¿Puede el diálogo político abrir una transición real en Venezuela?

El Gobierno interino venezolano y una delegación opositora han iniciado en Caracas la primera reunión presencial de una nueva negociación respaldada por Estados Unidos. La mesa pretende reconstruir las instituciones democráticas, ampliar los derechos políticos y preparar el terreno para futuras elecciones, aunque todavía no existe un calendario electoral ni un acuerdo sobre las condiciones de esos comicios.

El encuentro supone un movimiento relevante, pero no equivale todavía a una transición. Abre un proceso —frágil, discutido y vigilado desde Washington— en el que deberán negociarse la renovación del Consejo Nacional Electoral, la reforma del sistema judicial, la liberación de presos políticos y las garantías necesarias para que partidos, medios y ciudadanos puedan actuar sin persecución. Venezuela conoce bien las mesas de diálogo; también conoce el ruido que hacen cuando se desmontan sin dejar nada detrás.

La reunión se celebra en La Carlota, dentro de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en un espacio utilizado por la Asamblea Nacional después de que el Palacio Federal Legislativo sufriera daños durante los terremotos del 24 de junio. La emergencia humanitaria provocada por aquellos seísmos, con más de 6.000 muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas sin vivienda, forma parte de la agenda inmediata.

Un diálogo presencial después de semanas de tanteo

Las conversaciones comenzaron formalmente este jueves 6 de agosto tras varios días de retrasos y contactos preliminares. Al frente de la representación gubernamental está Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la gobernante interina, Delcy Rodríguez. La delegación opositora está encabezada por Dinorah Figuera, exdiputada residente en España y presidenta del grupo parlamentario elegido en 2015, considerado por Estados Unidos como la última legislatura venezolana surgida de unas elecciones democráticas reconocibles.

Jorge Rodríguez llega a la mesa con experiencia acumulada. Ha participado en anteriores negociaciones con la oposición y con representantes estadounidenses, conoce el lenguaje de los comunicados, los silencios calculados y esa liturgia política donde todos sonríen mientras miden hasta la posición de las sillas. Figuera, por su parte, regresó a Venezuela desde España para dirigir una delegación integrada por antiguos diputados opositores.

La cobertura informativa de la apertura fue limitada a los fotógrafos y no se anunciaron declaraciones públicas inmediatas. La escena fue, por tanto, más institucional que explicativa: delegaciones sentadas, cámaras autorizadas durante unos minutos y prudencia extrema. La sustancia del diálogo permanece bajo reserva, una costumbre comprensible en cualquier negociación delicada, aunque en Venezuela la opacidad suele despertar recuerdos poco amables.

La delegación opositora procede principalmente de la Asamblea Nacional elegida en 2015 e incluye antiguos parlamentarios vinculados a Primero Justicia y Voluntad Popular. Figuera está acompañada, entre otros, por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. En el equipo gubernamental participan la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan; el vicepresidente parlamentario Pedro Infante; Jorge Arreaza, y varias diputadas del bloque chavista.

No se trata, sin embargo, de una representación completa de la oposición venezolana. Distintos partidos y dirigentes han expresado dudas sobre la selección de los negociadores y sobre el papel atribuido a Figuera. La mesa nace así con una primera dificultad: quiere hablar en nombre del país, pero una parte importante del país político no está sentada en ella.

La composición importa. Una negociación democrática no se legitima solo porque reúna adversarios bajo el mismo techo; necesita que esos interlocutores tengan capacidad política real para comprometer a sus respectivos sectores. Sin esa conexión, el diálogo puede terminar produciendo acuerdos jurídicamente vistosos y políticamente huérfanos.

Terremotos, instituciones y derechos políticos

La agenda inicial contiene tres grandes bloques: la atención a las víctimas de los terremotos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la recuperación de los derechos y garantías políticas. La emergencia sísmica no es un asunto ornamental. La reconstrucción necesita recursos, coordinación administrativa y acceso a activos venezolanos en el extranjero, algunos de los cuales siguen vinculados jurídicamente a la Asamblea Nacional de 2015.

La oposición quiere que el proceso avance hacia una nueva composición del Consejo Nacional Electoral, un organismo cuestionado durante años por su dependencia del poder ejecutivo. También reclama cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, la legalización de partidos intervenidos o bloqueados, el levantamiento de inhabilitaciones políticas y garantías para competir sin represalias.

Son reformas menos fotogénicas que una urna, pero anteriores a ella. Unas elecciones no se vuelven libres por anunciar su fecha; necesitan un censo actualizado, autoridades electorales independientes, observación, libertad de campaña, acceso plural a los medios y seguridad para votantes y candidatos. Sin esas piezas, la urna electoral es apenas una caja de plástico con ínfulas institucionales.

Organizaciones civiles se concentraron antes de la reunión para exigir la designación imparcial de las nuevas autoridades electorales, la actualización del registro de votantes y un cronograma para elecciones presidenciales y parlamentarias. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pidió también el fin de la vigilancia sobre periodistas, el desbloqueo de plataformas digitales y garantías efectivas para la libertad de expresión.

El calendario electoral, la gran ausencia

Por ahora no hay una fecha pactada para votar. Figuera ha señalado que las conversaciones se prolongarán durante varios meses y que hacia diciembre podría presentarse formalmente el resultado del trabajo. Eso permite pensar en una hoja de ruta institucional, pero no confirma cuándo se celebrarían las elecciones ni cuál sería su orden.

Estados Unidos plantea un proceso dividido en tres fases: estabilización, recuperación económica y transición democrática. La lógica estadounidense consiste en reconstruir primero un Estado funcional y organizar después elecciones nacionales, parlamentarias y regionales. Para una oposición que lleva años reclamando una salida electoral inmediata, la paciencia exigida desde Washington resulta difícil de digerir.

La demora puede ser razonable si sirve para crear condiciones auténticas. También puede convertirse en una sala de espera interminable. La diferencia estará en los hechos: nuevas autoridades electorales, libertad para los partidos, excarcelaciones verificables y compromisos escritos. Sin plazos ni garantías, la palabra transición corre el peligro de convertirse en decoración diplomática.

María Corina Machado queda fuera, pero no al margen

La ausencia más visible es la de María Corina Machado, principal dirigente de la oposición mayoritaria y ganadora del Premio Nobel de la Paz. Tampoco participa Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Ambos han afirmado que no obstaculizarán ninguna iniciativa capaz de producir avances reales, pero evaluarán la negociación según resultados concretos y verificables.

Entre sus exigencias figuran la liberación de los presos políticos, la recuperación de las instituciones, garantías para todos los actores y un calendario oportuno de elecciones presidenciales. Machado ha evitado romper públicamente el proceso, aunque su exclusión plantea un problema evidente: la figura con mayor capacidad de movilización opositora observa la mesa desde fuera.

La negociación puede avanzar sin ella durante una fase técnica, pero difícilmente podrá cerrar un acuerdo político estable ignorando al movimiento que lidera. Incorporarla no significa entregarle el control del proceso; excluirla indefinidamente, en cambio, reduciría la legitimidad del acuerdo y ofrecería al chavismo una oposición fragmentada, justamente el paisaje que mejor conoce.

También existe una disputa más profunda sobre el punto de partida. Machado y González sostienen que las actas electorales de 2024 demostraron la victoria opositora y reclaman que esa voluntad popular sea reconocida. La nueva mesa parece moverse en otra dirección: reformar las instituciones y preparar futuras elecciones, sin resolver de entrada el conflicto de legitimidad heredado de aquellos comicios.

Estados Unidos facilita el proceso y condiciona el tablero

El Departamento de Estado ha calificado las conversaciones como una oportunidad para ampliar las libertades políticas, atender la emergencia humanitaria y avanzar hacia una Venezuela más estable. Washington asegura que su función será facilitar, no dictar, y que el proceso debe estar dirigido por venezolanos.

La distinción suena diplomáticamente impecable. Políticamente es bastante menos limpia. Estados Unidos respalda a Figuera, reconoce a la Asamblea de 2015, mantiene influencia sobre activos venezolanos en el exterior y ha defendido un plan por fases para ordenar la negociación. Su papel no es el de un invitado que sostiene la puerta; es el de la potencia que modificó por completo el equilibrio venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y trasladado fuera del país. Dos días después, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina. Desde entonces, el chavismo conserva una parte sustancial del aparato estatal, pero actúa bajo una presión exterior y económica mucho mayor. La mesa de Caracas nace de ese nuevo reparto de poder, no de una reconciliación espontánea entre adversarios.

Washington necesita demostrar que su intervención desemboca en instituciones democráticas y no únicamente en estabilidad económica o acuerdos petroleros. El Gobierno interino necesita aliviar la presión, preservar cuotas de poder y obtener reconocimiento. La oposición necesita garantías para competir. Los tres intereses coinciden durante unos metros; después, ya veremos.

Por qué esta negociación no se parece a las anteriores

Venezuela ha atravesado varios procesos de diálogo desde 2017. Todos generaron comunicados solemnes, fotografías internacionales y expectativas que después fueron diluyéndose. Los acuerdos parciales no lograron restaurar plenamente las libertades civiles ni construir un sistema electoral aceptado por todas las partes. La desconfianza actual, por tanto, no es cinismo: tiene archivo.

Esta vez el contexto es distinto. Nicolás Maduro ya no controla el poder, Delcy Rodríguez dirige un Gobierno provisional, Estados Unidos participa con una influencia decisiva y el chavismo necesita negociar en condiciones que antes podía evitar. También pesa la devastación de los terremotos, que obliga a coordinar recursos y reduce el margen para otro espectáculo político estéril.

Pero una correlación de fuerzas diferente no garantiza democracia. El chavismo conserva instituciones, estructuras territoriales y capacidad administrativa. La oposición continúa dividida. Washington tiene intereses económicos y estratégicos propios. Cada actor pronuncia la palabra transición, aunque no necesariamente imagina el mismo destino político.

La primera prueba será modesta y, precisamente por eso, reveladora. Si la mesa consigue acuerdos sobre ayuda humanitaria, presos políticos, libertad de prensa y renovación electoral, habrá empezado a construir confianza. Si se limita a prolongar reuniones mientras las decisiones importantes se toman en despachos ajenos, Venezuela habrá estrenado otra mesa para guardar las viejas excusas.

La democracia no cabe en una fotografía

El diálogo de Caracas puede abrir una transición política, pero todavía no la ha abierto. Ha creado un espacio para negociar las condiciones que harían posible esa transición: instituciones independientes, derechos civiles, pluralismo informativo y elecciones con garantías. Falta casi todo. Lo nuevo es que, por primera vez en mucho tiempo, quienes conservan el poder parecen necesitar un acuerdo y quienes lo disputan cuentan con una presión internacional capaz de alterar el cálculo.

El éxito no se medirá por la duración de las reuniones ni por la cordialidad de las imágenes oficiales. Se medirá por personas excarceladas, partidos rehabilitados, periodistas trabajando sin vigilancia, autoridades electorales creíbles y una fecha de votación que no sea escrita con tinta invisible.

Venezuela no necesita otra promesa de futuro recitada desde una tarima. Necesita reglas que sobrevivan a los gobernantes, instituciones que no cambien de dueño con cada crisis y ciudadanos capaces de elegir sin miedo. La reunión de La Carlota apenas ha encendido la luz de la sala. La transición democrática empezará cuando esa luz llegue a la calle.