¿Por qué Ceuta sigue desbordada 22 días después y sin mando único?

La crisis de Ceuta ha entrado en una fase quizá menos espectacular que la avalancha de finales de julio, pero bastante más difícil de resolver. Veintidós días después de las entradas masivas del 30 y 31 de julio, la frontera ya no concentra todo el problema: miles de personas siguen necesitando alojamiento, el sistema de protección de menores trabaja muy por encima de su capacidad ordinaria y la respuesta estatal continúa repartida entre varios ministerios y administraciones, sin el mando único que reclama desde hace semanas el Gobierno ceutí.

La magnitud explica una parte del atasco. El Ejecutivo mantiene en 72.000 las entradas irregulares registradas durante aquellos dos días. Buena parte de quienes cruzaron regresaron posteriormente a Marruecos, pero miles permanecieron en Ceuta. El 13 de agosto, Interior calculaba que quedaban unas 5.000 personas; este jueves 20 ha comenzado el traslado desde calles y playas hacia instalaciones temporales capaces de recibir inicialmente a unas 1.800. Es decir, casi tres semanas después, todavía se estaban habilitando soluciones básicas de alojamiento.

El Gobierno sí ha movilizado policías, personal ministerial, recursos sanitarios y organizaciones sociales, y varios ministros han viajado a la ciudad. Sería inexacto describir al Estado como completamente ausente. Otra cosa es la respuesta fragmentada, con Interior, Inclusión, Infancia, Sanidad, Defensa, Exteriores, la Delegación del Gobierno y la propia Ciudad Autónoma actuando sobre piezas distintas de una emergencia que no entiende demasiado de organigramas.

Veintidós días después, la emergencia sigue en las calles

Este jueves ha comenzado una de las operaciones más visibles desde los primeros días de la crisis: el traslado de migrantes que seguían durmiendo en puntos como la playa del Trampolín hacia Loma Margarita y el aparcamiento de El Embolsamiento. Los dos espacios tienen una capacidad inicial conjunta cercana a 1.800 personas y están gestionados con participación de entidades especializadas.

La medida alivia uno de los síntomas más incómodos de estas semanas: campamentos improvisados, colchones sobre el suelo, personas haciendo cola para recibir comida y servicios públicos obligados a trabajar con cifras que cambian casi cada día. Pero aliviar no es resolver. Quedan los expedientes migratorios, las posibles devoluciones, las solicitudes de protección internacional, la atención sanitaria y, sobre todo, la situación de los menores.

Ahí está el verdadero embudo. La frontera puede cerrarse en unas horas; un expediente de un niño no acompañado no. Hay que identificarlo, determinar su edad cuando existan dudas, estudiar su situación familiar, asumir su protección y decidir después si procede una reagrupación, una repatriación con garantías o su traslado a otro territorio.

El mando único que Ceuta reclama y el Gobierno no ha creado

Juan Jesús Vivas lleva reclamando desde el comienzo de la emergencia una estructura estatal con capacidad de ordenar, coordinar y dirigir todas las actuaciones. Lo pidió ya cuando la presión fronteriza empezó a dispararse y volvió a hacerlo el 10 de agosto al reclamar un plan específico para recuperar la normalidad.

Interior respondió desde el principio que la figura jurídica de la emergencia de interés nacional no puede activarse simplemente por una crisis migratoria, ya que la legislación vigente la contempla para determinados riesgos naturales y tecnológicos. Eso explica por qué el Gobierno rechazó esa fórmula concreta, aunque no resuelve la cuestión política de fondo: quién tiene la última palabra operativa cuando intervienen tantos departamentos a la vez.

En la práctica existe coordinación, pero distribuida. Y ese matiz importa. No es lo mismo afirmar que nadie coordina nada —algo que los hechos desmienten— que constatar que no existe una autoridad única visible sobre el conjunto de la emergencia. Cuando policías, militares, sanitarios, servicios de infancia, funcionarios de extranjería y organizaciones humanitarias pisan el mismo terreno, la diferencia deja de ser semántica.

El propio PP ha incorporado ahora la creación de ese mando único a sus propuestas para Ceuta. El Gobierno, por su parte, sostiene que está trabajando de manera coordinada con la Ciudad Autónoma y acusa a la dirección popular de dificultar algunos acuerdos entre administraciones. La crisis humanitaria ha terminado así atrapada también en una batalla política, el lugar más tradicional de la política española para guardar los problemas que todavía no sabe resolver.

Los menores se convierten en el problema más delicado

Las cifras vuelven a enseñar el tamaño del agujero. Interior elevó el 19 de agosto a 2.168 los menores identificados desde la entrada masiva. Un día después, Juventud e Infancia situaba entre 2.400 y 2.500 los menores dentro de los sistemas de protección, admitiendo que el número real podía ser superior. Semanas antes, organizaciones sociales habían alertado de que todavía podía haber miles pendientes de identificación o fuera de recursos adecuados.

La discrepancia no es un detalle estadístico. Significa que durante días ha sido imposible conocer con precisión cuántos niños y adolescentes había realmente en la ciudad. Y sin una identificación fiable resulta mucho más difícil protegerlos, buscar a sus familiares o detectar casos de especial vulnerabilidad.

La legislación tampoco permite solucionar el problema con una orden genérica de devolución. La repatriación de un menor extranjero exige estudiar individualmente su situación y respetar su interés superior, incluida la posibilidad de reagrupación familiar cuando sea segura. La Fiscalía ya ha advertido, además, de que actuará ante comunidades autónomas que se nieguen a ejecutar reubicaciones legalmente acordadas.

La urgencia de sacar a 500 niñas de las zonas más inseguras

El punto más sensible es ahora el plan para trasladar a la Península a unas 500 niñas migrantes no acompañadas consideradas especialmente vulnerables. La fórmula estudiada permitiría que entidades de protección infantil asumieran temporalmente su atención sin necesidad de que Ceuta transfiriese inmediatamente la tutela a otra comunidad autónoma.

No se trata únicamente de encontrar camas. La falta de alojamiento protegido expone particularmente a niñas y adolescentes a violencia sexual, trata y explotación, un riesgo sobre el que las organizaciones de infancia llevan alertando desde los primeros días de agosto.

La dimensión de seguridad ya ha dejado de ser hipotética. Desde la llegada masiva se habían registrado al menos 15 denuncias relacionadas con agresiones sexuales, muchas de ellas vinculadas a menores, mientras varias mujeres habían necesitado asistencia sanitaria por violencia sexual. Las condiciones de hacinamiento, la falta de espacios separados y la permanencia prolongada en asentamientos improvisados multiplican la vulnerabilidad.

Aquí aparece una de las contradicciones políticas más incómodas. El PP reclama el retorno de quienes entraron irregularmente, incluidos los menores cuando existan condiciones para la reagrupación, mientras el Ministerio de Juventud e Infancia recuerda que no cabe una expulsión colectiva de niños y que cada caso debe tramitarse con garantías. Entre ambos discursos quedan cientos de expedientes individuales. Y detrás de cada expediente, una persona.

Sanidad, alojamiento y una ciudad que todavía no recupera el pulso

La presión tampoco termina en extranjería. Profesionales sanitarios han denunciado un fuerte aumento del trabajo relacionado con gastroenteritis, sarna, impétigo y otros problemas asociados a situaciones de hacinamiento y falta de higiene. Enfermería llegó a informar de más de 200 atenciones diarias vinculadas a la emergencia, mientras el Ministerio de Sanidad ha rechazado hablar de colapso general y ha pedido evitar asociaciones simplistas entre inmigración y enfermedad.

La precisión es importante. Las malas condiciones sanitarias producen enfermedades; el pasaporte, no. Miles de personas durmiendo durante semanas con dificultades para acceder a duchas, baños, agua, alimentos o seguimiento médico constituyen un problema de salud pública en cualquier lugar del mundo.

El traslado iniciado este 20 de agosto debería reducir esa presión, pero llega después de semanas de improvisación y recursos provisionales. El Gobierno ha anunciado también financiación extraordinaria para la atención de menores, incluidos 25 millones de euros para Ceuta, cuya aprobación está prevista en la conferencia sectorial de finales de agosto.

La pregunta política inevitable es por qué algunas de estas decisiones han necesitado casi tres semanas cuando desde las primeras horas estaba claro que la capacidad ordinaria de Ceuta no podía absorber semejante entrada. La respuesta contiene de todo: dificultades legales, identificación de personas, negociación con Marruecos, competencias autonómicas, desacuerdos partidistas y una Administración que, cuando debe moverse a velocidad de emergencia, conserva cierta afición por el sello, el expediente y la reunión del jueves.

El Gobierno da explicaciones, pero el control parlamentario sigue pendiente

Otro frente permanece abierto en Madrid. El Gobierno registró las comparecencias voluntarias de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños en el Congreso para finales de agosto. El PP, utilizando su mayoría en el Senado, quiso escuchar antes a varios de ellos y fijó comparecencias durante la primera mitad del mes. Los ministros no acudieron, alegando que duplicar las comparecencias carecía de sentido y que explicarían su actuación en el Congreso.

Por eso conviene afinar las palabras: no ha habido silencio absoluto del Gobierno, porque ministros han visitado Ceuta, atendido a medios y explicado medidas públicamente. Lo que sigue pendiente es la comparecencia parlamentaria de los principales responsables ante las Cortes para someter la gestión a preguntas y control político. Y eso, en una democracia parlamentaria, no es un trámite decorativo.

El PP ha llevado el conflicto al terreno judicial y anunció su intención de acudir al Tribunal Supremo por la negativa de los ministros a presentarse ante el Senado. El Ejecutivo sostiene que la Cámara Alta está siendo utilizada para duplicar y desgastar; los populares replican que un ministro no puede escoger qué Cámara controla su gestión. El pulso probablemente sobrevivirá incluso cuando las tiendas de campaña hayan desaparecido.

Ceuta sigue esperando una normalidad que no llega

A 20 de agosto, la crisis ha cambiado de forma, pero no ha terminado. Ya no se ven decenas de miles de personas atravesando una frontera en pocas horas; ahora se ven expedientes, centros desbordados, menores pendientes de protección, recursos sanitarios tensionados y alojamientos temporales que empiezan a funcionar tres semanas después.

El Estado está actuando, sí. Hay traslados, policías, recursos económicos y planes específicos para los menores. Pero la imagen de conjunto continúa mostrando una maquinaria con demasiadas cabinas de mando y ritmos distintos. Ceuta pidió una dirección única desde el comienzo y todavía no la tiene. Las cifras de menores siguen moviéndose. Las soluciones definitivas dependen de varias administraciones enfrentadas políticamente. Y las principales explicaciones parlamentarias han quedado para finales de agosto.

Después de 22 días, ese es quizá el dato más incómodo: la emergencia fronteriza duró horas; sus consecuencias llevan semanas. Y mientras Madrid discute quién debía comparecer, quién debe acoger y quién tiene la culpa, Ceuta sigue intentando recuperar algo mucho más sencillo de formular que de conseguir: la normalidad.