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¿Por qué la Policía blinda el Congreso ante la protesta por vivienda?
Policía, protesta y votación confluyen en el Congreso: dos decretos de vivienda ponen en juego alquileres, desahucios, contratos y renovaciones.

Resumen
- El Congreso está blindado ante la marcha convocada desde la Puerta del Sol
- Los diputados votan dos decretos que afectan a alquileres y desahucios
- Junts rechaza ambos textos y complica su continuidad en el Congreso
El Congreso de los Diputados ha amanecido este viernes blindado por la Policía Nacional ante la marcha convocada desde la Puerta del Sol por el Sindicato de Inquilinas, coincidiendo con una votación especialmente delicada: la convalidación de los dos nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Desde las 10:00 horas, los accesos al entorno parlamentario están cortados al tráfico y tanto los edificios de la Cámara como las calles próximas permanecen acordonados.
El motivo inmediato del despliegue es la movilización que pretende recorrer los aproximadamente 300 metros entre Sol y la Carrera de San Jerónimo, donde se encuentra el Congreso. El motivo de fondo va bastante más allá de unas vallas y unas furgonetas policiales: dentro del hemiciclo se decide la continuidad de dos normas que afectan a desahucios, alquileres temporales, renovación de contratos, fiscalidad y acceso a la vivienda. Una votación que llega con una aritmética parlamentaria muy complicada para el Ejecutivo.
Un Congreso acordonado mientras la protesta sale de Sol
El dispositivo desplegado alrededor de la Cámara Baja es amplio. La Policía Nacional ha cerrado los accesos al tráfico, establecido un perímetro de seguridad alrededor de los edificios parlamentarios y acordonado las calles próximas. El operativo es semejante al preparado en junio durante la visita del papa León XIV y suma numerosos agentes y vehículos policiales al dispositivo permanente de seguridad del Congreso.
No se trata, por tanto, de un cierre ordinario de la Carrera de San Jerónimo. La convocatoria había situado a los manifestantes prácticamente a las puertas de una institución que, al mismo tiempo, celebra un pleno extraordinario sobre vivienda. Fuera, pancartas, tiendas de campaña y manojos de llaves. Dentro, votos.
La movilización parte de una acampada instalada en la Puerta del Sol durante las últimas noches y convertida en epicentro de las protestas por la vivienda. El Sindicato de Inquilinas anunció que la marcha comenzaría a las 10:00 para seguir desde las inmediaciones del Congreso la votación prevista durante la mañana.
El despliegue policial no implica por sí mismo que se hayan producido incidentes. Es una medida preventiva de seguridad ante una concentración numerosa junto a una de las instituciones especialmente protegidas del Estado y durante una sesión parlamentaria de elevada tensión política.
Qué vota exactamente el Congreso este 2 de octubre
En realidad no existe un único decreto. El Gobierno dividió sus medidas en dos reales decretos-leyes, ambos aprobados el 29 de septiembre, pero publicados en días distintos.
El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, fue publicado en el BOE el 30 de septiembre y entró en vigor el 1 de octubre. Es un texto muy amplio que modifica diferentes aspectos del mercado residencial: alquileres, fiscalidad, compra de vivienda, protección frente a determinados desahucios y vivienda asequible.
El segundo, el Real Decreto-ley 27/2026, apareció en el BOE el 1 de octubre y ha entrado en vigor precisamente este viernes, 2 de octubre. Su contenido es mucho más concreto: cambia las reglas sobre la duración y renovación de los contratos de alquiler de vivienda habitual.
Ahí aparece una de esas paradojas que produce el mecanismo del decreto-ley: las normas pueden entrar en vigor antes de la convalidación del Congreso. La Constitución permite al Gobierno aprobarlas con efectos inmediatos, pero necesitan superar posteriormente el trámite parlamentario para continuar vigentes.
El primer decreto concentra el grueso de las medidas
El Real Decreto-ley 26/2026 aborda buena parte de los problemas que han marcado el debate sobre vivienda durante los últimos años y concentra el grueso de las medidas aprobadas por el Ejecutivo.
Entre sus disposiciones figura una regulación específica de los alquileres de temporada y por habitaciones. Cuando un contrato temporal carezca de una causa real y acreditada que justifique esa temporalidad, podrá considerarse un alquiler de vivienda habitual. El precio conjunto obtenido mediante el alquiler por habitaciones tampoco podrá superar determinados límites vinculados al alquiler de la vivienda completa.
La norma incorpora asimismo una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual que lleguen a su vencimiento, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. También contempla límites extraordinarios a la actualización de determinadas rentas hasta finales de 2027.
A ello se añaden medidas fiscales, protección frente a determinados desahucios, actuaciones destinadas a ampliar la vivienda asequible y restricciones temporales sobre ciertas operaciones de compra consideradas especulativas. El decreto limita hasta finales de 2028 determinadas adquisiciones realizadas por entidades dedicadas a comprar inmuebles cuando el precio sea inferior al 70 % del valor de tasación, aunque establece excepciones.
Es, en otras palabras, el decreto de mayor alcance. El que lleva casi todo el equipaje de la nueva batería de medidas sobre vivienda.
El segundo cambia la renovación de los alquileres
El Real Decreto-ley 27/2026 es mucho más breve, pero políticamente resulta especialmente sensible porque toca una cuestión reconocible para millones de inquilinos: qué ocurre cuando vence el contrato.
La norma establece que, transcurridos al menos cinco años de contrato —siete cuando el arrendador sea una persona jurídica—, este se prorrogue por nuevos periodos de cinco o siete años si ninguna de las partes comunica su voluntad de terminarlo dentro de los plazos previstos. El preaviso exigido al propietario pasa a ser de seis meses, mientras que para el inquilino se mantiene en dos.
Cuando sea el arrendador quien decida válidamente no continuar el contrato, deberá abonar en determinados supuestos una indemnización equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de una vivienda de características análogas, con las excepciones recogidas en la propia norma.
Este segundo decreto recoge una de las principales reivindicaciones defendidas por el movimiento de inquilinos tras el caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, cuyo desahucio en Madrid desencadenó una fuerte movilización social y terminó convirtiéndose en símbolo de las protestas de los últimos días.
La aritmética parlamentaria amenaza los dos decretos
La tensión de este viernes no procede únicamente de la calle. También está en los escaños. PSOE, Sumar, ERC y Podemos habían anunciado su respaldo a los dos textos, mientras PP, Vox, UPN y Junts se sitúan en contra. PNV y Coalición Canaria prevén respaldar únicamente el primero y rechazar el segundo.
La posición de Junts resulta especialmente relevante por el equilibrio parlamentario de la legislatura. Su dirección acordó pedir al Gobierno que retire los dos decretos y trabaje en otro texto. La formación sostiene que las normas podrían tener efectos negativos sobre la oferta y los precios de la vivienda y ha preparado una propuesta alternativa. El Ejecutivo ha rechazado retirar las iniciativas y defiende que las medidas buscan contener la especulación, ampliar la protección de los inquilinos y facilitar el acceso a la vivienda. Son dos diagnósticos políticos enfrentados sobre los efectos de la regulación, no hechos económicos ya demostrados por la propia votación.
El PNV, por su parte, ha anunciado su respaldo únicamente al primer decreto, aunque lo considera un instrumento insuficiente y con carencias. Esa diferencia resulta importante: los dos textos se votan por separado y no necesariamente correrán idéntica suerte.
Por qué la protesta por la vivienda ha llegado hasta el Congreso
La marcha de este viernes es la prolongación de varios días de movilizaciones. La acampada de Sol comenzó el pasado fin de semana y ha convertido la céntrica plaza madrileña en el principal escenario de las protestas por el acceso a la vivienda.
La reivindicación no termina en estos dos decretos. El movimiento de inquilinos mantiene demandas de mayor alcance sobre precios, estabilidad contractual y grandes propietarios. En paralelo se han producido protestas y concentraciones relacionadas con la vivienda en otras ciudades españolas.
El conflicto toca una fibra especialmente sensible. Para buena parte de quienes viven de alquiler, la discusión sobre contratos temporales, renovaciones o subidas de renta no pertenece precisamente al reino de la teoría jurídica. Es la carta que llega al buzón, el correo del propietario, la inmobiliaria que llama y una calculadora abierta sobre la mesa de la cocina.
Y ahí está buena parte de la dimensión política del asunto. La vivienda ha dejado de ser una política sectorial para convertirse en una discusión mucho más amplia sobre salarios, emancipación juvenil, movilidad laboral, desigualdad y coste de vida.
Las vallas son la imagen; la votación, la noticia
El escenario de este viernes tiene una fotografía poderosa: un Congreso rodeado de policías mientras los manifestantes avanzan desde Sol reclamando cambios en el mercado residencial. Pero detrás de esa imagen hay algo bastante más concreto: la continuidad de dos normas con efectos directos sobre alquileres y política de vivienda.
El pleno decidirá si continúan en vigor unas disposiciones que modifican aspectos importantes del mercado residencial. El Real Decreto-ley 26/2026 está vigente desde el 1 de octubre y el 27/2026 desde este mismo 2 de octubre; ambos necesitan superar la convalidación parlamentaria para mantenerse.
Por eso hay policías en la Carrera de San Jerónimo, tiendas de campaña a unos minutos andando y una sesión extraordinaria dentro del Congreso. No son tres historias distintas. Son la misma crisis contemplada desde tres lugares: la calle, el Parlamento y el contrato de alquiler.












