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¿Qué hay detrás de las alarmas del PP por los escándalos de Ayuso?

El ático, el caso fiscal de su pareja y el malestar interno del PP agravan el desgaste político de Ayuso y avivan las dudas sobre su futuro.

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Las alarmas han empezado a sonar dentro del Partido Popular por la acumulación de polémicas alrededor de Isabel Díaz Ayuso, pero el detonante inmediato tiene ladrillo, terraza y una ubicación difícil de explicar: un ático de lujo adquirido por una empresa pública madrileña en Chamberí. La operación, inicialmente justificada como una solución provisional para instalar el despacho de la presidenta durante unas obras, acabó en una rectificación apresurada y en el anuncio de que el inmueble sería vendido.

El problema para Ayuso no es solo el ático. Es la suma. La compra pública coincide con los movimientos inmobiliarios de su pareja, Alberto González Amador, que tiene abierto un juicio oral por presuntos delitos fiscales y falsedad documental. A eso se añaden las dudas sobre la transparencia de la operación, las explicaciones cambiantes del Gobierno regional y un silencio bastante elocuente entre dirigentes populares acostumbrados, hasta hace poco, a defenderla con entusiasmo de banda de música.

El ático que cambió el tono en Génova

La Comunidad de Madrid compró, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de 485 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos, una de las zonas más caras de Chamberí. Unos 199 metros corresponden a la terraza y su valor se ha situado alrededor de los seis millones de euros.

La explicación inicial fue que Ayuso y una parte reducida de su equipo trabajarían allí mientras se rehabilitaba la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Había un inconveniente poco ornamental: el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid no permite instalar oficinas en la planta ático de un edificio residencial con esas características. Una oficina donde legalmente no puede haber una oficina. Detalles administrativos, ya se sabe, esas piedrecitas que aparecen en el zapato cuando alguien intenta correr demasiado.

La operación tampoco había sido explicada públicamente antes de que trascendiera. No se conocían con claridad el precio, los criterios utilizados para elegir el inmueble ni por qué una necesidad temporal requería comprar una vivienda de lujo en lugar de alquilar o utilizar otro edificio propiedad de la Administración.

Una compra pública, una explicación débil y una venta exprés

La reacción del Ejecutivo madrileño fue fulminante. Apenas un día después de conocerse la adquisición, anunció que el ático volvería a ponerse en venta. Posteriormente, Ayuso encuadró esa decisión dentro de una operación más amplia: la venta del inmueble y de otras cuatro propiedades públicas con la que la Comunidad espera recaudar entre 20 y 22 millones de euros para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios.

La presidenta ha negado que el ático estuviera destinado a convertirse en su residencia oficial y ha presentado la polémica como parte de una campaña de desprestigio. Sin embargo, la decisión de vender de inmediato aquello que días antes se consideraba necesario para mantener el funcionamiento de la Presidencia dejó una contradicción bastante visible. O el inmueble era imprescindible o no lo era. Las dos cosas al mismo tiempo resultan difíciles de alojar, incluso en 485 metros cuadrados.

La rectificación no ha cerrado el caso. Más Madrid ha anunciado acciones judiciales al considerar que la compra podría encajar en una posible malversación, una acusación que deberá valorar la Justicia y que, por ahora, no equivale a la existencia de un delito. El PSOE madrileño, por su parte, ha exigido la dimisión de Ayuso y reclama conocer el expediente completo de la adquisición.

Lo acreditado y lo que sigue siendo rumor

La confusión creció cuando González Amador puso a la venta el piso de 211 metros cuadrados en el que vivía con Ayuso, también en Chamberí, por 1,79 millones de euros. El anuncio inmobiliario mostraba prendas, fotografías pixeladas y una toalla bordada con el nombre de Isabel. Después salió al mercado el ático situado sobre esa vivienda.

El entorno de la presidenta ha sostenido que estos movimientos privados no guardan relación con la compra realizada por la Comunidad de Madrid y que la pareja llevaba meses buscando otra casa. Esa es, de momento, la única versión acreditada sobre la conexión entre unas operaciones y otras: que sus protagonistas niegan que exista.

Todo lo demás exige cautela. En círculos del PP han circulado rumores sobre empresas creadas por González Amador en distintos países, sobre una posible ruptura sentimental y sobre el verdadero destino del ático público. Son comentarios internos recogidos por varios medios, no hechos demostrados. Tampoco existe prueba pública de que la vivienda fuera adquirida para uso particular de Ayuso o de que sus ventas inmobiliarias respondan a una separación. Convertir el murmullo de un pasillo en una sentencia es una afición nacional, pero sigue sin ser periodismo.

Lo relevante políticamente es que estos rumores circulan dentro del propio Partido Popular. No prueban las acusaciones, aunque sí retratan un cambio de clima. Cuando los compañeros dejan de preguntarse cómo defenderte y empiezan a especular sobre cómo terminará todo, el problema ya no pertenece únicamente a la oposición.

El frente judicial de González Amador

El asunto más serio que rodea a la pareja de Ayuso no es inmobiliario, sino penal. González Amador será juzgado por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, delito contable y pertenencia a grupo criminal. La investigación sostiene que habría defraudado 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 mediante un entramado de facturas supuestamente falsas.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó su procesamiento y el juicio oral quedó abierto contra él y otros cuatro empresarios. La Fiscalía reclama para González Amador tres años y nueve meses de prisión. El empresario conserva, naturalmente, la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

A este procedimiento se suma la atención sobre sus relaciones comerciales con Quirón Prevención. Un informe de la Agencia Tributaria incorporado a las actuaciones sostiene que dos sociedades vinculadas al empresario facturaron 4,4 millones de euros, IVA incluido, al grupo sanitario entre 2021 y 2023. Hacienda señaló que una de esas empresas, dedicada a tratamientos estéticos, podría no disponer de los medios necesarios para prestar algunos de los servicios de consultoría facturados.

La facturación a Quirón no demuestra por sí sola una irregularidad. Sí posee una evidente dimensión política porque el grupo es uno de los principales proveedores sanitarios de la Comunidad de Madrid. Cuando el negocio privado de la pareja de una presidenta se cruza con un gran contratista de su Gobierno, la transparencia deja de ser una cortesía: pasa a ser una obligación elemental.

Feijóo protege en público a una dirigente difícil de sustituir

La dirección nacional del PP mantiene oficialmente el respaldo a Ayuso. El secretario general del partido, Miguel Tellado, se remitió a las explicaciones del Ejecutivo madrileño y afirmó que tenía sentido habilitar una sede provisional durante las obras de la Puerta del Sol. No entró, sin embargo, en las dudas sobre el precio, la normativa urbanística o la posterior venta del inmueble.

En privado, el paisaje parece menos apacible. Varios testimonios atribuidos a dirigentes populares hablan de hartazgo, desgaste e incomodidad entre alcaldes y responsables territoriales. La dirección intenta rebajar el incendio con una consigna sencilla —«esto pasará»—, mientras otras voces advierten de que una eventual caída de Ayuso podría ser más dura que la de Cristina Cifuentes. Son valoraciones anónimas, no una rebelión orgánica, pero revelan que el blindaje interno presenta grietas.

La relación entre Ayuso y Alberto Núñez Feijóo contiene una paradoja incómoda. Ella ayudó a crear las condiciones políticas que terminaron con Pablo Casado y facilitaron la llegada del dirigente gallego a Génova. Desde entonces, la presidenta madrileña se ha convertido en uno de los mayores activos electorales del PP y, al mismo tiempo, en un poder autónomo capaz de condicionar su estrategia nacional.

Feijóo no puede romper fácilmente con una dirigente que gobierna con mayoría absoluta, moviliza a una parte sustancial del electorado conservador y domina el partido madrileño. Pero tampoco puede asumir indefinidamente cada polémica como si perteneciera a una realidad paralela. Por eso Génova practica una defensa fría, casi notarial: respalda las explicaciones, evita entusiasmarse y espera que la agenda cambie. Una mano en el hombro y la otra cerca de la puerta.

La sombra de Cifuentes no es una comparación casual

Cristina Cifuentes dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid en abril de 2018, después de semanas de desgaste por las irregularidades de su máster y tras publicarse un vídeo de 2011 relacionado con el supuesto hurto de dos cremas en un supermercado.

No cayó simplemente por unas cremas. Cayó porque el vídeo llegó cuando su autoridad ya estaba agujereada, el partido había dejado de confiar en su capacidad para resistir y cada explicación abría una duda nueva. El objeto era pequeño; el derrumbe político, enorme. Así funciona a veces la política: no vence el escándalo más grave, sino el que aparece cuando las vigas están podridas.

La comparación con Ayuso apunta precisamente a ese riesgo acumulativo. La presidenta madrileña ha sobrevivido a conflictos que habrían liquidado a dirigentes menos sólidos, en parte gracias a su fuerza electoral y a una comunicación extremadamente agresiva. Cada controversia ha sido presentada como un ataque del Gobierno central, de la izquierda, de determinados medios o de alguna combinación de todos ellos.

Esa estrategia todavía conserva eficacia. Pero empieza a mostrar fatiga. El ático no plantea únicamente una duda sobre un inmueble: concentra en una sola imagen el lujo, la opacidad administrativa, los negocios privados de González Amador y la sensación de que el poder madrileño vive bajo reglas distintas. Una terraza de 199 metros puede convertirse, de pronto, en un magnífico mirador hacia el precipicio.

El blindaje funciona hasta que deja de hacerlo

Ayuso no está políticamente acabada ni existe una operación pública del PP para sustituirla. Sigue controlando el partido regional, mantiene una mayoría parlamentaria sólida y conserva una capacidad de movilización que ningún dirigente popular puede ignorar. Afirmar que su caída es inminente sería confundir un deseo, un temor o un rumor con un hecho.

Pero el clima ha cambiado. La compra y posterior venta del ático ha obligado al Gobierno madrileño a rectificar, ha llevado a la oposición a anunciar acciones legales y ha provocado que dirigentes del PP expresen dudas internas que antes apenas se escuchaban. Incluso medios conservadores han reclamado explicaciones más claras. Eso sí es nuevo.

El verdadero peligro para Ayuso no es una revelación aislada, sino que todos los episodios comiencen a leerse como capítulos de una misma historia: la de un poder muy concentrado, protegido por una formidable maquinaria política y comunicativa, pero cada vez más expuesto por las decisiones de su entorno.

Cifuentes descubrió que un liderazgo puede parecer sólido hasta la mañana exacta en que deja de serlo. Ayuso aún está lejos de ese desenlace. Aunque en Génova algunos hayan empezado, discretamente, a mirar el calendario y comprobar dónde están las salidas de emergencia.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.