¿Qué grandes casos vuelven a los tribunales españoles en septiembre?

Septiembre devuelve a los tribunales españoles buena parte de los procedimientos que marcaron la agenda política antes del verano. Y no se trata únicamente de una vuelta simbólica. Lezo, la causa sobre Begoña Gómez, el caso Leire Díez y la investigación de Plus Ultra afrontan movimientos relevantes, aunque cada uno se encuentra en un momento procesal muy distinto.

La actividad empieza incluso antes del acto solemne de apertura del Año Judicial, previsto para el 10 de septiembre en el Tribunal Supremo. El lunes 7 arranca el primer juicio del caso Lezo y ese mismo día comparece ante la Audiencia Nacional uno de los exdirectivos de Plus Ultra. Durante la semana llegarán nuevas declaraciones en la causa Leire y, mientras tanto, el juez Juan Carlos Peinado encara sus últimas semanas en activo con la intención de dejar encaminado el procedimiento contra Begoña Gómez.

No significa que todos esos casos entren inmediatamente en juicio. Ahí conviene separar el ruido de la letra pequeña judicial. Algunas causas llegan por fin al banquillo, otras continúan en instrucción y alguna se encuentra precisamente en el pasillo que conduce de una fase a otra. En Justicia, las palabras importan: investigado, acusado y condenado no son sinónimos, por mucho que a veces el debate político los meta en la misma coctelera.

Septiembre devuelve los grandes casos a los juzgados

El calendario judicial recupera velocidad después del paréntesis de agosto. El acto oficial de apertura del curso tendrá lugar el jueves 10 de septiembre bajo la presidencia del rey Felipe VI en el Tribunal Supremo, pero para entonces varios de los asuntos más sensibles de la política española llevarán días nuevamente en movimiento.

La imagen resulta bastante gráfica: mientras las instituciones preparan discursos solemnes sobre Justicia y Estado de derecho, en los despachos de la Audiencia Nacional vuelven a acumularse declaraciones, informes policiales, movimientos bancarios y piezas separadas. Nada particularmente cinematográfico. Mucho papel, muchas cuentas y algunas acusaciones políticamente explosivas.

El denominador común es que varias investigaciones afectan directa o indirectamente a dirigentes, antiguos responsables públicos o personas vinculadas a los principales partidos. Eso multiplica su repercusión pública, pero no altera una regla elemental: una investigación judicial no equivale a una condena y las acusaciones todavía tendrán que demostrarse en los procedimientos correspondientes.

El caso Lezo llega por primera vez a juicio diez años después

Una de las novedades más claras se produce el lunes 7 de septiembre. La Audiencia Nacional comienza a juzgar una de las piezas del caso Lezo, la investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas al Canal de Isabel II que comenzó en 2016 y sacudió después la política madrileña.

Es el primer juicio del caso Lezo después de una década de investigación. La pieza se centra en la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, una operación en la que se investiga un supuesto sobreprecio de al menos 19 millones de euros.

Aquí aparece una distinción importante. El expresidente madrileño Ignacio González, uno de los nombres históricamente asociados al caso y que permaneció alrededor de seis meses en prisión preventiva durante la investigación, no será acusado en este primer juicio.

Ignacio González tendrá que esperar hasta octubre

Su cita con el banquillo está prevista para el 13 de octubre, cuando comenzará el juicio correspondiente a otra rama de Lezo, relacionada con las presuntas irregularidades en adjudicaciones vinculadas a Canal Golf.

En ese procedimiento González se enfrenta a una petición de seis años de prisión. De modo que septiembre abre por fin la fase de juicios de un caso que durante años fue sinónimo de instrucción interminable, pero el capítulo judicial más directamente relacionado con el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid llegará unas semanas después.

Y esa demora dice bastante del tamaño de estas macrocausas. Una investigación puede convertirse en numerosas piezas, cada una con acusados, delitos y calendarios diferentes. Bajo una sola etiqueta mediática, caso Lezo, caben en realidad varios procedimientos que avanzan a velocidades distintas.

Begoña Gómez, ante el último movimiento del juez Peinado

El caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entra en una fase completamente diferente. No comienza todavía su juicio en septiembre, pero el juez Juan Carlos Peinado pretende dictar el auto de apertura de juicio oral antes de abandonar definitivamente el juzgado.

La fecha pesa. Peinado se jubila oficialmente el 27 de septiembre, cuando alcanza los 72 años, la edad máxima para continuar ejerciendo. Su intención es completar antes ese paso procesal y dejar la causa en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.

La instrucción comenzó el 16 de abril de 2024 y ha atravesado numerosos recursos y correcciones procesales. La Audiencia Provincial decidió en julio que Gómez deberá enfrentarse a un juicio con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Su asesora, Cristina Álvarez, lo hará por presunta malversación.

El tribunal dejó fuera de este procedimiento otros delitos que había contemplado inicialmente el instructor y separó la investigación relativa al empresario Juan Carlos Barrabés. Después de aquella resolución fue necesario retroceder procesalmente varios meses y rehacer parte del camino. De ahí que el juicio oral todavía no esté formalmente abierto.

El juicio se celebraría previsiblemente en 2027

Las partes han presentado nuevamente sus posiciones. La defensa de Begoña Gómez solicita su absolución, al igual que Cristina Álvarez, mientras que la Fiscalía mantiene que los hechos investigados no constituyen delito. La acusación popular liderada por Hazte Oír reclama actualmente 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez.

Antes de dictar la apertura definitiva de juicio debe celebrarse una audiencia preliminar en la que las partes exponen sus respectivas posiciones. Después, si Peinado cumple el calendario previsto, el procedimiento pasará a la Audiencia Provincial.

Eso no significa que el juicio comience inmediatamente. La previsión es que pueda celebrarse en 2027, pero no existe todavía una fecha concreta. La sección penal competente tendrá que determinarse por reparto y después habrá que resolver cuestiones relativas a testigos, peritos y pruebas.

La Universidad Complutense de Madrid reclama, además, más de 113.000 euros de responsabilidad civil relacionados con el software desarrollado para la cátedra que codirigió Gómez. Septiembre, por tanto, puede marcar el final de la instrucción de Peinado. No el comienzo del juicio propiamente dicho.

El caso Leire vuelve con nuevas declaraciones en la Audiencia Nacional

Otra investigación que recupera intensidad es el denominado caso Leire, que examina presuntas maniobras destinadas a perjudicar o neutralizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene citada como investigada el miércoles 9 de septiembre a Ana María Fuentes, gerente del PSOE. La investigación analiza, entre otras cuestiones, determinadas notas de encargo que habrían servido para justificar pagos realizados a abogados y que el instructor sospecha que podrían estar relacionados con retribuciones a Leire Díez o a terceros.

Ese mismo día está prevista también la declaración del abogado Ismael Oliver, vinculado a pagos que están siendo examinados dentro de la causa.

Un día después, el 10 de septiembre, deberá comparecer como investigado Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil. Su citación está relacionada con las presuntas presiones denunciadas dentro del cuerpo en torno a investigaciones sensibles, entre ellas la que afectó al hermano del presidente del Gobierno.

La causa ha adquirido dimensiones considerables. El juez encargó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analizar movimientos correspondientes a 81 cuentas bancarias, incluidas varias vinculadas al PSOE, y el procedimiento ronda ya las cuatro decenas de investigados.

También figuran dentro de las distintas ramificaciones nombres como Santos Cerdán o Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos.

La hipótesis que manejan los investigadores es especialmente grave: la existencia de una estructura organizada para intentar desacreditar investigadores, conseguir información o interferir en procedimientos judiciales. Es, de momento, una hipótesis sometida a investigación, no un hecho declarado probado por un tribunal.

Plus Ultra reactiva la investigación que afecta a Zapatero

La Audiencia Nacional también recupera esta semana otra causa de enorme impacto político: la investigación relacionada con el préstamo público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021 y en la que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El lunes 7 comparece como investigado Julio Martínez Sola, expresidente de la aerolínea, y el martes 8 será el turno de Roberto Roselli, antiguo director ejecutivo de Plus Ultra.

Ambos dejaron sus cargos después de ser citados y habían remitido previamente escritos al juez José Luis Calama en los que señalaron a Zapatero y a su amigo Julio Martínez Martínez en relación con las gestiones realizadas para conseguir financiación pública para la compañía.

Uno de los elementos bajo la lupa es una remuneración equivalente al 1 % de los 53 millones, unos 530.000 euros, relacionada con labores de intermediación o acompañamiento. Los antiguos responsables de Plus Ultra han detallado pagos efectuados a diversas sociedades y ahora deberán ratificar o explicar judicialmente lo que ya pusieron por escrito.

Las declaraciones resultan relevantes porque pueden reforzar, matizar o contradecir una parte importante de la hipótesis investigadora. En los tribunales, una afirmación escrita tiene valor; sostenerla delante del juez, sometido a preguntas de las partes, es otra cosa.

Las cuentas y las joyas mantienen abierta la investigación

El procedimiento está lejos de agotarse. La UDEF analiza cuentas relacionadas con Zapatero, sus hijas y su secretaria, y el magistrado rechazó el 4 de septiembre el intento del expresidente de anular la causa por supuestas vulneraciones de sus derechos.

En paralelo existe una pieza relacionada con las joyas valoradas provisionalmente en unos 1,3 millones de euros encontradas durante el registro de su oficina. El juez amplió esa investigación a posibles delitos fiscales y de contrabando mientras se trata de determinar su procedencia.

Zapatero ha negado las irregularidades que se le atribuyen y ha defendido la legalidad de sus actividades profesionales. La instrucción deberá establecer si los indicios reunidos permiten sostener una acusación o si, por el contrario, alguna de las líneas abiertas termina archivándose.

De la amnistía a Kitchen: septiembre tiene más frentes abiertos

Los cuatro casos anteriores concentran buena parte de la atención inmediata, pero el curso judicial comienza con bastantes más carpetas sobre las mesas. El Tribunal Constitucional tiene previsto estudiar el 22 de septiembre el recurso del exconseller Jordi Turull contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación.

La resolución puede resultar especialmente relevante para el posterior recurso de Carles Puigdemont, cuyo eventual regreso a España está condicionado por el tratamiento judicial de esa cuestión.

En la Audiencia Nacional continúa además pendiente la sentencia del caso Kitchen, la supuesta operación para obtener documentación que pudiera comprometer al PP mediante el espionaje al extesorero Luis Bárcenas. Entre los acusados figura el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

También aguarda sentencia el procedimiento sobre la fortuna de la familia Pujol, mientras que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, continúa pendiente de fecha de juicio por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros. Las previsiones apuntan en su caso a 2027, al tiempo que otra investigación examina sus relaciones empresariales con Quirón Prevención.

A todo ello se suman investigaciones sobre los pagos en efectivo del PSOE, una pieza separada del caso Koldo, el rastreo de cuentas relacionado con Santos Cerdán y otras causas que permanecieron relativamente silenciosas durante agosto. Silenciosas, que no paradas.

Un otoño judicial donde cada fecha puede cambiar el tablero

La vuelta de los tribunales no significa que septiembre vaya a producir inmediatamente condenas o absoluciones en todos estos procedimientos. Significa algo menos espectacular y, judicialmente, bastante más importante: vuelven las declaraciones, los autos, los informes policiales y los juicios que pueden determinar qué acusaciones avanzan y cuáles se desinflan.

Lezo es el caso más evidente porque, diez años después de comenzar la investigación, una de sus piezas llega finalmente ante un tribunal. Begoña Gómez se aproxima a la apertura formal del juicio oral. El caso Leire entra en otra semana decisiva de interrogatorios y rastreo económico. Plus Ultra coloca delante del juez a dos antiguos responsables de la compañía cuyas declaraciones pueden influir directamente en la investigación sobre Zapatero.

Septiembre empieza, pues, con los juzgados bastante lejos de la modorra. La política española vuelve a mirar hacia los tribunales, aunque conviene recordar la diferencia entre mirar hacia un banquillo y escuchar una sentencia. Entre ambas cosas suele haber meses, años y, como enseña Lezo, alguna que otra década.