¿Puede Mamdani detener a Netanyahu en la Asamblea General de la ONU?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha confirmado que su Administración estudia la posibilidad de detener a Benjamin Netanyahu si el primer ministro israelí viaja a la ciudad para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mamdani mantiene consultas con los abogados municipales para determinar hasta dónde llegan realmente sus competencias y asegura que solo actuará dentro de la legislación vigente, sin fabricar una norma a medida.

La respuesta jurídica enfría bastante el anuncio. Un alcalde no puede convertir por sí solo una orden de la Corte Penal Internacional en una orden de arresto estadounidense. Estados Unidos no pertenece a la CPI y su legislación federal restringe expresamente la cooperación de las autoridades estatales y locales con ese tribunal. La amenaza tiene un enorme peso político; las probabilidades de que termine con Netanyahu esposado en Manhattan son, por el momento, mucho menores.

Mamdani lleva al Ayuntamiento una promesa incómoda

Mamdani ya había defendido durante la campaña electoral que Nueva York debía respetar la orden internacional contra Netanyahu. Una vez instalado en la alcaldía, el asunto ha dejado de ser una consigna lanzada desde un mitin y ha aterrizado en las mesas del departamento jurídico municipal, donde los discursos suelen perder épica y ganar notas al pie.

El alcalde considera que Netanyahu es un criminal de guerra y sostiene que debería comparecer ante la justicia en La Haya. Al ser preguntado sobre qué podría hacer realmente, admitió que existe una conversación activa con sus asesores legales. También introdujo una cautela importante: su Gobierno aplicará aquello que permita la ley, pero no redactará leyes nuevas para alcanzar ese objetivo.

Ese matiz importa. Mamdani no ha anunciado una orden ejecutiva ni un dispositivo policial preparado para recibir al dirigente israelí en el aeropuerto John F. Kennedy. Está valorando su margen de actuación, que no es lo mismo, aunque en el fragor político ambas cosas viajen a menudo en el mismo titular.

La declaración coloca al alcalde frente a Washington, al Gobierno israelí y también frente a una parte considerable de la propia ciudad. Nueva York concentra comunidades judías, musulmanas y árabes muy numerosas, además de una movilización propalestina especialmente visible desde el comienzo de la guerra de Gaza. Cada visita de Netanyahu a la ONU convierte Midtown Manhattan en un tablero de protestas, vallas metálicas, sirenas y diplomacia áspera.

La orden contra Netanyahu existe y sigue vigente

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu y contra el entonces ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant. Los jueces consideraron que existían motivos razonables para atribuirles presunta responsabilidad por el crimen de guerra de utilizar el hambre como método bélico y por crímenes contra la humanidad, entre ellos asesinato, persecución y otros actos inhumanos relacionados con la ofensiva sobre Gaza.

Se trata de acusaciones, no de una condena. Netanyahu no ha sido juzgado por la CPI y conserva la presunción de inocencia. Israel rechaza la jurisdicción del tribunal, niega haber cometido crímenes de guerra y sostiene que su campaña militar responde al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Estados Unidos también ha cuestionado la competencia de la Corte sobre ciudadanos de países que no han ratificado el Estatuto de Roma.

La orden, sin embargo, no es puramente simbólica. Los Estados adheridos al Estatuto de Roma están sujetos al régimen de cooperación de la CPI y pueden recibir solicitudes para detener y entregar a una persona buscada por el tribunal. Eso ha reducido el margen internacional de Netanyahu y ha convertido sus desplazamientos en operaciones diplomáticas y jurídicas cuidadosamente calculadas.

La Haya alberga dos tribunales muy distintos

Conviene separar nombres que suelen mezclarse en los titulares. La orden contra Netanyahu procede de la Corte Penal Internacional, que investiga y procesa a individuos por genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión. No procede de la Corte Internacional de Justicia, también situada en La Haya, cuya función principal es resolver controversias entre Estados y emitir opiniones consultivas.

Netanyahu tendría que comparecer, por tanto, ante la CPI. La Corte carece de policía propia y depende de los Estados para ejecutar sus órdenes. Puede dictar una detención, pero no mandar una patrulla desde los Países Bajos. Ahí reside una de las grandes paradojas de la justicia penal internacional: toga y expediente sobran; esposas, no siempre.

El muro jurídico que frena la detención

El primer obstáculo para Mamdani es elemental: Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma. Washington no está obligado a ejecutar las órdenes de la CPI como sí lo están España, Francia, Reino Unido y los demás países adheridos al tratado. La Administración estadounidense, lejos de acercarse al tribunal, ha mantenido una política hostil hacia sus investigaciones sobre Israel.

El segundo obstáculo resulta todavía más concreto. La legislación federal prohíbe que los organismos de gobiernos estatales o locales cooperen con la CPI en respuesta a determinadas solicitudes formuladas bajo el Estatuto de Roma. También impide a las autoridades estadounidenses, estatales o municipales extraditar a una persona directamente a la Corte y restringe la prestación de apoyo al tribunal. Una iniciativa del Ayuntamiento dirigida expresamente a ejecutar la orden internacional chocaría con una barrera federal difícil de esquivar mediante creatividad municipal.

Tampoco basta con que el alcalde llame al comisionado de Policía. Bajo la legislación procesal de Nueva York, una orden de arresto es emitida por un tribunal penal local a partir de una acusación presentada ante él. Sin orden judicial, la Policía puede detener cuando dispone de motivos razonables para creer que se ha cometido un delito perseguible conforme al ordenamiento aplicable. La orden de la CPI no se transforma automáticamente en una orden neoyorquina al cruzar el Atlántico.

Para que la operación tuviese recorrido real sería necesaria alguna base jurídica interna adicional, la participación de autoridades federales o estatales y una respuesta a los problemas de inmunidad y entrega internacional. Mamdani puede marcar la orientación política de su Administración y dirigir prioridades municipales, pero no crear una competencia penal que las leyes no le conceden.

La sede de la ONU complica todavía más el escenario

La Asamblea General no se celebra en un edificio corriente. El acuerdo entre Estados Unidos y Naciones Unidas establece que el recinto de la ONU es inviolable y que los agentes federales, estatales o locales no pueden entrar para ejercer funciones oficiales sin el consentimiento del secretario general. La Policía de Nueva York no podría irrumpir en el salón de la Asamblea con la ligereza de quien entra en una estación de metro.

El mismo acuerdo dispone que las autoridades estadounidenses no deben imponer obstáculos al tránsito de los representantes de los Estados miembros hacia o desde la sede. Eso no convierte el complejo de Naciones Unidas en territorio extranjero ni concede automáticamente una inmunidad absoluta a todo visitante, pero sí añade compromisos internacionales cuya responsabilidad última corresponde al Gobierno federal, no al alcalde de Nueva York.

Quedaría también la cuestión de la inmunidad personal asociada al jefe de Gobierno de un Estado extranjero. Su reconocimiento dentro de Estados Unidos pertenece al delicado ámbito de las relaciones exteriores y suele depender de la posición del Ejecutivo federal. Sería difícil imaginar que una decisión municipal pudiera resolver por su cuenta semejante nudo, menos aún cuando Washington respalda a Israel y combate abiertamente la actuación de la CPI.

Incluso el lugar de una hipotética detención plantearía problemas. El aeropuerto, el trayecto hasta Manhattan, el hotel y la sede de la ONU están sometidos a marcos jurídicos y operativos diferentes. Lo que en una rueda de prensa cabe en diez palabras se convierte sobre el terreno en un laberinto de competencias, inmunidades, jurisdicciones y protocolos de seguridad.

Nueva York desafía la política exterior de Washington

La declaración de Mamdani tiene más recorrido como acto de presión política que como plan policial inmediato. Presenta a Nueva York como una ciudad dispuesta a discutir la impunidad de los dirigentes aliados de Estados Unidos y obliga al Gobierno federal a explicar por qué una orden internacional se considera válida en unos conflictos e inaceptable en otros.

Esa contradicción ocupa el centro del debate. Washington ha respaldado actuaciones de la CPI contra dirigentes de países adversarios, pero rechaza las órdenes relacionadas con Israel y ha impuesto sanciones contra responsables del tribunal. Para los partidarios de Mamdani, la justicia internacional pierde credibilidad cuando se aplica según el color del pasaporte y la cercanía con la Casa Blanca. Para sus críticos, el alcalde invade la política exterior federal y convierte la Policía municipal en una herramienta de activismo geopolítico.

Israel considera la posición de Mamdani hostil y ha dejado claro que Netanyahu no renunciaría por ella a viajar a Nueva York. El primer ministro afronta el dilema con una ventaja evidente: sabe que la legislación estadounidense ofrece muchas más defensas que las disponibles en un país miembro de la CPI. Mamdani, mientras tanto, gana una batalla simbólica al mantener el asunto sobre la mesa, incluso aunque sus abogados terminen entregándole una carpeta repleta de no, salvo y depende.

Mucho impacto político, poco margen policial

Con el marco vigente, la detención de Netanyahu en Nueva York parece jurídicamente muy improbable. La orden de la CPI continúa activa, pero Estados Unidos no reconoce una obligación automática de ejecutarla; la ley federal bloquea buena parte de la cooperación local con el tribunal; las normas de Nueva York no convierten un mandato internacional en una orden penal doméstica, y el régimen especial de Naciones Unidas complica cualquier actuación en torno a la Asamblea General.

Eso no reduce la declaración de Mamdani a una ocurrencia. El alcalde ha trasladado al corazón institucional de Estados Unidos una discusión que sus antecesores preferían mantener detrás de las vallas de las manifestaciones. Ha planteado, con toda la incomodidad que implica, si el derecho internacional debe alcanzar también a los aliados poderosos o quedarse en una vitrina: muy solemne, muy iluminada y cuidadosamente cerrada.

Cuando Netanyahu vuelva a Nueva York, lo más probable es que la ciudad vea protestas, seguridad reforzada y un áspero choque político, no una detención. Pero Mamdani habrá conseguido que el viaje deje de parecer una visita diplomática rutinaria. Cada paso del primer ministro israelí por Manhattan recordará que existe una orden pendiente en La Haya y, al mismo tiempo, un sistema estadounidense construido para impedir que un alcalde pueda ejecutarla por su cuenta.