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¿Se queda España sin relevo en el campo, la mar y la granja?

Protestas en campo por Mercosur y la PAC: Estado y autonomías ante un relevo generacional duro que se agota entre granjas, puertos y lonjas.

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un campo abandonado con el mar delante

Protestas en campo por Mercosur y la PAC: Estado y autonomías ante un relevo generacional duro que se agota entre granjas, puertos y lonjas.

El sector agrario y ganadero ha vuelto a salir a la calle entre el 26 y el 30 de enero, con ASAJA, UPA y COAG al frente de movilizaciones por todo el país y una gran tractorada prevista en Madrid el 11 de febrero, con el acuerdo UE-Mercosur, los temidos recortes de la PAC y la falta de relevo como detonantes inmediatos. En paralelo, el Gobierno ha puesto sobre la mesa el plan Tierra Joven —con la promesa de analizar y movilizar unas 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes, mujeres y nuevos profesionales—, pero la sensación en el terreno es que la política va por un carril y la realidad por otro: costes que no aflojan, trámites que crecen y un futuro que se decide a golpes de calendario europeo.

El futuro, tal y como está el tablero en enero de 2026, se juega en tres pantallas que se pisan entre sí: Bruselas (presupuesto y reglas de la PAC, acuerdos comerciales, exigencias ambientales), Madrid (leyes, fiscalidad, seguros, tierras públicas, negociación política) y las comunidades autónomas (convocatorias, ayudas de incorporación, gestión de fondos, asesoramiento, control). Con esa triple pantalla encendida, el sector vive una paradoja que irrita: la renta agraria puede subir en el conjunto del país —el Ministerio cifra la renta agraria de 2025 en 41.262 millones de euros, un 12,9% más—, pero eso no significa que todas las explotaciones estén mejor ni que la incertidumbre haya desaparecido; significa, más bien, que la fotografía macro ha salido luminosa mientras en muchos pueblos el negocio sigue con sombras largas.

Una semana de protestas con más fondo que ruido

La protesta no nace solo de un titular, ni de una firma en un despacho. Nace de una suma que se repite, con distintos acentos, en el olivar, en el cereal, en el vacuno, en el porcino, en los invernaderos, en las granjas familiares que funcionan a base de turnos imposibles. Las organizaciones han señalado los desajustes entre costes e ingresos, la presión de la sanidad animal, la sensación de que la Ley de la Cadena Alimentaria no está dando el equilibrio prometido y, sobre todo, el miedo a convertirse en el eslabón débil de una cadena global donde el producto viaja más rápido que las normas.

En este enero frío, el acuerdo UE-Mercosur se ha convertido en símbolo: para una parte del sector representa la entrada de mercancías con precios difíciles de igualar y con estándares percibidos como menos exigentes; para otra parte de la economía europea, es una oportunidad estratégica y comercial. Y mientras esa discusión se cuece a escala continental, el campo español mira lo suyo: si el margen se estrecha y el relevo no llega, no hace falta una crisis espectacular; basta con una retirada silenciosa, explotación a explotación, jubilación a jubilación.

Hay un dato que duele porque no admite maquillaje: en España, el 67% de los jefes de explotación tiene más de 55 años y alrededor del 40% supera los 65, cifras que llevan tiempo circulando y que en 2026 ya no suenan a advertencia, sino a diagnóstico. Cuando el campo se moviliza, también está diciendo eso: no es solo “me aprietan”, es “me quedo solo”.

Mercosur, el acuerdo gigante que mete el dedo en la herida

El Parlamento Europeo ha decidido remitir el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE, con una votación ajustada —334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones— que, en la práctica, puede retrasar la ratificación durante meses y, según el propio debate político, incluso durante cerca de dos años. El movimiento no borra el problema: lo congela y lo agranda, porque deja al sector viviendo en una sala de espera sin reloj. Además, la Comisión Europea mantiene la opción de aplicar provisionalmente el pacto, algo que añade tensión política dentro de la propia UE.

El acuerdo, trabajado durante décadas y firmado recientemente, busca eliminar progresivamente una parte muy alta de aranceles y crear una zona de libre comercio con cientos de millones de consumidores. A la agricultura europea, ese tipo de promesa le suena como suenan las promesas cuando ya has visto varias: bien para quienes exportan maquinaria, vehículos o química; incierto —o directamente inquietante— para sectores donde el precio es una cuchilla.

La lista de productos que suelen aparecer en estas discusiones —carne, azúcar, soja, aves— no es un capricho retórico: son mercancías donde Sudamérica tiene músculo y escala. Y la escala, en el campo, pesa como una piedra. Si entra más producto, y entra a precios más bajos o con costes estructurales distintos, la presión no se reparte por igual: golpea antes a la explotación pequeña y mediana, justo la que sostiene empleo, pueblos y paisaje. Por eso Mercosur se ha colado como gasolina en una hoguera que ya ardía.

La PAC y el miedo al recorte: cuando la política se vuelve clima

La PAC no es un extra, no es un complemento simpático: para muchas explotaciones es parte del suelo sobre el que caminan. En España se gestionan miles de millones al año en ayudas y medidas vinculadas al plan estratégico nacional; y a la vez se exige más precisión, más seguimiento, más justificación. El sector, en general, entiende que hay que rendir cuentas. Lo que no entiende —o no acepta— es que el coste de “demostrar” a veces se coma el tiempo de producir.

En esta semana de enero, en medio del debate de Mercosur, ha regresado otro fantasma: el del presupuesto futuro. Se maneja en el sector la posibilidad de un ajuste fuerte en la PAC de la próxima etapa presupuestaria, con referencias a una horquilla de recorte del 15% al 22% que, incluso si acaba modulándose, ya está haciendo daño por anticipación: nadie invierte tranquilo cuando la red de seguridad podría adelgazarse.

Aquí se mezcla lo europeo con lo doméstico. Madrid puede defender posiciones, negociar, presionar; pero el diseño presupuestario se decide en un contexto donde la UE discute también defensa, industria, energía, fronteras… y la agricultura compite por atención. El problema es que el campo no funciona con atención mediática; funciona con estabilidad. Si esa estabilidad se resiente, el impacto no llega en forma de titular inmediato: llega como abandono progresivo, como envejecimiento sin sustitutos.

Más exigencias, más papeleo… y una digitalización a trompicones

La digitalización debía ser palanca; en parte lo es, en parte se ha convertido en fricción. El cuaderno digital y los sistemas de información no son, por sí mismos, enemigos del agricultor: pueden simplificar, ordenar, evitar duplicidades. Lo que pasa es que la implantación real choca con explotaciones pequeñas, con conectividad desigual, con falta de asesoramiento y con la sensación de que cada campaña suma un requisito nuevo.

El Gobierno ha flexibilizado plazos para la introducción obligatoria del cuaderno digital en lo relativo a registros electrónicos de fitosanitarios, dando margen hasta el 1 de enero de 2027 para esa obligación, mientras recuerda que hay registros que sí se exigen antes, como los vinculados a fertilización desde 1 de enero de 2026 en el cuaderno de explotación, sea en papel o digital. Es una prórroga relevante, pero no resuelve el fondo: el salto digital requiere tiempo, soporte y, sobre todo, confianza en que la administración no va a usar el sistema como una trampa, sino como una herramienta.

Relevo generacional: el agujero por el que se escapa el futuro

El campo lleva años hablando de relevo como se habla del tiempo: todos lo comentan, pocos lo controlan. En 2026 el tema ya no es una preocupación abstracta; es una urgencia con nombres y apellidos. La estructura de edad lo dice con crudeza —ese 67% de jefes de explotación por encima de 55—, y lo dice también la vida diaria: explotaciones que se mantienen por inercia familiar, hijos que no vuelven, jubilaciones sin sucesión clara.

El Gobierno ha intentado colocar el asunto en el centro con Tierra Joven, anunciado por el presidente Pedro Sánchez junto al ministro Luis Planas tras un encuentro con jóvenes agricultores. La idea central: identificar y valorar la aptitud agraria de unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado y, si encajan, ponerlas a disposición preferente para facilitar incorporaciones. Hay también referencias a crear una oficina de información de tierras y a llevar parte de estas medidas a la futura Ley de Agricultura Familiar, un intento de darles permanencia y no dejarlas como anuncio efímero.

La tierra, sin embargo, es solo una parte del problema. Un joven puede acceder a una finca y aun así quedarse fuera del juego por falta de capital, por precio de maquinaria, por falta de vivienda cercana, por ausencia de servicios básicos, por inestabilidad en precios y por una carga administrativa que, al inicio, se hace gigantesca. Por eso el relevo no se arregla con una llave única. Se arregla, si se arregla, alineando piezas.

La pesca y el mismo drama, pero con sal y con permisos

En el sector pesquero el relevo generacional tiene un perfil distinto, más ligado a formación, permisos, vida a bordo y condiciones de conciliación, pero la herida es parecida. Datos del propio Ministerio, a partir de afiliación al Régimen Especial del Mar, dibujan un sector envejecido: el mayor porcentaje de trabajadores está entre 50 y 59 años (34,8%), seguido de 40 a 49 (30,4%); aproximadamente el 73% supera los 40. Y donde hay envejecimiento, hay también pérdida de oficios: rederas, mariscadoras, trabajos auxiliares que sostienen el puerto más allá del barco.

El Ministerio ha trabajado un plan de acción específico para el relevo en pesca, con medidas que incluyen formación y mecanismos de entrada. Un ejemplo concreto, pequeño pero revelador: se ha contemplado una línea de ayudas para jóvenes pescadores destinada a la adquisición de la primera embarcación, dotada con 300.000 euros, además de impulsar formación a distancia y digitalizar parte de la formación básica. No es una cifra que vaya a cambiar el océano, pero indica un reconocimiento oficial: si no facilitas la entrada, la flota se queda sin tripulación local y la dependencia de mano de obra externa se vuelve norma.

A todo esto se suma el marco europeo, el FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura), que financia líneas de apoyo 2021-2027 y que marca prioridades sobre sostenibilidad, modernización y desarrollo costero. En muchas comunidades, esa financiación se traduce en convocatorias regionales, proyectos de economía azul, diversificación y mejoras en puertos y cofradías; es política pública, sí, pero también es supervivencia en lugares donde el puerto es el corazón económico del pueblo.

Qué hace el Estado y qué hacen las comunidades: competencias, dinero y fricciones

El Estado, en lo agrario y ganadero, juega principalmente en el diseño general, la interlocución con Bruselas, la legislación marco y algunas herramientas de apoyo que atraviesan el país: política de seguros, líneas de financiación, normativa sanitaria, coordinación de la gestión PAC a través del sistema nacional. Las comunidades, por su parte, son el brazo que aterriza muchas cosas: convocan ayudas de incorporación y modernización, gestionan parte del desarrollo rural, sostienen oficinas comarcales, asesoran, inspeccionan, tramitan. Y eso tiene una consecuencia práctica: dos jóvenes con el mismo proyecto pueden vivir experiencias muy distintas según la comunidad en la que se instalen, no por capricho, sino por calendarios, prioridades y capacidad administrativa.

Hay un punto que el Gobierno repite con insistencia y que no es retórica: la PAC 2023-2027 ha reforzado el capítulo de jóvenes. En documentos oficiales de balance, se recoge que la nueva PAC destina 220 millones de euros al año al relevo generacional, un incremento del 50% frente al periodo anterior, y que el presupuesto del pago complementario a jóvenes se ha duplicado. Incluso se ha incorporado un enfoque de género con incentivos específicos en ayudas directas cuando la solicitante es mujer joven, un matiz que España ha defendido con fuerza en el diseño del plan estratégico.

El problema, otra vez, es el aterrizaje. Las ayudas existen, pero el trayecto entre “existe” y “me cambia la vida” está lleno de escalones: formación exigida, planes empresariales, plazos, controles, necesidad de cofinanciación, papeleo, anticipo que tarda, inversión que no espera. En el mundo real, una incorporación no es una firma; es un salto al vacío que necesita red. Y esa red, en muchas zonas, sigue agujereada.

En pesca, el reparto de roles es similar en su complejidad: el Estado define estrategia, negocia en la UE, gestiona grandes líneas, pero las comunidades costeras mueven convocatorias, formación, apoyo a zonas pesqueras, infraestructuras, diversificación. Cuando en Euskadi se anuncian ayudas millonarias vinculadas al FEMPA para impulsar economía azul y desarrollo de zonas pesqueras, se ve esa lógica: Bruselas pone marco y dinero, el territorio lo convierte en proyectos o lo deja en papeles.

Y luego está la fricción diaria, la que no sale en boletines: la ventanilla saturada, el productor que necesita una respuesta antes de la campaña, el ganadero que aguanta una incidencia sanitaria y se encuentra con tiempos administrativos que no encajan con el ritmo de una explotación.

Un sector con renta récord y nervios de alambre

Que el Ministerio estime un récord de 41.262 millones de renta agraria en 2025 y un crecimiento del 12,9% es un dato potente, y conviene entenderlo bien: habla del conjunto de la rama agraria, del valor de la producción y de cómo, pese a consumos intermedios al alza, el resultado macro sube. El propio documento técnico detalla los motores: producción vegetal con subidas fuertes, producción animal al alza, incremento del trabajo agrario medido en UTAs y una mejora del indicador de renta real por unidad de trabajo anual.

¿Por qué, entonces, la calle hierve? Porque la macroeconomía no cancela la microeconomía. Una campaña puede ser buena en promedio y mala para quien vende por debajo de costes, para quien sufrió un golpe de sanidad animal, para quien pagó energía cara, para quien tuvo que financiarse al 6% o al 7%, para quien vive en un mercado con precios volátiles. Y porque, incluso en años mejores, el sector arrastra dos certezas incómodas: la primera, que la cadena no siempre traslada valor al productor; la segunda, que el relevo no se compra con un año bueno.

En esa tensión se entiende la protesta: el campo no está diciendo “todo va mal siempre”, está diciendo “así no se construye un futuro”. Y cuando mete en la coctelera Mercosur, PAC, burocracia y relevo, no está mezclando temas por capricho; está describiendo la misma película desde distintos fotogramas.

El año en que el relevo dejó de ser un eslogan

Enero de 2026 deja una escena clara: Europa discute la legalidad y el calendario de un acuerdo comercial que divide a la UE, y en España las principales organizaciones agrarias han convertido esa discusión en un motivo de calle, con fechas y una tractorada marcada en rojo. El Gobierno responde con herramientas que buscan atacar la raíz —tierra disponible, más recursos de PAC para jóvenes, flexibilidad en la implantación digital—, pero el sector contesta que la raíz está en un conjunto más amplio: rentabilidad estable, reglas de juego equilibradas frente a importaciones, carga administrativa razonable y una vida rural que no expulse por falta de servicios.

En el campo, la pregunta que se hacen no tiene forma de pregunta; tiene forma de decisión. Seguir o no seguir. Invertir o aguantar. Pasar el testigo o cerrar la puerta. Y en la pesca, con un perfil de edad donde domina el tramo de 50 a 59 y con un 73% de afiliados por encima de 40, la decisión es parecida, solo que se toma mirando al mar, con otro riesgo y otra cultura laboral.

Si algo deja esta semana de movilizaciones es una certeza fría: el relevo generacional no es un capítulo social, es una variable económica. Sin jóvenes en el campo, en la granja y en el mar, no hay soberanía alimentaria, no hay tejido rural, no hay continuidad de oficios, no hay paisaje productivo. Y si el relevo no llega mientras la PAC se vuelve más exigente, mientras los acuerdos comerciales abren puertas difíciles y mientras la administración se digitaliza a trompicones, el resultado no será una crisis repentina; será algo más silencioso y más duro: la normalización del abandono.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.