David Sánchez condenado: ¿qué pena le impone la Audiencia y por qué?

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo. El tribunal lo considera cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa relacionado con la creación y adjudicación del puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz desde 2017.

La condena no incluye una pena de prisión y todavía puede ser recurrida. David Sánchez ha quedado absuelto del delito de tráfico de influencias, por el que las acusaciones populares llegaron a reclamar hasta seis años de cárcel. Dicho sin el estruendo habitual de la política española: existe una condena penal grave, pero no firme; hay inhabilitación, pero no ingreso en prisión; y se aprecia prevaricación, aunque el tribunal no considera probado que terceras personas presionaran a los responsables provinciales para colocar al hermano de Pedro Sánchez.

La sentencia sostiene que el puesto público fue creado con la finalidad de que terminara ocupado por David Sánchez. La sala aprecia una actuación administrativa arbitraria y atribuye al músico una colaboración imprescindible para que aquella decisión pudiera materializarse. El apellido, naturalmente, convierte el caso en combustible político de alto octanaje. Pero el parentesco no figura como delito en el Código Penal: ni condena ni absuelve. Lo decisivo son los hechos que el tribunal declara probados.

La pena impuesta: nueve años fuera del empleo público

La condena impide a David Sánchez ocupar empleos o cargos públicos durante nueve años y presentarse como candidato en unas elecciones durante ese mismo periodo. La inhabilitación especial supone también la pérdida definitiva del puesto público afectado por la sentencia, aunque Sánchez ya había abandonado voluntariamente la Diputación de Badajoz en febrero de 2025. Había llegado a la institución en julio de 2017.

La expresión cooperador necesario tiene importancia. David Sánchez no era la autoridad administrativa que podía aprobar por sí sola la creación de una plaza, pero la Audiencia entiende que su intervención fue indispensable dentro de la operación juzgada. En términos menos ceremoniosos: no habría firmado todas las resoluciones, pero, según el fallo, tampoco fue un espectador que pasaba por allí con una partitura bajo el brazo.

El tribunal ha impuesto la pena mínima prevista para esta modalidad de prevaricación administrativa. El artículo 404 del Código Penal castiga con entre nueve y quince años de inhabilitación a la autoridad o funcionario que, con conocimiento de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

La ley no contempla cárcel para ese delito cuando aparece de forma aislada. Su castigo consiste en apartar al condenado de la esfera pública durante un tiempo determinado y prohibirle concurrir a unas elecciones. La posible prisión procedía de otra acusación, la de tráfico de influencias, que finalmente ha sido descartada por la sala.

Por qué David Sánchez no tendrá que entrar en prisión

Durante el juicio, las siete acusaciones populares reclamaron para David Sánchez hasta seis años de cárcel al sostener que la prevaricación estaba conectada con un delito de tráfico de influencias. La Audiencia no ha aceptado esa construcción jurídica y lo ha absuelto de esta segunda acusación. Al desaparecer el delito que podía llevar aparejada una pena de prisión, la condena queda limitada a la inhabilitación correspondiente a la prevaricación.

El fallo señala que no se ha demostrado que una persona concreta ejerciera presión o influencia sobre los acusados para diseñar el puesto. Es un matiz considerable. La sala aprecia que la plaza se creó con una finalidad arbitraria, pero no considera probado el relato más amplio según el cual alguien, desde fuera de la Diputación, habría movido los hilos utilizando su poder político o familiar.

En los tribunales, por mucho que después las tertulias trabajen con brocha gorda, los verbos importan. Una cosa es dictar o facilitar una resolución injusta y otra distinta influir sobre una autoridad valiéndose de una posición personal, profesional o familiar. Cada delito exige sus propios hechos y sus propias pruebas.

Tampoco formaba ya parte del juicio el delito de aceptación de nombramiento ilegal. Al comienzo de la vista oral, el tribunal declaró prescrita esa acusación y la retiró del procedimiento. Quedaron vivas la prevaricación y el tráfico de influencias; finalmente, solo la primera ha terminado en condena.

El puesto creado en la Diputación de Badajoz

El origen del caso se encuentra en una plaza de coordinador de las Actividades de los Conservatorios creada por la Diputación de Badajoz. David Sánchez, músico de formación, fue seleccionado entre once candidatos y firmó su contrato en julio de 2017. Los otros diez aspirantes quedaron descartados.

En aquel momento, Pedro Sánchez acababa de recuperar la Secretaría General del PSOE, aunque todavía no era presidente del Gobierno. Este detalle cronológico no elimina ni confirma por sí solo la existencia de una irregularidad, pero sí ayuda a colocar cada pieza en su sitio, algo bastante saludable cuando la política empieza a lanzar barro antes de que se haya secado la tinta judicial.

Las acusaciones sostuvieron que la plaza había sido confeccionada a medida, que el procedimiento selectivo fue una apariencia y que las funciones se adaptaron posteriormente a las preferencias profesionales del candidato elegido. Las defensas replicaron que el puesto respondía a necesidades culturales reales, que David Sánchez reunía la cualificación exigida y que los funcionarios implicados actuaron dentro de la legalidad.

La sentencia se inclina por la primera interpretación en el punto esencial: considera que existió una resolución administrativa arbitraria orientada a que David Sánchez ocupara el cargo. Sin embargo, descarta que se haya probado la existencia de presiones externas. Esa combinación explica un fallo que condena por prevaricación y, al mismo tiempo, absuelve por tráfico de influencias. No es una contradicción; son conductas diferentes.

De los conservatorios a la Oficina de Artes Escénicas

El puesto inicial cambió después de denominación y encaje administrativo. David Sánchez pasó de coordinar las actividades de los conservatorios a dirigir la Oficina de Artes Escénicas, una transformación que también fue examinada durante el procedimiento.

La investigación terminó ampliándose a la contratación en 2023 de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez y antiguo asesor de la Moncloa, para otro cargo de la Diputación. Carrero también ha sido condenado por prevaricación e inhabilitado para desempeñar empleo o cargo público.

La causa había comenzado en 2024 tras una denuncia de Manos Limpias. En sus primeras etapas incluyó sospechas de malversación y fraude fiscal relacionadas con la residencia de Sánchez en Portugal y con su patrimonio financiero, pero esas líneas no prosperaron. El juicio terminó concentrándose en las decisiones administrativas sobre los puestos públicos, bastante menos cinematográficas que una caja fuerte en Suiza, aunque jurídicamente suficientes para sentar a once personas en el banquillo.

Gallardo recibe 18 años por dos delitos de prevaricación

El fallo afecta de manera especialmente severa a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y antiguo secretario general del PSOE de Extremadura. La Audiencia lo considera autor de dos delitos de prevaricación administrativa y le impone dos penas de nueve años de inhabilitación, una por cada bloque de hechos, lo que eleva el total a 18 años.

Gallardo era el máximo responsable político de la Diputación cuando se creó la plaza adjudicada a David Sánchez. Su condena refleja la diferente posición que cada acusado ocupaba en el engranaje administrativo: al expresidente provincial se le atribuye la autoría de las resoluciones arbitrarias; al hermano del jefe del Ejecutivo, la cooperación necesaria para que una de ellas pudiera llevarse a cabo.

La distinción no es un adorno técnico. La prevaricación castiga el uso torcido del poder administrativo, esa zona donde un expediente aparentemente pulcro puede esconder una decisión tomada de antemano. El papel lo aguanta casi todo: sellos, informes, convocatorias, entrevistas, mesas de selección. La justicia intenta averiguar qué había debajo del barniz burocrático.

La sentencia también impone nueve años de inhabilitación a los restantes condenados por su participación en los hechos. Todos han sido absueltos del delito de tráfico de influencias, al no considerar acreditadas las presiones externas que sostenían las acusaciones.

La Fiscalía pidió la absolución de los acusados

La Fiscalía no formuló acusación y solicitó la absolución de todos los procesados al considerar que no existía prueba suficiente de prevaricación ni de tráfico de influencias. Las defensas mantuvieron la misma posición. En el lado contrario actuaron siete acusaciones populares, entre ellas el PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum y la Fundación Española de Abogados Cristianos.

El juicio se celebró entre finales de mayo y comienzos de junio de 2026 durante siete sesiones. Comparecieron 53 personas, entre testigos, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, responsables de la Diputación y los propios acusados. Buena parte de las declaraciones cuestionó o matizó las conclusiones del informe de la UCO utilizado por las acusaciones.

Aun así, el tribunal ha entendido que el conjunto de la prueba permite declarar la existencia de una actuación arbitraria. Que la mayoría de los testigos contradiga un informe policial no obliga automáticamente a descartarlo, del mismo modo que un informe de la Guardia Civil tampoco funciona como una sentencia anticipada. Los jueces deben valorar cada documento, testimonio e indicio dentro del conjunto del procedimiento.

Que el fiscal pidiera la absolución tampoco obligaba a la Audiencia a absolver. En el sistema penal español, la acusación popular puede sostener un procedimiento aunque el Ministerio Fiscal no aprecie delito, siempre que su actuación respete las reglas procesales. Otra cosa es el debate sobre quién emplea esa figura y con qué intenciones, terreno fértil para que cada partido descubra súbitamente sus virtudes o sus peligros según quién ocupe el banquillo.

El apellido no sustituye a la sentencia

La resolución conocida el 14 de julio de 2026 no es firme. Las defensas pueden recurrirla y discutir tanto la valoración de las pruebas como la interpretación jurídica realizada por la Audiencia Provincial de Badajoz. Hasta que se resuelvan los recursos, la condena no constituye la última palabra judicial.

En el plano político, el impacto resulta inevitable: el hermano del presidente del Gobierno ha sido condenado por un delito contra la Administración pública y un antiguo dirigente socialista extremeño recibe 18 años de inhabilitación. Negar la gravedad sería absurdo. Convertir el fallo en una condena automática contra Pedro Sánchez, que no ha sido acusado ni juzgado en esta causa, también lo sería.

La democracia liberal vive de una regla bastante menos vistosa que los eslóganes: responsabilidad individual, igualdad ante la ley y derecho al recurso. David Sánchez no debe ser protegido por su apellido, pero tampoco condenado por él. Existe una sentencia motivada que aprecia prevaricación, descarta el tráfico de influencias y puede ser revisada por una instancia superior.

Todo lo demás —la euforia, el victimismo, las campanas lanzadas al vuelo— pertenece ya a la vieja feria política española. Una feria bulliciosa, sí, pero que no debería confundirse con una sala de justicia.