¿Por qué la Policía eleva a 3 millones la regularización migratoria?

España no tiene tres millones de inmigrantes recién regularizados. El último balance oficial consolidado recoge 1.174.978 solicitudes presentadas durante el procedimiento extraordinario, cerrado el 30 de junio de 2026. De ese volumen, 609.737 expedientes habían sido tramitados cuando el Gobierno publicó sus datos el 2 de julio. Solicitar, tramitar y conceder son verbos distintos, aunque el ruido político tienda a meterlos en la misma batidora.

La cifra de tres millones de personas divulgada ahora procede de una estimación atribuida a altos mandos policiales de Extranjería. No describe el resultado actual del proceso, sino un escenario que suma a quienes obtengan la residencia y a parte de sus familiares, tanto los incluidos en solicitudes simultáneas como los que podrían llegar posteriormente mediante reagrupación familiar. Es una proyección demográfica y administrativa; no un recuento cerrado.

Lo que dice el balance oficial de la regularización

El Gobierno esperaba inicialmente que el procedimiento pudiera beneficiar a unas 500.000 personas. La previsión quedó pequeña: las solicitudes superaron ampliamente el millón. El desfase es evidente y merece una explicación política y técnica, sin necesidad de ponerle música de catástrofe ni envolverlo en celofán humanitario. La Administración calculó mal el tamaño de la población que cumplía, o consideraba que podía cumplir, los requisitos.

El 79,6% de las peticiones corresponde al llamado arraigo extraordinario y el 20,4% a personas que habían solicitado protección internacional. Para entrar en el procedimiento había que encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia continuada mínima de cinco meses, carecer de antecedentes penales relevantes y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública. El informe policial forma parte del análisis, pero la existencia de antecedentes policiales no provoca por sí sola una denegación automática: cada caso debe valorarse de manera individual.

Tampoco todo expediente registrado terminará necesariamente en autorización. Habrá solicitudes incompletas, duplicadas, desistidas o denegadas por no acreditar la residencia previa, la identidad, los vínculos familiares, la vulnerabilidad alegada o la ausencia de antecedentes incompatibles. Esa depuración es precisamente la que impide convertir 1,17 millones de peticiones en 1,17 millones de permisos definitivos con un simple golpe de calculadora.

El perfil publicado ayuda a entender la magnitud del fenómeno. El 87% de los solicitantes está en edad laboral y seis de cada diez tienen menos de 34 años. Colombia encabeza las nacionalidades, seguida de Marruecos, Venezuela, Perú y Honduras. Cataluña, Madrid, la Comunitat Valenciana y Andalucía concentran el mayor número de expedientes. No es una corriente homogénea; es un mosaico latinoamericano, africano y asiático que llevaba tiempo viviendo, trabajando o sobreviviendo en los márgenes administrativos.

Cómo aparece la cifra de tres millones

El titular que eleva el alcance de la regularización hasta los tres millones se apoya en el llamado efecto familiar. Altos mandos de Extranjería sostienen que las autorizaciones concedidas permitirán incorporar a más familiares y advierten de una presión considerable sobre el sistema policial y administrativo. Lo esencial está en el tiempo verbal: permitirán. No ha ocurrido todavía en esa dimensión.

La estimación toma el volumen de solicitantes como punto de partida y añade cónyuges, parejas, hijos o ascendientes que podrían obtener residencia de forma simultánea o mediante procedimientos posteriores. El problema es que la cifra difundida no viene acompañada, en la información pública disponible, de una ficha metodológica que detalle cuántas autorizaciones se prevén, qué proporción de beneficiarios tiene familiares fuera de España, cuántos cumplen las condiciones económicas o cuántos ya figuran dentro del millón largo de solicitudes.

Una proyección, no un censo

Decir que la Policía eleva a tres millones los regularizados resulta más rotundo que explicar que determinados mandos manejan un escenario potencial de residentes legales, contando futuras reagrupaciones. También resulta menos preciso. A fecha de publicación, el dato firme continúa siendo el número de solicitudes; el número definitivo de concesiones tardará en asentarse y el impacto de la reagrupación necesitará años, no una tarde de titulares.

Otros cálculos atribuidos a especialistas policiales han llegado incluso a escenarios de cuatro o cinco millones en varios años, utilizando promedios de varios familiares por cada beneficiario. Esa dispersión —tres millones aquí, cinco allá— revela que no existe todavía una previsión pública única, auditada y respaldada por estadísticas individualizadas. Hay alertas operativas razonables, desde luego. Pero una alerta no adquiere precisión científica por vestir uniforme.

El riesgo de contar dos veces a la misma familia

La normativa extraordinaria ya permitía presentar simultáneamente solicitudes de determinados miembros de una misma unidad de convivencia. Una persona solicitante podía incluir en el proceso a su cónyuge o pareja registrada y a ascendientes de primer grado que convivieran con ella. Los hijos menores o mayores dependientes también contaban con un régimen específico para resolver sus autorizaciones junto a las de sus progenitores.

Esto introduce una cautela elemental: parte del efecto familiar ya está dentro de las 1.174.978 solicitudes. Sumar después un número fijo de familiares por cada expediente podría inflar la proyección al contar dos veces a personas que ya solicitaron su propia autorización. Para conocer el alcance real habría que separar solicitantes principales, cónyuges, parejas, menores, ascendientes convivientes y familiares residentes en el extranjero. Sin esa radiografía, tres millones funciona como una hipótesis gruesa, no como una cifra final.

La reagrupación familiar tiene filtros y plazos

La residencia legal abre el derecho a solicitar la reagrupación, pero no convierte a toda la familia extensa en residente automático. La regulación ordinaria contempla al cónyuge o pareja estable, los hijos menores, determinados hijos adultos dependientes y personas representadas legalmente. Exige acreditar el parentesco o la relación afectiva, y no admite una cadena ilimitada de primos, cuñados y conocidos del pueblo, por mucho que esa caricatura circule con alegría tabernaria.

Como regla general, quien reagrupa debe haber residido legalmente en España al menos un año y haber solicitado autorización para permanecer otro año. También tiene que justificar ingresos suficientes, una vivienda adecuada, cobertura sanitaria y la autenticidad del vínculo familiar. La Administración consulta antecedentes penales y solicita un informe policial sobre la persona que pretende entrar. No basta, pues, con señalar un árbol genealógico dibujado en una servilleta.

Los ascendientes afrontan el filtro más exigente

La llegada de padres y suegros, uno de los elementos utilizados en algunas proyecciones policiales, está sometida a condiciones particularmente estrictas. Como norma general, deben ser ascendientes de primer grado, encontrarse a cargo del residente, tener más de 65 años y existir razones que justifiquen su residencia en España. Para reagrupar ascendientes se exige normalmente que la persona reagrupante haya alcanzado la residencia de larga duración. Las excepciones humanitarias existen, pero son eso: excepciones examinadas caso por caso.

El volumen futuro dependerá, por tanto, de factores bastante terrenales: cuántas solicitudes sean aprobadas, cuántos beneficiarios mantengan su residencia, qué ingresos obtengan, qué familiares tengan realmente fuera de España y cuántos de ellos superen los controles consulares y administrativos. La demografía no avanza como una fila de fichas de dominó. A veces ni siquiera encuentra cita previa.

La Policía sí afronta una carga documental extraordinaria

Que la cifra de tres millones no sea un recuento actual no significa que el problema operativo sea imaginario. Cada autorización concedida termina generando comprobaciones de identidad, informes, toma de huellas y expedición de la tarjeta de identidad de extranjero, la TIE. Con cientos de miles de expedientes moviéndose al mismo tiempo, las unidades de documentación soportan una carga que se suma a la expedición ordinaria de DNI, pasaportes y tarjetas de residencia.

La Dirección General de la Policía activó medidas extraordinarias en las unidades de documentación y un plan de choque con horas adicionales. El Sindicato Unificado de Policía confirmó a finales de junio la puesta en marcha de ese refuerzo. La propia existencia del dispositivo demuestra que la Administración esperaba un cuello de botella considerable, aunque no valide por sí misma ninguna predicción demográfica concreta.

El atasco puede aparecer en tres estaciones distintas: la revisión del expediente por Migraciones, la comprobación policial y la documentación física del nuevo residente. El último balance oficial contabilizaba 609.737 expedientes tramitados, mientras cerca de 200.000 solicitudes presenciales habían llegado a las oficinas. Las subsanaciones documentales podrán continuar hasta el 30 de septiembre. Mucho papel, muchas pantallas, muchas ventanillas. El Estado digital conserva todavía cierto aroma a carpeta azul.

El proceso ya ha producido efectos laborales. El Gobierno atribuye a la regularización 159.097 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social hasta el 30 de junio, concentradas especialmente en hostelería, comercio, actividades administrativas y construcción. Es una de las caras menos ruidosas del asunto: personas que pasan de trabajar en negro, sin cotización ni protección efectiva, a figurar en las nóminas y en las cuentas públicas.

Entre la imprevisión del Gobierno y la inflación política

El Ejecutivo subestimó claramente la demanda. Anunció alrededor de medio millón de potenciales beneficiarios y recibió más del doble de solicitudes. Puede alegar que se trataba de una población difícil de medir —por definición, quienes están en situación irregular no aparecen ordenadamente en una base de datos—, pero gobernar consiste también en calcular con márgenes razonables. La sorpresa ha sido demasiado grande para despacharla con una sonrisa ministerial.

La oposición y determinados medios han hecho el recorrido inverso: toman una previsión policial de impacto familiar y la presentan como si tres millones de personas hubieran recibido ya sus papeles. El salto tiene rendimiento político, pero mezcla solicitudes actuales, autorizaciones futuras y reagrupaciones hipotéticas. Donde el Gobierno edulcora, sus adversarios multiplican. España, fiel a sus tradiciones, discute una estadística como quien discute un penalti.

La regularización sigue desplegando efectos mientras los tribunales examinan los recursos planteados contra la norma. El Tribunal Supremo rechazó por ahora suspender el procedimiento y consideró prematuro plantear en esta fase una cuestión prejudicial ante la justicia europea. Eso permite que la tramitación continúe, sin anticipar cuál será la resolución definitiva sobre el fondo.

La cifra decisiva se verá expediente a expediente

El dato de tres millones no debe tratarse como una mentira irrelevante ni como una verdad revelada. Es una estimación policial de alcance potencial, construida sobre una regularización mucho mayor de la prevista y sobre las posibilidades legales de reunificación familiar. Señala un riesgo de saturación administrativa y un posible aumento de población residente, pero todavía no acredita que ese escenario vaya a cumplirse.

El marcador fiable empieza en 1.174.978 solicitudes y deberá completarse con las concesiones definitivas, las denegaciones, los desistimientos y las autorizaciones familiares realmente aprobadas. Solo entonces se sabrá si el impacto queda cerca del millón, se aproxima a los tres millones o se dispersa durante años muy por debajo de los pronósticos más estridentes.

Mientras tanto, conviene conservar una distinción casi revolucionaria en la conversación pública española: una solicitud no es una residencia concedida y una previsión no es un hecho consumado. Ni el Gobierno puede esconder su error de cálculo ni una proyección anónima debe convertirse, por arte de titular, en censo oficial.