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¿Por qué Singapur suma 18 ejecuciones en 2026 y supera las 17 de 2025?

Singapur eleva a 18 sus ejecuciones en 2026 por delitos de drogas y supera el total de 2025, mientras aumentan las críticas internacionales.

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dos policias de Singapur

Singapur ha ejecutado este viernes, 21 de agosto, a dos personas condenadas por tráfico de drogas y eleva a 18 el número de ahorcamientos practicados en 2026. La cifra supera las 17 ejecuciones registradas en todo 2025 y confirma una aceleración muy visible de la aplicación de la pena de muerte en la ciudad-Estado asiática.

Los dos últimos condenados eran un ciudadano singapurense de 68 años y una persona de nacionalidad malasia de 34. La Agencia Central de Narcóticos de Singapur comunicó las ejecuciones sin hacer públicas sus identidades ni precisar la cantidad o el tipo de droga que motivó las condenas. Sí confirmó que ambos dispusieron de representación legal y que sus peticiones de clemencia fueron rechazadas.

El dato impresiona por sí mismo: 18 personas ejecutadas en menos de ocho meses. Pero necesita una precisión. Singapur acaba de superar el total de 2025, no su máximo histórico contemporáneo: Amnistía Internacional documentó 19 ejecuciones en 2003. Dicho de otra manera, al país le basta una ejecución más para igualar aquella cifra y dos para rebasarla.

Dos ejecuciones elevan a 18 los ahorcamientos de 2026

La política penal singapurense respecto a las drogas lleva décadas jugando en una liga aparte. Donde buena parte de los Estados occidentales contempla penas de prisión, incluso muy elevadas, Singapur mantiene la pena de muerte para determinados delitos de narcotráfico cuando las cantidades superan los límites previstos por su legislación.

Las 18 ejecuciones contabilizadas durante 2026 están vinculadas a delitos relacionados con drogas. Antes de los dos ahorcamientos de este viernes, expertos de Naciones Unidas habían denunciado que al menos 16 personas habían sido ejecutadas por estos delitos desde comienzos de año.

La composición del grupo permite entender también la dimensión regional del fenómeno. Según los datos difundidos hasta el momento, durante 2026 han sido ahorcados 13 ciudadanos de Singapur, cuatro malasios y un hombre apátrida. Este último tenía 79 años cuando fue ejecutado el 7 de agosto.

Identidades que rara vez llegan a conocerse

Una característica especialmente llamativa de esta nueva secuencia de ejecuciones es la escasez de información pública sobre los condenados. Las autoridades suelen comunicar nacionalidad, edad, delito y situación procesal, pero la identidad de buena parte de los ejecutados no se hace pública.

En los casos de este viernes ocurrió de nuevo. Se conocen las edades, 68 y 34 años, y las nacionalidades, singapurense y malasia, pero no sus nombres. Tampoco se ha detallado la droga implicada ni su cantidad.

La versión oficial insiste en que los condenados contaron con asistencia letrada durante el proceso y agotaron sus vías de recurso antes de que el presidente rechazara las solicitudes de clemencia. Es una fórmula que aparece habitualmente en las comunicaciones gubernamentales sobre ejecuciones.

Una legislación antidroga donde unos gramos cambian la pena

El corazón de este sistema se encuentra en la Misuse of Drugs Act, la principal ley singapurense contra los estupefacientes. No todo tráfico de drogas acarrea la pena capital: la legislación establece distintos tramos en función de la sustancia y de la cantidad involucrada.

La frontera, sin embargo, puede ser sorprendentemente baja para quien contemple el sistema desde Europa. El tráfico de más de 15 gramos de diamorfina, es decir, heroína pura, más de 250 gramos de metanfetamina o más de 500 gramos de cannabis puede exponer al condenado a la pena de muerte.

La pena capital no funciona siempre de forma automática

Aquí conviene introducir un matiz que suele perderse cuando se resume la legislación singapurense en una frase. Desde las reformas aprobadas en 2012, determinados condenados cuya participación se limitó a actuar como correos de la droga pueden evitar la horca y recibir cadena perpetua si cumplen ciertas condiciones legales.

Una de ellas es haber prestado una ayuda sustancial a la Agencia Central de Narcóticos para desarticular actividades de narcotráfico y obtener la correspondiente certificación de la Fiscalía. Existe también una excepción vinculada a determinadas alteraciones mentales reconocidas judicialmente.

No es, por tanto, una maquinaria enteramente automática. Pero una vez fuera de esas excepciones y superados determinados umbrales, el margen judicial se estrecha de manera drástica.

Las 18 ejecuciones superan 2025, pero todavía no 2003

La progresión permite hacerse una idea más clara del cambio. Singapur llevó a cabo nueve ejecuciones en 2024. En 2025 se contabilizaron 17, de las cuales 15 estuvieron relacionadas con drogas y dos con asesinato. Aquello representaba el número anual más alto desde 2003.

El 21 de agosto de 2026, con todavía más de cuatro meses de calendario por delante, el contador ha llegado a 18 ejecuciones. Es decir, 2026 ya ha rebasado todo el ejercicio anterior.

La referencia histórica correcta está en 2003, cuando se documentaron 19 ejecuciones. Aquel dato importa porque evita convertir una cifra alarmante en algo que no es todavía: un récord absoluto. La tendencia, eso sí, resulta difícil de ignorar.

Singapur suspendió durante un tiempo las ejecuciones coincidiendo con la pandemia y otros procesos legislativos, pero las retomó en 2022. Desde entonces la horca ha vuelto a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de su política criminal.

La ONU endurece sus críticas a Singapur

La nueva ejecución llega apenas unos días después de una intervención especialmente severa de expertos independientes vinculados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El 18 de agosto denunciaron el uso de la pena capital para delitos relacionados con drogas y reclamaron una moratoria inmediata de las ejecuciones.

La posición de estos expertos parte de una interpretación muy concreta del derecho internacional de los derechos humanos: en los países que mantienen la pena de muerte, su utilización debería quedar restringida a los denominados delitos más graves, entendidos fundamentalmente como aquellos que implican homicidio intencional. Bajo ese criterio, el narcotráfico no alcanza el umbral necesario.

Sus críticas no se limitan a la existencia de la pena capital. También cuestionan elementos de la legislación singapurense relacionados con las presunciones legales sobre posesión, conocimiento y tráfico de drogas, especialmente delicadas cuando el resultado final del procedimiento puede ser una sentencia de muerte.

Singapur rechaza esa interpretación. Su Gobierno sostiene desde hace años que el derecho internacional no prohíbe universalmente la pena capital, que cada Estado conserva capacidad para establecer su política criminal y que sus condenas se dictan con garantías procesales y control judicial.

Ahí está el choque. No es una disputa retórica sobre si las drogas son buenas o malas —nadie serio necesita ese debate—, sino sobre hasta dónde puede llegar el Estado cuando castiga el narcotráfico.

El Gobierno defiende la horca como instrumento disuasorio

Las autoridades singapurenses presentan su modelo como una política de seguridad, no como una excepción incómoda que haya quedado olvidada en el código penal. El argumento oficial sostiene que las penas extremadamente severas disuaden a los traficantes, dificultan la implantación de grandes redes criminales y reducen el daño causado por las drogas.

El Ministerio del Interior ha publicado estudios y encuestas para apoyar esa tesis. En una encuesta oficial realizada en 2023, el 77,4% de los residentes consultados respaldaba el uso de la pena de muerte para los delitos considerados más graves. Cuando se preguntaba específicamente por la pena capital obligatoria para el tráfico de cantidades importantes de drogas, el apoyo alcanzaba el 68,7%.

Las autoridades también señalan que sus políticas combinan legislación severa, persecución policial, prevención, tratamiento y rehabilitación. Singapur no presenta la horca como única herramienta, sino como la última pieza de una estrategia más amplia de tolerancia prácticamente cero.

Quienes cuestionan el modelo miran los mismos hechos desde el otro lado del cristal. Organismos internacionales y gobiernos contrarios a la pena capital sostienen que no existe evidencia concluyente de que ejecutar a traficantes resulte más disuasorio que otras sanciones severas, incluida la cadena perpetua.

Hay otro dato incómodo en el propio paisaje singapurense. La Agencia Central de Narcóticos reconoció que en 2025 el consumidor de drogas más joven detenido tenía 12 años, mientras que la mitad de los nuevos consumidores arrestados eran menores de 30. Un recordatorio de que incluso un sistema penal extraordinariamente duro no hace desaparecer el consumo.

Una potencia próspera que mantiene la horca en el debate

Singapur representa una contradicción que explica buena parte de la atención internacional que despiertan sus ejecuciones. Es uno de los países con mayor renta por habitante, infraestructuras avanzadas, niveles muy bajos de delincuencia violenta y una administración célebre por su eficacia. Al mismo tiempo conserva un sistema penal que contempla ahorcamiento, cadena perpetua y castigos corporales para determinados delitos.

El gobernante Partido de Acción Popular, dominante en la política nacional desde la independencia en 1965, nunca ha mostrado intención de abandonar rápidamente ese modelo. Más bien al contrario: frente a las críticas exteriores, el Ejecutivo suele invocar la seguridad conseguida en el país y el respaldo interno a unas leyes que considera parte de ese resultado.

La discusión, por eso, no encaja bien en caricaturas. Las drogas destruyen vidas, familias y barrios; también es cierto que una ejecución es irreversible y que la proporcionalidad del castigo constituye uno de los grandes debates jurídicos y morales de cualquier sociedad moderna.

Con 18 personas ahorcadas antes de terminar agosto, Singapur está colocando ese debate bajo una luz especialmente cruda. El país ha ejecutado en menos de ocho meses a más personas que durante todo 2025 y se encuentra a una sola ejecución de igualar las 19 documentadas en 2003. Las autoridades lo presentan como firmeza contra el narcotráfico. Naciones Unidas cuestiona una práctica que considera incompatible con los estándares internacionales que defiende. Entre ambas posiciones queda la cifra desnuda: 18 ejecuciones en 2026, todas relacionadas con drogas, y un calendario al que todavía le quedan más de cuatro meses.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.