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¿Por qué Marlaska sigue intacto tras Ceuta y su cúpula bajo sospecha?
Marlaska encadena los incendios y la crisis de Ceuta mientras crecen las dudas sobre Interior y Sánchez mantiene intacta su plena confianza.

Fernando Grande-Marlaska continúa al frente del Ministerio del Interior después de encadenar, en apenas tres días, la gestión de los gigantescos incendios de Madrid y Ávila con la mayor entrada irregular registrada en Ceuta. El Gobierno admite que no anticipó la dimensión de la crisis fronteriza, pero Pedro Sánchez no ha retirado su confianza al ministro ni ha insinuado un relevo. De momento, el veterano titular de Interior vuelve a sobrevivir.
Su permanencia se explica por una mezcla de confianza presidencial, experiencia acumulada y ausencia de una responsabilidad judicial directa en las investigaciones que afectan a varios responsables de la Guardia Civil. También influye una realidad menos solemne: destituirlo equivaldría a admitir un fracaso político en plena emergencia. Sánchez ha preferido, una vez más, mantenerlo en la cabina mientras el avión atraviesa las turbulencias.
Ceuta vuelve a poner a Marlaska contra las cuerdas
El episodio que ha reabierto el debate sobre el futuro del ministro comenzó el 30 de julio de 2026. Según los datos ofrecidos por Interior, alrededor de 50.000 personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos, muchas de ellas bordeando a nado el espigón del Tarajal. Las fuerzas españolas quedaron desbordadas y el Ejército tuvo que desplegarse para apoyar a la Guardia Civil.
El coste humano fue estremecedor. El balance oficial provisional elevaba el 2 de agosto a 72 los fallecidos, principalmente personas que murieron ahogadas durante el cruce. A esa tragedia se sumaron miles de asistencias sanitarias, centros de acogida saturados y una ciudad recorrida todavía por controles policiales y militares. No es exactamente una postal de domingo tranquilo.
Interior sostiene que más de 48.000 personas regresaron a Marruecos durante las horas siguientes. También instaló una barrera neumática y boyas de contención en el espigón para impedir nuevos cruces marítimos y facilitar la aplicación de los rechazos en frontera. Marlaska aseguró que la situación se había “revertido” en 24 horas y habló de una recuperación progresiva de la normalidad.
La palabra normalidad, sin embargo, llegó demasiado pronto para buena parte de Ceuta. Seguían quedando miles de migrantes en la ciudad, continuaba el dispositivo extraordinario y todavía aparecían cuerpos en el mar. Los comercios recuperaban lentamente su actividad mientras los servicios públicos trataban de ordenar una emergencia que había golpeado como una ola. Casi literalmente.
El Gobierno reconoció que no disponía de información suficiente para prever una entrada de semejante magnitud. Había señales previas, como el aumento de los cruces a nado y las advertencias realizadas desde la ciudad autónoma, pero no activaron una respuesta proporcional. El fallo de anticipación es el punto más delicado para Marlaska: Interior reaccionó con fuerza cuando la frontera ya había cedido, pero no vio venir el golpe.
Dos crisis de Estado en apenas 72 horas
La emergencia de Ceuta sorprendió a Marlaska cuando todavía estaba pendiente de los incendios que habían arrasado amplias zonas de Madrid y Ávila. El Gobierno había declarado el 23 de julio la emergencia de interés nacional, una decisión inédita hasta entonces ante un incendio forestal, y colocó bajo la coordinación de Interior un enorme dispositivo formado por bomberos, militares, policías, guardias civiles y personal sanitario.
Los fuegos calcinaron alrededor de 77.000 hectáreas y obligaron a evacuar o confinar a decenas de miles de vecinos. Durante varios días, Marlaska pasó de Navalcarnero a Navaluenga, entre puestos de mando, mapas manchados de rojo y previsiones meteorológicas que cambiaban con el viento. El 30 de julio, Pedro Sánchez anunció la desescalada de la emergencia. Justo entonces, Ceuta explotó.
En términos políticos, la coincidencia permite dos lecturas. La favorable al ministro subraya que tuvo que dirigir dos operaciones extraordinarias casi simultáneas y que ambas terminaron estabilizándose. La crítica señala que la concentración de recursos y atención en los incendios contribuyó a que las alertas procedentes de Ceuta fueran minusvaloradas.
Ambas cosas pueden ser ciertas. Interior afrontaba un incendio descomunal, pero un Estado no puede permitirse vigilar una emergencia apagando las pantallas de las demás. La seguridad nacional no funciona por turnos, aunque los ministros sí necesiten dormir de vez en cuando.
Una cúpula de la Guardia Civil cercada por los juzgados
La crisis llega, además, cuando la dirección política y operativa de la Guardia Civil atraviesa uno de sus periodos más incómodos. Mercedes González, directora general del cuerpo, declaró en julio como investigada en el denominado caso Leire Díez, una causa que estudia supuestas maniobras para interferir o desacreditar investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE y el entorno del Gobierno.
González admitió haber mantenido tres reuniones con Leire Díez, pero negó haber presionado a agentes o haber interferido en el trabajo de la Unidad Central Operativa. El juez también investiga al director adjunto operativo, Manuel Llamas, quien ha rechazado igualmente las acusaciones. Marlaska mantiene su respaldo a ambos.
A finales de julio, el juez Santiago Pedraz citó además como investigado al exdirector general Leonardo Marcos por las supuestas presiones sufridas por mandos de la Guardia Civil durante pesquisas relacionadas con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Marcos deberá comparecer ante el juez en septiembre.
En una causa diferente, vinculada al presunto espionaje mediante los programas Pegasus y Candiru, también figuran como investigados los exdirectores Félix Azón y María Gámez. La acumulación dibuja una estampa políticamente devastadora: varios responsables de la Guardia Civil durante el mandato de Marlaska han terminado dando explicaciones ante los tribunales.
Investigar no equivale a condenar
Conviene colocar aquí un cortafuegos elemental. Todos los afectados conservan la presunción de inocencia y una citación como investigado permite defenderse con todas las garantías; no implica que los delitos estén probados. Tampoco las causas mencionadas sitúan a Marlaska como investigado.
La responsabilidad política circula, no obstante, por una carretera distinta de la penal. Un ministro puede no haber cometido delito alguno y, aun así, tener que responder por los nombramientos realizados, los mecanismos de control utilizados y el ambiente creado dentro de su departamento. Esa es la cuestión que persigue a Marlaska: no una acusación judicial personal, sino la sospecha de que demasiados incendios administrativos empiezan bajo el mismo tejado.
El expediente del ministro de las siete vidas
Grande-Marlaska llegó a Interior el 7 de junio de 2018, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Más de ocho años después, permanece en el cargo. Ha sobrevivido a remodelaciones profundas del Gobierno, crisis fronterizas, choques con la Guardia Civil, tragedias migratorias y peticiones de dimisión procedentes de casi todo el arco opositor.
Uno de sus episodios más costosos fue el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. El Tribunal Supremo anuló aquella destitución al considerar que no podía apartarse a un mando por negarse a informar sobre una investigación sometida al deber de reserva judicial. El coronel terminó siendo restituido.
Después llegaron la tragedia de la valla de Melilla de 2022, la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, las tensiones por los medios destinados a combatir el narcotráfico y la crisis política provocada por la compra de munición a una empresa israelí. En mayo de 2025 dimitió Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad y número dos del ministerio, en un momento de fuerte tensión entre Interior y la UCO.
En cualquier otro ministro, semejante colección ocuparía varias cajas de mudanza. Marlaska, en cambio, continúa sentado tras la misma mesa. Sus adversarios lo presentan como un superviviente blindado por Sánchez; sus colaboradores destacan que conoce el ministerio, mantiene una interlocución estable con Marruecos y ha gestionado algunas de las emergencias más graves de los últimos años.
La caricatura del ministro intocable funciona bien en una portada, pero simplifica demasiado. Marlaska ha quedado tocado muchas veces. La particularidad es que Sánchez nunca ha considerado que ese desgaste fuese más peligroso que sustituirlo.
Por qué Pedro Sánchez sigue manteniendo a Marlaska
La primera explicación es la confianza personal. Desde La Moncloa se ha defendido públicamente en varias ocasiones la continuidad del ministro, incluso durante las crisis internas de Interior. Sánchez también mantuvo su apoyo a Mercedes González después de su imputación, aceptando el criterio de que debía declarar antes de extraer consecuencias políticas.
La segunda razón es la lealtad institucional. Marlaska rara vez contradice al presidente, evita alimentar disputas dentro del Consejo de Ministros y asume personalmente la defensa de decisiones muy impopulares. Para cualquier jefe de Gobierno, un ministro que recibe los golpes sin convertirlos en una guerra interna tiene una utilidad evidente.
También pesa su experiencia. Interior controla las fuerzas de seguridad del Estado, las prisiones, la política de tráfico, la protección civil y buena parte de la respuesta ante terrorismo, narcotráfico, inmigración irregular o grandes catástrofes. Cambiar a su titular en mitad de una crisis fronteriza, con una emergencia europea abierta y varias investigaciones judiciales en marcha, introduciría más incertidumbre en un edificio que ya cruje.
Hay, finalmente, una lógica política menos amable. Destituir a Marlaska tras Ceuta supondría reconocer que la gestión fue suficientemente grave como para exigir una cabeza. Mantenerlo permite al Gobierno defender que hubo un fallo de inteligencia, seguido de una reacción rápida y eficaz. La diferencia entre ambas versiones cabe en una palabra: responsabilidad.
Esta explicación no convierte a Marlaska en indispensable. Describe, simplemente, el cálculo de Sánchez. El presidente ha concluido hasta el momento que el ministro le resulta más útil dentro del Gobierno que fuera contando sus memorias.
La estabilidad que empieza a parecer desgaste
Marlaska ha conseguido estabilizar la frontera, pero todavía deberá explicar por qué el Estado no anticipó una movilización de decenas de miles de personas al otro lado del Tarajal. Tendrá que aclarar qué avisos recibió Interior, cuándo llegaron, cómo se valoraron y por qué la respuesta preventiva fue insuficiente.
También deberá convivir con unas investigaciones que erosionan la imagen de la Guardia Civil, aunque los tribunales todavía no hayan establecido responsabilidades. La oposición reclama comparecencias parlamentarias y exige explicaciones sobre la gestión de la frontera, mientras el debate político vuelve a girar alrededor de Sánchez y de la estrategia migratoria del Ejecutivo.
Su continuidad, por tanto, no demuestra que haya salido indemne. Demuestra que Pedro Sánchez aún prefiere asumir el coste de mantenerlo antes que abrir otro frente. Esa ha sido la fórmula de Marlaska desde 2018: resistir hasta que la tormenta siguiente borre del radar la anterior.
Esta vez puede resultar más difícil. En Ceuta no quedan únicamente imágenes incómodas, declaraciones contradictorias o una bronca parlamentaria. Quedan decenas de muertos, una frontera vulnerada y la confesión gubernamental de que nadie vio acercarse la ola. La normalidad regresará a las calles. La factura política, bastante menos obediente, seguirá llamando a la puerta.












