¿Por qué España incumple las normas anticorrupción para altos cargos?

España continúa bajo el procedimiento de incumplimiento del GRECO, el organismo del Consejo de Europa que examina la prevención de la corrupción. La causa no es un caso judicial concreto ni una sospecha recién salida del juzgado: el problema es más estructural. De las 19 recomendaciones dirigidas al país desde 2019 sobre altos cargos, Policía Nacional y Guardia Civil, ninguna estaba completamente aplicada en la última evaluación disponible.

El balance español dejó 16 recomendaciones cumplidas solo parcialmente y otras tres sin ejecutar. Los puntos más enquistados afectan a los asesores del Gobierno, los contactos de los responsables públicos con grupos de presión y el sistema especial de responsabilidad penal de los miembros del Ejecutivo. Dicho de otra manera: España dispone de normas, proyectos, estrategias y anuncios, pero sigue sin cerrar varios de los huecos por donde se cuelan la opacidad y los conflictos de intereses.

España no ha completado ninguna de las 19 recomendaciones

La última evaluación detallada sobre España fue aprobada por el GRECO en junio de 2025 y publicada el 1 de agosto de aquel año. El documento reconocía algunos movimientos, sobre todo en las fuerzas de seguridad, pero consideraba insuficiente el ritmo de las reformas relacionadas con los altos cargos del Gobierno central.

No se trata de que las 19 recomendaciones estén completamente abandonadas. Dieciséis habían recibido alguna respuesta normativa, administrativa o política. El problema está en ese “alguna”. Para el Consejo de Europa, anunciar una futura ley, redactar un anteproyecto o aprobar una estrategia que todavía no funciona en la práctica no equivale a cumplir una recomendación. El papel lo aguanta casi todo; la evaluación, algo menos.

Entre las tareas pendientes aparecen la formación efectiva sobre el código de conducta de los altos cargos, una estrategia sistemática de integridad, mejores controles sobre las declaraciones patrimoniales, restricciones más sólidas tras abandonar el cargo y mecanismos independientes para vigilar los conflictos de intereses.

El GRECO también considera necesario mejorar el acceso a la información pública. España avanzó con la entrada en vigor, el 1 de enero de 2024, del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, pero persisten los retrasos en las respuestas y las dificultades para obtener determinada documentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ganado autonomía, aunque su capacidad sancionadora continúa dependiendo de reformas legislativas.

Asesores, aforamientos y lobbies: tres agujeros intactos

Las tres recomendaciones consideradas completamente incumplidas forman un pequeño catálogo de asuntos delicados. El primero es el régimen aplicable a los asesores gubernamentales. El GRECO sostiene que quienes influyen directamente en las decisiones del Ejecutivo deben someterse a exigencias de transparencia, integridad y seguridad comparables a las de las personas que ejercen altas funciones públicas.

No basta con que un asesor no firme resoluciones o no aparezca en la fotografía oficial. Puede participar en reuniones, preparar decisiones, relacionarse con empresas o trasladar intereses privados al corazón de la Administración. De ahí que el organismo europeo reclame reglas claras sobre su selección, sus responsabilidades, sus incompatibilidades y los controles que deben soportar.

El segundo punto es el aforamiento de los miembros del Gobierno. El Consejo de Europa lleva desde 2019 pidiendo una revisión del procedimiento especial de responsabilidad penal para evitar que dificulte la actuación judicial cuando existan sospechas de corrupción. No exige eliminar cualquier protección institucional ni convertir una garantía procesal en una condena anticipada. Reclama que esa protección no se transforme en una muralla.

La tercera recomendación sin avances suficientes afecta a los grupos de presión. El GRECO quiere que los ciudadanos puedan saber quién se reúne con un ministro, un secretario de Estado, un asesor o un responsable parlamentario, con qué propósito y para hablar de qué asunto. Las agendas públicas ofrecen información irregular y los intentos de aprobar una regulación integral de los lobbies han avanzado con la velocidad ceremoniosa de ciertos expedientes administrativos: se mueven, sí, pero cuesta distinguir hacia dónde.

La oficina que vigila los conflictos sigue sin plena autonomía

Una parte importante del examen europeo se concentra en la Oficina de Conflictos de Intereses, el organismo encargado de controlar incompatibilidades, actividades posteriores al cargo y declaraciones patrimoniales. El GRECO considera que la oficina continúa sin disfrutar de independencia efectiva ni presupuesto propio, dos carencias que pesan cuando debe fiscalizar a quienes ocupan la cúspide del poder ejecutivo.

El problema no es únicamente orgánico. También se reclama una supervisión más intensa sobre el patrimonio, los ingresos y los intereses económicos de los altos cargos. Las declaraciones deberían ofrecer datos suficientemente desglosados, presentarse en plazos más breves y someterse a controles sustantivos, no solo a una comprobación formal de que las casillas están rellenas.

La vigilancia debería extenderse, con las debidas garantías de privacidad, a determinados intereses económicos de parejas y familiares. El objetivo no es colocar una lupa sobre la vida doméstica de cada ministro, sino impedir que una incompatibilidad evidente desaparezca del radar porque un activo figura a nombre de otra persona del entorno familiar.

También están bajo observación las llamadas puertas giratorias. El Consejo de Europa pide controles independientes sobre las actividades que los responsables públicos realizan después de abandonar el Gobierno. Un periodo de incompatibilidad mal vigilado sirve de poco cuando quien conoce contratos, regulaciones y decisiones internas aterriza al poco tiempo en una empresa afectada por esas mismas políticas.

Policía Nacional y Guardia Civil: avances desiguales

La evaluación no se limita a los despachos ministeriales. Incluye a la Policía Nacional y la Guardia Civil, instituciones con capacidad coercitiva, acceso a información sensible y una presencia cotidiana en investigaciones, fronteras, seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado.

En la Policía Nacional, el GRECO reconoció evaluaciones de riesgos y determinadas actuaciones de supervisión, pero señaló la falta de una estrategia anticorrupción específica. El código de conducta de 2013 continúa sin suficientes instrumentos prácticos de aplicación y los nombramientos discrecionales requieren mayor transparencia.

La Guardia Civil recibió una valoración algo más favorable. El desarrollo de su Sistema de Integridad y del Plan de Acción de Ética Profesional introdujo evaluaciones de riesgos, formación estructurada y medidas preventivas. Aun así, seguían pendientes iniciativas como el Protocolo de Buenas Prácticas.

En ambos cuerpos se apreciaron mejoras en los canales internos de denuncia y en la protección de quienes comunican irregularidades. El punto débil continúa siendo el régimen disciplinario, considerado insuficiente para garantizar una respuesta homogénea, proporcionada y creíble ante las conductas contrarias a la integridad.

Qué significa el procedimiento de incumplimiento

El GRECO no es una institución de la Unión Europea ni depende de la Comisión Europea. Forma parte del Consejo de Europa, una organización internacional distinta, dedicada a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Su vigilancia alcanza a gobiernos, parlamentos, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad mediante rondas de evaluación temáticas.

Entrar en su procedimiento de incumplimiento no implica recibir automáticamente una multa, perder fondos europeos o sufrir una condena judicial. La herramienta principal es la presión política e institucional: informes públicos, nuevas evaluaciones, peticiones formales de avances, cartas dirigidas a los gobiernos e incluso misiones de alto nivel.

En el caso español, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, envió una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para reclamar una actuación decidida y progresos tangibles. Es una forma diplomática de decir que las explicaciones ofrecidas hasta entonces no bastaban.

El informe de 2025 concedió a España hasta el 30 de junio de 2026 para comunicar las medidas adoptadas. El GRECO deberá estudiar esa información y decidir después si existen reformas reales, si continúa el procedimiento reforzado o si modifica su valoración. No se examina la belleza de los anuncios, sino la existencia de normas aprobadas, instituciones operativas y controles que funcionen.

El grupo europeo y el matiz del número 15

El balance difundido el 30 de junio sitúa a España dentro del grupo de países señalados por su cumplimiento insuficiente en la quinta ronda de evaluación, dedicada a los gobiernos centrales y las fuerzas del orden. Al terminar 2025 figuraban Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y España. Durante las reuniones plenarias de marzo y junio de 2026 se añadieron Grecia, Irlanda, Montenegro y Serbia.

Hay, sin embargo, un matiz relevante. El GRECO cerró el 6 de mayo de 2026 el seguimiento de la quinta ronda correspondiente a Eslovenia, después de considerar satisfactoriamente atendidas 12 de sus 15 recomendaciones. Por eso, la cifra de 15 refleja la suma de los expedientes señalados al cierre de 2025 y las incorporaciones posteriores, pero no debe leerse como una fotografía completamente inmóvil: los países entran y salen del procedimiento según evolucionan sus reformas.

La comparación tampoco deja a España sola en el rincón. Francia, Alemania, Bélgica o Países Bajos arrastran carencias en transparencia, integridad gubernamental y declaraciones de intereses. La corrupción institucional no entiende demasiado de himnos nacionales. Pero compartir suspenso no convierte el suspenso en aprobado.

El informe anual del GRECO señala que, hasta el 31 de diciembre de 2025, había evaluado los avances de 32 Estados en esta quinta ronda. El 69,6 % de las recomendaciones sobre gobiernos centrales estaban aplicadas total o parcialmente, frente al 63 % registrado un año antes. En las fuerzas de seguridad, la proporción ascendía al 77,2 %. Europa mejora despacio, aunque algunos expedientes parecen tener especial afición por la sobremesa.

La reputación institucional también se legisla

Pedro Sánchez defendió ante la OCDE las reformas españolas contra la corrupción y destacó el valor de incorporar recomendaciones internacionales. Su intervención se produjo durante la presentación de un informe sobre la confianza en las instituciones públicas, precisamente el terreno donde las promesas pierden valor cuando no se traducen en controles verificables.

El Gobierno puede alegar que existen proyectos legislativos en marcha, planes de integridad, avances en la protección de informantes y nuevas herramientas administrativas. Todo ello cuenta. Lo que sostiene el GRECO es que todavía no cuenta lo suficiente: varias medidas siguen pendientes de aprobación, otras carecen de aplicación práctica y algunas cuestiones esenciales permanecen intactas desde 2019.

España no está siendo acusada por el Consejo de Europa de que todos sus altos cargos sean corruptos. La advertencia es más sobria y, quizá por eso, más seria: el sistema no ofrece todavía todas las garantías necesarias para prevenir conflictos de intereses, transparentar la influencia privada, controlar el patrimonio y facilitar la actuación de la justicia.

Las instituciones no se vuelven fiables mediante declaraciones solemnes. Necesitan normas claras, organismos independientes y consecuencias reales cuando alguien cruza la línea. El resto es escenografía: mármol pulido por fuera, una puerta lateral mal cerrada por dentro.