¿Cómo operaba la presunta red de cocaína entre alumnos de Penn State?

Penn State University afronta uno de esos casos que parecen escritos para una serie de televisión universitaria hasta que se leen los documentos judiciales y desaparece cualquier tentación de frivolizar. La Fiscalía General de Pensilvania ha presentado cargos contra 14 personas por una presunta red de tráfico de cocaína, 13 de ellas estudiantes o antiguos estudiantes de la universidad en el momento de los hechos investigados. La operación habría funcionado principalmente durante 2023 y 2024 y estaría vinculada a dos fraternidades, Delta Upsilon y Sigma Chi.

Los investigadores sostienen que Agostino Abbatiello y Thomas Robinson actuaban como principales proveedores. Según la acusación, obtenían cantidades importantes de cocaína procedentes de Nueva York y Filadelfia, que posteriormente eran manipuladas, divididas y empaquetadas sobre todo en las casas de las fraternidades antes de ser distribuidas entre alumnos de Penn State. No se describe, por tanto, una sucesión de ventas ocasionales entre estudiantes, sino una estructura que las autoridades consideran organizada y lucrativa.

El elemento más perturbador va un poco más allá del tráfico de drogas. La investigación sostiene que algunos aspirantes a ingresar en las fraternidades participaron en el corte y empaquetado de cocaína como parte de su integración en el grupo. Droga, jerarquía universitaria y ritual de pertenencia acabaron mezclados en el mismo recipiente. Literalmente, en algunos casos, en bolsas de medio gramo.

Una presunta red que creció dentro de las fraternidades

La historia habría empezado de una manera bastante menos cinematográfica de lo que terminó. Según los documentos de la investigación, algunos miembros de Sigma Chi conseguían cocaína para consumo propio o para personas cercanas. Lars Zeepvat, uno de los acusados, habría contado a los investigadores que disponía inicialmente de un contacto en Pensilvania que suministraba droga a miembros de la fraternidad. Cuando aquella vía dejó de funcionar, Abbatiello habría encontrado un nuevo proveedor en su zona de origen, Long Island, capaz de entregar cantidades mayores.

Ahí habría cambiado la escala. De acuerdo con ese testimonio incorporado al expediente, Abbatiello pasó de conseguir cocaína para un círculo reducido a venderla con ánimo de lucro y buscar colaboradores para mover cantidades mayores. Algunas recogidas exigían desplazamientos; otras personas viajaban siguiendo una dirección facilitada previamente, recogían una bolsa y regresaban con ella a State College. Era una logística rudimentaria, sí, pero logística al fin y al cabo.

La Fiscalía identifica también a Thomas Robinson, vinculado a Delta Upsilon, como otra figura central. Robinson y Mohammed Huraibi habrían comenzado a comprar cantidades progresivamente mayores durante 2023. Para finales de aquel año, varios aspirantes a la fraternidad eran utilizados, siempre según la acusación, para preparar bolsas de aproximadamente medio gramo destinadas a la venta.

De los viajes a Nueva York al dinero entre estudiantes

Las autoridades sostienen que Abbatiello y Robinson realizaban o coordinaban desplazamientos a Nueva York y Filadelfia para obtener cocaína en cantidades importantes. Buena parte de la droga terminaba después en State College, la localidad universitaria que gira alrededor del campus principal de Penn State.

La mecánica de los pagos tampoco parece sacada precisamente del manual de un sofisticado sindicato criminal. La Fiscalía afirma que se utilizaban tanto efectivo como aplicaciones de pago, mientras otros documentos judiciales describen comunicaciones realizadas por Snapchat y transferencias electrónicas que terminaron ayudando a reconstruir las relaciones entre varios investigados. La comodidad digital tiene estas ironías: lo que facilita pagar una cena también puede ir dejando migas de pan para una investigación penal.

Una revisión del expediente realizada por medios estadounidenses encontró referencias a más de 123.500 dólares en presuntos pagos por droga recibidos por Abbatiello, aunque esa cantidad procede de operaciones y declaraciones descritas en el sumario y no equivale a una cifra judicialmente probada de beneficios. El dato sirve, eso sí, para entender la dimensión económica que los investigadores atribuyen al negocio.

Aspirantes que empaquetaban cocaína para entrar en el grupo

Es probablemente el detalle que ha convertido el caso de Penn State en una noticia nacional en Estados Unidos. El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, sostiene que cortar y empaquetar cocaína funcionó para algunos aspirantes como una especie de iniciación dentro de las fraternidades.

La palabra inglesa pledge designa al estudiante que aspira a convertirse en miembro pleno de una fraternidad. Estas organizaciones forman parte desde hace generaciones de la vida universitaria estadounidense y mezclan residencia, relaciones sociales, redes de antiguos alumnos, fiestas y rituales propios. Esa cultura no convierte naturalmente una fraternidad en una organización criminal, por supuesto. Precisamente por eso importa distinguir instituciones, personas y conductas: la investigación acusa a individuos concretos y actividades concretas, no a miles de estudiantes por asociación.

Aquí, sin embargo, la acusación introduce un componente especialmente delicado. No se trataría únicamente de jóvenes que compraban cocaína. Algunos aspirantes habrían sido incorporados a tareas relacionadas con la preparación del producto, mientras miembros con mayor rango dentro del círculo dirigían compras y distribución. La frontera entre rito universitario y actividad delictiva, sostiene la Fiscalía, habría quedado grotescamente borrada.

Cómo empezó a desmoronarse la operación

El principio del fin aparece en septiembre de 2024. La investigación bautizada como Operation Drugs Unlimited comenzó a desarrollarse con informadores confidenciales y compras controladas realizadas bajo supervisión policial. Los agentes se centraron, entre otros, en Thomas Robinson, a quien vinculaban con ventas desde la casa de Delta Upsilon.

Documentos del caso señalan que informadores realizaron varias compras controladas de cocaína a Robinson entre septiembre y diciembre de aquel año. La policía siguió también pagos efectuados mediante aplicaciones y acabó registrando su habitación en diciembre de 2024. Aquella intervención abrió una grieta decisiva en la presunta estructura.

Según los documentos del caso, Robinson terminó identificando a Abbatiello como uno de sus principales proveedores. A partir de ahí, testimonios, transacciones, comunicaciones y movimientos de droga fueron encajando hasta desembocar en la investigación del gran jurado estatal y en la oleada de cargos anunciada este mes de agosto.

Un arresto que uno de los acusados creyó una broma

Hay una escena que resume la extraña burbuja en la que aparentemente se movía parte del grupo. Cuando los agentes fueron a detener a Robinson en diciembre de 2024, este habría pensado inicialmente que sus compañeros de fraternidad estaban gastándole una broma. Según los documentos judiciales, no obedeció las primeras órdenes y los agentes utilizaron un dispositivo eléctrico para reducirlo.

La broma terminó allí. Durante aquella actuación policial se localizaron, según las informaciones basadas en el expediente, marihuana, material relacionado con drogas y un arma guardada en una caja fuerte. Meses después, la investigación ya apuntaba hacia una red mucho más extensa que una habitación universitaria y unas cuantas transacciones.

Abbatiello, de 24 años, no compareció inicialmente a la vista prevista después de que se anunciaran los nuevos cargos el 17 de agosto. Se entregó a las autoridades la mañana siguiente y fue procesado por numerosos delitos graves, entre ellos posesión de cocaína con intención de distribuirla y conspiración. Una jueza rechazó concederle fianza.

Los 14 acusados y los delitos que afrontan

Abbatiello, Robinson, Mohammed Huraibi y Lars Zeepvat afrontan cargos graves relacionados con organización criminal, conspiración y operaciones con beneficios presuntamente ilícitos, además de otras acusaciones. Robert Zanolla está acusado, entre otros delitos, de conspiración y utilización criminal de un medio de comunicación. Otros ocho jóvenes afrontan cargos menores relacionados con posesión de drogas y parafernalia.

El decimocuarto acusado no era estudiante. Paul Robinson, padre de Thomas Robinson, está acusado de manipular pruebas y obstaculizar la investigación. Las autoridades sostienen que trató de ocultar evidencias, entre ellas una caja fuerte con drogas y dinero.

Existe un matiz importante porque las primeras informaciones generaron cierta confusión: la Fiscalía precisó posteriormente que al menos cuatro de los acusados son estudiantes actuales de Penn State. Los demás estudiaban allí o habían pasado por la universidad durante el periodo investigado.

Todos los cargos son, a estas alturas, acusaciones pendientes de resolución judicial. Los procesados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una condena. Las próximas fases incluyen las vistas preliminares en las que la acusación deberá sostener jurídicamente las imputaciones.

Qué ha hecho Penn State tras conocerse el caso

La universidad reaccionó el mismo 17 de agosto. Penn State colocó a Delta Upsilon bajo suspensión provisional mientras desarrolla su propio procedimiento interno y señaló que Sigma Chi no era una organización reconocida por la institución, por lo que funcionaba fuera de su supervisión formal.

La diferencia no es menor. Una fraternidad reconocida se encuentra sometida a las normas y mecanismos disciplinarios de la universidad; una organización no reconocida puede continuar actuando por su cuenta, pero fuera de ese paraguas. Penn State advierte de que esa situación puede plantear riesgos precisamente porque disminuye la capacidad institucional de supervisión.

Delta Upsilon indicó que las personas relacionadas con el caso fueron expulsadas, suspendidas o habían abandonado la organización. Sigma Chi, por su parte, suspendió provisionalmente a los tres miembros acusados y paralizó las actividades de su capítulo de Penn State mientras determina si los hechos responden a comportamientos individuales o a una dinámica más amplia de la organización local.

La universidad mantiene además una investigación disciplinaria independiente de los tribunales. Eso significa que un estudiante puede afrontar consecuencias académicas o institucionales al margen del desenlace del procedimiento penal, de acuerdo con las normas internas aplicables. Penn State puede llegar a imponer la separación permanente de estudiantes u organizaciones en casos de conducta grave.

Una trama universitaria que ya es un caso penal de primer nivel

El interés que ha despertado la historia se entiende por sus detalles —fraternidades, viajes por cocaína, aspirantes empaquetando dosis, pagos digitales y un acusado convencido durante unos segundos de estar sufriendo una broma—, pero quedarse ahí sería perder lo esencial. Las autoridades de Pensilvania describen una presunta estructura de tráfico organizada durante dos años, alimentada por grandes compras y una clientela concentrada alrededor de la comunidad universitaria.

También obliga a separar dos planos que las grandes noticias suelen mezclar con demasiada facilidad. Penn State tiene decenas de miles de estudiantes y el procedimiento afecta a un grupo muy concreto; no existe base alguna para convertir una acusación contra varias personas en una caricatura de toda la universidad o del sistema estadounidense de fraternidades. Pero tampoco parece razonable despacharlo como una gamberrada universitaria subida de tono. Las autoridades consideran que estaban ante una organización de tráfico de relevancia regional, no ante muchachos compartiendo unas dosis después de una fiesta.

Ahora serán los tribunales quienes tengan que separar testimonios, pruebas y responsabilidades individuales. Abbatiello permanece detenido después de que se le negara la fianza, mientras su abogado ha anunciado su intención de impugnar esa decisión. El espectáculo universitario se ha acabado; lo que queda sobre la mesa es bastante menos pintoresco: delitos graves, una investigación de gran jurado y 14 acusados cuya responsabilidad deberá probarse ante la Justicia.