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¿Por qué renunció Mónica Soto al TEPJF y qué pasará con su vacante?
Mónica Soto deja el TEPJF el 31 de agosto: razones de su renuncia, polémica constitucional y un vacío delicado en la Sala Superior mexicana.

Mónica Aralí Soto Fregoso dejará la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 31 de agosto de 2026, después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobara su renuncia. La magistrada había anunciado días antes que cerraba un ciclo profesional de tres décadas en las instituciones electorales mexicanas y que había llegado el momento de hacer un alto.
La salida ya no es, por tanto, una posibilidad pendiente de trámite. Está aprobada y tiene fecha. Lo que permanece abierto es el escenario que deja detrás: el TEPJF pasará a funcionar con cinco de las siete magistraturas que corresponden a la Sala Superior, mientras sigue sin estar claro cómo se cubrirá una vacante especialmente peculiar, porque Soto llegó al cargo mediante el antiguo sistema de designación del Senado y no mediante una elección popular.
La renuncia de Mónica Soto ya fue aprobada por el Congreso
Soto presentó formalmente su renuncia el 17 de agosto y fijó el último día del mes como fecha para abandonar sus funciones. Dos días después, la Comisión Permanente la avaló con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde respaldaron la salida; desde la oposición llegaron las objeciones jurídicas.
La rapidez del trámite añadió combustible a una decisión que, por sí sola, ya tenía bastante carga política. La magistrada había sido elegida por el Senado en octubre de 2016 para un periodo de nueve años que originalmente concluía en octubre de 2025. Después llegaron las reformas del Poder Judicial, los calendarios se movieron y su permanencia terminó prolongándose hasta 2028.
Soto, sin embargo, ha preferido bajarse antes de esa estación. Durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales habló de cerrar un ciclo después de unos 30 años de trayectoria en organismos electorales. También trascendió la existencia de un compromiso familiar entre las razones personales de su decisión. No ha presentado públicamente una explicación política concreta ni ha atribuido su salida a un conflicto interno del Tribunal.
El debate sobre la “causa grave” de la salida
Aquí aparece una de las aristas menos ceremoniales del asunto. El artículo 98 de la Constitución mexicana establece que las renuncias de magistradas y magistrados del Tribunal Electoral sólo proceden por causas graves y deben ser aprobadas por el Senado o, durante sus recesos, por la Comisión Permanente.
Representantes de la oposición cuestionaron precisamente que expresiones como cerrar una etapa profesional o atender compromisos familiares bastaran para satisfacer ese requisito constitucional. El reproche fue bastante sencillo: una magistratura del máximo tribunal electoral no funciona jurídicamente como un empleo ordinario al que se entrega la llave y se dice hasta luego.
La mayoría parlamentaria terminó aprobando la renuncia. El episodio, aun así, deja una pequeña costura visible en la reforma judicial: la Constitución habla de causas graves, pero el órgano legislativo competente aceptó la separación sin que el debate político lograra disipar del todo la discusión sobre el alcance de ese concepto.
La decisión llega con el calendario electoral acercándose
La fecha tampoco es menor. Soto dejará el Tribunal cuando México se aproxima al proceso electoral de 2027, un periodo en el que la Sala Superior tendrá que resolver previsiblemente litigios de enorme peso sobre candidaturas, partidos, fiscalización, reglas electorales y resultados.
No significa que el TEPJF quede paralizado. Cinco magistraturas pueden mantener en funcionamiento al órgano y resolver asuntos. Pero una institución concebida constitucionalmente para siete integrantes entra de nuevo en una fase de composición incompleta, algo especialmente sensible cuando su materia prima no son expedientes administrativos rutinarios, sino las disputas por el poder político.
Un Tribunal Electoral con cinco de siete magistraturas
La salida de Soto se suma a la vacante dejada por Janine Otálora, que concluyó su etapa en la Sala Superior en 2025. El resultado es un pleno de cinco integrantes para un órgano diseñado con siete.
El problema no está únicamente en contar sillas vacías. Una Sala reducida puede alterar equilibrios internos, mayorías y dinámicas de deliberación. En resoluciones estrechas, una ausencia pesa mucho más de lo que sugiere la aritmética. Y en materia electoral, donde una sentencia puede terminar decidiendo quién aparece en una papeleta o cómo se distribuye una mayoría legislativa, cada voto tiene dimensiones bastante menos inocentes que las de una reunión de vecinos.
El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México. Sus decisiones son definitivas en buena parte de los asuntos que llegan a la Sala Superior y afectan directamente a elecciones federales, derechos político-electorales y controversias entre actores políticos. De ahí que la composición del pleno nunca sea una cuestión decorativa.
El vacío legal sobre quién debe sustituir a Mónica Soto
La reforma judicial introdujo una regla relativamente clara para las magistraturas elegidas por voto ciudadano: ante una separación definitiva, la vacante debe cubrirla una persona del mismo género que hubiera quedado en segundo lugar en la elección correspondiente.
Con Soto aparece la paradoja. Ella no fue elegida por voto popular. Fue designada por el Senado en 2016, conforme al sistema anterior. No existe, por tanto, una candidata que haya quedado segunda detrás de ella en una elección judicial y pueda ascender automáticamente a la plaza.
A 21 de agosto no se ha definido públicamente un procedimiento inequívoco para resolver esa situación. Una posibilidad es que el puesto permanezca vacante hasta la renovación prevista dentro del nuevo modelo electoral; otra exigiría encontrar una interpretación o mecanismo institucional compatible con las normas de transición. Lo prudente, por ahora, es no inventar sustitutas donde todavía no existe una designación.
Ahí está probablemente la consecuencia institucional más interesante de esta renuncia: una reforma concebida para regular vacantes nacidas del voto se encuentra con una magistratura heredada del modelo anterior. Las leyes también tienen estas escenas; se cambia el decorado y, durante unos años, todavía quedan actores de la obra precedente caminando por el escenario.
El peso político de la etapa de Mónica Soto en el TEPJF
Mónica Soto llevaba en la Sala Superior desde noviembre de 2016 y presidió el Tribunal Electoral entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de octubre de 2025, una etapa especialmente intensa para la política mexicana. Le correspondió encabezar la institución durante las elecciones federales de 2024 y buena parte de la transformación posterior del Poder Judicial.
Su trayectoria ha estado ligada durante años a asuntos de igualdad, perspectiva de género y derechos políticos de las mujeres. Su carrera suma más de tres décadas en materia electoral y casi dos como juzgadora.
Su paso por la Sala Superior tampoco ha quedado al margen de la disputa partidista. Algunas decisiones del Tribunal durante los últimos años fueron duramente criticadas por la oposición, entre ellas resoluciones relacionadas con la sobrerrepresentación legislativa y con el proceso de elección judicial. Desde posiciones críticas se acusó a varios magistrados de favorecer al oficialismo; desde el Tribunal y sus integrantes se defendió reiteradamente la autonomía jurídica de las sentencias.
Conviene mantener separados ambos planos. Que existan críticas políticas no demuestra por sí mismo subordinación partidista, del mismo modo que una sentencia formalmente jurídica no queda inmunizada contra el escrutinio público. Esa tensión viene incorporada de fábrica en cualquier tribunal que arbitra conflictos electorales: cuando la resolución beneficia a uno, el otro rara vez sale del edificio alabando la arquitectura constitucional.
Sheinbaum elogia su trabajo, pero no anuncia un nuevo cargo
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la salida después de que la Comisión Permanente aprobara la renuncia. Valoró positivamente la trayectoria de Soto y afirmó que hizo un “buen papel” en el Tribunal Electoral.
La mandataria indicó también que, por el momento, no estaba previsto incorporar a la ex presidenta del TEPJF a su Gobierno. La precisión importa porque una salida anticipada de una magistrada electoral seguida inmediatamente por un puesto en el Ejecutivo habría alimentado inevitablemente sospechas políticas, fueran fundadas o no.
Hasta este momento no existe anuncio oficial de un nuevo destino público para Soto. Su salida debe entenderse, con los datos disponibles, como una decisión de terminar su etapa jurisdiccional, no como la antesala confirmada de otro nombramiento.
La reforma judicial deja al descubierto una de sus zonas grises
La renuncia llega en mitad de una transformación institucional enorme. México ha cambiado el modo de elegir una parte sustancial de su Poder Judicial y ha llevado a las urnas cargos que durante décadas se cubrieron mediante procedimientos políticos e institucionales. El TEPJF también está atravesando esa mudanza.
El inconveniente de las grandes reformas es que el papel suele quedar más limpio que la realidad. Durante un tiempo conviven funcionarios elegidos bajo reglas antiguas, cargos nuevos, mandatos prorrogados, calendarios modificados y mecanismos de sustitución diseñados pensando en elecciones que algunos de quienes todavía ocupan el puesto nunca disputaron.
La vacante de Mónica Soto es precisamente eso: un problema de transición constitucional convertido en una silla vacía. La norma sabe cómo sustituir a quien fue elegida por votos; sabe bastante menos sobre qué hacer con quien llegó antes de que esos votos existieran.
Septiembre comenzará con un Tribunal más pequeño
A partir del 1 de septiembre, el Tribunal Electoral afrontará una nueva etapa con cinco integrantes y dos plazas sin ocupar. No es una crisis automática ni supone que sus sentencias pierdan validez. Sí introduce otra capa de incertidumbre en una institución que viene de varios años de reformas, ampliaciones de mandato, cambios de presidencia y debates sobre su independencia.
La renuncia de Mónica Soto puede explicarse, en lo personal, mediante el cierre de una carrera de 30 años y la voluntad expresada por la propia magistrada de detener su actividad jurisdiccional. En el plano institucional, la historia es más grande: su marcha revela una laguna del nuevo sistema de sustituciones y reduce de nuevo la composición de la Sala Superior antes de otro ciclo electoral relevante.
Ese será el verdadero efecto de la salida cuando llegue el 31 de agosto. Una magistrada se marcha; el Tribunal continúa. Pero lo hará con menos voces alrededor de la mesa y con una pregunta jurídica que la reforma, pese a todas sus páginas, dejó sin una respuesta cómoda.












