Fallo en el cribado del cáncer de mama en Andalucía: que pasó

Fallo en el cribado de mama en Andalucía dejó sin aviso a 2.000 mujeres; explicación, alcance, medidas urgentes, claves clínicas y políticas.

Entre el 1 y el 3 de octubre de 2025, la Junta de Andalucía reconoció un error en su programa de detección precoz del cáncer de mama que obligó a activar un aviso masivo: aproximadamente 2.000 mujeres no habían sido correctamente informadas para completar pruebas de confirmación tras mamografías de cribado con resultados no concluyentes o con hallazgos “probablemente benignos”. La Administración autonómica puso en marcha un circuito preferente y comenzó a llamar individualmente a las afectadas para cerrar diagnósticos, priorizar biopsias cuando proceda y descartar enfermedad en la mayoría, porque en términos clínicos ese tipo de hallazgos rara vez se traduce en un cáncer. Pero el daño, en parte, ya está hecho: hubo retrasos, algunos prolongados, con impacto en decisiones terapéuticas y en la ansiedad de muchas familias.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, pidió disculpas, defendió la continuidad del cribado y descartó dimitir. Sostiene que su obligación es gestionar la crisis, corregir los procedimientos y garantizar que situaciones así no vuelvan a ocurrir. El Gobierno andaluz ha ordenado revisar exploraciones realizadas en los últimos tres años, homogeneizar el registro de resultados dudosos, reforzar la trazabilidad de las llamadas y cartas, y publicar indicadores de seguimiento. Mientras tanto, colectivos de pacientes y oposición parlamentaria reclaman transparencia total, auditorías independientes y responsabilidades políticas si se confirman fallos graves de gestión. La fotografía general es incómoda: un programa que salva vidas ha tenido un lapsus organizativo en una de sus piezas más sensibles, el paso que conecta un informe radiológico con una cita de confirmación.

Qué se sabe del error y a quién afecta

El fallo se concentró en el grupo de mujeres cuyas mamografías no fueron claramente normales ni sospechosas de malignidad, sino no concluyentes o con lesiones probablemente benignas. En lenguaje clínico, se trata de hallazgos que exigen vigilancia o pruebas adicionales en un plazo acotado, porque lo habitual es que no escondan un tumor, pero el estándar es no darlos por cerrados hasta verificarlo. La ruptura se produjo en la cadena de notificación y registro: parte de esas pacientes no recibieron —o no quedaron correctamente registradas— los avisos para completar la segunda vuelta de pruebas (nueva mamografía dirigida, ecografía, eventual biopsia). El resultado práctico fue un agujero en el seguimiento: mujeres que deberían haber vuelto al hospital a los seis meses o al año sencillamente no tenían una cita anotada en el sistema o no fueron localizadas con éxito a tiempo.

La dimensión del problema —ese número redondo de aproximadamente 2.000 casos— no significa 2.000 cánceres. En cribado poblacional, una fracción pequeña de hallazgos “probablemente benignos” deriva en diagnóstico definitivo de malignidad; la mayor parte se confirma como benigno o queda en vigilancia sin cambios. Pero lo que preocupa no es la estadística, sino la seguridad del circuito asistencial. Un programa de cribado funciona como una cadena: invitación por carta o mensaje, cita, exploración, informe, notificación, confirmación si hay dudas y, por último, alta o tratamiento. Si el eslabón de los avisos se debilita, se resiente el conjunto. Y más cuando hablamos de cáncer de mama, una enfermedad en la que los tiempos importan, y mucho.

La afectación geográfica no se ha comunicado con precisión distrito a distrito, aunque el volumen lógico se concentra en las áreas con mayor población. Fuentes hospitalarias se han referido a hospitales de referencia con unidades de mama de alto volumen, y a centros comarcales que dependen de HUBs provinciales para la lectura de las pruebas. La imagen es la de una incidencia transversal, no aislada a un único hospital. Al detectarse el patrón, el Servicio Andaluz de Salud activó un plan de llamadas con personal entrenado para priorizar casos y resolver dudas en el primer contacto, derivando con preferencia a radiodiagnóstico y cirugía de mama.

Cómo funciona el cribado y dónde se rompió

El cribado de cáncer de mama en España se dirige, de forma general, a mujeres de 50 a 69 años, con matices por comunidad autónoma y con extensiones por encima o por debajo de ese rango en programas piloto o según riesgos individuales. El corazón del programa es la mamografía bienal (o anual en determinados escenarios), con lectura doble cuando es posible y un informe estandarizado. En la práctica, los radiólogos clasifican los hallazgos con categorías que ordenan conductas: desde estudios negativos hasta sospechas claras de malignidad. Entremedias, hay un territorio de hallazgos con apariencia probablemente benigna, pero con recomendaciones de control a corto plazo (normalmente seis o doce meses) para confirmar estabilidad. Esa recomendación no es una cortesía: es una instrucción que debe quedar volcada en el sistema y desencadenar una cita futura.

La rotura andaluza se localiza ahí, en la frontera entre el informe y la cita de verificación. Las primeras explicaciones apuntan a una combinación de factores: criterios organizativos que, en algunos centros, delegaban en la paciente la iniciativa de pedir cita para el control si no recibía aviso, y limitaciones tecnológicas en la forma de etiquetar esos informes “no concluyentes” de manera que el sistema lanzara automáticamente una alerta irrenunciable. Una cosa es mandar cartas o SMS; otra, que quede trazabilidad forense —quién llamó, cuándo, si contestó, si se reprogramó— y que, si algo falla, el sistema vuelva a reclamar de forma proactiva. En demasiados expedientes, ese rastro no existía o era insuficiente.

El circuito ideal de ida y vuelta

En un escenario bien aceitado, la mujer llega a su cita bienal, se hace la mamografía y el estudio queda leído por dos radiólogos o, al menos, con un sistema de consenso cuando hay discrepancias. Si el informe es normal, se archiva y se la re-invita en el plazo habitual. Si hay duda razonable, el propio sistema debe generar una cita automática de ampliación de imagen en un plazo corto y, si tras esa ampliación persiste la incertidumbre, agendar control estructurado a seis o doce meses con una etiqueta que no se borre sola.

El hospital contacta por varias vías, deja constancia, y si la paciente no acude o no localiza, entra un protocolo de recaptación activa. Nada de “si no recibe carta, llame”; en salud pública moderna, el onus está en la organización. Ese es el punto que Andalucía está corrigiendo ahora, con medidas de doble garantía para que ninguna recomendación quede al albur de una incidencia informática o de un trámite administrativo.

Impacto clínico real: del tiempo perdido al cambio de estadio

Hablar de impacto clínico exige prudencia caso a caso. Muchas de las mujeres afectadas completarán ahora sus pruebas y quedarán tranquilas, sin enfermedad. Otras, pocas, llegarán con un cáncer que quizá ya estaba en marcha cuando se hizo la mamografía ab initio. El problema —y aquí el matiz es importante— es cuando un retraso evitable ha permitido que un tumor progrese de estadio. En cáncer de mama, pasar de un tumor localizado pequeño a uno mayor, o de ausencia a presencia de afectación ganglionar, cambia la conversación: varía la cirugía necesaria, las indicaciones de quimioterapia o tratamientos biológicos, los pronósticos. No es una línea recta —cada biología tumoral es un mundo—, pero la regla general pesa: diagnosticar antes mejora opciones.

Los testimonios que han empezado a aflorar en Andalucía permiten dibujar el mapa de daños. Hay mujeres que relatan demoras de seis, nueve o doce meses frente a una recomendación de control en seis. En algunos historiales aparecen informes con frases del tipo “lesión probablemente benigna, control en 12 meses”, sin la evidencia documental de que ese control se agendó y se comunicó. En otros, hubo citas que se cancelaron sin reprogramación clara o avisos que no superaron el filtro de un número de teléfono desactualizado. Son, en apariencia, pequeños fallos que, sumados, hacen un gran roto.

La medicina basada en la evidencia tolera incertidumbres: ningún programa está blindado al 100%. Hay falsos negativos —tumores que no se ven— y hay falsos positivos —lesiones que asustan y no son nada—. El cribado asume ese balance y aun así salva vidas. Lo que no es admisible es una quiebra del circuito que haga descansar en la suerte el cumplimiento de un control. Cuando eso ocurre, el riesgo no se distribuye de forma justa; castiga a quien tiene menos margen para insistir, para llamar, para pedir una segunda opinión. De ahí la exigencia de un sistema activo que compense desigualdades y no dependa de que la paciente “se acuerde”.

Los clínicos, por su parte, se mueven entre la frustración y la reparación. Frustración porque ningún radiólogo desea que un informe suyo quede sin seguimiento cuando lo indicó; reparación porque, con el plan de choque, están acelerando agendas para que cada mujer con un control pendiente salga de dudas cuanto antes. En muchas unidades se han habilitado huecos adicionales en ecografía y mamografía dirigida, y se está priorizando biopsia con aguja gruesa o guiada por vacío en lesiones que antes estaban en vigilancia. Son decisiones con coste de recursos y con beneficio directo: acortar tiempos, devolver seguridad y reconstruir confianza.

Política y gestión: dimisión, auditoría y responsabilidades

La derivada política era inevitable. Catalina García descartó la dimisión con un argumento simple: dimitir ahora, dice, no resolvería el problema; su responsabilidad es dirigir la corrección. Ha pedido disculpas, ha comprometido una auditoría interna y externa, y ha garantizado que se publicarán los criterios de priorización y los indicadores de recuperación: cuántas mujeres contactadas, cuántas citas dadas, cuántas ya con estudio cerrado. La oposición reclama más: una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, acceso a los protocolos exactos de registro de informes no concluyentes, copias de las instrucciones que se dieron a los centros y, sobre todo, fechas.

La pregunta clave es cuándo supo la Consejería que había un patrón y no incidentes aislados. Si aparecieron alertas dispersas meses atrás, ¿se abrió una investigación entonces? ¿Se cruzaron datos entre hospitales para buscar el denominador común? A mayor tardanza en detectar el patrón, mayor es la responsabilidad de mando. Por eso la auditoría —si es exhaustiva— debería responder también a otra cuestión: qué decisiones organizativas llevaron a que, en algunos centros, los informes con recomendación de control no generaran citas automáticas y quedaran a la deriva. Estas decisiones no son menores; definen la calidad de un sistema de salud moderno.

El plano jurídico late de fondo. Asociaciones de pacientes han puesto a disposición de las afectadas asesoría para reclamar por vía administrativa o, en su caso, judicial. La clave ahí será probar el nexo causal entre una demora y un daño concreto. No bastará con el fallo organizativo; habrá que demostrar que, de haberse cumplido el control, el desenlace clínico habría sido mejor. No es un imposible —hay casos claros—, pero tampoco es automático. La vía colectiva —acciones coordinadas— podría prosperar si la auditoría documenta una pauta homogénea de fallos.

Plan de choque y próximos pasos

La respuesta inmediata ha desplegado varias líneas de trabajo. La primera, contactar a todas las mujeres potencialmente afectadas. No vale un solo intento: se está combinando teléfono, SMS, correo postal y, cuando se puede, contacto a través de atención primaria, que conoce a muchas de esas pacientes por su nombre y su contexto. Cada contacto deja huella en el sistema y, si no se localiza, se reintenta con otra vía. La instrucción es construir un mapa vivo del proceso: quién está citada, quién ya acudió, quién necesita una segunda prueba, quién sale de alta.

Segunda línea, refuerzo asistencial. Unidades de mama, servicios de radiodiagnóstico, anatomía patológica y quirófanos están ajustando agendas para absorber el pico sin desatender la actividad ordinaria. No es sencillo. La biopsia percutánea requiere personal entrenado, tiempos de sala y de análisis; la resonancia de mama no es infinita; las juntas de tumores se amplían para comentar casos al día. En algunas provincias se han creado circuitos exprés con triaje clínico-radiológico y decisión en 72 horas, de forma que la mujer no encadene esperas innecesarias.

Tercera pieza, tecnología. La Consejería ha ordenado homogeneizar las etiquetas de informe que activan controles: nada de fórmulas ambiguas. Cada recomendación de “control en seis meses” debe disparar una tarea programada que no se pueda borrar sin justificar y que haga saltos automáticos si el plazo vence. Se están implantando paneles de mando para que las direcciones de hospital y las gerencias de área vean, de un vistazo, cuántos controles están pendientes, cuántos están fuera de plazo y quién es responsable de cada cola. La consigna es convertir la recomendación médica en una orden de sistema, con redundancias para que un SMS que no llega no baste para romper el circuito.

Cuarta pata, recursos humanos y formación. Un cambio de este tipo no se empuja solo con software. Se están revisando procedimientos locales, aclarando que el onboarding de nuevas profesionales incluye cómo codificar informes dudosos, y que las unidades administrativas saben que un “control programado” es prioridad de seguridad y no trámite. En paralelo, se ha planteado reforzar la doble lectura de mamografías en centros con más carga, potenciar telelectura entre hospitales para picos de demanda y contratar técnicos y administrativos con perfil específico en cribado poblacional.

Quinta, transparencia. La Junta ha prometido datos periódicos sobre el progreso del plan: número de mujeres ya contactadas, porcentaje con estudio cerrado, tiempos medianos desde el primer contacto hasta la prueba de confirmación, distribución por provincias. Publicar esos datos no es un gesto: es una garantía para reconstruir confianza. Cuando un programa público falla, la manera de repararlo es mostrar luces largas: admitir el problema, enseñar el plan, compartir el tablero de control y mantener la vigilancia en el tiempo.

Lecciones para un cribado que no falle

Más allá del día a día, el caso andaluz deja lecciones aplicables a cualquier programa de detección precoz. La primera es diseño centrado en la seguridad. En cribado, el momento de mayor riesgo no es sólo la prueba, sino el entreacto: lo que ocurre entre un informe que recomienda algo y la realización efectiva de ese algo. Por eso los sistemas más robustos tratan las recomendaciones como órdenes automatizadas que generan tareas con fecha, responsable y alertas. Si ese paradigma se impone, es más difícil que una cita de control dependa de una llamada que nunca se hizo.

Segunda lección, redundancias razonables. Nadie quiere sistemas burocráticos que atrapen a profesionales en clicks. Pero hay redundancias que no estorban: confirmación doble de que el aviso salió, recaptación por atención primaria, alertas a la paciente por varias vías, y un plan B si todo lo anterior falla. La tercera es medir. El cribado necesita indicadores que no sean solo coberturas o tasas de detección, sino también cumplimiento de controles y tiempos entre recomendación y ejecución. Si un hospital tiene 50 controles de seis meses que se han ido a nueve, alguien debe saberlo y actuar.

Cuarta, equidad. Cuando un sistema se apoya en que la paciente responda a la primera, castiga a quien tiene menos recursos. Las políticas de limpieza de datos —teléfonos actualizados, direcciones correctas—, la coordinación con trabajo social sanitario y la colaboración con ayuntamientos o asociaciones locales ayudan a cerrar brechas. Quinta, comunicación clara. Un informe con fraseo ambiguo (“posible hallazgo a valorar”) puede derivar en malentendidos; lo que se necesita son mensajes operativos: “Control en seis meses, cita ya programada, recibirá confirmación por SMS”. La carga lingüística también importa.

La última lección tiene que ver con la cultura de seguridad. Cuando una profesional se topa con una incidencia —una carta devuelta, un teléfono erróneo, un informe que nadie transformó en cita—, debe tener canales para escalarlo. Y el sistema debe premiar esa escalada, no desincentivarla con burocracia o silencios. De ese modo, un problema que nace pequeño no se vuelve sistémico. Andalucía ha reconocido el fallo, ha pedido perdón y está reajustando el programa. Falta comprobar que lo hace con ambición suficiente para que el aprendizaje perdure.

Lo que cambia desde hoy en el programa andaluz

Con el plan de choque en marcha y la auditoría en curso, el cribado andaluz se enfrenta a su prueba de estrés. Lo inmediato es cuidar a las 2.000 mujeres afectadas por la quiebra de los avisos: que todas tengan una cita con fecha, que quien necesite pruebas las tenga sin demora, que cada caso quede documentado. Lo siguiente es blindar el sistema con reglas simples y visibles: cualquier recomendación de control debe nacer con una cita y con alertas que no se apagan hasta que la prueba se hace o se justifica lo contrario. La tercera capa es dar cuentas de forma continua: datos mensuales, comparables por áreas, con objetivos y responsables públicos.

Hay, también, un compromiso reputacional. El cribado de mama es una política pública de éxito que ha contribuido a mejorar la supervivencia y a detectar tumores en estadios más tratables. Mantener esa confianza implica reconocer los fallos y explicar las soluciones con un lenguaje adulto, sin triunfalismos. En ese marco, la decisión de no dimitir pone el foco en la gestión: la consejería deberá convencer con hechos, no con palabras, de que el sistema queda mejor que antes. Si lo logra, el episodio quedará como un aviso serio que forzó la modernización de un engranaje crítico. Si no, volverá una y otra vez a la agenda, con costes institucionales y, lo que es peor, con dolor evitable.

La foto de final de jornada, hoy, es una maquinaria que sigue funcionando mientras repara una pieza. Las unidades de mama continúan citando a mujeres sin síntomas, cada día, para una mamografía que, en la mayoría de los casos, confirma que todo está bien. Esa rutina —probablemente la mejor noticia— no debe hacer olvidar la otra: cuando hay dudas, cuando un informe no es limpio, no puede haber vacío. Si algo deja claro lo ocurrido es que la seguridad del proceso no se firma en el momento del disparo de rayos X, sino en la constancia de que cada recomendación médica se cumple. A partir de ahora, el listón se ha subido. Y esa es la única salida digna de un servicio público que aspira, con razón, a ser excelente.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Servicio Andaluz de Salud, El País, RTVE, ABC.