¿Cómo siguió llegando dinero de Plus Ultra al entorno de Zapatero?

El rastro del dinero de Plus Ultra no terminó con el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021. Tampoco con la detención, en diciembre de 2025, del empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y una de las figuras centrales de la investigación. Según la reconstrucción de la UDEF incorporada a la causa, fondos procedentes de la aerolínea siguieron circulando hasta mayo de 2026 a través de una cadena de sociedades que desembocaba en Affita, empresa controlada por Martínez.

El dato requiere una precisión importante. No significa que Plus Ultra ingresara dinero directamente a Zapatero en mayo, ni que se haya probado judicialmente que esos 213.202 euros acabaran en sus cuentas. Lo que sostienen los investigadores es que Summer Wind, sociedad que había recibido casi cuatro millones de euros de la aerolínea, fue pagando una deuda a Affita desde julio de 2024 hasta mayo de 2026. La novedad está en el calendario y en la ruta del dinero: el flujo seguía activo cinco años después del rescate y cuando el caso ya estaba bajo investigación policial.

El último rastro: 213.202 euros pagados hasta mayo de 2026

La operación que ahora gana protagonismo comienza bastante antes. Plus Ultra transfirió durante 2023 un total de 3.979.182 euros a Summer Wind, una mercantil que la UDEF considera utilizada como sociedad interpuesta. Ese mismo año apareció contabilizada una obligación de 213.202 euros de Summer Wind con Affita. La deuda no se liquidó de una vez: fue abonándose durante casi dos años, hasta mayo de 2026.

Para la Policía, el circuito merece especial atención porque Affita está controlada por Julio Martínez Martínez y porque los investigadores aprecian indicios de que Summer Wind habría servido para hacer llegar indirectamente dinero originado en Plus Ultra mientras se dificultaba la identificación de su procedencia. Es, en esencia, el viejo mecanismo de las muñecas rusas financieras: una empresa paga a otra, aquella reconoce una deuda con una tercera y el dinero va cambiando de apellido mientras conserva el mismo origen bajo investigación.

Affita, dedicada formalmente a la explotación y alquiler de inmuebles y constituida con un capital de 10.000 euros, también recibió 97.595,21 euros de otras tres empresas del mismo entorno entre 2020 y 2025. En sentido contrario, los movimientos sumaron apenas 5.374,21 euros. Esa fuerte asimetría es uno de los elementos que la UDEF considera difíciles de conciliar con la actividad inmobiliaria declarada por la sociedad.

Por qué mayo importa tanto

El mes no es un detalle decorativo. Julio Martínez había sido detenido en diciembre de 2025. El 2 de marzo de 2026, Zapatero compareció ante la comisión de investigación del Senado y negó haber realizado gestiones para conseguir el rescate de Plus Ultra. Dos meses y medio después, el 19 de mayo, la Policía registró su oficina y varias sociedades relacionadas con la investigación. La deuda de Summer Wind con Affita siguió siendo pagada durante ese mismo periodo y llegó hasta mayo.

Eso no demuestra por sí mismo que Zapatero conociera esos últimos abonos, y mucho menos que los ordenara. Sí explica por qué los investigadores quieren reconstruir ahora los extractos bancarios, los justificantes y las órdenes de transferencia: necesitan determinar quién dispuso los pagos, cuál fue el destino posterior del dinero y si el circuito respondía a operaciones comerciales reales o formaba parte de la estructura de intermediación que investiga la Audiencia Nacional.

Del rescate de 53 millones al contrato del 1%

El origen político y judicial del caso sigue estando en el rescate concedido por el Gobierno a Plus Ultra durante la pandemia. La aerolínea recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. La investigación no cuestiona simplemente que hubiera una ayuda pública; intenta averiguar si existió una red de influencias destinada a facilitar su aprobación y si determinadas remuneraciones fueron en realidad contraprestaciones por esas gestiones.

Uno de los documentos más delicados es el contrato firmado el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez. La remuneración pactada equivalía al 1% de la ayuda que consiguiera la aerolínea, más IVA. Sobre un rescate de 53 millones, ese porcentaje suponía 530.000 euros; con el impuesto, 641.300 euros. La ayuda fue aprobada semanas después.

Varios investigados han reconocido la existencia de contratos y pagos, aunque sostienen que correspondían a servicios legales de asesoramiento e intermediación. Esa frontera es precisamente la que tendrá que fijar la instrucción: cobrar por consultoría es perfectamente lícito; cobrar por utilizar una influencia política indebida para conseguir una resolución administrativa, obviamente, no lo es.

El dinero que sí recibió directamente Zapatero

Hay otro circuito que no debe confundirse con los 213.202 euros pagados a Affita. La Audiencia Nacional investiga también las cantidades que llegaron directamente a Zapatero desde sociedades vinculadas al entramado empresarial de Julio Martínez.

Análisis Relevante, la consultora administrada por Martínez, transfirió 490.780 euros a Zapatero entre 2020 y 2025. La misma sociedad remitió alrededor de 240.000 euros a Whathefav, empresa administrada por las hijas del expresidente. Los investigadores analizan también otros pagos realizados al exjefe del Ejecutivo por distintas compañías bajo conceptos como asesoramiento, conferencias, mediación o análisis geopolítico.

La UDEF y el juez José Luis Calama investigan si determinados contratos tenían verdadera sustancia económica o si algunos sirvieron para dar cobertura mercantil a pagos derivados de una presunta actividad de tráfico de influencias. El magistrado autorizó a finales de julio el examen de decenas de productos y cuentas bancarias de Zapatero, familiares, personas de su entorno y sociedades relacionadas con la causa para contrastar los movimientos detectados hasta ahora.

Zapatero sostiene justamente lo contrario. Ha defendido que su trabajo era auténtico, de consultoría y asesoramiento, y niega haber hablado con la SEPI o con miembros del Gobierno para conseguir el rescate de Plus Ultra. En su entrevista en TVE del 23 de julio proclamó su «inocencia absoluta» y aseguró que no aparecerá ninguna comunicación suya demostrando una intervención en favor de la aerolínea.

Julio Martínez y las versiones que ya no encajan igual

La posición de Julio Martínez Martínez añade otra capa al caso. El empresario decidió colaborar con la Justicia y declaró en julio que Zapatero era quien «marcaba los pasos a seguir» en relación con distintas actuaciones de Análisis Relevante. Su versión contradice aspectos importantes de la defensa del expresidente, que siempre ha negado haber dirigido aquella sociedad o haber intervenido para obtener el rescate.

Los investigadores lo consideran persona de confianza de Zapatero, interlocutor habitual con clientes y gestor de un entramado societario utilizado para canalizar fondos. En uno de sus ordenadores, la Policía encontró además un archivo denominado «Detalle cobros», una especie de contabilidad interna en la que aparecían los pagos de Summer Wind a Affita. Los documentos financieros son bastante menos elocuentes que un discurso político, pero tienen una ventaja incómoda: llevan fechas, cantidades y cuentas corrientes.

La instrucción deberá decidir qué valor tienen esas anotaciones y, sobre todo, si acreditan algo más que relaciones comerciales entre sociedades. Martínez, como el resto de investigados, conserva su presunción de inocencia. Sus declaraciones tampoco constituyen una sentencia contra Zapatero; son material probatorio que deberá confrontarse con documentación bancaria, comunicaciones, contratos y el resto de indicios reunidos.

Las joyas abren otro frente para Zapatero

El caso terminó adquiriendo un aspecto todavía más insólito durante el registro del despacho de Zapatero el 19 de mayo. Los agentes localizaron en una caja fuerte numerosas joyas cuyo valor fue tasado de manera preliminar en 1.323.915 euros. El juez abrió una pieza separada para investigar posibles delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando porque, según explicó entonces, no estaba acreditado el origen de las piezas ni su trazabilidad fiscal.

Zapatero se negó a explicar su procedencia durante su declaración judicial del 17 de junio. Más tarde, en su entrevista televisiva de julio, afirmó que se trataba de un «regalo de cortesía personal» recibido hace muchos años de un país que no quiso identificar y sostuvo que las piezas carecían para él de intención patrimonial. Dijo también que daría las explicaciones al juez y cuestionó la valoración económica realizada.

A mediados de agosto el origen seguía sin estar públicamente documentado. La fecha de recepción, el donante y las circunstancias del regalo resultan decisivos: de esos elementos depende tanto la eventual existencia de obligaciones tributarias como la posibilidad de que los hechos estén prescritos. Aquí tampoco vale adelantar el marcador. Investigar un posible delito fiscal o de contrabando no equivale a declararlo cometido.

El calendario que ahora pesa más que el relato

La noticia de agosto no consiste, por tanto, en que se haya descubierto un ingreso de Plus Ultra en una cuenta de Zapatero realizado en mayo de 2026. Eso sería otra historia. Lo que aparece en la documentación policial es que dinero cuyo origen se sitúa en Plus Ultra permaneció dentro de un circuito societario y siguió llegando a una empresa controlada por Julio Martínez hasta mayo, cuando la investigación estaba a punto de hacerse pública en toda su dimensión.

Es un matiz menos estridente que algunos titulares, pero bastante más interesante. Porque obliga a la Audiencia Nacional a mirar no solo hacia 2020 y 2021, cuando se preparó y aprobó el rescate, sino también hacia los años posteriores: quién siguió cobrando, por qué, mediante qué contratos y hasta dónde llegó realmente cada euro.

Zapatero mantiene que nunca intervino en favor de Plus Ultra y que el dinero que recibió respondió a trabajos profesionales legítimos. La investigación sostiene que existen indicios de una estructura organizada de influencias y de sociedades utilizadas para canalizar fondos. Entre ambas versiones queda ahora un enorme territorio de extractos, contratos, mensajes, facturas y fechas. Y una fecha, especialmente incómoda, ya está marcada en rojo: mayo de 2026.