientes.
En la misma comparecencia, Mouliaá dijo que arrastra estrés postraumático y criticó que la Fiscalía haya pedido la absolución de Errejón. Mientras tanto, el instructor había apreciado indicios para procesarlo y la acusación popular ejercida por la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive) mantenía su escrito. La causa, por tanto, no dependía únicamente de la decisión de la actriz, aunque su retirada había abierto una incertidumbre inmediata sobre la continuidad del proceso.
Un cambio de decisión que reabrió el escenario
La comparecencia de Mouliaá se produjo después de un anuncio público en el que había explicado que abandonaba su acusación. Atribuyó aquel paso al desgaste de afrontar el procedimiento en solitario y a que, según dijo, ninguna otra posible víctima había decidido denunciar. También aclaró entonces que retirarse no suponía retractarse de su relato. El cambio que comunicó después fue una decisión de continuar como acusación, no una nueva resolución sobre la veracidad de los hechos denunciados.
La actriz acudió al juzgado para trasladar al juez Adolfo Carretero que no seguiría adelante con la retirada y que mantenía su acusación contra el exdirigente de Sumar. La secuencia, concentrada en pocos días, generó una dificultad práctica: el juzgado debía aclarar qué efectos tenía el escrito anterior y si la nueva decisión modificaba la situación procesal de Errejón. La incertidumbre explica que la defensa reclamara una aclaración antes de acudir a la citación judicial.
El anuncio de retirada y la posterior rectificación no borran automáticamente lo ocurrido durante la instrucción ni convierten en firme una postura judicial. Son movimientos de una de las partes dentro de un expediente en el que ya existía un auto de apertura de juicio oral y había otra acusación formulada. La diferencia entre la decisión personal de una denunciante y el curso de un procedimiento con más partes es central para entender por qué la causa no se resolvió con un único comunicado.
La crítica a la Fiscalía y el desgaste público
Ante los medios, Mouliaá expresó su rechazo a la petición de absolución formulada por la Fiscalía. Sostuvo que, a su juicio, la defensa de Errejón no había aportado pruebas de consentimiento y calificó de injusta la postura del Ministerio Público. Esa afirmación representa la valoración de la actriz sobre el caso; no constituye una conclusión judicial ni sustituye el análisis de las pruebas que corresponde realizar dentro del proceso.
También vinculó la exposición pública del caso con un entorno de descrédito, burlas y difusión de informaciones que considera falsas. Según su relato, la denuncia se produjo después de que trascendieran otras acusaciones anónimas contra Errejón y de que este dejara su cargo. Mouliaá defendió que decidió hablar para proteger a otras mujeres, aunque afirmó que la respuesta social y mediática había supuesto un coste personal importante. El impacto público forma parte del contexto que ella describe, pero no determina por sí mismo el resultado judicial.
Durante su intervención pidió que otras posibles víctimas se sumaran a su iniciativa, incluso de forma anónima, porque consideraba que sus testimonios podrían respaldar su posición. A la vez, manifestó sentirse sola y cansada del proceso. El llamamiento retrata la dimensión personal que la actriz atribuye a la causa, aunque la existencia de nuevos testimonios o su valor probatorio solo pueden establecerse mediante los cauces correspondientes. La petición pública no demuestra que existan otras denuncias incorporadas al procedimiento.
La citación de Errejón quedó suspendida
El mismo día de la comparecencia, el juez suspendió la citación de Errejón, prevista para notificarle la apertura de juicio oral y realizar los trámites asociados a esa resolución. El exdiputado había sido citado a partir de las 09.30 en los juzgados de Plaza de Castilla. Su defensa había anunciado que no acudiría hasta que Mouliaá aclarase si mantenía o retiraba formalmente la acusación. La suspensión respondió a la necesidad de evitar avanzar con una situación procesal que acababa de cambiar.
La representación de Errejón alegó motivos de economía procesal y seguridad jurídica. En términos sencillos, planteó que resultaba necesario saber cuál era la posición definitiva de la acusación particular antes de seguir con aquella diligencia. La comparecencia de Mouliaá permitió aclarar su intención ante el instructor, pero no resolvió por sí sola todas las cuestiones pendientes: quedaban por ordenar los escritos y valorar las decisiones del juzgado y de la Audiencia Provincial.
La citación suspendida tampoco debe confundirse con una absolución, un archivo definitivo o la celebración del juicio. Era una actuación concreta relacionada con la apertura de juicio oral, y su aplazamiento no resolvía el fondo de la denuncia. La situación procesal debía aclararse antes de continuar con los siguientes trámites. En ese momento, la defensa de Errejón había condicionado su asistencia a que quedara definida la postura de Mouliaá.
Qué se investiga y cómo llegó la causa hasta aquí
Según la denuncia de Mouliaá, los hechos habrían ocurrido una noche de octubre de 2021, después de la presentación de un libro de Errejón. La actriz sostuvo que ambos habían mantenido contacto por redes sociales durante casi un año y que, al terminar el acto, fueron a tomar algo a un bar cercano. Ella tenía previsto acudir después a una fiesta en casa de un amigo y, según su versión, invitó al entonces dirigente a acompañarla por educación. Ese relato es la base de la acusación y sigue siendo una versión atribuida a la denunciante.
El instructor investigó el caso durante trece meses antes de procesar a Errejón, según la información disponible sobre la causa. En ese periodo tomó declaración al exdiputado, a Mouliaá, a testigos y a profesionales de la psiquiatría. También pidió a ambos que aportaran conversaciones intercambiadas en fechas próximas a los hechos denunciados. Esas diligencias buscaban reunir elementos para valorar las versiones, no anticipar por sí solas el resultado de un eventual juicio.
El juez consideró que existían indicios que no habían quedado completamente desvirtuados por la versión del investigado ni por las pruebas periciales y documentales presentadas. Esa valoración permitió que la instrucción avanzara hacia la apertura de juicio oral, pero no equivale a declarar culpable a Errejón. Procesar a una persona significa que el procedimiento continúa ante indicios apreciados por el instructor; la determinación de responsabilidad corresponde a la fase judicial que proceda y requiere una resolución.
Las posiciones distintas del juez, la Fiscalía y Adive
La Fiscalía de Madrid pidió el archivo de la causa al considerar insuficientes los indicios y solicitó la libre absolución de Errejón. En su escrito de conclusiones provisionales sostuvo que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. Esa es la posición del Ministerio Público, expresada en un documento procesal y distinta de la evaluación que había hecho el juez instructor al procesar al exdiputado. Que la Fiscalía solicite la absolución no significa que el juzgado haya archivado el caso.
En el otro lado del procedimiento, Adive mantuvo su acusación popular. Su abogado, Jorge Piedrafita, defendió que seguía en pie el relato de unos hechos que, a su entender, atentaban contra la libertad sexual. La asociación sostuvo que el juicio podía celebrarse aunque Mouliaá y la Fiscalía hubieran retirado sus acusaciones, porque la acusación popular continuaba personada. La causa contaba así con escritos y valoraciones que no coincidían entre sí.
La actriz había llegado a solicitar tres años de prisión para Errejón, según la información difundida sobre el procedimiento. Esa petición, al igual que la solicitud de absolución de la Fiscalía y el mantenimiento de la acusación de Adive, representa una posición de parte y no una pena impuesta. La diferencia entre lo que pide cada interviniente y lo que finalmente resuelva el órgano judicial es esencial: ninguna de esas solicitudes anticipa por sí sola el fallo.
La retirada formal y el papel de la Audiencia Provincial
La retirada anunciada por Mouliaá planteó una cuestión adicional porque el escrito presentado ante el instructor no llevaba, según indicó el juez, las firmas de abogado y procurador que consideraba preceptivas. Por ese motivo le requirió que corrigiera el defecto para poder tramitar la petición de archivo. El magistrado advirtió que, si no se subsanaba, el procedimiento seguiría su curso, dado que ya se había dictado la apertura de juicio oral y existía otro escrito acusatorio. El anuncio público y la formalización procesal no eran lo mismo.
La Audiencia Provincial de Madrid también entró en escena al estudiar un recurso de la defensa de Errejón contra su procesamiento. En ese contexto pidió al instructor que aclarase si había recibido el escrito de retirada y si había adoptado alguna decisión. La intervención de la Audiencia no suponía que ya hubiera revocado el procesamiento ni que hubiera ordenado archivar la causa: solicitaba información para poder valorar el recurso y el estado de las actuaciones.
La existencia de ese recurso mantenía abierta otra vía de revisión al margen de la controversia sobre la retirada de Mouliaá. Por un lado estaba la valoración del instructor sobre los indicios; por otro, el examen de la Audiencia Provincial sobre la impugnación de la defensa. Son decisiones relacionadas, pero diferentes: una se refiere al avance de la causa tras la instrucción y la otra a la revisión de la resolución recurrida.
Qué implica que la denunciante mantenga su acusación
Al anunciar que continuaría, Mouliaá volvió a situarse como parte acusadora en un procedimiento que había atravesado una breve fase de incertidumbre sobre su participación. Su decisión daba respuesta a la cuestión que había provocado la suspensión de la citación, pero no despejaba automáticamente todos los trámites pendientes. El juzgado debía tener en cuenta los escritos presentados y la acusación popular seguía teniendo una posición propia. Mantener la acusación permite que su versión siga defendida en el proceso, pero no acredita de antemano los hechos.
También conviene separar la causa penal del debate social que la rodea. Las declaraciones de la actriz sobre el desgaste, el miedo a quedarse sola y el trato recibido explican por qué cambió de postura, según sus propias palabras. Sin embargo, la repercusión mediática, el apoyo público o las críticas a cualquiera de las partes no sustituyen la prueba. El proceso debe atender a las actuaciones incorporadas y a las valoraciones de los órganos judiciales, no a la intensidad de la conversación pública.
En el sentido inverso, que la Fiscalía considere insuficientes los indicios tampoco convierte el relato de Mouliaá en falso. Se trata de una discrepancia sobre la valoración jurídica y probatoria, que deberá resolverse dentro del procedimiento. La presunción de inocencia de Errejón y el derecho de la denunciante a sostener su acusación conviven durante la tramitación: ninguna de las dos posiciones puede presentarse como una sentencia antes de que exista una decisión judicial firme.
Un caso pendiente de decisiones, no de titulares definitivos
La secuencia dejó varios frentes abiertos: la posición formal de Mouliaá, la suspensión de la citación, el recurso de Errejón ante la Audiencia Provincial, la petición de archivo de la Fiscalía y la acusación popular de Adive. Cada uno avanzaba por su propio cauce y podía influir en los pasos siguientes, pero ninguno permitía afirmar que el juicio ya se hubiera celebrado o que existiera una resolución definitiva sobre la culpabilidad del exdiputado.
La información disponible sobre aquella jornada describe una causa todavía sometida a decisiones judiciales. No basta con que una de las partes anuncie que se retira, que otra pida el archivo o que el instructor aprecie indicios para dar por cerrado el recorrido. El desenlace depende de las resoluciones que adopten los órganos competentes, y el material de referencia no recoge cuál fue la decisión posterior ni permite presentar un resultado más reciente como confirmado.
Por eso, el giro de Mouliaá debe leerse en su alcance exacto: dejó de sostener la retirada anunciada y comunicó que mantenía su acusación. El caso continuaba marcado por versiones y valoraciones enfrentadas, por una investigación ya concluida en esa fase y por recursos pendientes. En una causa penal, la diferencia entre denuncia, indicios, acusación y condena no es un matiz de lenguaje: es la frontera que separa las posiciones provisionales de una decisión judicial.












