¿Dónde puede golpear el próximo gran terremoto en España y por qué?

España volverá a sufrir un terremoto destructivo. Eso, dentro de las incertidumbres propias de la sismología, no es una hipótesis extravagante sino una consecuencia de vivir en una región tectónicamente activa. Lo que nadie puede saber es cuándo ocurrirá, dónde estará exactamente el epicentro ni qué magnitud alcanzará. No existe una cuenta atrás capaz de señalar martes, provincia y hora. La ciencia sí conoce, en cambio, dónde se concentra buena parte de la peligrosidad: el sur y sureste peninsular, la cordillera Bética, el mar de Alborán, el entorno del Golfo de Cádiz y, con menor actividad pero antecedentes importantes, los Pirineos.

El problema español está ahí, pero no solo bajo tierra. Está también sobre ella. Ciudades más grandes, urbanizaciones costeras abarrotadas durante el verano y miles de edificios levantados antes de las normas sismorresistentes modernas convierten un fenómeno geológico relativamente infrecuente en un riesgo que puede ser muy serio. El terremoto de Lorca de 2011 bastó para demostrarlo: magnitud 5,1, nueve muertos y daños importantes. No hizo falta un monstruo de magnitud 8. Bastaron cuatro kilómetros de profundidad, proximidad a la ciudad y construcciones vulnerables.

Los especialistas llevan tiempo señalando otro problema menos visible: España ha pasado tantas décadas sin un gran terremoto superficial comparable a los históricos que el riesgo se ha ido difuminando de la memoria colectiva. Sabemos convivir con incendios, inundaciones o temporales porque regresan una y otra vez a las noticias. Un gran seísmo, en cambio, pertenece para buena parte del país a las páginas amarillentas de los libros. Y la geología tiene una costumbre algo antipática: no necesita que una sociedad recuerde un peligro para repetirlo.

España sí tiene zonas sísmicas claramente identificadas

La Península Ibérica se encuentra junto a la zona de interacción entre las placas africana y euroasiática. No es Japón, Chile ni California; comparar directamente esos escenarios sería exagerado. Pero tampoco es una plataforma geológica inmóvil. Los terremotos constituyen uno de los georriesgos relevantes de España y existen varias áreas sismogenéticas claramente identificadas.

La más evidente atraviesa el sur. La cordillera Bética constituye la región de mayor actividad sísmica de la Península Ibérica, con especial atención a Granada, Málaga, Almería, Murcia y parte de Alicante. Allí aparecen fallas activas como las de Alhama de Murcia, Bajo Segura, Carboneras, Palomares o Crevillente. La historia ha dejado señales bastante poco discretas: terremotos destructivos en Almería en 1522, Torrevieja en 1829 y Andalucía en 1884, entre otros.

Del Golfo de Cádiz a los Pirineos

Otro foco importante se encuentra mar adentro, entre el Banco de Gorringe y el Golfo de Cádiz, en la frontera tectónica que continúa hacia el margen marroquí. Es una zona capaz de generar terremotos mayores que muchas de las fallas terrestres españolas y añade un segundo peligro: el tsunami. El gran terremoto de Lisboa de 1755 produjo uno de los maremotos más destructivos conocidos en las costas ibéricas; en 1969, otro terremoto de magnitud 7,8 al suroeste del cabo de San Vicente volvió a recordar que el Atlántico tampoco es un vecino geológicamente aburrido.

El mar de Alborán completa buena parte del cinturón meridional y mediterráneo. Al norte quedan los Pirineos, con una sismicidad moderada y principalmente superficial, pero con terremotos históricos destructivos. Hay actividad en otros puntos del país y un mapa sísmico nunca debe interpretarse como una frontera administrativa: que una provincia aparezca con menor peligrosidad no significa que exista una especie de salvoconducto geológico. Los mapas nacionales trabajan con periodos de retorno de centenares de años porque el riesgo se mide en horizontes que poco tienen que ver con una vida humana o una legislatura.

El sureste reúne una combinación especialmente delicada

Granada, Málaga, Almería, Murcia y Alicante suman actividad sísmica histórica, fallas próximas, una elevada concentración urbana y, en numerosos municipios costeros, enormes oscilaciones estacionales de población. El mismo terremoto no produce el mismo desastre en todas partes. Un movimiento fuerte bajo una zona rural poco poblada puede ser grave; bajo un corredor urbano lleno de viviendas antiguas, hoteles, carreteras, hospitales y población turística, la factura humana cambia por completo.

Ahí aparece una distinción fundamental. La peligrosidad sísmica describe la posibilidad y la intensidad potencial de la sacudida. El riesgo incorpora también cuánta gente y cuántos bienes están expuestos y hasta qué punto son vulnerables. La falla es la misma; la ciudad construida encima, no.

Lorca dejó una lección incómoda: magnitud no es daño

La cifra de magnitud atrae todas las miradas porque cabe perfectamente en un titular. Pero puede engañar. Un terremoto relativamente moderado, superficial y muy cercano a un núcleo urbano puede provocar sacudidas violentas y daños superiores a los esperados. Lorca es el ejemplo español contemporáneo más claro.

El 11 de mayo de 2011, un terremoto de magnitud 5,1 ocurrió a unos cinco kilómetros de la ciudad murciana. Alcanzó intensidad VII en la escala macrosísmica europea y dejó nueve fallecidos. El episodio impulsó después una mejora de la instrumentación de la zona: nuevas estaciones sísmicas, acelerómetros y sensores sobre la falla de Alhama de Murcia permiten observar mucho mejor lo que sucede bajo ese territorio.

La profundidad importa. La distancia importa. El tipo de suelo, también. Terrenos blandos pueden amplificar determinadas ondas; la licuefacción puede hacer que suelos saturados pierdan resistencia y se comporten durante unos instantes casi como un fluido. Y luego está el edificio: materiales, geometría, mantenimiento, reformas anteriores, fachadas, cornisas, balcones. Un terremoto no derriba una ciudad mirando únicamente el número que aparecerá después en la pantalla de los sismógrafos.

Incluso hay paradojas llamativas. En 1954 se registró bajo Granada el terremoto de Dúrcal, de magnitud 7,8, pero a más de 600 kilómetros de profundidad y con una intensidad en superficie muy inferior a la de algunos seísmos bastante menores. Magnitud y destrucción no son sinónimos.

Torrevieja, el escenario que cambia la escala del problema

El terremoto de Torrevieja del 21 de marzo de 1829 es uno de los precedentes que más preocupan cuando se intenta trasladar la historia al mapa urbano del siglo XXI. Alcanzó aproximadamente magnitud 6,6 y una intensidad máxima IX-X. Destruyó Torrevieja, Guardamar, Benejúzar y Almoradí y causó centenares de muertos. Entonces, la Vega Baja alicantina era un territorio incomparablemente menos urbanizado que en la actualidad.

Un estudio científico publicado en 2025 utilizó modelos de estimación de daños para preguntarse qué ocurriría si aquel terremoto se repitiese en las condiciones actuales. No es una profecía y conviene subrayarlo: son escenarios de riesgo construidos mediante modelos, sometidos a diferentes supuestos sobre vulnerabilidad de edificios, distribución de población y temporada del año.

El resultado, aun con todas esas cautelas, merece atención. Con la población actual, algunos escenarios calculan varios miles de víctimas. Al introducir la ocupación turística de verano, determinados modelos superan ampliamente las 10.000 y el supuesto más adverso alcanza una media cercana a 28.000 fallecidos. Los propios investigadores consideran extremos esos escenarios y no sostienen que semejante cifra vaya a producirse; lo relevante es otra cosa: muestran cuánto ha aumentado la exposición humana en una franja costera que ya sufrió terremotos destructivos en el pasado.

Es una diferencia enorme respecto a Arenas del Rey. El terremoto andaluz de Navidad de 1884, estimado en magnitud 6,8, alcanzó intensidad X y prácticamente destruyó varias localidades de Granada y Málaga. Dejó 745 muertos y 1.485 heridos. Fue brutal. Pero aquella parte del territorio no ha experimentado después una transformación urbana comparable a la costa de Alicante y Murcia.

El suelo no entiende de temporada alta. La vulnerabilidad, sí.

El punto débil está también en los edificios

España dispone de normativa sismorresistente, pero una parte sustancial del parque inmobiliario de las zonas de riesgo se construyó antes de que existieran criterios modernos. Barrios enteros, bloques residenciales y urbanizaciones turísticas proceden de los años sesenta, setenta y ochenta. Muchos seguirán en pie dentro de varias décadas.

La norma estatal NCSE-02, aprobada en 2002, continúa constituyendo una referencia esencial para la edificación sismorresistente, mientras la incorporación del marco europeo más moderno lleva años avanzando. En 2024, además, el Gobierno suprimió la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes dentro de una reorganización de los órganos técnicos del Ministerio, atribuyendo la evolución normativa a las estructuras sectoriales competentes.

El desfase no convierte automáticamente cada edificio antiguo en una trampa, como tampoco una vivienda nueva es indestructible. Pero introduce una incógnita incómoda. Las construcciones levantadas décadas antes de las normas actuales nunca han sido sometidas a un gran terremoto real, especialmente en algunas zonas costeras donde el crecimiento urbanístico fue rapidísimo.

Y los elementos que causan lesiones no siempre son pilares o forjados. Cornisas, fachadas, cristales, balcones y revestimientos pueden desprenderse aunque el inmueble principal permanezca en pie. Lorca volvió a dejar esa lección a ras de calle: la seguridad sísmica no consiste únicamente en impedir el colapso total de un edificio.

No todo está detenido. El Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcánica y de otros Fenómenos Geofísicos, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2025, contempla mejorar las redes de observación, actualizar el catálogo sísmico nacional y avanzar hacia una base oficial de fallas activas útil también para la normativa y los estudios de peligrosidad. Conocer con mayor precisión esas fallas es una pieza esencial de la prevención sísmica.

No hay una cuenta atrás, aunque el riesgo sea real

Hablar de que España está en “tiempo de descuento” sirve para explicar una preocupación estadística, pero no debe confundirse con una predicción. Los terremotos no siguen un horario regular. Que hayan transcurrido 50, 100 o 140 años desde un gran seísmo no permite calcular cuánto falta para el siguiente.

Los periodos de retorno son herramientas probabilísticas construidas a partir de registros históricos, evidencias geológicas y modelos. Sirven para diseñar edificios o estimar peligrosidad a muy largo plazo; no funcionan como el temporizador del horno. El catálogo histórico español abarca siglos, pero las grandes sacudidas son relativamente escasas, lo que deja muestras estadísticas pequeñas.

Tampoco una sucesión de pequeños terremotos significa que la falla haya quedado amablemente “descargada”. La escala de magnitud es logarítmica: la energía liberada aumenta de manera gigantesca entre un nivel y otro. Hacen falta cantidades enormes de pequeños seísmos para aproximarse a la energía de uno grande. Una temporada con muchos temblores menores no concede inmunidad para los siguientes años.

La consecuencia es menos espectacular y bastante más útil: España no necesita adivinar la fecha para reducir el daño. Puede conocer mejor sus fallas, adaptar la construcción, estudiar edificios existentes, proteger infraestructuras esenciales y enseñar a la población cómo comportarse. La autoprotección y la prevención siguen siendo dos de las herramientas fundamentales frente a una emergencia sísmica.

La próxima sacudida medirá algo más que la geología

El siguiente gran terremoto español podría producirse dentro de poco o tardar muchas décadas. Puede golpear el sureste, la Bética, el entorno de Alborán, los Pirineos o llegar desde una gran fuente sísmica atlántica. No existe una técnica científica capaz de precisar ese momento y cualquier calendario que asegure lo contrario pertenece más al terreno de la adivinación que al de la sismología.

Sí sabemos algo bastante más incómodo: España ya ha sufrido terremotos capaces de destruir pueblos y causar centenares de víctimas, y las fallas que los produjeron no desaparecieron cuando se inventó el hormigón armado. El terremoto de Andalucía de 1884 ocurrió hace más de 140 años; Torrevieja, hace casi dos siglos. A escala humana parecen episodios remotos. A escala geológica son prácticamente anteayer.

La cuestión decisiva, por eso, quizá no sea si la tierra volverá a moverse. Se moverá. La verdadera diferencia estará en qué habrá encima cuando lo haga: edificios resistentes o vulnerables, infraestructuras preparadas o improvisadas, ciudadanos que saben reaccionar o una sociedad sorprendida por un peligro que figuraba desde hacía décadas en todos los mapas.

Porque un terremoto no se puede detener. Lo que sí cambia —y mucho— es el desastre que dejamos que construya a su alrededor.