¿Por qué la dana de Valencia suma ya 233 víctimas mortales oficiales?

La cifra oficial de fallecidos por la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 ha vuelto a cambiar. La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de aquella catástrofe ha elevado el balance a 233 víctimas mortales, una más de las contabilizadas hasta ahora. La nueva incorporación corresponde a una vecina de Catarroja que murió el 28 de noviembre de 2024 en el Hospital La Fe de València.

La razón de este nuevo cómputo está en la relación médica y judicial establecida entre la inundación y el fallecimiento. La mujer sufrió un fuerte golpe en la cabeza cuando el agua irrumpió en su vivienda, desarrolló un hematoma subdural y, tras una cadena de complicaciones médicas, falleció casi un mes después. La instructora considera que existe una relación de causalidad suficiente para incluirla entre las víctimas de la dana.

La víctima 233 murió un mes después de la riada

La mujer vivía en Catarroja, una de las localidades más castigadas por las inundaciones. Según lo recogido en la causa, residía con su hijo y su nuera: ella ocupaba la planta baja de la vivienda y el matrimonio estaba en el piso superior. El 29 de octubre de 2024, el agua entró violentamente en la casa, rompió la puerta de la calle y desplazó los muebles.

La fuerza de la corriente derribó tanto a la nuera como a la mujer que finalmente ha sido reconocida como víctima mortal. Esta última se golpeó en la cabeza. No fue, por tanto, una muerte producida durante las horas más feroces de la barrancada, sino una consecuencia que se fue desplegando después, cuando el agua ya había bajado pero sus efectos médicos seguían dentro del organismo.

La resolución recoge que la mujer no consiguió refugiarse en la planta superior antes de que el agua penetrase en la vivienda. Según el contenido del auto, esa imposibilidad estuvo vinculada a la entrada repentina del agua y a las circunstancias en las que se produjo la emergencia aquella tarde.

Del golpe en la cabeza al posterior ictus

Tras la caída, la paciente permaneció durante 24 horas en observación clínica. El golpe había provocado un hematoma subdural, es decir, una acumulación de sangre entre las capas que rodean el cerebro. Los médicos decidieron entonces retirarle temporalmente el tratamiento anticoagulante que ya tenía prescrito, una medida destinada a reducir el riesgo de que aumentara el sangrado cerebral.

El problema apareció después. La mujer padecía fibrilación auricular y necesitaba ese tratamiento para reducir el riesgo de formación de coágulos. Una semana más tarde tuvo que regresar a urgencias tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. Su evolución fue desfavorable y terminó falleciendo el 28 de noviembre de 2024 en el Hospital La Fe de València.

Aquí está el punto decisivo del auto. El informe médico forense incorporado a las actuaciones sostiene que la retirada necesaria del anticoagulante incrementó el riesgo de embolismo cerebral y que posteriormente se produjo el ictus. Sobre esa secuencia, la magistrada establece la conexión entre el accidente sufrido durante la inundación y la muerte posterior.

No es una cuestión meramente estadística. Para determinar quién forma parte oficialmente de las víctimas de una catástrofe no basta con observar la fecha del fallecimiento. Hay que acreditar que existe una cadena causal médicamente consistente entre el desastre y la muerte. Y en este caso, la instructora entiende que la hay.

Por qué la cifra oficial de muertos sigue cambiando

Han pasado casi dos años desde aquel 29 de octubre de 2024, pero el número definitivo de víctimas todavía ha continuado sometido al análisis de informes forenses y expedientes individuales. Algunas personas murieron durante las propias riadas; otras fallecieron días o semanas después por lesiones o por complicaciones vinculadas a lo ocurrido aquella jornada.

El caso de Catarroja muestra bien esa dificultad. Entre una caída causada por la entrada del agua y una muerte ocurrida un mes más tarde aparecen hospitalizaciones, decisiones terapéuticas, enfermedades previas y nuevas complicaciones. El trabajo forense consiste precisamente en separar una mera coincidencia temporal de una verdadera relación causal.

La decisión judicial de elevar el balance a 233 tampoco aparece de la nada. El 2 de septiembre de 2026, la misma instructora había aumentado la cifra de 231 a 232 tras reconocer como víctima a una vecina de Guadassuar que padecía insuficiencia respiratoria crónica. La inundación de su casa y el corte eléctrico la dejaron sin el oxígeno que necesitaba; murió el 6 de noviembre de 2024 y el informe forense consideró la interrupción de ese tratamiento un factor desencadenante de su deterioro.

Unas semanas antes, por tanto, el contador también se había movido. Y puede entenderse mejor así por qué una tragedia de semejante dimensión no siempre queda encapsulada en una cifra definitiva al terminar las labores de emergencia. El balance humano de una catástrofe puede necesitar meses, incluso años, para quedar delimitado cuando existen fallecimientos posteriores que deben estudiarse individualmente.

Una causa penal de enorme complejidad

La modificación del número de fallecidos se produce dentro de la investigación penal que instruye el Tribunal de Instancia de Catarroja sobre la gestión de la dana. La propia magistrada prorrogó en septiembre durante otros seis meses el plazo de instrucción al considerar la causa de gran complejidad y extrema gravedad, debido al volumen de pruebas practicadas y a las diligencias todavía pendientes.

Pocos días antes de conocerse el nuevo balance, la investigación tenía todavía sobre la mesa distintos expedientes de personas cuyo fallecimiento podía guardar relación con las inundaciones. El 12 de septiembre se informó de que ocho posibles víctimas estaban siendo examinadas mediante informes forenses cuando el balance oficial se situaba aún en 232.

Esto explica una aparente paradoja que puede desconcertar al mirar las cifras desde fuera: una catástrofe ocurrida en 2024 continúa modificando su balance oficial en 2026. No porque hayan aparecido fallecimientos recientes, sino porque la Justicia sigue determinando cuáles de las muertes posteriores deben atribuirse jurídicamente a las consecuencias de aquella riada.

Qué significa reconocer judicialmente una nueva víctima

La inclusión de una persona en el balance no equivale por sí sola a resolver las posibles responsabilidades penales investigadas en la causa. Son planos relacionados, pero distintos. Una cosa es determinar que una muerte guarda relación causal con la dana; otra, establecer quién tuvo responsabilidades jurídicamente relevantes en la gestión de la emergencia y con qué alcance.

El auto sobre la víctima número 233 puede, además, ser recurrido en reforma y apelación. La Fiscalía se había mostrado favorable a incorporar a esta mujer al balance de fallecidos, una petición planteada por su familia.

Ese matiz importa. El número de 233 es la cifra oficial fijada actualmente en la instrucción, no una simple estimación ni una suma periodística. La resolución judicial incorpora a una persona concreta después de analizar su historial médico, las circunstancias de su caída y el informe forense sobre la causa del fallecimiento.

De 231 a 233 en apenas unos meses

La evolución reciente del balance permite ver cómo se está afinando el alcance humano de la tragedia. En julio de 2026, la cifra oficial ascendió a 231 fallecidos después de que se incorporara el caso de un hombre de avanzada edad que murió por un infarto agudo de miocardio en su domicilio de Benetússer durante la noche de la barrancada.

En septiembre llegó la víctima 232, la mujer de Guadassuar cuyo tratamiento con oxígeno se vio interrumpido por la inundación y el apagón. Y ahora aparece la víctima 233, la vecina de Catarroja cuya caída durante la entrada del agua desencadenó una secuencia médica que terminó con su fallecimiento.

Son historias distintas, pero comparten un elemento: la muerte no siempre se produjo en medio de la corriente. Las consecuencias de la dana continuaron después, en hospitales, residencias y hogares donde los daños, las lesiones o la interrupción de tratamientos esenciales prolongaron el impacto de la catástrofe.

Una cifra que todavía habla de personas

El nuevo balance deja, por el momento, 233 víctimas mortales oficialmente reconocidas por la dana que devastó parte de la provincia de Valencia. La última es una mujer de Catarroja que sobrevivió a la inundación de su casa, fue atendida por un traumatismo cerebral y murió un mes después tras sufrir un ictus.

Detrás del cambio —de 232 a 233, apenas una unidad en una estadística enorme— hay una historia concreta. Una puerta vencida por el agua, muebles levantados por la corriente, una caída, un golpe en la cabeza y semanas de hospital. El lenguaje judicial acaba condensándolo en dos palabras bastante frías: relación de causalidad.

Pero esa relación es precisamente la que obliga a corregir el balance. Casi dos años después de aquella tarde del 29 de octubre de 2024, la dimensión humana de la dana de Valencia aún continúa definiéndose también en los informes médicos y los autos judiciales de una causa que sigue abierta en Catarroja.