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¿Quién es el diputado de Más Madrid con ocho inmuebles y qué propone?
Hugo Martínez Abarca declara cuatro viviendas, dos locales y dos garajes mientras participa en las propuestas de Más Madrid sobre desahucios.

Resumen
- Hugo Martínez Abarca declara ocho inmuebles, pero solo cuatro son viviendas
- También declara dos locales y dos garajes, con varios derechos heredados
- Más Madrid lo sitúa entre sus voces activas contra determinados desahucios
Hugo Martínez Abarca, diputado de Más Madrid en la Asamblea regional, ha quedado en el centro del debate sobre vivienda por una combinación políticamente llamativa: participa activamente en las iniciativas de su partido sobre los desahucios mientras su declaración patrimonial recoge ocho inmuebles. Conviene precisar el dato desde el principio. No son ocho viviendas: se trata de cuatro viviendas, dos locales y dos plazas de garaje, y en varios casos aparecen derechos parciales ligados a herencias. La información publicada también le atribuye 16.200 euros anuales en ingresos por alquileres.
La polémica ha crecido porque Martínez Abarca ha asumido protagonismo en la respuesta de Más Madrid al desahucio de Maricarmen Abascal y en una propuesta parlamentaria para limitar la participación de empleados y servicios públicos en determinados lanzamientos. El contraste entre su patrimonio inmobiliario y las políticas que defiende ha alimentado un debate sobre coherencia política. El patrimonio declarado es un dato; la valoración que merezca esa combinación pertenece, naturalmente, al terreno político.
Ocho inmuebles, pero no ocho viviendas
El matiz importa. Decir que un diputado posee ocho inmuebles puede dibujar mentalmente una hilera de ocho pisos con ocho juegos de llaves. No es eso lo que reflejan los datos publicados. Martínez Abarca declara cuatro viviendas, dos locales y dos plazas de garaje.
Dos de las viviendas aparecen vinculadas a derechos del 50% de usufructo y propiedad procedentes de herencia, mientras otra figura con un 50% de nuda propiedad, también heredada. El patrimonio inmobiliario existe, por tanto, pero su composición jurídica es bastante más compleja que la idea de ocho casas completamente disponibles para alquilar o vender.
Martínez Abarca, nacido en Madrid en 1976, acumula varias legislaturas en la Asamblea y cuenta con formación en Derecho, Ciencias Políticas y Filosofía. Dentro de Más Madrid ha trabajado especialmente cuestiones jurídicas y parlamentarias, un perfil que explica su presencia en algunas de las iniciativas legislativas más delicadas del grupo.
Hay otro detalle que ayuda a poner las cifras en perspectiva. La legislación estatal utiliza como definición general de gran tenedor a quien posee más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o más de 1.500 metros cuadrados construidos de uso residencial, sin contar garajes y trasteros. En determinadas zonas de mercado residencial tensionado esa definición puede particularizarse hasta quienes sean titulares de cinco o más inmuebles residenciales, cuando así lo motive la comunidad autónoma correspondiente.
Con cuatro viviendas declaradas, hablar simplemente de ocho propiedades sin explicar de qué tipo son puede llevar a una conclusión distinta de la que ofrecen los documentos. Otra cosa es la discusión política sobre cuántas viviendas debería acumular una persona y cómo deben tributar. Ahí empieza precisamente la parte incómoda del asunto.
Qué propone Más Madrid sobre los desahucios
Martínez Abarca ha registrado junto a la portavoz parlamentaria Manuela Bergerot una proposición no de ley destinada a que la Comunidad de Madrid permita a determinados empleados públicos negarse por razones de conciencia a participar en el lanzamiento de una vivienda habitual.
La iniciativa plantea también evitar que servicios concebidos para atender emergencias sean empleados en estas operaciones. El foco está puesto especialmente sobre los bomberos, cuya intervención puede ser requerida, por ejemplo, para facilitar el acceso a una vivienda durante la ejecución de un lanzamiento.
Bomberos, empleados públicos y una cuestión jurídica delicada
La propuesta de Más Madrid parte de la idea de que un lanzamiento judicial no constituye una emergencia y que, por esa razón, los cuerpos de emergencia no deberían emplearse de forma ordinaria en este tipo de actuaciones. Su iniciativa pretende llevar esa posición política al terreno institucional de la Comunidad de Madrid.
Eso no significa que cualquier empleado público pueda decidir actualmente, sin más, que deja de participar en una actuación ordenada. La eventual objeción de conciencia, las competencias profesionales y el cumplimiento de resoluciones judiciales forman un terreno jurídico bastante más áspero que un eslogan. Una cosa es discutir qué funciones deberían asumir los bomberos; otra, determinar cómo se articula legalmente una negativa cuando existe una resolución judicial que debe ejecutarse.
Más Madrid quiere abrir esa puerta normativa. Y ahí el patrimonio de Martínez Abarca ha pasado inevitablemente al escaparate: quien participa en una política sobre vivienda y propiedad queda también expuesto al escrutinio sobre su propia relación con ambas.
El caso Maricarmen convirtió la vivienda en un incendio político
El detonante inmediato fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda madrileña en la que había residido durante décadas. El lanzamiento del 23 de septiembre provocó protestas, una acampada en la Puerta del Sol y una fuerte presión política sobre las administraciones.
Días después se alcanzó un acuerdo para que pudiera regresar al piso mediante un nuevo contrato de alquiler, con una renta limitada al 30% de sus ingresos. Su caso había dejado para entonces de ser únicamente un litigio residencial: se convirtió en símbolo de un problema nacional, el acceso a la vivienda y la protección de personas vulnerables cuando pierden su hogar.
La historia saltó rápidamente desde el distrito madrileño de Retiro al debate político estatal. Más Madrid reclamó medidas más intensas frente a determinados desahucios y contra la acumulación especulativa de vivienda, mientras desde otras posiciones políticas se ha defendido un equilibrio distinto entre protección del inquilino, oferta y seguridad jurídica del propietario.
El llamado decreto Maricarmen ya está en vigor
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, publicado en el BOE el día 30 y en vigor desde el 1 de octubre. La norma incorpora medidas urgentes sobre la función social de la vivienda, desahucios, alquileres y oferta residencial asequible.
Entre sus medidas figura un régimen para suspender hasta el 31 de diciembre de 2030 determinados procedimientos de desahucio cuando concurran situaciones de vulnerabilidad y ausencia de alternativa habitacional, con condiciones diferentes según quién sea la parte demandante. No supone, por tanto, una paralización automática de cualquier lanzamiento.
El decreto también introduce cambios relevantes en los alquileres de temporada y por habitaciones. Los contratos temporales deberán responder a una causa real y acreditable; si esa temporalidad no existe realmente, el contrato puede quedar sometido al régimen de vivienda habitual. La intención declarada de la norma es evitar que fórmulas contractuales aparentemente temporales sirvan para esquivar las garantías del alquiler residencial.
Sus efectos comenzaron a sentirse el mismo día de su entrada en vigor. En Barcelona fue suspendido un lanzamiento previsto en Sant Andreu después de que la defensa de una inquilina invocara las nuevas disposiciones ante la comitiva judicial. El decreto, eso sí, debe recorrer todavía el trámite parlamentario propio de los reales decretos-leyes.
El patrimonio de Martínez Abarca entra en el debate político
La cuestión que rodea al diputado mezcla tres planos que conviene no confundir. Tener propiedades inmobiliarias es un hecho patrimonial. Defender impuestos, límites o regulaciones sobre la propiedad es una posición política. Obtener ingresos mediante alquileres es una actividad económica sometida a las reglas correspondientes.
No existe una incompatibilidad automática entre ser propietario y defender una regulación más exigente para los propietarios. Un contribuyente puede respaldar una subida fiscal que también le afecte; un empresario puede apoyar normas más estrictas para su sector. El debate aparece cuando se compara el discurso político con la situación personal de quien lo defiende.
En el caso de Martínez Abarca existe un antecedente que explica por qué su patrimonio ha vuelto a ocupar titulares. En abril aplaudió una intervención de Manuela Bergerot en la Asamblea en la que la portavoz de Más Madrid sostuvo que nadie debería tener diez casas, ni tampoco tres, y defendió una mayor presión fiscal sobre la acumulación de viviendas.
Aquel episodio provocó críticas políticas porque Martínez Abarca declara cuatro viviendas. Pero, otra vez, la letra pequeña importa: parte de esos derechos inmobiliarios procede de herencias y existen porcentajes de usufructo y nuda propiedad. No es lo mismo una cartera de ocho viviendas adquiridas para inversión que cuatro viviendas dentro de un patrimonio de ocho inmuebles con distintos títulos jurídicos.
Ese matiz no borra el debate. Más Madrid ha situado la concentración de propiedad, el precio del alquiler y la protección de los inquilinos en el centro de su propuesta política. Es razonable, por ello, que las declaraciones patrimoniales de sus representantes formen parte del escrutinio público, igual que ocurre con los dirigentes de cualquier formación cuando sus bienes guardan relación directa con las políticas sobre las que intervienen.
Una cifra llamativa que necesita letra pequeña
El caso Martínez Abarca funciona como una lupa sobre una discusión mucho mayor. España debate hasta dónde debe llegar el derecho de propiedad cuando entra en tensión con la función social de la vivienda, qué responsabilidad tienen las administraciones ante personas vulnerables y qué límites puede establecer la ley sin vaciar las garantías del propietario.
Madrid es uno de los escenarios centrales de esa batalla política. Más Madrid defiende una intervención pública más intensa y mayores protecciones frente a determinados desahucios; el Gobierno autonómico del PP mantiene posiciones diferentes sobre regulación, oferta y seguridad jurídica. Entre ambas visiones permanece una realidad bastante menos cómoda que cualquier consigna: el acceso a una vivienda asequible continúa siendo uno de los grandes problemas sociales y económicos.
El patrimonio de Hugo Martínez Abarca añade un ingrediente especialmente visible, aunque los datos necesitan precisión. Son ocho inmuebles, no ocho viviendas; hay cuatro viviendas, dos locales y dos plazas de garaje, además de participaciones y derechos procedentes de herencias. El diputado declara también ingresos por alquileres y, al mismo tiempo, participa activamente en iniciativas de Más Madrid relacionadas con los desahucios.
La discusión política no se resuelve con el número ocho. Lo realmente relevante es comparar qué propiedades aparecen en la declaración patrimonial, qué medidas propone el diputado y cómo afectarían esas mismas reglas a propietarios en circunstancias semejantes. Ahí está el debate de fondo; lo demás, sin esa letra pequeña, cabe demasiado bien en un titular.












