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¿Qué pasó en el partido que dejó 11 muertos en México?
Tiroteo en un campo de fútbol en Salamanca (Guanajuato): 11 muertos, 12 heridos y una ciudad que pide ayuda federal para frenar la violencia.

Tiroteo en un campo de fútbol en Salamanca (Guanajuato): 11 muertos, 12 heridos y una ciudad que pide ayuda federal para frenar la violencia.
La tarde del domingo 25 de enero de 2026, un campo de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca (estado de Guanajuato, centro-oeste de México), se convirtió en escenario de un ataque armado que dejó, al menos, 11 personas muertas y 12 heridas. La cifra la confirmó el alcalde de Salamanca, César Prieto: 10 fallecieron en el lugar y una más murió en el hospital. Entre los lesionados hay una mujer y un menor de edad, y seis de los heridos continuaban bajo atención médica en las horas posteriores.
El tiroteo se produjo alrededor de las 17:30 (hora local). Las autoridades estatales abrieron una investigación y, mientras los peritos trabajaban entre casquillos y manchas oscuras sobre la tierra, el alcalde lanzó un mensaje que suena a diagnóstico y a súplica al mismo tiempo: esto, dijo, se suma a una ola de violencia que Salamanca lleva demasiado tiempo tragándose, y pidió apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para “recuperar la paz” del municipio.
Lo que se sabe del ataque en Loma de Flores
El ataque ocurrió en un espacio reconocible para cualquiera que haya pisado una cancha de barrio: gradas improvisadas, gente de pie pegada a la banda, conversaciones cruzadas, ruido de partido y esa calma engañosa que dan los domingos. Según los datos oficiales difundidos por el Ayuntamiento y asumidos por la autoridad local, el balance inicial fue de 11 muertos y 12 heridos, con el matiz cruel de que la tragedia no quedó confinada al terreno de juego: una de las víctimas falleció después, ya en el hospital.
En paralelo, en las primeras horas circularon versiones que elevaban el número de fallecidos por encima del recuento oficial. Es habitual en este tipo de sucesos: hay familiares buscando, hospitales saturados, traslados en coches particulares, nombres que tardan en cruzarse con identidades. Por ahora, lo verificado por el alcalde y lo asumido en el parte institucional mantiene la cifra en 11. Ese “por ahora” pesa, pero también protege de la confusión interesada o del rumor convertido en titular.
La Fiscalía de Guanajuato informó del inicio de las investigaciones y subrayó su condena al ataque. En términos prácticos, eso significa diligencias en la escena, entrevistas a testigos, revisión de cámaras si las hay en accesos o rutas cercanas, y el trabajo lento —y decisivo— de amarrar trayectorias, calibres, tiempos. Un tiroteo de esta magnitud deja rastro, aunque la pregunta real sea si ese rastro llega a convertirse en detenciones y responsabilidades claras.
La hora, el lugar y la secuencia más repetida
Los hechos se sitúan en torno a las 17:30 del domingo. La localización, Loma de Flores, forma parte del municipio de Salamanca, una ciudad que no solo vive de su actividad industrial y de su conexión energética: vive también con el ruido de fondo de la disputa criminal que atraviesa buena parte del estado.
En relatos locales repetidos por distintos testimonios, los agresores llegaron en camionetas y abrieron fuego con armas de alto poder contra personas reunidas alrededor del partido. Se habla de más de cien detonaciones y de decenas de casquillos asegurados por peritos. Esa clase de detalle, cuando aparece, no es un adorno: describe la voluntad de causar el máximo daño posible en el mínimo tiempo, antes de escapar.
Un partido, un estruendo y el pánico en segundos
La violencia en espacios abiertos tiene una dramaturgia terrible: no hay paredes que contengan el sonido, el eco se multiplica, la gente tarda en entender si son petardos, si es una moto, si pasa “algo” en la calle de al lado… hasta que ve a alguien caer. En un campo de fútbol, además, el público está disperso, algunos sentados, otros caminando; el caos se organiza a golpes, y la supervivencia se decide por centímetros.
Los datos que han trascendido dibujan una escena de ataque directo sobre un grupo reunido. No se ha detallado oficialmente si el objetivo era una persona concreta o si se trató de una agresión indiscriminada desde el primer disparo. Lo que sí encaja con la magnitud del balance es que hubo disparos sostenidos, y que el punto de reunión —la cancha, el entorno inmediato— funcionó como una trampa: demasiada gente en un área limitada, demasiadas trayectorias posibles.
En las horas siguientes, el lugar quedó bajo presencia policial y de servicios de emergencia. El alcalde habló de un hecho “cobarde” y “lamentable” y vinculó el ataque con lo que Salamanca viene arrastrando. Esa frase importa porque no describe un “incidente” aislado, sino un síntoma: la violencia como rutina, como estadística que un domingo se vuelve carne.
Heridos, hospital y el detalle que duele: una mujer y un menor
Entre los 12 lesionados hay una mujer y un menor de edad. No se han difundido identidades de víctimas ni de heridos en los comunicados iniciales, algo habitual por protección de familias y por el propio desarrollo de la investigación. Sí se indicó que seis seguían recibiendo atención médica tras las primeras horas. En términos sencillos: la tragedia no terminó con el último disparo, siguió en ambulancias, en pasillos, en salas de espera, en teléfonos que no contestan.
La combinación de muertos en el lugar y fallecimiento posterior en el hospital suele hablar de dos cosas: la gravedad de las lesiones y el tiempo crítico de respuesta. En un evento con múltiples heridos, el sistema sanitario local se ve sometido a tensión de golpe, y los traslados se multiplican. Salamanca, además, venía de un fin de semana con otros episodios violentos, lo que deja a cualquier ciudad con menos margen emocional y operativo.
Salamanca en el mapa de la violencia de Guanajuato
Guanajuato cerró 2025 como el estado con mayor número de homicidios en México, con más de 2.500 casos registrados según datos oficiales difundidos en recuentos de seguridad. Ese dato, repetido año tras año en informes y noticias, se traduce en algo menos abstracto cuando ocurre una matanza como la de Loma de Flores: no es un número, es una sensación de territorio en disputa, de ciudad presionada.
Salamanca es un punto especialmente sensible por dos motivos que se entrelazan: su posición estratégica en la región y la presencia de la refinería de Pemex, una instalación clave que representa empleo y actividad, pero que también queda atrapada en las economías criminales vinculadas al combustible. El alcalde lo dijo con orgullo herido: Salamanca “ha dado mucho al país” y es “palanca de desarrollo”. A continuación, el reverso: hay grupos criminales que buscan “someter” a la autoridad. En esa frase se asoma una batalla por el control, por el miedo, por el dinero.
En el relato institucional de estos años, Guanajuato aparece atravesado por una disputa entre organizaciones criminales. La explicación nunca es monocausal —sería demasiado cómodo—, pero sí hay elementos que se repiten: control de plazas, extorsión a comercios, narcomenudeo, cobro de “derecho de piso”, y un combustible que, cuando se roba y se revende, se convierte en caja registradora clandestina.
Huachicol: el robo de combustible como motor del conflicto
En México se utiliza una palabra que ya no necesita traducción dentro del país y que fuera puede sonar extraña: huachicol. Es, en esencia, el robo de combustible, la extracción ilegal de gasolina o diésel de ductos y su venta en un mercado paralelo. En estados con infraestructura energética, esa práctica no es un delito pequeño: es una economía que mueve armas, sobornos, rutas de transporte y control territorial.
Cuando un municipio alberga una refinería y forma parte de corredores industriales, la tentación criminal crece. No porque una instalación “genere” violencia por sí sola, sino porque alrededor de ella hay transporte, contratos, vigilancia, puntos de paso, ductos, mercancía valiosa. Salamanca, con la refinería de Pemex, lleva años mencionada en ese contexto. Y cuando la violencia golpea un campo de fútbol, ese trasfondo vuelve como una sombra: no se dispara en vacío, se dispara en un territorio donde se compite por el mando.
Santa Rosa de Lima y CJNG: siglas que pesan en la calle
En el ecosistema criminal de Guanajuato aparecen con frecuencia dos nombres: el grupo de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La manera más prudente de explicarlo, sin convertir el texto en un catálogo de siglas, es esta: se trata de organizaciones que han disputado influencia en el estado y que, en esa disputa, empujan violencia hacia comunidades, carreteras, negocios y, también, espacios públicos.
No hay confirmación oficial de que el ataque de Loma de Flores responda a una acción concreta dentro de esa guerra. Las autoridades, por ahora, no han presentado un móvil ni han señalado responsables. Pero el contexto general sí es parte de la noticia, porque explica por qué un alcalde siente necesidad de pedir apoyo directo al Gobierno federal y por qué la Fiscalía habla de coordinación con fuerzas de distintos niveles: la dimensión supera con frecuencia las capacidades de un municipio.
Un fin de semana marcado por asesinatos y amenazas
El alcalde, al detallar lo ocurrido, recordó otros hechos recientes en Salamanca y su entorno inmediato. En los días previos se registraron asesinatos en comunidades del municipio: cinco personas fueron asesinadas en Cuatro de Altamira, otra en San Vicente de Flores, y se mencionó una situación especialmente inquietante: una amenaza con un artefacto explosivo en las inmediaciones de instalaciones de Pemex en Salamanca, que fue desactivada con intervención del Gobierno federal.
Ese tipo de episodios —homicidios y amenazas con explosivos— dibuja un paisaje de presión. No es solo “violencia” en abstracto; es un repertorio: balas para matar, explosivos para intimidar, mensajes para disciplinar. Y, en medio, la vida normal intentando seguir: gente que trabaja, que va a clase, que juega al fútbol. Esa fricción es la que hace que una matanza en una cancha resuene más allá de la cifra: golpea un espacio de ocio que suele entenderse como refugio.
En su mensaje, César Prieto insistió en que existen grupos que buscan someter a la autoridad y que “no lo van a lograr”. Es una declaración política, sí, pero también un reconocimiento de que la autoridad está siendo probada. Cuando un alcalde pronuncia esas palabras tras 11 muertos, lo hace con la urgencia de quien sabe que la ciudad está siendo medida, observada, empujada.
La petición a Sheinbaum y a la gobernadora Libia García
La reacción del alcalde no se limitó a condenar el ataque. Pidió explícitamente apoyo a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para recuperar “paz, tranquilidad y seguridad”. Esa apelación directa tiene lectura nacional: Salamanca, como otras ciudades medianas en zonas con disputa criminal, intenta que su tragedia no se diluya en el flujo diario de violencia del país.
En México, el Gobierno federal ha defendido en los últimos meses descensos en indicadores nacionales de homicidio, con la idea de que la curva general se contiene. El problema es que las medias nacionales no impiden que se produzcan picos brutales en lugares concretos. Una ciudad puede sentir “mejoría” en cifras y, aun así, vivir una tarde que lo desmiente todo a nivel humano.
No era la primera vez: ataques en canchas y fiestas en 2025
La matanza en Loma de Flores no es un episodio aislado dentro del patrón de violencia en espacios comunitarios en Guanajuato. En abril de 2025, un comando armado irrumpió en una cancha en la comunidad de Cárdenas, también en Salamanca, y asesinó a cuatro personas. Un mes antes, se registró otro tiroteo en un campo de fútbol en Zapote Negro con tres muertos. Que los escenarios se repitan no es casualidad: en muchas comunidades, el partido de fútbol es el evento que reúne a más gente sin necesidad de convocatoria formal.
También en junio de 2025, Guanajuato vivió una de sus matanzas más graves en los últimos años cuando un tiroteo en una fiesta patronal por el día de San Juan Bautista en Irapuato dejó 12 muertos y alrededor de 20 heridos. Ahí aparece otro patrón: celebraciones, convivencias, fiestas populares. Es decir, momentos en los que la gente baja la guardia, se mezcla, se reconoce. En términos crueles, son objetivos “eficientes” para quien busca causar terror, ajustar cuentas o enviar un mensaje.
La repetición del escenario —cancha, fiesta, reunión pública— hace que la población perciba una amenaza que no se limita a “zonas peligrosas”. Se vuelve transversal: puede ocurrir donde se juega, donde se reza, donde se celebra. Y eso erosiona algo más profundo que la seguridad: erosiona la confianza en lo cotidiano.
Qué significa una masacre en un campo de fútbol
En España, un tiroteo en un campo de fútbol suena a excepción absoluta, a noticia lejana por improbable. En partes de México, por desgracia, se ha convertido en un símbolo del deterioro del espacio común: el lugar donde se juntan familias, vecinos, adolescentes, vendedores, termina bajo amenaza.
No hay que romantizar el fútbol de barrio, pero sí entender su función social: es un punto de encuentro regular. Por eso, cuando se dispara ahí, el golpe no es solo contra las víctimas directas. Es un golpe contra la idea misma de reunión sin miedo. En Salamanca, esa idea ya estaba tocada por episodios previos y por un fin de semana sangriento. Loma de Flores le añade una imagen que cuesta borrar.
La investigación: peritajes, pistas y el silencio oficial sobre el móvil
La Fiscalía de Guanajuato abrió la carpeta de investigación y señaló coordinación con autoridades federales para reforzar seguridad e investigar el ataque. A partir de ahí, el proceso suele moverse en capas. Primero, lo básico: asegurar la escena, recoger casquillos, establecer trayectorias, tomar muestras, identificar armas probables por calibres. Después, lo humano: entrevistas, reconstrucciones, comparar versiones, rastrear vehículos, revisar rutas de entrada y salida.
En relatos que circulan en prensa local, se menciona la llegada de agresores en varias camionetas y el uso de armas de alto poder. También se habla de un número muy elevado de casquillos. Si esos datos se sostienen en el expediente, ayudan a perfilar un ataque organizado, no improvisado. Pero en términos judiciales, lo difícil suele venir después: convertir indicios en imputaciones, y éstas en condenas. En contextos de criminalidad organizada, además, hay un factor que contamina todo: el miedo a declarar.
No se ha informado oficialmente de detenciones relacionadas con el ataque en las horas posteriores. Tampoco se ha confirmado un móvil. Esa ausencia de certezas alimenta la ansiedad pública, pero también es parte de un protocolo: las fiscalías suelen medir qué se dice y cuándo, para no comprometer líneas de investigación ni generar una carrera de versiones imposibles de sostener.
La otra investigación: quiénes eran y por qué estaban allí
Más allá del “quién disparó”, hay una pregunta que inevitablemente se instala: quiénes eran las víctimas. De momento, no hay lista pública de nombres. Sí se ha apuntado, en crónicas locales, que entre los fallecidos podría haber personas vinculadas a tareas de seguridad privada durante el evento, un detalle que, de confirmarse, introduciría un matiz relevante sobre el tipo de objetivo o sobre el contexto de protección del lugar.
En cualquier caso, la presencia de una mujer y un menor entre los heridos recuerda algo básico: en un entorno comunitario, el ataque no se limita a “actores” de ningún tipo. Una cancha es mezcla. Y la bala no distingue.
El domingo que dejó a Salamanca sin aliento
Salamanca arrastra desde hace años una tensión que se nota en los mensajes públicos y en lo que se calla. La ciudad alberga industria, empleo, una refinería que pesa en la economía local, y también carga con una reputación que ningún municipio quiere: la de estar en el centro de una disputa criminal persistente. Cuando el alcalde dice que grupos criminales intentan someter a la autoridad, no está hablando de una teoría; está describiendo un pulso que se siente en extorsiones, amenazas, asesinatos y, ahora, una masacre en un partido.
En Loma de Flores, el fútbol terminó como terminan las tragedias: con silencio, con huecos, con una comunidad preguntándose qué se puede hacer cuando lo más normal —reunirse a ver un partido— se vuelve peligroso. El Ayuntamiento ha pedido apoyo. La Fiscalía investiga. Los hospitales atienden. Y en la memoria de Salamanca queda fijada una hora, las 17:30, como se fijan las horas malas: no por el reloj, sino por lo que pasó dentro de ese minuto.
Queda, también, una certeza incómoda: este episodio no surge en un vacío. Llega después de otros asesinatos recientes en el municipio, después de amenazas con artefactos explosivos en torno a Pemex, después de ataques previos en canchas, después de una matanza en una fiesta patronal en el mismo estado. Es un continuo. Y precisamente por eso, porque se repite, la exigencia pública suele volverse más dura: no basta con condenar, no basta con abrir diligencias; lo que Salamanca pide, con nombres propios y cifras que no admiten maquillaje, es que el domingo vuelva a ser domingo.












