¿Cómo será el Kids Act? La UE veta redes sociales a los menores de 13

La Unión Europea ha puesto sobre la mesa este 17 de septiembre el EU Kids Act, una propuesta legislativa que pretende cambiar de raíz la relación de niños y adolescentes con las redes sociales. El planteamiento establece una frontera clara: los menores de 13 años no podrán acceder a redes sociales y hasta los 15 no sería posible disponer de una cuenta personal autónoma. Entre ambas edades, el acceso quedaría limitado a cuentas creadas y supervisadas por padres o tutores.

Hay una precisión importante: la aprobación de la propuesta europea no significa que la prohibición entre en vigor inmediatamente. El nuevo marco deberá completar todavía su recorrido legislativo antes de convertirse en una norma plenamente aplicable. Instagram, TikTok o YouTube, por tanto, no desaparecerán de un día para otro de los móviles de los menores. Europa ha dibujado el terreno; falta convertir ese dibujo en reglas efectivas.

Qué establece el Kids Act para los menores de 13 y 15 años

El esquema escogido por Bruselas es escalonado. Por debajo de los 13 años, nada de redes sociales. A partir de los 13 y hasta cumplir 15, los adolescentes podrían utilizar únicamente las denominadas minicuentas, configuradas y supervisadas por sus padres o tutores, con determinadas funciones restringidas.

El planteamiento anunciado por Ursula von der Leyen contempla también una limitación de una hora diaria para esas cuentas intermedias. Al cumplir los 15 años, el adolescente podría disponer de una cuenta propia, aunque eso tampoco significaría entrar en el ecosistema digital de los adultos por la puerta grande: hasta los 18 años, las plataformas tendrían que ofrecer un entorno específicamente diseñado para proteger a los menores.

El cambio parece sencillo escrito sobre el papel —13, 15 y 18 años—, pero en realidad toca una de las costumbres más normalizadas de la adolescencia europea. Hasta ahora, buena parte de los límites de edad dependían de las condiciones de uso de las propias plataformas, junto a las reglas nacionales y europeas sobre consentimiento y tratamiento de datos.

Con el Kids Act, Bruselas quiere que la edad digital deje de depender en gran medida de lo que decidan las tecnológicas. Y ahí está, probablemente, el giro más importante de todo el proyecto.

Las plataformas tendrán que demostrar que son seguras

Durante años, la lógica ha funcionado casi al revés: autoridades, familias o investigadores tenían que acreditar los riesgos de determinadas funciones digitales. El Kids Act introduce la llamada inversión de la carga de la prueba. Serán los proveedores quienes tendrán que demostrar que sus servicios son apropiados para la edad de sus usuarios y que incorporan seguridad desde el propio diseño.

No es un matiz jurídico menor. Supone trasladar buena parte de la responsabilidad desde el menor que pulsa una pantalla —o desde sus padres— hasta la empresa que ha construido esa pantalla, el algoritmo que decide qué aparece después y los mecanismos concebidos para que nadie cierre la aplicación demasiado pronto.

La UE apunta directamente a algunas de las técnicas que han convertido el teléfono móvil en una especie de tragaperras sin monedas. El texto contempla restricciones sobre funciones potencialmente adictivas, sistemas de recomendación basados en perfiles capaces de conducir a contenidos perjudiciales, recompensas digitales y otras herramientas orientadas a prolongar el tiempo de permanencia.

Adiós al scroll infinito para los menores

Una de las medidas más reconocibles afecta al scroll infinito, esa cinta de vídeos, fotografías y publicaciones que nunca termina. No hay página siguiente ni un pequeño descanso natural. Un dedo hacia arriba y aparece otra pieza. Luego otra. Y otra.

El Kids Act plantea eliminar para los menores ese tipo de diseño cuando carezca de puntos de interrupción. También prevé limitar las notificaciones durante las horas de sueño, los mecanismos de recompensa y determinadas recomendaciones personalizadas que puedan empujar progresivamente hacia contenidos dañinos.

La filosofía es bastante evidente: dejar de pedir a un niño de 12 o 14 años que tenga una disciplina casi monástica frente a productos creados, precisamente, para conservar su atención durante el mayor tiempo posible.

Cuentas privadas, ubicación apagada y menos desconocidos

La protección no se limita al tiempo frente a la pantalla. Según las medidas planteadas, los perfiles de menores deberán configurarse como privados por defecto, mientras que herramientas especialmente sensibles como la geolocalización, la cámara o el micrófono permanecerían inicialmente desactivadas.

También se pretende impedir los contactos no solicitados de desconocidos y facilitar sistemas sencillos para bloquear o silenciar a otros usuarios. Los menores tendrían, además, herramientas para gestionar el tiempo de utilización y controlar, modificar o reiniciar las recomendaciones que reciben.

Es un cambio de lógica bastante profundo. La configuración más segura dejaría de ser ese menú escondido que exige recorrer siete pantallas, aceptar tres avisos y encontrar una opción enterrada entre decenas de ajustes. Tendría que venir, por así decirlo, de fábrica.

También entran videojuegos, vídeos y asistentes de inteligencia artificial

El Kids Act tampoco se queda encerrado en Instagram, TikTok o Facebook. La propuesta contempla obligaciones para servicios digitales utilizados por menores de 18 años que incluyen plataformas de vídeo, videojuegos online, asistentes de inteligencia artificial y chatbots, además de las redes sociales tradicionales.

Este punto importa porque la vida digital adolescente hace tiempo que desbordó la definición clásica de red social. Un videojuego puede incorporar chats con desconocidos, compras, recompensas diarias y comunidades enteras; un asistente de IA puede mantener conversaciones personales durante horas; una plataforma de vídeo utiliza algoritmos de recomendación capaces de encadenar contenido sin apenas fricción.

Bruselas intenta, en definitiva, regular el ecosistema digital y no únicamente el logotipo de unas cuantas aplicaciones.

La iniciativa llega, además, en un contexto de creciente preocupación europea por el tiempo que los menores pasan frente a las pantallas y por fenómenos como el ciberacoso, la pérdida de sueño, la exposición a contenidos perjudiciales o la utilización de inteligencia artificial para manipular imágenes. El debate ya no gira solo alrededor del contenido ilegal: también se pregunta cómo está diseñado el producto que coloca ese contenido delante de un adolescente.

Ese matiz cuenta. Cuando el negocio depende de capturar minutos, clics y datos, Europa considera insuficiente dejar toda la responsabilidad en manos de niños y familias. Menos “controle usted a su hijo” y más “explique usted cómo ha construido su plataforma”.

Cómo sabrán las plataformas si un usuario tiene 12, 14 o 17 años

Aquí aparece la parte incómoda. Para impedir que un menor de 13 años abra tranquilamente una cuenta indicando que nació veinte años antes —el viejo truco digital, patrimonio de varias generaciones— hace falta algún sistema capaz de comprobar la edad real.

La Unión Europea lleva tiempo desarrollando mecanismos de verificación y estimación de edad que intentan compatibilizar dos objetivos que no siempre se llevan demasiado bien: saber si una persona puede acceder a un determinado servicio sin convertir internet en una gigantesca ventanilla donde entregar continuamente documentación personal.

El problema técnico será decisivo. Una prohibición basada únicamente en preguntar la fecha de nacimiento sirve de poco. Una verificación excesivamente invasiva, en cambio, abre dudas evidentes sobre privacidad, protección de datos y anonimato. Buena parte de la eficacia real del Kids Act dependerá de cómo se resuelva esa costura.

También habrá que evitar un resultado bastante absurdo: que para proteger la intimidad de un niño termine siendo necesario recopilar todavía más información sobre él. La verificación de edad, por eso, probablemente será uno de los terrenos más delicados durante el desarrollo y aplicación de las nuevas normas.

Qué cambia en España y qué queda por delante

De momento, nada cambia de forma inmediata en las cuentas existentes por el mero anuncio de la propuesta. El Kids Act tiene todavía camino legislativo por recorrer antes de que las nuevas edades y obligaciones puedan aplicarse plenamente en España y en el resto de la Unión Europea.

Cuando el nuevo marco complete su tramitación en los términos que finalmente se aprueben, el cambio sí podría ser considerable. Una persona de 12 años no debería poder disponer de una cuenta convencional en una red social; con 13 o 14 necesitaría la intervención de un progenitor o tutor para utilizar una cuenta limitada y supervisada; desde los 15 podría abrir un perfil autónomo, aunque seguiría protegido por normas especiales hasta alcanzar la mayoría de edad.

Eso obligará también a las grandes tecnológicas a rehacer parte de sus productos europeos. No bastaría con añadir una casilla preguntando la edad. Tendrían que adaptar configuraciones, recomendaciones, privacidad, comunicaciones y controles de uso a distintos tramos de edad.

Y habrá una consecuencia menos visible, aunque quizá más interesante: las plataformas deberán saber cuándo están tratando con un menor y, al mismo tiempo, recoger la menor cantidad posible de información sensible para averiguarlo. Ese equilibrio promete bastantes quebraderos de cabeza.

El EU Kids Act dibuja así un cambio nítido en la regulación digital europea. Bruselas ya no pretende únicamente retirar contenido ilegal cuando aparece o castigar determinados abusos después de producirse. Quiere intervenir antes, en el propio diseño del producto, y fijar edades, límites y obligaciones preventivas.

La frontera propuesta queda dibujada con tres números fáciles de recordar: 13 años para acceder a las redes sociales, 15 para disponer de una cuenta autónoma y 18 para abandonar las protecciones específicas para menores. Entre medias habría supervisión parental, funciones restringidas y límites especiales de uso.

Europa tendrá todavía que demostrar que puede convertir esa arquitectura legal en algo que funcione en un móvil real, con adolescentes reales y plataformas que operan a una escala gigantesca. Pero el principio que inspira la reforma queda bastante claro: esta vez no se pide al menor que demuestre que sabe defenderse de un algoritmo. Se pide a la plataforma que demuestre que su algoritmo no pone al menor en riesgo.