¿Interino 20 años? La Justicia empieza a hacerlos fijos

El fallo europeo ya mueve sentencias en España y abre una vía real para interinos castigados por décadas de temporalidad en el empleo público

Los juzgados españoles han empezado a mover una pieza que llevaba años atascada en el tablero de la Administración: los interinos encadenados durante décadas en puestos temporales ya no están encontrando solo una palmadita judicial, sino sentencias que ordenan su readmisión y reconocen una relación indefinida. La novedad llega después del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de abril de 2026, que volvió a decirle a España, con la delicadeza de un martillo sobre mármol, que convertir a estos trabajadores en “indefinidos no fijos” no basta para reparar el abuso de temporalidad.

El caso más reciente conocido afecta a una funcionaria interina del Gobierno regional de Madrid, cesada en junio de 2024 tras casi 20 años en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Un juzgado de lo contencioso de Madrid ha anulado su cese y ha reconocido su derecho a ser readmitida como trabajadora indefinida, aunque sin convertirla en funcionaria de carrera. La diferencia no es menor. No se le regala una oposición ni se borra el principio de mérito y capacidad; se sanciona un abuso prolongado de la Administración, que usó durante casi dos décadas una fórmula que nació para cubrir necesidades provisionales y acabó oliendo a permanente desde lejos.

El fallo europeo que ha abierto la puerta

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha descubierto de repente que España tiene un problema con sus interinos. Lo viene diciendo desde hace años, con distintas palabras y parecido cansancio institucional. La sentencia del 14 de abril, vinculada al asunto C-418/24, vuelve sobre una idea incómoda: cuando una Administración encadena contratos temporales para cubrir necesidades estructurales, no estamos ante una excepción administrativa, sino ante un abuso. Y un abuso, en derecho europeo, no se cura con una etiqueta bonita ni con una indemnización mecánica que llegue tarde y mal.

El punto delicado está en la figura del “indefinido no fijo”, una creación muy española, casi de ingeniería jurídica de pasillo ministerial. Sirve para reconocer que el trabajador no puede seguir siendo tratado como temporal puro, pero tampoco lo convierte en fijo pleno. Queda en una especie de sala de espera: ya no es exactamente lo de antes, pero su estabilidad sigue dependiendo de que la plaza se cubra, se amortice o cambie el viento administrativo. Bruselas mira esa solución y ve lo obvio: si el vínculo sigue siendo temporal en la práctica, la precariedad no desaparece, solo se maquilla.

El TJUE no ha ordenado una fijeza automática universal para todos los interinos españoles. Conviene decirlo pronto, porque el asunto se presta a titulares con dinamita y a tertulias de brocha gorda. Lo que sí ha hecho es desmontar la comodidad del sistema español: ni basta una indemnización tasada, ni basta convocar procesos de estabilización abiertos a todo el mundo, ni basta colocar al trabajador en la categoría de indefinido no fijo si eso no repara de manera efectiva el abuso sufrido. La pelota vuelve a los juzgados españoles, y algunos ya han empezado a jugarla de otra manera.

Casi 20 años de temporalidad para un puesto que ya no parecía temporal

La sentencia madrileña conocida ahora tiene fuerza simbólica porque no habla de una sustitución breve, ni de una baja puntual, ni de un refuerzo de campaña. Habla de casi 20 años. Dos décadas dan para cambiar de gobierno, de consejero, de programa informático, de edificio, de jefes, de vida. Lo que no cambia, al parecer, es esa costumbre administrativa de llamar temporal a lo que se comporta como fijo. La trabajadora fue cesada en junio de 2024 después de haber prestado servicio durante años en una consejería del Gobierno regional madrileño; el juzgado entiende que esa duración solo puede calificarse como anormalmente larga o excesiva, una forma elegante de decir que aquello había dejado de ser provisional desde hacía muchísimo tiempo.

La decisión judicial no la convierte en funcionaria de carrera. Este detalle importa mucho. En España, el acceso a la función pública de carrera exige superar procesos basados en igualdad, mérito y capacidad. Es una garantía constitucional, no una decoración del BOE. Pero el juzgado sí reconoce que la Administración no puede beneficiarse de su propio incumplimiento durante años y después despedir al trabajador como si todo hubiera sido una simple acumulación de casualidades. La temporalidad abusiva no puede salir gratis porque entonces deja de ser una anomalía y se convierte en método.

Ahí está el corazón del conflicto. Muchos interinos no reclaman una coronación burocrática ni un atajo sin oposición. Reclaman que se reconozca que han sostenido servicios públicos durante años, a veces décadas, con la espada del cese sobre la mesa. Colegios, hospitales, juzgados, ayuntamientos, universidades, organismos científicos, consejerías autonómicas. La Administración española ha funcionado durante mucho tiempo con una plantilla sumergida en provisionalidad, una arquitectura de cartón piedra que aguanta mientras nadie golpea demasiado fuerte. Europa acaba de golpear.

Qué significa ser indefinido sin ser funcionario de carrera

Para entender el alcance real de estas sentencias hay que separar palabras que en la conversación pública se mezclan como ropa en una lavadora. Un trabajador interino ocupa una plaza de manera temporal, normalmente porque hay una vacante, una sustitución o una necesidad urgente. Un funcionario de carrera ha superado un proceso selectivo y tiene una relación estatutaria estable con la Administración. Un indefinido no fijo, en cambio, es una figura intermedia nacida de la jurisprudencia laboral española: reconoce que hubo abuso, pero no concede una fijeza plena.

El problema, según la doctrina europea, es que esa solución intermedia puede quedarse corta. Si el trabajador sigue pendiente de que su plaza salga a concurso, sea cubierta por otra persona o desaparezca, la precariedad continúa respirándole en la nuca. Cambia la etiqueta, no necesariamente la vida. La sentencia europea insiste en que las medidas contra el abuso deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Es decir, deben reparar al trabajador y, además, deben dolerle lo bastante a la Administración como para que no repita la jugada. Porque si la sanción es barata, el abuso se convierte en presupuesto.

La decisión madrileña va en esa dirección: readmisión y reconocimiento de una relación indefinida. No es una plantilla definitiva para todos los casos, porque cada procedimiento dependerá de su historia concreta, de los años trabajados, del tipo de vínculo, de las plazas, de los ceses y de las normas aplicables. Pero sí marca un cambio de temperatura. Lo que antes podía acabar en una indemnización limitada o en una declaración casi simbólica empieza a traducirse en consecuencias más fuertes. Y cuando los juzgados empiezan a aplicar una doctrina nueva, aunque sea caso a caso, el suelo se mueve.

El millón de interinos y el temblor que viene

Las cifras explican por qué este asunto no es una rareza judicial. En España hay alrededor de un millón de interinos no fijos, según los datos difundidos en el debate sindical y jurídico de estos días, y unos 30.000 habrían acudido ya a los tribunales para reclamar su situación. No todos tienen el mismo caso, ni todos podrán obtener la misma respuesta, ni todos llevan veinte años en el mismo puesto. Pero el volumen retrata un fenómeno masivo. No hablamos de una grieta en una oficina perdida, sino de una forma de gestionar personal público que se hizo costumbre.

La Administración española arrastra desde hace años una tasa elevada de temporalidad en el sector público. Se han aprobado procesos de estabilización, se han convocado plazas, se han pactado medidas, se ha prometido reducir la interinidad. Algo se ha movido, sí. Pero el TJUE viene a decir que estabilizar plazas no siempre equivale a reparar personas. La diferencia es decisiva. Una convocatoria puede ordenar el sistema de cara al futuro, pero no necesariamente compensa a quien sufrió durante años la incertidumbre de encadenar contratos o nombramientos temporales para desempeñar funciones que eran, en realidad, permanentes.

Ese matiz rompe el relato cómodo de algunas administraciones: “ya hemos convocado plazas, asunto arreglado”. Pues no siempre. Si el proceso está abierto a aspirantes que no han sufrido el abuso, si el trabajador afectado puede perder el puesto pese a haber sido utilizado durante años para cubrir una necesidad estructural, si la indemnización no compensa el daño profesional y personal acumulado, Europa considera que la respuesta puede ser insuficiente. La reparación no puede ser una tómbola con formulario electrónico y temario actualizado.

La CGT ha celebrado la sentencia madrileña precisamente por eso: porque no se limita a constatar una irregularidad, sino que impone una consecuencia concreta. En la práctica, la batalla jurídica de los interinos se está desplazando desde el “reconózcanme que esto fue abusivo” hacia el “repárenme de forma real”. Y esa transición cambia el tono. Ya no basta con admitir que el sistema se pasó de frenada. Hay que decidir quién paga el golpe, cómo se repara y qué ocurre con quienes fueron cesados tras años de servicio.

El choque con la Constitución que España no ha resuelto

El gran nudo español sigue siendo el mismo: cómo sancionar el abuso de temporalidad sin vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Es una tensión real, no un capricho de juristas aburridos. Si se convierte automáticamente en fijo a todo trabajador temporal abusado, algunos sostienen que se estaría permitiendo el acceso estable a la función pública sin proceso competitivo. Si no se hace nada, la Administración puede abusar durante años y luego lavarse las manos con una indemnización modesta. Entre esos dos extremos se ha movido España durante demasiado tiempo, como quien intenta aparcar un camión en una calle estrecha.

El TJUE no niega la importancia de los principios constitucionales españoles, pero exige que el ordenamiento nacional encuentre una respuesta efectiva. Traducido: Europa no le dice a España que ignore su Constitución, pero sí le dice que no la use como biombo para perpetuar la precariedad. La legalidad europea obliga a sancionar el abuso, y esa sanción tiene que tener dientes. De lo contrario, la Directiva sobre trabajo de duración determinada se queda en papel timbrado, muy solemne, muy europeo, pero sin impacto real en la vida de la gente.

Aquí aparece una paradoja bastante española. La Administración exige a los ciudadanos cumplir plazos, formularios, tasas, requisitos, certificados, méritos, compulsas y declaraciones responsables. Pero cuando es ella quien acumula temporalidad durante veinte años, pide comprensión institucional. Hay sarcasmos que se escriben solos. El ciudadano llega tarde un día y pierde una ayuda; la Administración llega tarde dos décadas y pretende que se le reconozca la complejidad del sistema. El derecho europeo ha venido a recordar que la complejidad no puede ser una excusa permanente.

El Tribunal Supremo tendrá un papel clave en la consolidación de la doctrina. También los tribunales superiores autonómicos y los juzgados de lo social y contencioso, según el tipo de relación del trabajador afectado. La respuesta no será uniforme de la noche a la mañana. Habrá resoluciones distintas, recursos, matices, resistencias, interpretaciones prudentes y otras más audaces. Pero el clima ya no es el mismo. Después del fallo europeo, cada sentencia que reconozca una readmisión o una reparación reforzada será observada como una señal. Y cada negativa, también.

Qué pueden esperar los interinos que están en los tribunales

Para los interinos que ya han demandado, la sentencia europea y las primeras resoluciones españolas abren una expectativa seria, aunque no una garantía automática. El dato de los 30.000 procedimientos judiciales muestra que hay una bolsa importante de trabajadores que no ha querido esperar a que la política arregle lo que la política fue aplazando. En esos procesos, los abogados previsiblemente insistirán en que la figura del indefinido no fijo no basta, que las indemnizaciones tasadas son insuficientes y que los procesos de estabilización no reparan por sí solos el abuso sufrido. El argumento europeo entra ahora en las demandas como una llave nueva en una cerradura vieja.

Pero cada caso tendrá su anatomía. No es lo mismo una persona que ha encadenado nombramientos durante tres años que otra que lleva veinte. No es igual haber ocupado siempre el mismo puesto estructural que haber pasado por sustituciones reales. Tampoco pesa igual haber sido cesado, haber obtenido una plaza en estabilización, seguir trabajando o reclamar una indemnización por daños. La justicia no debería funcionar como una máquina de café: se mete una moneda, sale una fijeza. Y menos en empleo público. Pero sí puede empezar a construir criterios más claros para separar la temporalidad legítima del abuso administrativo.

También habrá una discusión intensa sobre el alcance de la readmisión. En la sentencia madrileña, la trabajadora es readmitida como indefinida, sin adquirir la condición de funcionaria de carrera. Esa fórmula intenta equilibrar dos exigencias: reparar el abuso y respetar el marco constitucional de acceso al empleo público. Para algunos colectivos de interinos, será insuficiente; para algunas administraciones, excesiva; para muchos jueces, quizá el punto de equilibrio menos malo. La batalla no ha terminado: simplemente ha cambiado de fase.

Los procesos de estabilización tampoco desaparecen del mapa. España seguirá necesitando ordenar sus plantillas, reducir temporalidad y convocar plazas. Lo que cambia es que esos procesos ya no pueden presentarse como bálsamo universal. Si una persona ha sido abusada durante años, competir en igualdad formal con aspirantes que no han sufrido ese abuso puede no ser una reparación suficiente. La igualdad, cuando llega tarde, a veces necesita mirar el camino recorrido. No para regalar nada. Para no fingir que todos salieron desde la misma línea.

Una factura política y administrativa de muchos años

El abuso de temporalidad en el sector público no nació ayer ni pertenece a un único partido, una comunidad autónoma o un ministerio concreto. Es una herencia larga, transversal, pegajosa. Durante años, muchas administraciones encontraron en la interinidad una forma flexible, barata y políticamente cómoda de cubrir necesidades sin afrontar plantillas reales, convocatorias regulares o planificación seria. Se parcheaba. Se prorrogaba. Se miraba hacia otro lado. El servicio salía adelante gracias a trabajadores que, en demasiados casos, vivían en una estabilidad de mentira.

La ironía es que el empleo público, imaginado socialmente como refugio de seguridad, ha producido una de las grandes bolsas de precariedad laboral del país. No la precariedad de la plataforma digital o del contrato de fin de semana, sino otra más silenciosa, con sello oficial, mesa de oficina, correo corporativo y nómina de la Administración. La precariedad con membrete público tiene un punto especialmente incómodo, porque el Estado no puede predicar derechos laborales en voz alta y practicar temporalidad abusiva en voz baja.

También hay un coste para los servicios públicos. Un trabajador que vive pendiente de si seguirá o no seguirá no trabaja en el mismo clima que alguien con horizonte estable. La incertidumbre desgasta, reduce incentivos, complica proyectos y empobrece equipos. En sanidad, educación, justicia, investigación o servicios sociales, la estabilidad no es solo una reivindicación laboral; es una condición para que el conocimiento no se vaya por el desagüe cada vez que cambia una convocatoria. La Administración pierde memoria cuando trata a su personal como material provisional.

El fallo europeo y las primeras sentencias españolas colocan ahora a los gobiernos ante una disyuntiva poco cómoda. Pueden seguir recurriendo caso por caso, confiando en que el tiempo fatigue a los trabajadores y enfríe el conflicto. O pueden asumir que el modelo necesita una respuesta legislativa y administrativa más limpia. Lo primero prolonga la incertidumbre. Lo segundo exige dinero, planificación y valentía política, tres materiales que no siempre abundan en el almacén público.

El nuevo escenario: más demandas, más presión y menos escapatorias

La sentencia madrileña puede animar a más interinos a reclamar. También puede endurecer la posición de quienes ya están litigando. Cuando una puerta judicial se abre, aunque sea una rendija, miles de personas empiezan a mirar hacia ella. No por capricho, sino porque llevan años escuchando que su situación era excepcional mientras la excepción se repetía en todas partes. El precedente no convierte automáticamente en fijos a todos los interinos, pero cambia el cálculo de riesgo para la Administración.

Hasta ahora, algunas administraciones podían pensar que el coste del abuso era asumible. Una indemnización limitada, una sentencia tardía, un recurso más, un trabajador agotado. Esa aritmética se vuelve menos cómoda si los juzgados empiezan a ordenar readmisiones o reconocimientos indefinidos. El abuso deja de ser un mal menor y se convierte en una contingencia jurídica seria. Y cuando la contingencia jurídica se multiplica por miles de procedimientos, acaba oliendo a problema presupuestario.

El debate público, sin embargo, tendrá que evitar una trampa: enfrentar a interinos y opositores como si fueran enemigos naturales. No lo son. Quien prepara una oposición tiene derecho a procesos limpios, previsibles y basados en mérito. Quien lleva veinte años trabajando para la Administración tiene derecho a no ser tratado como un mueble alquilado. La solución no puede consistir en sacrificar a unos para tranquilizar a otros. El verdadero responsable del laberinto no es el trabajador que reclama ni el aspirante que estudia, sino la Administración que dejó crecer el problema hasta hacerlo monstruoso.

España necesita una doctrina clara, una legislación coherente y una gestión de personal menos adicta al parche. La sentencia europea no resuelve por sí sola todo el conflicto, pero estrecha el margen para seguir jugando a la ambigüedad. La figura del indefinido no fijo, durante años útil para salir del paso, ha quedado tocada. No muerta del todo, quizá, pero sí cuestionada en su capacidad para reparar el daño. Y cuando una figura jurídica empieza a parecer más un escondite que una solución, los tribunales acaban encendiendo la luz.

Cuando lo temporal dura media vida

La noticia importante no es solo que una interina vaya a ser readmitida tras casi 20 años de servicio. La noticia de fondo es que los juzgados españoles empiezan a aplicar con consecuencias reales una doctrina europea que exige reparar el abuso de temporalidad en el empleo público. No hay una fijeza automática para todos, no hay barra libre, no hay abolición de las oposiciones. Hay algo más serio y menos teatral: la constatación de que la Administración no puede construir servicios permanentes con trabajadores eternamente provisionales y luego despedirlos como si hubieran pasado por allí una temporada.

Durante años, España ha llamado temporal a lo estructural, excepcional a lo repetido, flexible a lo precario. Ahora los tribunales empiezan a ponerle otro nombre. Y los nombres importan, sobre todo cuando detrás hay vidas laborales enteras, hipotecas, carreras congeladas, oposiciones encadenadas, años que no vuelven. La justicia europea no ha abierto una puerta cómoda; ha abierto una puerta necesaria. Detrás de ella hay un millón de interinos mirando, 30.000 demandas avanzando y una Administración que ya no puede fingir que el problema cabe debajo de una alfombra.