¿Qué pasó con las detenidas por las pintadas de Santa Maria del Camí?

El caso de las pintadas contra cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí, en Mallorca, ha entrado en una fase bastante más delicada que la discusión sobre unos botes de espray. La defensa de las dos jóvenes investigadas ha pedido que se impugnen distintos extremos del atestado de la Guardia Civil y cuestiona cómo se obtuvieron algunos de los indicios utilizados contra ellas. Entre sus relatos aparece una frase atribuida a uno de los agentes durante la detención: «os habéis metido con gente de mucha pasta».

La expresión, que no constituye una declaración oficial de la Guardia Civil y procede de la versión ofrecida por una de las investigadas, Maria Morro, ha colocado un foco incómodo sobre el procedimiento. Según su relato, un agente habría reconocido que el problema de acceso a la vivienda también afecta a los propios guardias civiles y, aunque discrepaba de las formas empleadas en las protestas, habría hecho después ese comentario sobre las personas afectadas por las acciones.

La cuestión judicial, sin embargo, va bastante más allá de una frase llamativa. Las jóvenes están investigadas por daños continuados, daños contra el patrimonio histórico y pertenencia a grupo criminal. Su abogado, Josep de Luis, pretende que el juzgado examine la legalidad y el valor probatorio de distintas actuaciones policiales antes de decidir qué peso tendrán en una causa que comenzó con unas pintadas y ha acabado entrando en terrenos jurídicos mucho más espesos.

La frase sobre la «gente de mucha pasta» y el problema de la vivienda

Según el relato de Maria Morro, durante una conversación mantenida mientras estaba bajo custodia, uno de los guardias civiles habría hablado con ella sobre las dificultades para acceder a una vivienda en Mallorca. El agente, siempre según la versión de la investigada, le habría explicado que tampoco compartía las formas de la protesta, aunque admitía que la vivienda afecta también a los miembros del cuerpo.

Después habría llegado el comentario que ha trascendido del caso: el problema, le habría dicho, era que las activistas se habían metido con «gente de mucha pasta». La frase tiene fuerza política y social, claro, pero judicialmente exige bastante más prudencia: por el momento forma parte del testimonio de una de las investigadas y no consta como una posición institucional ni como un hecho probado.

Ese matiz importa. Y mucho. Una cosa es lo que una persona detenida afirma que escuchó durante su custodia y otra convertir esas palabras en una explicación oficial de por qué se desarrolló la investigación. Entre ambos extremos hay un procedimiento judicial, pruebas pendientes de valoración y versiones que deberán ser contrastadas.

Qué ocurrió con las cinco inmobiliarias de Santa Maria

Los hechos investigados se remontan a la madrugada del 31 de mayo de 2026, cuando cinco agencias inmobiliarias de Santa Maria del Camí aparecieron con pintadas y otros desperfectos relacionados con la protesta contra la turistificación y la presión inmobiliaria en Mallorca.

En los establecimientos aparecieron mensajes contra los turistas extranjeros, los llamados expats y la especulación inmobiliaria. También se introdujo pegamento en algunas cerraduras, se produjeron daños en una cámara de seguridad y fue fracturado un cristal. Los propietarios denunciantes cifraron las reparaciones en algo más de 1.500 euros.

La circunstancia que elevó la dimensión penal del asunto es que una de las actuaciones afectó a un inmueble protegido. De ahí que la investigación no se limite a unos presuntos daños ordinarios e incluya también un posible delito relacionado con el patrimonio histórico.

De unas pintadas a la investigación por grupo criminal

La Guardia Civil sostiene que varias personas participaron en la acción de una manera coordinada y premeditada. Las imágenes de videovigilancia muestran, según el atestado, a personas encapuchadas que llegaron con mochilas, aerosoles y martillos.

La investigación acabó identificando a Aina Maria Ramis y Maria Morro, dos vecinas de Santa Maria. Los agentes relacionaron también la actuación con el ambiente de movilización contra la masificación turística y examinaron posibles vínculos con colectivos como Menys Turisme, Més Vida y Arran Mallorca.

Ahí aparece uno de los puntos más discutidos del atestado. Los investigadores consideraron relevante que la forma de actuar coincidiera con recomendaciones recogidas en un manual de acción directa difundido por Menys Turisme, Més Vida. Pero existe una peculiaridad nada menor: el documento fue publicado después de las pintadas. La Guardia Civil considera significativa la coincidencia; la defensa cuestiona el valor que puede concederse a esa relación temporal.

Lo que las jóvenes dicen que ocurrió durante su detención

Aina Maria Ramis relata que fue interceptada cuando salía de casa para coger un tren hacia Palma. Al principio, según su versión, el hombre que la abordó no se identificó, por lo que llegó a pensar que podía tratarse de una broma o una estafa. Después le mostró la placa y aparecieron otros agentes. Uno de ellos le habría dicho que llevaban varios días siguiéndola.

Ese seguimiento forma parte de las actuaciones policiales realizadas para intentar confirmar la identidad de las personas captadas por las cámaras. La defensa, sin embargo, cuestiona distintos elementos de la investigación y reclama que el juzgado examine con detalle cómo se obtuvieron determinados indicios.

Maria Morro cuenta una secuencia distinta. Aquella mañana recibió llamadas en las que se le pidió que acudiera a dependencias de la Guardia Civil en Marratxí por un asunto que, según le dijeron, era confidencial. Antes de entrar fue identificada y detenida. Las dos jóvenes terminaron bajo custodia y posteriormente fueron trasladadas a Palma.

Lo controvertido viene después. Sus relatos describen conversaciones mantenidas con agentes en las que se habría insistido en que colaborasen entregando objetos y prendas de ropa presuntamente relacionadas con los hechos.

La ropa, los registros y la petición de «colaborar»

Según la versión de Aina Maria Ramis, un agente le explicó que colaborar podía evitar que la situación escalase y facilitar que saliera pronto de los juzgados. Le habrían preguntado por un martillo y aerosoles de pintura. Ella negó tenerlos.

La joven asegura también que se planteó la posibilidad de registrar su casa y que un agente hizo referencia a sus padres. Finalmente, ambas investigadas accedieron a desplazarse a sus domicilios para buscar determinadas prendas. Entregaron ropa y calzado que los investigadores querían cotejar con las imágenes disponibles.

La obtención de esas prendas es precisamente uno de los aspectos que la defensa quiere someter a revisión judicial. La discusión no consiste simplemente en determinar si una sudadera se parece a la que aparece en una cámara. Antes está la cuestión jurídica: en qué condiciones fue entregada y qué consecuencias tiene eso sobre su posible utilización como indicio.

Conversaciones sin cámaras y referencias al futuro profesional

Aina Maria Ramis sostiene que uno de los agentes pidió a otra guardia civil que abandonara una habitación y le indicó que podían conversar allí porque era un lugar sin micrófonos ni cámaras y lo que dijera no quedaría registrado.

Según la joven, el agente habría tratado después cuestiones personales. Al conocer que era maestra, le habría preguntado por las oposiciones y advertido de las consecuencias que unos antecedentes podrían tener para trabajar en la función pública. Incluso habría hecho referencia al dinero invertido por su familia en sus estudios.

El relato dibuja unas conversaciones muy alejadas del formulario burocrático de una detención: profesión, familia, futuro laboral, compañeros, vivienda, turismo. Precisamente por eso la defensa pretende que el juzgado valore si determinados elementos de la investigación se obtuvieron respetando todas las garantías exigibles.

Por qué la defensa quiere impugnar parte del atestado

El abogado Josep de Luis ha solicitado al juzgado que tenga por impugnados distintos extremos del atestado y que determinados elementos sean privados de valor probatorio o indiciario si se concluye que fueron obtenidos de manera ilícita.

También pide que las dos investigadas sean escuchadas judicialmente antes de que se resuelva esa cuestión. Conviene distinguir aquí una sutileza importante: los relatos sobre la detención han llegado a la causa y han sido expuestos por la defensa, pero será el juzgado el que determine su alcance, contraste las versiones y decida qué diligencias resultan válidas.

No significa, por tanto, que el atestado haya sido anulado. Tampoco que las imputaciones hayan desaparecido. La defensa ha planteado una impugnación y corresponde a la autoridad judicial pronunciarse sobre ella.

El centro del conflicto procesal está bastante claro: qué pruebas existen, cómo fueron obtenidas y hasta dónde permiten sostener una investigación que incluye la posible pertenencia a un grupo criminal. En derecho penal, la forma no es el celofán del procedimiento. Forma parte del procedimiento.

Qué sostiene la Guardia Civil sobre las investigadas

Frente al relato de las jóvenes, la Guardia Civil mantiene una reconstrucción basada en grabaciones, seguimientos, análisis de redes sociales, prendas de ropa y conexiones personales. Los investigadores consideran que quienes participaron en los ataques actuaron de forma organizada y escogieron varios establecimientos inmobiliarios como objetivo de una misma acción.

Las cámaras de seguridad permitieron observar a varias personas con el rostro cubierto. Según el atestado, dos mujeres fueron vistas posteriormente con la cara descubierta, circunstancia que abrió la vía para su identificación. A una de ellas se llegó también mediante una furgoneta de su propiedad y posteriores labores de vigilancia.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue una pancarta con el lema «SOS Residents. Stop Overtourisme» vinculada a una de las jóvenes. El atestado le concede importancia como indicio de su relación con el movimiento contra la turistificación. La defensa discute precisamente que la posesión o exhibición de material reivindicativo pueda transformarse, por sí sola, en prueba de participación en una actividad delictiva.

Es una frontera especialmente sensible. Defender límites al turismo no constituye un delito; causar daños materiales puede constituirlo. El procedimiento deberá establecer si los indicios disponibles permiten conectar una cosa con la otra en el caso concreto y con las garantías que exige un proceso penal.

De unas pintadas a una discusión sobre las garantías

Las dos jóvenes quedaron en libertad provisional después de pasar a disposición judicial y la investigación sigue abierta. No existe una condena y las imputaciones mantienen, por ahora, carácter provisional.

Entretanto, el caso ha crecido hasta desbordar las paredes pintadas aquella madrugada. Primero estuvo el debate sobre los daños a las inmobiliarias y la protesta contra la turistificación; después llegaron la investigación por grupo criminal, los seguimientos, las detenciones y la controversia política. Más tarde aparecieron también pintadas antisemitas en viviendas vinculadas al entorno familiar de una de las investigadas, unos hechos distintos que fueron denunciados.

Y queda esa frase, «gente de mucha pasta», demasiado sonora para pasar inadvertida y demasiado delicada para utilizarla como sentencia. El juzgado tendrá que separar testimonios, indicios y hechos acreditados, que es precisamente para lo que existen los tribunales cuando el ruido exterior empieza a sonar más fuerte que el expediente.

Porque el fondo de la causa sigue siendo bastante menos cinematográfico: determinar quién causó los daños del 31 de mayo, qué responsabilidad corresponde a cada persona y si la investigación policial que pretende demostrarlo respetó las garantías legales. Todo lo demás —dinero, turismo, vivienda, activismo, simpatías y antipatías— explica el paisaje. Pero no sustituye a la prueba.