¿Por qué el acoso escolar alarma a Panamá tras suicidios de jóvenes?

Panamá ha encendido una alarma incómoda, de esas que no suenan en los despachos hasta que ya llevan tiempo retumbando en los pasillos del colegio. Al menos dos suicidios de adolescentes registrados este año se investigan o se señalan públicamente como vinculados al acoso escolar, mientras activistas, familias y autoridades empujan una ley más amplia para frenar una violencia que ya no se queda en el patio ni en el aula.

El país no parte de cero, pero tampoco pisa suelo firme: faltan estadísticas oficiales fiables sobre bullying, y ese vacío es casi una noticia dentro de la noticia. El programa Somos Voz, No Silencio, impulsado por la activista Irma Ruiz, toma como referencia datos de la Organización Global contra el Bullying: en 2025, el 48,3 % de los estudiantes panameños habría vivido acoso escolar; tras las dos muertes de marzo, la organización elevó su estimación a “8 de cada 10” alumnos afectados, una cifra durísima que conviene leer con prudencia, pero que explica el temblor político y social.

El dato que ha cambiado el tono del país

La sacudida llegó al comienzo del curso panameño. Las dos víctimas fatales se registraron el 8 y el 26 de marzo: un adolescente de 14 años con autismo y un joven universitario de 18. No se trata de convertir el suicidio en una ecuación simple —sería injusto, y también falso—, pero el acoso escolar y el ciberacoso aparecen entre los factores asociados al riesgo suicida en jóvenes, según la Organización Panamericana de la Salud. En román paladino: el bullying no explica por sí solo todas las tragedias, pero puede ser la piedra que termina de hundir una mochila ya cargada.

El propio dato oficial disponible obliga a mirar más allá del caso concreto. En 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá registró cuatro suicidios entre menores de 10 a 14 años y 15 entre adolescentes de 15 a 19, aunque esas cifras no detallan el contexto de cada muerte. Esa ausencia de contexto pesa. Sin datos finos no hay diagnóstico decente, y sin diagnóstico lo demás suele ser ceremonia, rueda de prensa y carpeta azul.

El debate no es solo panameño. La OPS ha alertado de que la tasa de suicidio entre personas de 10 a 24 años subió un 38 % en las Américas durante las dos últimas décadas, con incrementos especialmente rápidos entre niñas y en el grupo de 10 a 14 años. En 2021, 18.157 adolescentes y adultos jóvenes murieron por suicidio en la región. Una generación entera aprendiendo a vivir con pantallas encendidas, ansiedad temprana, presión social y, demasiadas veces, adultos mirando tarde.

Un problema que no cabe en la palabra bullying

Llamarlo bullying tiene una ventaja: todo el mundo entiende de qué se habla. También tiene una trampa: la palabra inglesa suaviza lo que, dicho sin barniz, es maltrato repetido entre estudiantes, con desequilibrio de poder, humillación y daño psicológico, verbal, físico o social. No es una broma pesada. No es “cosas de niños”. Esa frase, tan usada durante décadas, debería jubilarse con honores dudosos.

La violencia escolar adopta muchas pieles. Puede ser el apodo que se pega como chicle bajo el pupitre, la exclusión sistemática en el recreo, el vídeo difundido en un grupo, la amenaza por mensaje, la burla sobre el cuerpo, el origen, la discapacidad, la forma de hablar o de moverse. La escuela contemporánea ya no termina cuando suena el timbre. El móvil se lleva el pasillo a casa. El insulto entra en la habitación, se sienta en la cama y sigue allí de madrugada.

La Organización Panamericana de la Salud lo ha formulado con una imagen muy clara: antes el acoso podía ocurrir en el trayecto del bus escolar; ahora continúa incluso en casa por medios electrónicos y redes sociales. Ese salto es decisivo. El ciberacoso no necesita fuerza física ni presencia. Le basta una captura, un meme, una cuenta anónima y un grupo dispuesto a reír.

La respuesta legal: entre la mesa técnica y el aula real

Panamá ya cuenta con un marco legal. La Ley 289 de 2022 promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y busca establecer mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar y erradicar el maltrato psicológico, verbal o físico entre estudiantes, también cuando ocurre a través de redes sociales u otros sistemas electrónicos. En 2024, el Decreto Ejecutivo 82 reglamentó esa ley.

La pregunta política, la de verdad, no es si hay papel. Papel hay. La cuestión es si existe capacidad real de detección, personal formado, seguimiento, sanciones proporcionadas y una cultura escolar que no tape el conflicto para proteger la reputación del centro. Porque a veces el expediente duerme más que el alumno acosado. Y ahí empieza el desastre.

La Asamblea Nacional abrió en mayo una mesa técnica, impulsada desde el despacho de la diputada Graciela Hernández, para escuchar a familias, autoridades y otros actores con el objetivo de elaborar una propuesta de ley. La reunión contó con padres de víctimas, y Hernández defendió un enfoque integral, con responsabilidades claras y programas preventivos antes de llegar a la reparación del daño.

Los activistas trabajan junto a Hernández en una legislación más integral que involucre a familias, escuela, comunidad y autoridades, y que también incorpore a la empresa privada como apoyo. Irma Ruiz habló de “certeza del castigo”, una expresión que enciende aplausos rápidos, aunque el asunto pide algo más que castigo: prevención, intervención temprana, salud mental, protección de la víctima y trabajo con el agresor. Lo difícil, como siempre, no es escribir verbos nobles en una ley; es hacerlos caminar por un colegio a las siete de la mañana.

El protocolo existe; el problema es activarlo a tiempo

El sistema educativo panameño dispone de protocolos de actuación para situaciones de riesgo. Educa Panamá detalla un procedimiento para la detección, atención, referencia y seguimiento de niños y adolescentes en circunstancias difíciles, que incluye violencia escolar y acoso escolar, riesgo suicida y autolesiones, maltrato físico o psicológico, abuso sexual, porte de armas, sustancias psicoactivas, explotación sexual y deserción escolar.

La palabra clave es seguimiento. Detectar no basta. Denunciar no basta. Abrir un documento y cerrarlo al cabo de unas semanas tampoco. En casos de acoso, el daño no siempre aparece con moratones; a menudo llega como insomnio, dolor de barriga antes de ir al colegio, caída del rendimiento, aislamiento, irritabilidad, silencio raro. Un silencio de sótano.

El Ministerio de Educación panameño mantiene además una sección específica sobre protocolo de acoso escolar, vinculada a la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, lo que muestra que la arquitectura institucional existe. Ahora bien, una arquitectura sin luz, sin personal y sin mantenimiento acaba pareciendo un decorado.

La pantalla convierte el recreo en una habitación sin puertas

El punto más delicado del acoso escolar actual es que ha perdido horario. Antes el niño podía contar las horas que faltaban para salir del centro. Ahora el grupo de mensajería prolonga el recreo, la burla se queda guardada en la nube y la vergüenza se reproduce con una facilidad obscena. La tecnología no inventó la crueldad, claro. La hizo portátil, medible en notificaciones, compartible.

La prevención del suicidio juvenil exige habilidades socioemocionales desde edades tempranas, programas de salud mental en las escuelas, protocolos claros para detectar y atender acoso, ansiedad y depresión, y formación de docentes, familias y personal sanitario para reconocer señales como aislamiento, cambios bruscos de conducta, autolesiones, tristeza persistente, agresividad o desesperanza.

Esto no significa convertir cada aula en una consulta clínica ni cada padre en detective. Significa algo más razonable y más exigente: no normalizar el sufrimiento repetido. Preguntar sin interrogatorio. Observar sin paranoia. Creer lo suficiente al niño como para investigar. Y entender que el agresor también necesita límites, intervención y consecuencias, no solo un sermón con cartel de “convivencia” pegado en la pared.

Señales que conviene mirar sin histeria

Hay cambios que no deberían despacharse con un “ya se le pasará”: miedo a ir al colegio, pérdida repentina de amistades, rechazo al móvil o dependencia ansiosa de él, tristeza que se enquista, bajada brusca de notas, lesiones sin explicación clara, quejas físicas frecuentes, alteraciones del sueño, frases de inutilidad o desaparición. Ninguna señal por sí sola dicta sentencia. Juntas, en cambio, dibujan un mapa.

La respuesta adulta necesita una mezcla poco vistosa y muy eficaz: escuchar, documentar, comunicar al centro, exigir activación de protocolos, proteger a la víctima de nuevas represalias y buscar apoyo profesional cuando aparezcan señales de riesgo. Nada heroico. Nada de película. Solo adultos haciendo de adultos, que ya sería bastante revolucionario.

El patio ya no admite silencios cómodos

Panamá se enfrenta ahora a una oportunidad amarga: transformar dos muertes que han golpeado a familias y comunidades en una política pública menos decorativa y más útil. La indignación sirve para abrir la puerta, pero no sostiene una estrategia. Para eso hacen falta datos, presupuesto, psicólogos, docentes formados, protocolos vivos, sanciones claras y una idea democrática bastante elemental: ningún estudiante debería aprender que sobrevivir al colegio consiste en hacerse invisible.

El acoso escolar no es una anécdota desagradable del crecimiento. Es una forma de violencia que erosiona la salud mental, la confianza y el derecho a estudiar en paz. Panamá lo está viendo con crudeza, pero el espejo alcanza bastante más lejos. También a España. También a cualquier sistema educativo que confunda convivencia con cartelera de valores y prevención con una charla anual de PowerPoint. La escuela, cuando funciona, no solo enseña matemáticas o literatura. Enseña a vivir con otros sin triturarlos. Ahí está el examen.