Diferencia entre pareja de hecho y matrimonio ¿qué conviene?

Pareja de hecho vs matrimonio en España: derechos y límites en IRPF, herencias, vivienda, viudedad y extranjería con claves prácticas útiles.

La diferencia entre pareja de hecho y matrimonio en España se nota donde más duele el bolsillo y donde más protege el Estado. El matrimonio civil despliega efectos completos y homogéneos desde el mismo acto: derechos del cónyuge viudo en herencia sin testamento, un régimen económico matrimonial por defecto, posibilidad de declaración conjunta en el IRPF entre adultos y una vía abreviada a la nacionalidad si uno de los cónyuges es español. La pareja de hecho (también llamada unión de hecho o pareja estable) existe y funciona, pero su fuerza depende del territorio y de cómo se haya formalizado: no activa por sí sola la herencia intestada a favor del conviviente, no permite la declaración conjunta de ambos adultos y exige requisitos adicionales para acceder a la pensión de viudedad.

En la práctica diaria, la decisión se nota en momentos concretos. Si fallece uno de los dos, el cónyuge accede a la viudedad si cumple las condiciones generales del sistema; para la pareja de hecho hay que acreditar varios extremos (convivencia prolongada, formalización previa por inscripción o escritura y, en su caso, umbrales económicos). En impuestos, solo el matrimonio abre la declaración conjunta entre adultos; en uniones no matrimoniales uno de los progenitores puede declarar con los hijos, el otro va en individual. Y en permisos laborales, hoy se reconoce el permiso de 15 días tanto por matrimonio como por registro de pareja de hecho, con la práctica equiparación en los convenios. Esa es la foto a día de hoy.

Marco legal y dónde se regulan

El matrimonio civil está regulado de forma estatal en el Código Civil y en la Ley del Registro Civil. De ahí cuelga un armazón uniforme: igualdad de derechos y deberes, presunción de convivencia, deber de socorro y, sobre todo, un sistema económico supletorio que se aplica aunque no se haya pactado nada. En la mayor parte del país el régimen legal por defecto es la sociedad de gananciales; en Cataluña y Baleares rige separación de bienes por defecto; en Navarra y el País Vasco operan regímenes forales propios con particularidades históricas. Se puede cambiar de régimen mediante capitulaciones matrimoniales ante notario, con efectos desde su inscripción.

La pareja de hecho, en cambio, no tiene una ley estatal única. Su creación, efectos y extinción los marcan leyes autonómicas y, en Cataluña, el propio Derecho civil catalán. Esto trae consecuencias claras: los requisitos para ser pareja de hecho varían (convivencia mínima, inscripción registral, escritura pública) y los efectos también (acceso a prestaciones, prioridad en listas, fiscalidad autonómica, etc.). Hay comunidades donde la inscripción es constitutiva para que nazca la pareja de hecho a efectos administrativos; en otras, la inscripción es meramente declarativa y la unión se reconoce por convivencia prolongada o por escritura notarial. Esa diversidad explica por qué dos parejas con la misma vida reciben respuestas distintas según el lugar donde residen y la fecha en que formalizaron su relación.

Una pieza clave: aunque haya competencias autonómicas, muchas consecuencias esenciales (impuesto sobre la renta, nacionalidad, Seguridad Social) se deciden con leyes estatales. Por eso, aun con una pareja de hecho registrada, hay campos —IRPF, herencia intestada a favor del conviviente, nacionalidad abreviada— en los que seguirás sin equipararte al matrimonio, salvo que exista una previsión específica o un pacto válido (testamento, pactos sucesorios donde se admitan, etc.).

Dinero público y permisos: IRPF, viudedad y bajas

IRPF y unidad familiar. Hacienda lo resume con crudeza: la declaración conjunta entre adultos solo existe para los casados. En parejas de hecho, no hay declaración conjunta de ambos convivientes. Si hay hijos, uno de los progenitores puede formar unidad familiar con los menores y optar por la modalidad conjunta con ellos; el otro progenitor presenta su declaración individual. Esto afecta especialmente a quienes tienen rentas muy dispares, tramos progresivos y deducciones que se aprovechan mejor agrupadas.

Pensión de viudedad. Aquí está la asimetría más comentada. En matrimonio, el acceso a la viudedad depende de los requisitos generales (situación del causante, cotizaciones, estado civil al fallecimiento, etc.). En pareja de hecho la ley exige tres bloques de pruebas: convivencia estable durante años previos al fallecimiento, formalización previa de la unión por inscripción o escritura con la antelación exigida y, frecuentemente, condiciones económicas del superviviente respecto al conjunto de ingresos de la unidad de convivencia. Los matices importan: hay casos en que los tribunales han flexibilizado exigencias muy estrictas cuando existían hijos comunes o una convivencia de larguísima duración; en otros han mantenido la regla literal y han denegado la prestación por falta de inscripción o por formalizar tarde la unión. Quien quiera blindar esta prestación en una unión no matrimonial debe formalizar a tiempo (registro o escritura) y guardar pruebas de convivencia y cargas compartidas.

Permisos laborales. La realidad del trabajo se ha igualado en la práctica. El permiso retribuido de 15 días por matrimonio se extiende ya al registro de pareja de hecho por norma y por vía de convenios colectivos, lo que ha evitado buena parte de los conflictos que hace una década terminaban en los juzgados. Las bajas por nacimiento y cuidado del menor son idénticas para ambos progenitores, estén casados o no, y se disfrutan en semanas equivalentes con retribución completa, con las reglas de disfrute y ampliaciones en supuestos singulares (nacimiento prematuro, ingreso hospitalario, familia monoparental). La letra pequeña está en los plazos de preaviso y en cómo coordinar periodos obligatorios y voluntarios dentro de la ventana de uso.

Fiscalidad autonómica. En Sucesiones y Donaciones, varias comunidades equiparan a la pareja de hecho registrada con el cónyuge a efectos de reducciones o bonificaciones. No es automático: suelen exigir inscripción previa y, en ocasiones, antigüedad mínima. Lo habitual es ver grandes bonificaciones para grupos familiares directos que incluyen al cónyuge y a la pareja registrada; en otras regiones, el tratamiento es más limitado. Antes de donar o heredar, conviene verificar el territorio y comprobar qué pide exactamente la norma autonómica del domicilio fiscal.

Vivienda, herencia y patrimonio en juego

Vivienda familiar. En matrimonio, la vivienda habitual tiene un candado legal: no se puede vender ni hipotecar sin consentimiento del otro cónyuge o, en su defecto, autorización judicial, aunque la casa sea privativa de uno. Esa protección no aparece automáticamente en parejas de hecho. Si el piso pertenece a uno solo y no hay hijos, el otro conviviente no tiene ese poder de veto salvo que se haya pactado algo (copropiedad, usufructo, prohibición de disponer) o lo establezca una norma autonómica concreta. En alquiler, la Ley de Arrendamientos Urbanos equipara en buena medida: a la muerte del arrendatario, puede subrogarse el cónyuge o quien haya convivido con análoga relación de afectividad durante el tiempo exigido, con reglas específicas si hay descendencia común.

Herencia sin testamento. La gran frontera. El cónyuge viudo mantiene derechos en la sucesión intestada en toda España, con el alcance que marcan la existencia de hijos o de ascendientes (usufructo del tercio de mejora o de una parte mayor si no hay descendientes). La pareja de hecho, por sí sola, no hereda cuando no hay testamento, salvo en Derechos forales donde se reconocen protecciones al conviviente supérstite (por ejemplo, instrumentos propios en Cataluña o el País Vasco). ¿Consecuencia práctica? Para una pareja de hecho, hacer testamento deja de ser un consejo y pasa a ser una necesidad si se quiere asegurar al conviviente: se puede atribuir usufructos, legar bienes concretos, fijar sustituciones o, en territorios forales que lo permiten, pactar la sucesión en vida.

Régimen económico y cuentas comunes. El matrimonio trae un régimen por defecto que, si no se dice lo contrario, ordena qué es común y qué es privativo. En gananciales, se hacen comunes la mayoría de bienes adquiridos y las rentas durante el matrimonio; en separación, cada cual conserva la titularidad de lo suyo, con solidaridad en gastos familiares. En pareja de hecho no existe un régimen supletorio estatal: si no se firma nada, cada bien es de quien lo compra o de quienes figuran como cotitulares. Lo sensato en uniones no matrimoniales es acudir a notaría y formalizar pactos de convivencia: reparto de gastos, propiedad de la vivienda y del ajuar, reembolso de aportaciones cuando se venda, efectos de la ruptura. Si hay negocio familiar, incluir cláusulas sobre participaciones, usufructo de dividendos o preferencia de adquisición evita litigios caros.

Seguros, bancos y sanidad. Muchos trámites cotidianos —beneficiarios de seguros, poderes para operar en cuentas bancarias, consentimientos informados en sanidad— funcionan por documentación privada (pólizas, poderes notariales, instrucciones previas) y la práctica ya reconoce a las parejas registradas. El matrimonio simplifica y presume ciertos vínculos; la pareja de hecho los acredita con papeles. No es peor ni mejor, pero sí más formalista: toca conservar certificados, escrituras, empadronamientos y recibos.

Hijos, adopción y vida cotidiana

Mis mismos derechos, da igual el estado civil. La filiación no distingue entre casados y no casados: los hijos tienen los mismos derechos. Esa igualdad se ve en apellidos, patria potestad, alimentos y en la corresponsabilidad parental. Los permisos por nacimiento y cuidado del menor se reconocen en idéntica extensión a ambos progenitores, sin que el matrimonio sea requisito.

Adopción y acogimiento. La adopción conjunta se articula de forma natural en matrimonio; fuera del matrimonio, la práctica ha consolidado la adopción individual de uno de los convivientes o la adopción del hijo de la pareja, con un trámite afinado por los servicios de protección de menores. La mayoría de comunidades han normalizado estos supuestos, pero sigue siendo recomendable consultar la casuística local si el plan de familia pasa por una adopción conjunta formalizada desde el inicio.

Ruptura con hijos. Cuando hay menores, el marco protector es el mismo: custodia compartida o exclusiva según el caso, régimen de estancias, pensión de alimentos, uso de la vivienda familiar y reglas para mudanzas o colegios. En la práctica, los juzgados de familia aplican criterios de interés del menor con independencia de que los progenitores estén casados o inscritos como pareja de hecho. La diferencia suele aflorar en las compensaciones económicas entre adultos (no confundir con alimentos de los hijos): en matrimonio hay figuras típicas como la pensión compensatoria; en pareja de hecho, la existencia y cuantía de una compensación entre convivientes depende mucho de lo pactado y, en su caso, de normas autonómicas específicas.

Cotidiano sin fricciones. Escolarización, empadronamiento, acceso a historiales médicos o representación ante administraciones ya distinguen poco entre matrimonio y pareja registrada. En alquiler, la LAU protege la subrogación del conviviente; en empresas, los permisos por hospitalización o enfermedad grave del cónyuge se extienden a la pareja registrada con mayor naturalidad que hace unos años. Quedan inercias, sí, pero la operativa diaria está prácticamente equiparada.

Personas extranjeras: residencia y nacionalidad, dos carriles distintos

Las reglas de extranjería distinguen entre residencia y nacionalidad. Para tramitar la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión (el régimen comunitario), España reconoce como beneficiarios tanto al cónyuge de un ciudadano español o de otro país de la UE como a su pareja registrada, siempre que la unión sea válida y se acredite debidamente. Eso abre el acceso a residencia y trabajo en condiciones preferentes.

El atajo a la nacionalidad por residencia es otro cantar. El cónyuge de español puede solicitarla al año de residencia legal y continuada (si no está separado y la convivencia persiste). Estar inscrito como pareja de hecho con una persona española no da por sí mismo ese plazo abreviado: hay que acudir a las vías generales (por residencia ordinaria o por otras circunstancias). Muchas parejas que no necesitan los efectos sucesorios o fiscales del matrimonio sí valoran casarse por esta razón concreta cuando el proyecto de vida incluye la nacionalidad a medio plazo.

Cómo se formaliza y cómo se rompe

Casarse implica expediente matrimonial, celebración ante autoridad competente (Juzgado, Registro Civil, alcalde o concejal, notario) e inscripción en el Registro Civil. Los tiempos dependen de la carga de trabajo del juzgado o notaría elegida y, en general, la inscripción produce efectos inmediatos y perfectamente oponibles frente a terceros.

La pareja de hecho se crea por territorio. Hay comunidades que exigen convivencia previa de meses o un año para inscribir; otras admiten la escritura pública como camino alternativo sin plazos de convivencia; en algunas, la inscripción es constitutiva (sin inscripción no hay pareja a efectos administrativos), en otras es declarativa. Si se quiere acceder a viudedad o a bonificaciones autonómicas, la fecha de inscripción o de la escritura es decisiva. Conviene no dejarlo para el final: formalizar tarde puede cerrar puertas.

La ruptura también difiere. El matrimonio se disuelve por divorcio (judicial o notarial, según haya o no hijos menores o medidas controvertidas) o por nulidad. En pareja de hecho, la extinción se anota ante el registro autonómico (si existe) o se documenta en escritura notarial; en Cataluña, incluso por notificación fehaciente de uno de los convivientes en los supuestos previstos. Si hay hijos o una vivienda común, las medidas sobre custodia, alimentos y uso de la casa se tramitan del mismo modo que en un divorcio. La gran diferencia práctica está en las compensaciones entre convivientes: sin un marco supletorio estatal, lo que no esté pactado dependerá del criterio judicial y de la normativa autonómica. Un pacto de convivencia bien armado evita sorpresas y pleitos caros.

Señales prácticas para elegir sin sorpresas

Si buscas homogeneidad y certezas, el matrimonio ofrece el paquete jurídico más amplio y uniforme en España. Ordena la herencia sin testamento, permite la declaración conjunta entre adultos, abre si procede la vía rápida a la nacionalidad y otorga una protección reforzada de la vivienda familiar. Es, dicho sin adornos, un contrato profundamente regulado que exige menos letra pequeña porque la norma supletorio cubre casi todo.

Si prefieres autonomía contractual, si no necesitas declaración conjunta de adultos ni el canal abreviado a la nacionalidad y te sientes cómodo pactando con detalle, la pareja de hecho funciona bien. Protege en vivienda de alquiler, te reconoce permisos laborales clave, visibiliza la unidad familiar y abre la puerta al régimen comunitario para residentes no españoles. Pero exige disciplina documental: inscripción o escritura a tiempo, testamento si quieres proteger al conviviente, pactos sobre vivienda, gastos y salida de la relación, y una revisión de la fiscalidad autonómica antes de mover patrimonio.

En ambos casos, hay un denominador común que se suele pasar por alto: planificar. Un testamento claro evita que una herencia bien intencionada termine en un laberinto; un simple poder notarial resuelve la gestión de una cuenta bancaria si uno enferma; unas instrucciones previas ordenan decisiones médicas. El matrimonio presume respuestas; la pareja de hecho las construye con papeles. Donde no llega la ley, llegan los acuerdos.

Un último apunte realista. Muchas de las reglas que parecen idénticas en todo el país tienen detalles autonómicos que cambian el resultado: requisitos de antigüedad para bonificaciones en Sucesiones, plazos para inscribirse y acceder a prestaciones, convenios colectivos que amplían permisos o los condicionan a la inscripción. Lo que vale en una ciudad puede no valer en otra. Antes de decidir, es sensato comprobar la norma de la comunidad donde se vive y, si hay planes de mudanza, tener en cuenta que la protección puede variar.

Decidir con la letra pequeña delante

La pregunta que hoy se hacen miles de parejas en España —y que se resuelve menos con romanticismo que con prudencia— no es si la vida en común merece formalizarse, sino cómo. Con matrimonio, el Estado despliega una red homogénea de derechos y deberes que sostiene herencias, vivienda, impuestos y familia con pocas sombras. Con pareja de hecho, la protección existe y ha crecido con el tiempo, pero depende del territorio y de formalidades cumplidas en plazo. En pensiones, fiscalidad estatal y nacionalidad, la asimetría todavía es real.

Elegir no es un acto ritual, sino una decisión jurídica con impacto directo en el patrimonio, la seguridad futura y la administración del día a día. Quien necesita certezas uniformes suele encontrar en el matrimonio la vía más previsible. Quien prioriza flexibilidad y autonomía, y está dispuesto a pactar y documentar, tiene en la pareja de hecho una herramienta suficiente para casi todo… con una condición: hacer los deberes a tiempo. Un registro o una escritura antes, un testamento bien pensado, y pactos clavos de banco para la convivencia y la salida. Con eso, la vida compartida no depende de interpretaciones ni del azar del territorio, sino de decisiones conscientes puestas negro sobre blanco. Y esa, visto lo visto, es la diferencia que más paz trae.

🔎​ Contenido Verificado ✔️

Este artículo se apoya en normativa vigente, portales institucionales y fuentes oficiales para ofrecer información contrastada y actualizada. Fuentes consultadas: Agencia Tributaria, Seguridad Social, BOE – Código Civil, BOE – Ley de Arrendamientos Urbanos, Ministerio de Justicia, BOE – RD 240/2007, Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Xunta de Galicia.