¿Qué sentencia espera Daniel Sancho y qué puede cambiar en Tailandia?

La situación judicial de Daniel Sancho vuelve a moverse. El Tribunal de Apelaciones de Phuket ya ha redactado la resolución sobre los recursos presentados tras la condena a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. El fallo debe ser leído oficialmente por el Tribunal Provincial de Samui y, a 22 de agosto de 2026, no existe una fecha oficial para esa lectura. Mientras eso no ocurra, la condena dictada en agosto de 2024 sigue plenamente vigente.

Lo importante está ahí, aunque alrededor vuelen cartas de admiradores, declaraciones familiares y episodios más propios de la crónica social. La nueva sentencia puede confirmar la cadena perpetua, modificar el escenario penal o dar alguna respuesta a la petición de la defensa de celebrar una nueva vista o repetir el juicio. Y tampoco será necesariamente el último capítulo: después de esta segunda instancia todavía puede quedar abierta la vía del Tribunal Supremo de Tailandia.

Es, por tanto, un momento decisivo, pero conviene huir de una palabra que estos días aparece con demasiada alegría: “final”. El caso Sancho todavía puede seguir recorriendo tribunales. La Justicia tailandesa tiene sus tiempos y su liturgia; en un proceso seguido casi minuto a minuto desde España y Colombia, resulta incluso llamativo que uno de los movimientos más esperados dependa ahora de algo tan poco espectacular como el traslado formal de una resolución de un tribunal a otro.

La sentencia ya está escrita, pero todavía no tiene fecha

El Tribunal de Apelaciones de Phuket confirmó el 17 de agosto que la sentencia sobre los recursos ya estaba lista y estaba siendo remitida al Tribunal Provincial de Samui, el mismo que juzgó a Sancho en primera instancia. Desde allí deberá convocarse la lectura oficial.

Días después, Marcos García-Montes, abogado del equipo español que asesora a Sancho, afirmó en televisión que tenían conocimiento de que la resolución había sido enviada aproximadamente diez días antes. La cuestión esencial, sin embargo, no cambia: no se ha comunicado públicamente cuándo será leída.

Hasta conocer el texto resulta imposible afirmar qué ha decidido el tribunal. Puede parecer una obviedad, pero no lo es viendo algunos titulares que ya presentan el futuro del condenado como cosa resuelta. El fallo está redactado; su contenido, no divulgado. Son dos cosas bastante distintas.

Sancho permanece mientras tanto en la prisión de Surat Thani, al sur de Tailandia, donde fue trasladado después de conocer su condena. Lleva encarcelado desde agosto de 2023 y cumple actualmente la cadena perpetua impuesta por el Tribunal Provincial de Samui.

Qué está recurriendo Daniel Sancho

La primera sentencia, pronunciada el 29 de agosto de 2024, declaró a Daniel Sancho culpable de los tres delitos planteados por la Fiscalía: asesinato premeditado de Edwin Arrieta, ocultación del cadáver y sustracción de documentación ajena.

Por el asesinato premeditado, el tribunal estableció inicialmente la pena de muerte prevista por el Código Penal tailandés, pero la redujo en el mismo fallo a cadena perpetua al apreciar, entre otros elementos, la colaboración del acusado durante el procedimiento. Por la ocultación del cadáver recibió cuatro meses de prisión y por la sustracción del pasaporte de Arrieta, dos años, aunque esas penas quedaron absorbidas en la práctica por la prisión perpetua. También fue condenado a indemnizar a la familia de la víctima con cuatro millones de baht, alrededor de 107.000 euros según el cambio utilizado cuando se dictó la sentencia.

La defensa presentó en marzo de 2025 un recurso extraordinariamente extenso, de unas 400 páginas. Su posición mantiene la tesis defendida durante el juicio: niega que existiera un asesinato planificado y sostiene que la muerte se produjo durante un enfrentamiento entre ambos.

Pero el recurso va más allá de discutir cómo ocurrieron los hechos jurídicamente. Solicita una nueva vista ante el tribunal de apelación o incluso la repetición completa del juicio para introducir nuevos testimonios y elementos que, según la defensa, aparecieron después de la sentencia.

Entre ellos figura el testimonio del coronel de policía Paisan Sangthep, relacionado con la primera declaración de Sancho. El recurso también cuestiona que una confesión utilizada en primera instancia no hubiese quedado registrada en audio o vídeo, extremo que la defensa considera relevante para valorar su contenido. Son argumentos de la defensa, no hechos establecidos por una nueva sentencia. La diferencia importa.

Por qué la premeditación sigue siendo el centro del caso

Todo vuelve, de una manera u otra, a la premeditación. La sentencia de primera instancia consideró probado que Sancho actuó con intención de matar y valoró como indicios de preparación previa la compra de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico antes del encuentro con Edwin Arrieta.

El tribunal rechazó así la versión de una muerte puramente accidental defendida por el acusado. La sentencia sostuvo que Sancho golpeó a Arrieta con intención homicida y entendió que los actos anteriores y posteriores al fallecimiento componían una secuencia compatible con una planificación previa.

La defensa pretende desmontar precisamente esa construcción. No discute únicamente la duración de la condena: trata de cambiar la calificación del núcleo del crimen, porque de ella depende prácticamente todo lo demás.

Hay otro elemento que añade tensión al recurso. Los representantes de la familia Arrieta en Tailandia también recurrieron la sentencia y solicitaron jurídicamente la aplicación de la pena de muerte prevista para el asesinato premeditado. Sin embargo, Juan Gonzalo Ospina, representante de la familia en España, explicó que los familiares no desean la ejecución de Sancho y que su objetivo es que se mantenga la máxima pena efectiva, la cadena perpetua. Una precisión relevante frente a la versión, mucho más vistosa, de que la familia estaría reclamando sin matices la pena capital.

Qué puede decidir ahora el Tribunal de Apelaciones

La opción menos rupturista sería que el tribunal confirmase sustancialmente la sentencia de 2024. En ese caso, Daniel Sancho continuaría condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado y la defensa tendría que decidir si lleva el asunto ante el Tribunal Supremo tailandés.

También puede producirse una modificación del fallo. La defensa aspira a que se revise la valoración de los hechos y, especialmente, a conseguir una nueva audiencia o la repetición del proceso con otros testigos. Que lo haya solicitado no significa, naturalmente, que el tribunal vaya a concederlo; las vistas orales en los recursos de apelación tailandeses no son la práctica habitual.

En la dirección contraria está el recurso presentado en representación de la familia de Edwin Arrieta en Tailandia. Eso significa que la segunda instancia no examina únicamente una petición para aliviar la situación de Sancho: también existe una impugnación contra la reducción de la pena de muerte a cadena perpetua.

Por eso la lectura será realmente importante. No se trata de una mera formalidad que confirme cuánto tiempo seguirá en Surat Thani, sino de saber qué partes del razonamiento de primera instancia sobreviven al examen del Tribunal de Apelaciones.

Y aun entonces podría no haber sentencia firme. El sistema tailandés contempla una posterior revisión ante su Tribunal Supremo, de modo que presentar esta resolución como el desenlace definitivo sería adelantarse varias páginas.

El traslado a España no depende solo de esta resolución

Otra pregunta aparece cada vez que se mueve una pieza del procedimiento: cuándo podrá Daniel Sancho regresar a España para cumplir aquí la condena. Tampoco hay un billete de avión escondido dentro de la sentencia de apelación. El eventual traslado a España depende de requisitos distintos y no será automático.

España y Tailandia mantienen un acuerdo bilateral sobre ejecución de sentencias penales que permite el traslado de personas condenadas para cumplir la pena en su país de nacionalidad. El convenio establece varias condiciones y una especialmente importante en este caso: la sentencia debe ser firme y no puede existir otro procedimiento penal pendiente en el Estado que realiza el traslado.

También es necesario que se haya cumplido en Tailandia el periodo mínimo previsto por su legislación, que quede al menos un año de condena y que ambos Estados acepten el traslado. No existe, por tanto, un derecho automático del preso a decidir dónde cumple la pena.

En el caso de Sancho, la información facilitada tras la sentencia de primera instancia situaba en al menos cuatro años de cumplimiento en Tailandia el umbral previo para poder plantear ese traslado, junto con otras condiciones, entre ellas las relacionadas con las responsabilidades económicas derivadas de la condena. La existencia de recursos judiciales retrasa, de entrada, el requisito esencial de firmeza de la sentencia.

Aquí aparece una paradoja sencilla. Recurrir puede abrir la puerta a mejorar radicalmente la situación penal de Sancho, que es exactamente lo que persigue su defensa, pero también mantiene abierto el proceso y aleja temporalmente cualquier posible traslado basado en una sentencia definitiva. Ganar tiempo judicial no siempre significa ganar tiempo penitenciario.

Cartas, familia y ruido mediático en Surat Thani

La proximidad de la resolución ha coincidido con una nueva oleada de información sobre la vida de Daniel Sancho en prisión. En los últimos días varios medios han recogido que estaría recibiendo cientos de cartas de hombres y mujeres que aseguran sentirse atraídos por él, algunas incluso acompañadas de ofrecimientos económicos.

El fenómeno ha sido relacionado en televisión con la llamada hibristofilia, término empleado para describir la atracción romántica o sexual que determinadas personas sienten hacia autores de delitos graves. También se ha relatado el caso de una española que acudió a Surat Thani con intención de visitarlo y no pudo entrar porque no formaba parte de las personas autorizadas.

Es material llamativo, claro. También bastante periférico. Que Sancho reciba cartas, haga ejercicio, lea o despierte fascinación entre desconocidos no modifica una sola línea del expediente judicial. Y mantener esa proporción resulta especialmente pertinente en un caso con una víctima, Edwin Arrieta, cuya familia lleva tres años viviendo un proceso penal convertido periódicamente en espectáculo.

También ha hablado estos días Noela Aguirre, abuela paterna de Sancho y viuda del actor Sancho Gracia, expresando públicamente el afecto y apoyo hacia su nieto mientras la familia espera noticias desde Tailandia. Es la dimensión privada de un procedimiento que hace mucho dejó de ser privado en España.

La realidad penitenciaria continúa, entretanto, bastante lejos de esa espuma mediática. Sancho sigue en Surat Thani y su cadena perpetua no ha desaparecido ni ha sido reducida. Hasta que el Tribunal Provincial de Samui lea oficialmente la nueva resolución, cualquier afirmación sobre una victoria de la defensa, una rebaja de pena o una futura salida de prisión es especulación.

El caso entra en su tramo judicial más delicado

Tres años después de la muerte de Edwin Arrieta y casi dos después de la primera sentencia, Daniel Sancho está más cerca de conocer la respuesta a su principal recurso. La decisión ya existe dentro del sistema judicial tailandés; lo que todavía falta es hacerla pública.

Entonces se sabrá si el Tribunal de Apelaciones mantiene la cadena perpetua, altera algún elemento de la condena o acepta alguna de las pretensiones planteadas durante el recurso. Solo entonces. Hasta ese momento, las versiones, expectativas y confidencias del entorno tienen un valor bastante menor que ese documento aún no leído.

Y después podría quedar el Tribunal Supremo, la eventual firmeza de la sentencia y, bastante más adelante, la discusión sobre un posible traslado a España. El caso Sancho se aproxima a una resolución decisiva, sí. Pero la palabra definitiva todavía le queda grande.