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¿Por qué Rufián señala a Junts ante los dos decretos de vivienda?

Rufián eleva la presión sobre Junts antes de la votación de los decretos de vivienda, con los contratos de alquiler en el centro del choque.

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Rufián señala a Junts

Resumen

  • Rufián señala a Junts ante la votación de los dos decretos de vivienda
  • El segundo texto refuerza la estabilidad de los contratos de alquiler
  • Junts cuestiona las medidas y mantiene abierta la batalla parlamentaria

Gabriel Rufián ha vuelto a colocar a Junts y la vivienda en el centro de su discurso político. El portavoz de ERC considera que la formación de Carles Puigdemont puede resultar decisiva en la votación de los dos decretos aprobados por el Gobierno y ha elevado el tono ante la posibilidad de que uno de ellos, especialmente el que refuerza la continuidad de los contratos de alquiler, no consiga superar el Congreso.

La situación ha cambiado bastante en apenas unas horas. Los dos textos ya están publicados: el segundo apareció este jueves 1 de octubre en el BOE, y ambos deben someterse a convalidación en un pleno extraordinario del Congreso previsto para el viernes. Rufián lleva días señalando que el paquete podía acabar dividido entre un decreto con posibilidades de salir adelante y otro mucho más expuesto al rechazo parlamentario.

Rufián eleva la presión sobre Junts antes de la votación

El choque entre ERC y Junts no nació esta semana, claro. Pero la crisis de la vivienda le ha puesto gasolina.

Rufián ya había acusado a Junts de condicionar la política de vivienda del Gobierno y ha elevado sus críticas ante la posibilidad de que la formación independentista rechace el decreto relativo a la renovación de los alquileres. Sus palabras se han endurecido a medida que se aproxima la votación y el dirigente de ERC ha recuperado incluso la expresión “carcasa vacía” para referirse a Junts.

No es solo una pelea retórica entre dos partidos que compiten por buena parte del mismo electorado catalán. Detrás está una discrepancia bastante concreta sobre quién debe soportar el coste de la crisis residencial, qué protección corresponde al pequeño propietario y hasta dónde puede intervenir el Estado en los contratos de alquiler.

Junts aseguró el miércoles estar “decepcionado y preocupado” por los textos y evitó anunciar formalmente el sentido de su voto. Míriam Nogueras sostuvo que las normas no cumplían suficientemente los dos objetivos que su partido había puesto sobre la mesa: proteger a las familias y frenar la actividad de los fondos de inversión.

Rufián contempla el asunto desde el otro lado del cristal. Para ERC, el peligro está en que las cautelas hacia los propietarios terminen diluyendo la protección del inquilino. Esa diferencia explica buena parte del ruido. Y aquí el ruido ya es considerable.

Qué contienen realmente los dos decretos de vivienda

El primer texto, el Real Decreto-ley 26/2026, entró en vigor este 1 de octubre y contiene buena parte del paquete general diseñado por el Ejecutivo. Regula los alquileres temporales y por habitaciones, introduce nuevas protecciones frente a determinados desahucios, modifica incentivos fiscales y establece restricciones temporales sobre ciertas adquisiciones de vivienda realizadas por entidades dedicadas a comprar inmuebles.

Una de las medidas más llamativas limita hasta el 31 de diciembre de 2028 determinadas compras de viviendas efectuadas por entidades cuando el precio sea inferior al 70 % de su valor de tasación. Hay excepciones, entre ellas operaciones destinadas a vivienda habitual asequible o social.

El texto también prolonga mecanismos de protección para personas vulnerables sin alternativa habitacional y modifica las reglas de los alquileres de temporada. En estos últimos, el propietario deberá justificar la causa que explique el carácter temporal del contrato. Para las habitaciones, la suma de las rentas cobradas no podrá utilizarse simplemente como una vía lateral para superar las limitaciones aplicables al alquiler de la vivienda completa.

Hay también medidas fiscales, vivienda protegida y financiación para la compra de primera residencia. Es un decreto amplio, casi un cajón con distintas herramientas. Eso explica que las posiciones de los partidos no puedan resumirse limpiamente en un simple sí o no a una única política.

El segundo decreto toca el nervio de los contratos de alquiler

El auténtico foco de fricción está en el Real Decreto-ley 27/2026, publicado este jueves. Es mucho más breve, pero toca una cuestión explosiva: cuánto puede permanecer un inquilino en su vivienda cuando termina el periodo inicialmente previsto en el contrato.

La nueva redacción establece que, después de los primeros cinco años de contrato —siete cuando el propietario sea una persona jurídica—, si ninguna de las partes comunica su voluntad de terminarlo dentro de los plazos establecidos, el alquiler podrá prorrogarse por periodos sucesivos de cinco o siete años, respectivamente. El preaviso del propietario pasa a ser de seis meses; para el inquilino, de dos.

Y aparece otra novedad de considerable calado. Si el propietario comunica válidamente que no quiere continuar el contrato, deberá, con carácter general, indemnizar al inquilino, salvo las excepciones contempladas por la norma.

La compensación equivale al menos a doce mensualidades de la renta de una vivienda similar y nunca puede quedar por debajo de una mensualidad por cada año que el arrendatario haya vivido allí. No se aplicará en determinados supuestos contemplados expresamente en la regulación, como algunas necesidades de recuperación de la vivienda por parte del propietario.

No es un detalle técnico perdido en unas páginas del BOE. Cambia bastante el equilibrio del contrato y ayuda a entender por qué este segundo decreto concentra buena parte del enfrentamiento político.

ERC y Junts chocan por dos maneras distintas de mirar la vivienda

Rufián lleva tiempo defendiendo una intervención más intensa sobre el mercado residencial y acusando al PSOE de haber sido demasiado prudente cuando tenía que escoger entre proteger al inquilino y preservar los intereses de los grandes propietarios. Ahora dirige una parte sustancial de la presión hacia Junts.

Junts plantea otro enfoque. La formación de Puigdemont ha defendido medidas contra los fondos de inversión, pero también insiste en proteger al propietario particular, especialmente cuando la falta de pago o determinadas obligaciones ligadas al alquiler pueden trasladarle un coste que, según su posición política, debería asumir la Administración. Días antes de aprobarse los decretos, Nogueras reclamaba un acuerdo entre los partidos y defendía medidas específicas para los pequeños propietarios.

Ahí está la grieta. ERC teme que esa protección pueda acabar debilitando los derechos del arrendatario; Junts sostiene que una legislación que ignore al propietario pequeño tampoco resuelve el problema.

El mercado inmobiliario español cabe mal en las consignas. En la misma calle pueden convivir un fondo propietario de decenas de pisos, una familia que complementa sus ingresos alquilando una vivienda heredada y un joven que dedica medio sueldo a una habitación. Meter a los tres en la misma caja política queda estupendo durante veinte segundos de televisión. La realidad, más antipática, se resiste.

El voto de Junts gana peso en la aritmética del Congreso

La presión parlamentaria sobre Junts ha aumentado porque el Gobierno necesita construir una mayoría para cada uno de los dos decretos. Los textos se votan por separado y las posiciones de los grupos no son idénticas ante las distintas medidas.

ERC llega al debate con una posición peculiar. Oriol Junqueras confirmó el apoyo de su partido a los dos decretos pese a considerarlos “claramente insuficientes”, mientras Rufián advirtió después de que el grupo parlamentario revisaría los textos “hasta la última coma” y afirmó que las propuestas del PSOE debían examinarse “a contraluz”.

Podemos, que había criticado duramente la decisión del Gobierno de dividir las medidas en dos normas, terminó inclinándose por respaldarlas después de que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas reclamara su convalidación. La formación había condicionado buena parte de su posición al criterio de este movimiento.

Eso estrecha el tablero. Los votos de Junts, junto con la posición de otros grupos, adquieren un peso evidente. No significa que todas las formaciones que puedan votar favorablemente compartan el diagnóstico ni el diseño de las normas. Precisamente ocurre lo contrario: el paquete llega al Congreso cosido con apoyos potenciales procedentes de argumentos bastante diferentes.

La aparente contradicción dentro de ERC también retrata bien el momento. Se puede considerar que una norma es insuficiente, anunciar el respaldo político general y, al mismo tiempo, examinar con recelo la letra exacta antes de la votación. En el Congreso, una coma puede ser literatura. O puede costar varios votos.

La vivienda convierte cada voto en una declaración política

La pelea entre Gabriel Rufián y Junts es, al final, una expresión de algo bastante mayor. La vivienda se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de la legislatura porque atraviesa generaciones, rentas y territorios, y porque cualquier cambio en las reglas reparte costes de manera inmediata entre inquilinos, propietarios, empresas y administraciones.

Los dos decretos llegan al Congreso con efectos muy concretos: nuevas reglas para alquileres temporales, protección frente a determinados desahucios, restricciones sobre operaciones inmobiliarias y, sobre todo, un régimen mucho más estable de renovación de los contratos de alquiler. Desde este 1 de octubre hay dos normas publicadas que necesitan superar su convalidación parlamentaria para mantenerse.

Rufián ha decidido colocar a Junts bajo el foco precisamente por eso. La discusión catalana entre ERC y los de Puigdemont se cruza con una cuestión que desborda Cataluña: quién debe asumir el riesgo económico cuando alquilar una vivienda se vuelve cada vez más caro y conservarla, también, más conflictivo.

Una votación que aterriza directamente en los contratos

Cuando el Congreso vote, desaparecerá buena parte de la retórica acumulada durante estos días. Quedará algo bastante más sencillo y verificable: qué decreto sigue en vigor, cuál decae y qué reglas tendrán realmente inquilinos y propietarios.

Ese es el terreno sobre el que Rufián está presionando a Junts. No se trata únicamente de otro episodio de la competencia entre dos fuerzas independentistas catalanas, sino de una votación cuyos efectos pueden llegar hasta el contrato guardado en un cajón, la renta mensual que sale de una cuenta corriente o la decisión de un propietario sobre qué hacer con su vivienda. En política la discusión suele empezar arriba, entre focos y micrófonos; con la vivienda, casi siempre termina mucho más abajo, delante de una puerta y con unas llaves en la mano.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.