¿Qué cambia Junts en su ley de inmigración y por qué Podemos la veta?

Junts per Catalunya ha vuelto a registrar este miércoles, 26 de agosto de 2026, en el Congreso su proposición para delegar a la Generalitat competencias estatales en materia de inmigración. El movimiento intenta resucitar una ley que naufragó en septiembre de 2025 y llega con una modificación muy concreta: desaparece buena parte del preámbulo que Podemos había calificado de racista. El corazón normativo, sin embargo, apenas se toca.

Y ahí está precisamente el problema. Podemos mantiene su rechazo porque sostiene que su discrepancia nunca se limitó a unas frases de la exposición de motivos. Ione Belarra considera que el texto conserva una visión de la inmigración ligada al control policial y a la Ley de Extranjería, con competencias sobre expulsiones, centros de internamiento y actuaciones de seguridad. Junts ha quitado del escaparate aquello que molestaba; Podemos responde que la mercancía del interior sigue siendo la misma.

Junts cambia el preámbulo, pero mantiene la ley

La nueva iniciativa tiene una curiosidad política nada menor. La propuesta que llegó al Congreso en marzo de 2025 estaba firmada conjuntamente por PSOE y Junts. La presentada ahora lleva únicamente la firma del partido de Carles Puigdemont, aunque Míriam Nogueras da por supuesto que los socialistas deberían respaldarla porque el articulado procede esencialmente de aquel acuerdo.

El retoque se concentra en la introducción. El texto anterior hablaba de la necesidad de evitar efectos de la inmigración que pudieran representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social y defendía la protección de la lengua y la cultura de la sociedad de acogida. Eran algunos de los párrafos que provocaron el rechazo frontal de Podemos.

Junts los elimina ahora y apuesta por una formulación mucho más técnica, centrada en la posibilidad constitucional de delegar competencias estatales. Nogueras ha resumido la operación de una forma bastante diáfana: retirada la parte que Podemos consideraba problemática, a su juicio ya no existen excusas para votar en contra.

Pero la cirugía tiene límites evidentes. La propia portavoz de Junts ha reconocido que el articulado es el mismo. No se trata, pues, de una segunda ley migratoria distinta, sino de una nueva tentativa parlamentaria con un envoltorio menos ideológico. En política, como en las mudanzas, cambiar las cajas no significa necesariamente haber cambiado los muebles.

Qué competencias de inmigración quiere Junts para Cataluña

La proposición es bastante más amplia que una simple transferencia administrativa. El texto anterior —que Junts asegura mantener en lo sustancial— delegaba a Cataluña la ejecución de la normativa estatal sobre autorizaciones de estancia y residencia, incluyendo determinados procedimientos de residencia temporal y de larga duración. También contemplaba competencias sobre contratación colectiva de trabajadores en origen.

La Generalitat podría asumir igualmente importantes facultades dentro del régimen sancionador de extranjería. En determinados supuestos gestionaría procedimientos que pueden acabar en devolución del extranjero y, en otros casos de expulsión, instruiría el procedimiento y formularía la propuesta de resolución, con mecanismos de coordinación con el Estado.

Otro punto especialmente sensible es la gestión de los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, que pasaría de manera integral a la Generalitat en Cataluña: dirección, coordinación, inspección, personal y prestación de servicios sanitarios, sociales, jurídicos, culturales y lingüísticos. Precisamente este aspecto figura entre las objeciones políticas expresadas por Podemos.

Los Mossos ganarían peso en puertos, aeropuertos y fronteras

La proposición también concede a los Mossos d’Esquadra un papel mucho mayor. La policía catalana asumiría funciones de seguridad ciudadana y prevención e investigación de delitos en puertos y aeropuertos, incluidas sus zonas de servicio e infraestructuras críticas.

En materia de acceso al espacio Schengen, el texto prevé la participación de los Mossos en puestos habilitados de puertos y aeropuertos, junto con Policía Nacional y Guardia Civil, para ejercer determinadas facultades relacionadas con la devolución de extranjeros. La coordinación quedaría encauzada mediante la Junta de Seguridad de Cataluña.

También se delegaría la emisión de tarjetas identificativas de extranjeros autorizados a residir, estudiar o trabajar en Cataluña y se atribuirían a los Mossos funciones en la prevención y persecución de la trata y explotación de seres humanos, así como en la protección de sus víctimas. El proyecto contempla que la plantilla de la policía autonómica alcance 26.800 efectivos en 2032.

Por qué Podemos sigue diciendo no

El conflicto ha cambiado de sitio. Hace un año parecía concentrarse en el lenguaje empleado por PSOE y Junts para justificar la transferencia. Ahora Podemos deja claro que discute también el fondo.

Belarra sostiene que delegar esas atribuciones sin modificar previamente el modelo español de extranjería supondría trasladar a Cataluña mecanismos que su formación considera discriminatorios. Ha cuestionado expresamente los CIE, las identificaciones policiales por perfil étnico y el enfoque de seguridad aplicado a la inmigración. Podemos reclama garantías de que la transferencia no provoque más controles policiales sobre personas racializadas y rechaza vincularla a un incremento de efectivos de los Mossos.

La secretaria general de Podemos ha señalado, además, que conoció esta nueva iniciativa por los medios y ha interpretado esa circunstancia como una muestra de que Junts pretendía ejercer presión política más que abrir una negociación previa. También admitió que todavía no había leído íntegramente la nueva versión cuando compareció ante los periodistas, una precisión relevante al valorar el alcance de sus primeras declaraciones.

Meses atrás se había abierto una rendija. En enero de 2026, tras el acuerdo con el Gobierno para una regularización extraordinaria de inmigrantes, Irene Montero aseguró que Podemos podía volver a negociar el traspaso. Aquella apertura no equivalía a un cheque en blanco, y la reacción de este miércoles lo confirma.

La votación que tumbó el primer intento

El precedente explica por qué cada palabra —y cada diputado— cuenta. La primera proposición fue registrada conjuntamente por PSOE y Junts el 4 de marzo de 2025 y llegó finalmente a votación en el Congreso el 23 de septiembre de 2025. No superó siquiera la toma en consideración: obtuvo 173 votos a favor y 177 en contra, sin abstenciones.

Entre los votos negativos estuvieron PP, Vox y Podemos, además de otros diputados que impidieron que el bloque favorable alcanzara la mayoría. Bastaba un pequeño desplazamiento parlamentario para invertir el resultado. Ese detalle aritmético convirtió desde entonces a Podemos en pieza decisiva de la operación.

La nueva maniobra de Junts se entiende desde ahí. Al desaparecer las expresiones que motivaron buena parte de la polémica anterior, el partido independentista intenta colocar la presión sobre Podemos: o acepta ahora el traspaso o tendrá que explicar por qué mantiene el no. Podemos, a su vez, ha hecho exactamente lo contrario y ha ensanchado la discusión: no quiere debatir solamente cómo se presenta la política migratoria, sino qué política se aplica.

Y el PSOE queda en una posición peculiar. El texto original llevaba su firma y fue defendido por el grupo socialista. Junts considera por ello que el Gobierno debería respaldar esta segunda tentativa, aunque la iniciativa de agosto de 2026 se haya registrado esta vez en solitario.

Qué permite realmente la Constitución

El debate contiene una confusión frecuente. La Constitución establece en su artículo 149.1.2 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Eso no significa, sin embargo, que cualquier delegación sea automáticamente imposible.

Junts recurre precisamente al artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado transferir o delegar mediante ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad estatal cuando, por su naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. La Constitución exige también que la norma contemple los medios financieros correspondientes y los mecanismos de control que conserve el Estado.

Por eso la propuesta no plantea, jurídicamente hablando, que Cataluña pase a ser titular originaria de toda la política migratoria española. Propone una delegación de facultades estatales, sometida a reglas de coordinación y control, con traspaso de medios y una distribución concreta de funciones entre ambas administraciones. El alcance exacto de algunas de ellas —sobre todo las relacionadas con fronteras y seguridad— ha sido desde el comienzo uno de los terrenos políticamente más discutidos.

La ley original establecía, por ejemplo, que Estado y Generalitat deberían intercambiar información, permitirse acceso recíproco a determinados ficheros y recurrir a la Comisión Bilateral cuando aparecieran discrepancias. El traspaso de medios debía producirse mediante los mecanismos previstos entre ambas administraciones. No era, por tanto, entregar unas llaves y despedirse: la arquitectura diseñada estaba llena de puertas comunicantes.

La crisis de Ceuta devuelve la inmigración al centro político

Junts recupera su propuesta en un momento especialmente delicado. La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a colocar inmigración, fronteras y acogida en el centro del debate español, mientras el Gobierno prepara cambios en la legislación de extranjería y asilo para adaptarla al Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Nogueras presenta el traspaso como una herramienta para que Cataluña pueda decidir con mayor autonomía sobre sus necesidades migratorias y responder directamente de su gestión. Junts insiste desde hace meses en que la comunidad ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico y que necesita instrumentos propios para regular flujos, integración y servicios públicos. La inmigración también se ha convertido en un terreno incómodo para el independentismo tradicional ante el crecimiento electoral de Aliança Catalana, formación situada mucho más a la derecha en este asunto.

Podemos parte del extremo contrario: teme que descentralizar la gestión sin reformar antes las herramientas de extranjería reproduzca —o intensifique— un modelo policial que rechaza. Son dos discusiones distintas que chocan dentro de la misma ley: quién debe ejercer las competencias y cómo deben ejercerse.

Una palabra menos no significa un desacuerdo menos

La segunda oportunidad de la ley de inmigración de Junts dependerá de algo bastante más complejo que la desaparición de unos párrafos incómodos. El partido de Puigdemont ha realizado una concesión visible a Podemos, pero deliberadamente limitada: suaviza la justificación política y conserva el mecanismo jurídico.

Podemos ha respondido moviendo la frontera del debate hacia el articulado. De ahí que, a 26 de agosto de 2026, el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña continúe sin tener garantizada una mayoría en el Congreso. La propuesta acaba de regresar al tablero y todavía debe recorrer la tramitación parlamentaria.

Lo relevante ya no es saber únicamente qué frase desapareció del preámbulo. La batalla que se abre es bastante más sustancial: si Cataluña debe gestionar autorizaciones de residencia, sanciones, CIE y determinadas funciones fronterizas bajo legislación estatal y, sobre todo, con qué filosofía debe hacerlo. Junts ha limpiado el texto de aquello que Podemos señaló con el dedo. El desacuerdo, por ahora, sigue sentado exactamente en la misma silla.