¿Por qué la UE sanciona a 10 rusos por el veto electoral a Yabloko?

La Unión Europea ha impuesto sanciones a diez ciudadanos rusos vinculados con la exclusión de la lista federal de Yabloko de las elecciones a la Duma celebradas entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026. Entre los afectados figuran miembros de la judicatura y de la Fiscalía relacionados tanto con el procedimiento electoral como con causas contra destacados dirigentes del partido opositor.

La decisión desplaza esta vez el foco desde los grandes paquetes económicos ligados a la guerra de Ucrania hacia el funcionamiento interno del sistema político ruso. El Consejo de la UE sostiene que apartar a Yabloko de la lista federal redujo las opciones de los electores y afectó a una de las últimas fuerzas opositoras que seguían participando legalmente en la política rusa. Según Bruselas, era además el único partido que concurría con una plataforma abiertamente contraria a la guerra.

La UE señala a jueces y fiscales vinculados al caso Yabloko

El Consejo de la UE aprobó este 28 de septiembre las medidas restrictivas contra diez personas relacionadas con el caso Yabloko. Entre ellas hay tres jueces del Tribunal Supremo de la Federación Rusa y un funcionario de la Fiscalía General implicados en la decisión que terminó dejando fuera de la lista federal al partido.

Las sanciones alcanzan también al juez que condenó al dirigente opositor Lev Shlosberg a 11 años y un mes de prisión y al fiscal que había solicitado una pena todavía mayor. Bruselas incluye asimismo a jueces relacionados con los procedimientos contra Maxim Kruglov y Nikolai Rybakov, otras figuras relevantes de Yabloko.

Las medidas se encuadran en el régimen europeo creado para responder a violaciones graves de derechos humanos, a la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática y a actuaciones que, según la UE, deterioran el Estado de derecho en Rusia. Las personas incluidas quedan sometidas a congelación de activos, prohibición de recibir fondos o recursos económicos desde la Unión y restricciones para entrar o transitar por territorio comunitario.

No se trata, por tanto, de otro paquete económico contra sectores como la energía, la banca o la industria militar rusa. Son sanciones personales. Con las incorporaciones del 28 de septiembre, este régimen específico relacionado con la situación interna de Rusia alcanza a 108 personas y siete entidades.

Cómo terminó Yabloko fuera de la lista federal

El origen inmediato del conflicto está en la decisión del Tribunal Supremo ruso del 10 de agosto de 2026. El alto tribunal anuló la inscripción de la lista federal de Yabloko para las elecciones a la Duma tras aceptar una demanda presentada por Rodina, una formación nacionalista.

Entre los fundamentos recogidos durante el procedimiento aparecieron cuestiones relacionadas con donaciones electorales efectuadas por ciudadanos rusos que habían recibido dinero del extranjero, publicaciones difundidas en plataformas restringidas en Rusia y supuestas infracciones de propiedad intelectual en materiales de campaña.

Yabloko rechazó las acusaciones y sostuvo que las razones formales ocultaban una decisión política relacionada con su programa “Por la paz y la libertad”, contrario a la continuación de la guerra en Ucrania. Esa es la posición del partido. El procedimiento judicial, en cambio, se apoyó formalmente en presuntas infracciones de la normativa aplicable a la campaña.

La formación recurrió, pero el 17 de agosto la sala de apelaciones del Tribunal Supremo mantuvo la decisión. El 3 de septiembre, el Supremo rechazó remitir al Presídium una nueva reclamación presentada por Yabloko. El partido llevó después su batalla al Tribunal Constitucional ruso.

La consecuencia fue importante, aunque conviene precisar el alcance: lo que quedó anulado fue la lista federal de Yabloko. La formación todavía tenía candidatos en circunscripciones uninominales, de modo que no desapareció por completo de todos los niveles de las elecciones. La gran papeleta nacional, sin embargo, quedó fuera.

Por qué Yabloko tenía un papel particular en estas elecciones

Yabloko es una formación liberal con una larga trayectoria dentro de la política rusa, aunque su peso electoral lleva años muy lejos del que alcanzó durante la década de 1990. En 2026 su singularidad estaba en otro lugar: había mantenido una posición pública contra la guerra en Ucrania dentro de un escenario político donde ese discurso cuenta cada vez con menos espacio institucional.

La Unión Europea destacó precisamente ese elemento después de las elecciones. Bruselas afirmó que excluir a los candidatos de la lista federal había reducido todavía más las posibilidades disponibles para los electores rusos y describió a Yabloko como una de las últimas fuerzas opositoras y como el único partido con una plataforma electoral abiertamente contraria a la guerra.

Otro punto de fricción fue la observación electoral. Rusia no invitó a observadores de la OSCE para supervisar estos comicios, algo criticado por la UE al considerar que dificultaba una evaluación internacional independiente del proceso.

El caso de Lev Shlosberg amplía el alcance de las sanciones

La presión judicial sobre figuras de Yabloko no se limitó a las papeletas. Lev Shlosberg, vicepresidente del partido y una de sus voces más conocidas, fue condenado el 17 de agosto a 11 años y un mes de prisión por delitos relacionados con el supuesto descrédito de las Fuerzas Armadas rusas y la difusión de información considerada falsa sobre el Ejército.

Parte del procedimiento estaba vinculada a declaraciones y contenidos en los que Shlosberg defendía el fin de la guerra y un alto el fuego. El político rechazó las acusaciones y presentó el caso como una persecución motivada por sus posiciones públicas.

La jueza Viktoria Malyamova, del Tribunal de la ciudad de Pskov, dictó la condena. La fiscal Anna Goryacheva había solicitado 12 años y un mes de cárcel, una pena superior a la finalmente impuesta.

La UE ha incluido en sus nuevas sanciones tanto al juez responsable de la condena como al representante de la acusación que solicitó esa pena. El vínculo entre el veto electoral a Yabloko y las causas contra algunos de sus dirigentes explica por qué Bruselas encuadra la decisión dentro de su régimen sobre derechos humanos, oposición democrática y Estado de derecho, y no dentro de las sanciones económicas generales adoptadas por la invasión de Ucrania.

Bruselas ya había avisado después de las elecciones

Las sanciones no aparecen de improviso. El 21 de septiembre, apenas terminados los comicios legislativos, la Unión Europea publicó una declaración en la que criticaba el desarrollo de las elecciones rusas y mencionaba expresamente la exclusión de Yabloko de la lista federal.

En aquel pronunciamiento, Bruselas separó dos cuestiones. Por una parte, rechazó las votaciones organizadas por Rusia en territorios ucranianos ocupados y reiteró que no reconocería sus resultados. Por otra, denunció las restricciones impuestas a fuerzas opositoras dentro de la propia Federación Rusa.

Una semana más tarde, esa segunda vertiente se ha traducido en medidas contra diez personas. La UE dispone desde 2024 de un régimen específico de sanciones sobre Rusia que permite incluir a jueces, fiscales, funcionarios y otras personas consideradas responsables de vulneraciones de derechos, represión de la sociedad civil o deterioro del Estado de derecho.

El mecanismo nació después de la muerte de Alexéi Navalni y ha ido ampliándose desde entonces. La entrada de los responsables relacionados con Yabloko lleva ese instrumento europeo directamente al terreno electoral y judicial.

Una sanción que convierte la papeleta en asunto europeo

El alcance económico inmediato de estas medidas es concreto: congelación de bienes, restricciones financieras y prohibición de viaje para las personas designadas. Su dimensión política va algo más lejos, porque la Unión Europea está vinculando determinadas decisiones de jueces y fiscales rusos con su política exterior de sanciones.

El caso Yabloko queda así dentro de una disputa mucho mayor entre Rusia y la UE sobre la guerra, los derechos políticos y el funcionamiento de las instituciones. Yabloko sostiene que fue apartado de la lista federal por su programa pacifista; las resoluciones judiciales se apoyaron en infracciones electorales y otras irregularidades atribuidas a la campaña; Bruselas, por su parte, interpreta el episodio dentro de un proceso de reducción del pluralismo y de presión sobre la oposición.

Ahí está el verdadero alcance de la noticia. Diez personas pasan a la lista europea de sanciones después de un proceso que empezó con una candidatura electoral y terminó atravesando tribunales, condenas penales y diplomacia internacional. Esta vez el choque entre Bruselas y Moscú no gira alrededor de un gasoducto, un banco o una fábrica de armamento. Gira alrededor de una papeleta electoral.