Economía
¿Qué hacen los fondos israelíes con edificios y alquileres en España?
Edificios con inquilinos, reformas, subidas de renta y ventas: así opera parte del capital israelí presente en el mercado residencial español.

Resumen
- Sociedades vinculadas a capital israelí compran edificios con inquilinos
- Las reformas y subidas de renta han provocado conflictos vecinales
- VBARE cambió de control, mientras Galil y Nadlan siguen activas en España
El fenómeno existe, aunque necesita una precisión importante antes de convertirlo en eslogan. Sociedades inmobiliarias vinculadas a capital israelí han adquirido edificios y viviendas en España, algunas veces con inquilinos dentro, para rehabilitarlos, gestionar el alquiler y elevar la rentabilidad. El informe que ha vuelto a colocar el asunto en primer plano documenta casos en Madrid, Barcelona y València en los que organizaciones vecinales denunciaron subidas fuertes de renta, desahucios o salidas de antiguos residentes.
Pero no todas las compañías citadas mantienen en 2026 la misma propiedad, cartera ni estructura accionarial que tenían cuando fueron investigadas. Ahí está uno de los matices esenciales. Galil Capital sigue operando con una mayoría accionarial ligada al empresario israelí Gil Avraham Shwed; Nadlan Spain continúa promocionando inversiones residenciales en ciudades españolas. En cambio, VBARE cambió de control a finales de 2024: Singular Prime Investment pasó a poseer alrededor del 98% de la SOCIMI. Presentarla sin más como un fondo israelí actual sería quedarse con una fotografía vieja.
El estudio de NOVACT, SUDS y el Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània fue publicado originalmente en septiembre de 2024, aunque este 28 de septiembre de 2026 ha regresado a la conversación pública. Su interés no está únicamente en quién posee determinados inmuebles, sino en el modelo de negocio que describe: comprar edificios, en ocasiones habitados, reformarlos y tratar de extraer una rentabilidad superior.
Edificios con inquilinos: dónde está el negocio
El patrón descrito por la investigación es bastante reconocible en el mercado inmobiliario. Comprar un edificio completo permite actuar sobre muchas viviendas a la vez, rehabilitar el activo, reorganizar contratos, vender unidades individualmente o buscar rentas más altas. No hay nada ilegal por definición en ese modelo. La controversia aparece cuando la revalorización del inmueble choca con la permanencia de quienes ya viven allí.
El informe sostiene que varias de las sociedades estudiadas encontraron precisamente ese nicho: inmuebles con arrendatarios, margen de reforma y potencial de revalorización. El documento describe esta mecánica como una característica repetida en determinados casos, no como una conducta idéntica de todas las empresas ni de todos sus activos.
El matiz jurídico importa. Un desahucio judicial, una no renovación contractual, una subida de renta permitida por la normativa y la marcha de un vecino incapaz de asumir el nuevo alquiler son situaciones distintas, aunque para quien abandona su casa el resultado pueda terminar pareciéndose bastante: las llaves cambian de manos y el barrio, poco a poco, también.
El informe habla en este contexto de expulsiones visibles e “invisibles”. No significa que toda rehabilitación termine con un inquilino fuera, sino que la búsqueda de mayor rentabilidad inmobiliaria puede generar una presión económica suficiente para transformar la composición de un edificio sin que cada salida desemboque necesariamente ante un juez.
Galil Capital, el caso que sigue plenamente activo
Galil Capital RE Spain SOCIMI proporciona uno de los ejemplos más claros porque continúa operando y publicando información financiera en España. La compañía está especializada en activos residenciales de Madrid y Barcelona y mantiene su cotización en BME Scaleup. A 31 de diciembre de 2025, Gil Avraham Shwed poseía el 59,11% del capital social.
Los números de 2026 permiten, además, separar la cartera actual de la descrita hace unos años. Una presentación corporativa de Galil fechada en mayo situaba su patrimonio residencial en 88 viviendas y 14 locales, con 82 viviendas en Barcelona y seis en Madrid. Su cartera barcelonesa incluía inmuebles en calles como Unió, Còrsega, Escorial, Verdi, Navas de Tolosa y Concepción Arenal. La sociedad también mantiene un activo industrial en Nàquera, València.
No es una cartera congelada. Galil había vendido 13 unidades durante 2025 y, hasta comienzos de mayo de 2026, tenía firmados contratos de arras para otras cinco por un importe agregado de 1,44 millones de euros. Hay compra, gestión, división y venta; el ladrillo entra y sale del balance como cualquier otro activo de inversión.
Los conflictos con los inquilinos en Barcelona
El episodio más conflictivo recogido por la investigación se sitúa en Barcelona. El informe atribuye a colectivos vecinales denuncias relacionadas con los edificios de Còrsega 689 y Unió 28. En este último, los activistas afirmaron que algunos alquileres pasaron, por ejemplo, de unos 700 a 1.000 euros durante renovaciones contractuales y denunciaron expulsiones de residentes.
El proyecto inmobiliario contemplaba también la división de determinadas viviendas para aumentar el número de unidades y su rendimiento. Son denuncias recogidas por organizaciones vecinales y por el informe, un detalle que conviene mantener porque una denuncia social, un conflicto contractual y una resolución judicial no son lo mismo.
Nadlan Spain y una cartera repartida entre varias ciudades
Nadlan Spain, con sede en Tel Aviv, aparece igualmente en la investigación por su actividad en edificios residenciales, alojamientos turísticos y otros activos. La compañía mantiene entre sus proyectos una operación que describe la compra, alquiler y venta de más de 350 apartamentos en Barcelona, Madrid y València, con un valor declarado de 52,5 millones de euros.
El informe amplía el radio a Rubí y Sabadell y señala también inversiones en residencias de mayores. Su interés no reside únicamente en el tamaño de la cartera, sino en las conexiones empresariales analizadas por los autores: Nadlan forma parte del entorno empresarial de la familia Livnat, y el documento relaciona a miembros de ese grupo con actividades económicas en asentamientos israelíes de Cisjordania ocupada.
Ese segundo plano —España por un lado, los territorios palestinos ocupados por otro— es, en realidad, una parte central del estudio original. No nació como un informe general sobre los alquileres españoles, sino para investigar las relaciones entre determinadas inversiones inmobiliarias presentes en España y empresas o capitales relacionados, según sus autores, con actividades en los asentamientos israelíes.
VBARE demuestra por qué una noticia de 2024 debe actualizarse
VBARE es quizá el mejor ejemplo de lo fácil que resulta mezclar tiempos distintos. El informe de 2024 describía a VBARE Iberian Properties SOCIMI como una de las compañías relevantes de capital israelí en el mercado residencial español. Su estrategia empresarial se centraba en comprar inmuebles residenciales, reacondicionarlos y alquilarlos en grandes ciudades, con especial presencia en Madrid.
La investigación recordaba dos conflictos especialmente visibles. En un edificio de Vallehermoso 94, en Madrid, colectivos por el derecho a la vivienda denunciaron desde 2020 presiones sobre arrendatarios de rentas bajas y reformas asociadas posteriormente a alquileres superiores.
En Monte Igueldo 10, en Vallecas, la PAH denunció otro conflicto con una residente de larga duración que afrontaba una importante subida de renta. El desahucio terminó ejecutándose en junio de 2023, según la documentación recopilada por los autores del estudio.
Después ocurrió algo decisivo. En diciembre de 2024, Singular Prime Investment SICC II adquirió aproximadamente el 98% de VBARE mediante una operación sobre la compañía. Las cuentas posteriores siguieron reflejando a Singular Prime como propietaria de más del 98% del capital. Por eso, utilizar en septiembre de 2026 la antigua estructura accionarial de VBARE para presentarla como si continuara siendo el mismo vehículo de capital israelí resulta inexacto.
La actividad inmobiliaria tampoco se ha detenido. En agosto de 2026, VBARE comunicó la venta de 27 viviendas y dos locales en Vallehermoso por 10,9 millones de euros, una operación para la que calculaba una plusvalía neta cercana a 3,8 millones. También había otras ventas en marcha en Villaverde. La lógica financiera permanece; lo que ha cambiado es quién controla el vehículo.
Cuánto capital israelí ha entrado en el ladrillo español
La escala exige cuidado. Hablar de “fondos israelíes” como si todos formaran una sola caja fuerte sería engañoso: detrás aparecen SOCIMIs, promotoras, sociedades patrimoniales, inversores particulares y grupos empresariales diferentes, con estrategias y accionistas que pueden cambiar con los años.
Los datos recopilados a partir de registros españoles de inversión exterior sitúan las actividades inmobiliarias con inversión procedente de Israel por encima de 52 millones de euros en 2022, con especial concentración en la Comunidad de Madrid. Para 2024 aparecen alrededor de 3,06 millones en actividades inmobiliarias, mientras que en construcción de edificios se identifican más de 23 millones, principalmente en Madrid.
Durante el primer semestre de 2025 se contabilizaron alrededor de 5,75 millones de euros de inversión israelí en capital y patrimonio dentro de actividades inmobiliarias, repartidos principalmente entre Barcelona y Madrid. Las cifras pueden bailar bastante de un ejercicio al siguiente: una sola operación de cierto tamaño altera el resultado de un mercado de inversión extranjera relativamente reducido.
También conviene distinguir el país inmediato de procedencia del capital de la nacionalidad final de todos los beneficiarios o accionistas. Los registros de inversión exterior son una radiografía financiera, pero no siempre permiten dibujar de un vistazo todo el árbol societario que existe detrás de cada euro.
A ello se suma un cambio metodológico. Las estadísticas españolas de inversión exterior han incorporado nuevas series que contemplan conceptos como capital, financiación intragrupo, reinversión de beneficios e inversión inmobiliaria. Comparar periodos sin tener en cuenta esas diferencias puede producir saltos aparentes en las cifras que no responden únicamente a nuevas compras de edificios.
Qué significa realmente que “colonicen” edificios
La expresión “colonizan edificios” funciona como una metáfora política potente, pero no describe ninguna figura jurídica del mercado inmobiliario español. En España lo que existen son adquisiciones de inmuebles, arrendamientos, rehabilitaciones, compraventas y procedimientos de desahucio sometidos a la legislación española.
El informe utiliza, sin embargo, otro vínculo más concreto: investiga empresas presentes en España cuyos accionistas, matrices o grupos relacionados aparecen conectados, según los autores, con actividades económicas vinculadas a asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Esa relación empresarial es distinta de afirmar que la compra de un bloque de viviendas en Madrid o Barcelona constituya jurídicamente una colonización.
Mezclar las dos dimensiones puede fabricar un titular brillante y una explicación borrosa. La cuestión española es fundamentalmente inmobiliaria: quién compra vivienda, qué estrategia de rentabilidad emplea, qué ocurre con los arrendatarios y cuánto poder acumula un propietario cuando adquiere un bloque completo. La cuestión palestina pertenece al análisis de las conexiones empresariales y financieras de algunos de esos inversores.
Tampoco hay base para trasladar estas prácticas al conjunto de los inversores israelíes. El estudio analiza sociedades y grupos empresariales concretos. Generalizar una conducta empresarial por nacionalidad sería tan poco riguroso como explicar todo el mercado estadounidense a partir de una sola multinacional.
Cuando una vivienda acaba convertida en una cuenta de resultados
Después de limpiar el ruido del titular queda un fenómeno bastante significativo. En España han operado y siguen operando vehículos inmobiliarios vinculados a capital israelí que compran activos residenciales para reformarlos, alquilarlos, dividirlos o venderlos posteriormente con mayor valor. En algunos edificios, organizaciones de inquilinos han documentado o denunciado desahucios, incrementos de renta y conflictos con residentes antiguos.
Galil Capital ofrece todavía en 2026 una muestra tangible de ese modelo; Nadlan mantiene proyectos residenciales en varias ciudades. VBARE, uno de los nombres que más aparecen al recuperar esta historia, dejó de tener en 2024 la estructura accionarial que sustentaba buena parte de aquella caracterización. Galil, mientras tanto, ha ido vendiendo unidades. Las carteras rotan, los accionistas entran y salen y los edificios terminan siendo otra línea en una cuenta de resultados.
Ese movimiento constante es quizá el dato más revelador. Para una familia, un piso puede ser la cocina donde desayuna cada mañana, el ruido del ascensor, una ventana conocida. Para una sociedad inmobiliaria es también un activo con rentabilidad, coste de reforma, valor de salida y plazo de inversión. Cuando un edificio entero pasa de una lógica a la otra, el conflicto entre vivienda y rentabilidad deja de ser una abstracción económica. Tiene portal, vecinos y número de calle.












