¿Qué revelan los chats de Torres con Koldo y Aldama?

Nuevos mensajes entre Ángel Víctor Torres y Koldo García revelan presiones por pagos a una empresa investigada. Un caso que podría cambiar el rumbo político en Canarias.

os nuevos mensajes incorporados a la investigación del llamado caso Koldo apuntan a que Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias y hoy ministro, se interesó por el pago de facturas a Soluciones de Gestión, una de las empresas bajo sospecha por contratos de material sanitario durante la pandemia. En esos chats, Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, solicita agilidad y el dirigente canario responde con que está pendiente del asunto, con la conocida expresión de que está “encima” del pago. La UCO interpreta que Víctor de Aldama, empresario vinculado a la trama, pudo influir en la Administración canaria a través de Koldo y del entorno de Ábalos. El contenido es claro: hubo conversaciones específicas sobre importes y expedientes, en un contexto de contratación de emergencia que aceleró procedimientos y rebajó controles.

¿Esto implica un delito? No necesariamente, y conviene subrayarlo con precisión jurídica. La conversación es un indicio de interés político en un trámite de pago a un proveedor investigado, no una prueba por sí sola de tráfico de influencias o prevaricación. Para que el mensaje cruce la frontera penal debe acreditarse que esa atención se tradujo en decisiones contrarias a la normativa, favoritismos indebidos o contraprestaciones. Hoy, lo que sí se sabe es que existieron gestiones para actualizar el estado de una factura relevante, que la UCO ve trazas de intermediación privada con capacidad de presión y que la pieza canaria queda ya integrada en el tablero general del caso. El resto está en manos de los jueces.

El núcleo de lo descubierto: mensajes, pagos y una empresa señalada

La secuencia que ha salido a la luz es nítida: Koldo García traslada la necesidad de atender un “tema de pago” a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL, y Ángel Víctor Torres responde que está siguiendo el expediente. Las comunicaciones se contextualizan en 2020, en medio de la primera ola de la COVID-19, cuando los hospitales quemaban mascarillas por millones y las administraciones tiraban de contratación de emergencia para comprar con urgencia. Aquella vía permitía acortar plazos y justificar con informes sucintos; también abría la puerta a proveedores sin trayectoria sanitaria previa, intermediarios y sobreprecios. En esa autopista, Soluciones de Gestión logró contratos voluminosos con distintas administraciones, y hoy su nombre aparece repetido en tomos de sumario.

El detalle que dota de fuerza a los chats es la concreción. No son cortesías protocolarias ni saludos institucionales. Se habla de una factura determinada, se pide el montante y se menciona a la empresa. Es decir, no se trata de una inquietud genérica por la marcha de la sanidad, sino de agilizar un pago con nombre y apellidos. La UCO, encargada de rastrear mensajes, llamadas y la trazabilidad documental, lo interpreta como mecanismos de influencia de Víctor de Aldama sobre diversos engranajes públicos, en este caso el Gobierno canario que lideraba Torres. El vector sería Koldo García, que conecta a Aldama con departamentos de la Administración; el destino, una tesorería saturada que debía ordenar pagos de emergencia a un ritmo inédito.

El contexto administrativo importa. En contratación pública, el órgano gestor valida la conformidad del suministro, la intervención fiscaliza y tesorería paga. Los atajos de 2020 no eliminaban ese triángulo, pero sí comprimían tiempos y reducían requisitos formales. En ese terreno, una llamada de alto nivel o un mensaje directo puede funcionar como un acelerador burocrático. La pregunta de fondo es si ese empujón fue legítimo —que en plena pandemia muchas administraciones reclamaban— o espurio, es decir, orientado a favorecer a un proveedor concreto en perjuicio de otros o con retorno indebido. De eso va, en buena medida, el análisis judicial en curso.

Quién es quién y cómo encaja Canarias

Ángel Víctor Torres presidió el Ejecutivo canario entre 2019 y 2023. Su figura entra en el foco por mensajes concretos con Koldo García alrededor de pagos a Soluciones de Gestión. Torres ha negado cualquier irregularidad y mantiene que su actividad se limitó a supervisar la eficacia de la administración en un momento crítico. Reitera que no ordenó contratar a nadie a dedo y que no participó en ninguna trama.

Koldo García, escolta y después asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aparece como bisagra entre empresas privadas y organismos públicos. En el caso, su rol —según los investigadores— no es tanto el de decisor formal como el de intermediario con capacidad de abrir puertas, recordar pagos o poner en contacto a quienes debían resolverse expedientes a gran escala.

Víctor de Aldama es el empresario al que se atribuye la ingeniería privada de buena parte de la trama: contactos, negociación de comisiones, selección de proveedores y, sobre todo, cercanía con cargos con poder de compra en aquellas semanas de vértigo. Se le sitúa junto a Soluciones de Gestión, mercantil que canalizó contratos en varias administraciones durante 2020. En la investigación, Aldama y Koldo aparecen como binomio recurrente. Canarias, por tanto, no es una isla suelta en el océano, sino una pieza —relevante— dentro de una constelación de adjudicaciones y pagos tramitados por la vía de urgencia.

El Gobierno de Canarias de entonces afrontó la pandemia con los mismos apagafuegos que el resto de comunidades: compras precipitadas, proveedores inéditos, vuelos cerrados, devoluciones, y un Servicio Canario de Salud obligado a resolver en horas lo que antes tardaba meses. La trazabilidad de aquellos expedientes, como en todas partes, es desigual. De ahí que la aparición de los chats que salpican a Torres conecte con un capítulo que los canarios conocen bien: los debates en torno a los sobrecostes, las entregas parciales o tardías, la calidad del material y la fiscalización posterior.

Lo que dicen —y lo que callan— los actores principales

Torres sostiene que su labor se limitó a asegurar que la administración funcionara con rapidez, sin entrar en decisiones técnicas ni en la selección de proveedores. Insiste en que su Gobierno cumplió la normativa de emergencia vigente y que cualquier alusión a “estar encima” de un pago debe leerse como una responsabilidad institucional cuando el sistema sanitario corría con el depósito en reserva. La presunción de inocencia opera plenamente a su favor: no hay una resolución judicial que lo acuse, y el hilo de mensajes, por sí solo, no equivale a trato de favor ni a un delito.

El entorno de Koldo García argumenta que su papel era recordar, coordinar y dinamizar en una coyuntura desbordada. El lenguaje de urgencia —dicen— formaba parte del clima de aquellos meses, y quienes llevaban la agenda sabían que cada día de retraso podía bloquear una UCI o un lote de mascarillas en un aeropuerto. Desde esa lógica, pedir celeridad a un presidente autonómico para que tesorería no se durmiera con una conformidad ya emitida no sería un pecado, sino una gestión.

En el otro extremo, las defensas de Soluciones de Gestión subrayan que entregaron material, cumplieron con requisitos y cobraron por suministros reales. Rechazan la etiqueta de “empresa pantalla” y se reivindican como proveedores en un mercado volátil, con precios en ascensor y con mil trampas logísticas. A su juicio, la polémica se ha disparado por el foco mediático sobre las comisiones y por la contaminación de casos que no son el suyo.

En todo caso, el expediente penal no se escribe con declaraciones en prensa. Lo que pesa son las órdenes de pago, las conformidades técnicas, los albaranes, los correos, las actas y los movimientos bancarios. Ese rastro documental decidirá si hubo presión indebida o si los mensajes retratan lo que parecen: tirones para que lo que estaba en marcha no se parase.

Contratación de emergencia: reglas, atajos y riesgos medidos

La contratación de emergencia fue la llave con la que España y otros países desbloquearon compras en 2020. Permitía omitir licitaciones clásicas y formalizar encargos de manera directa, siempre bajo el paraguas de la declaración de emergencia y con la obligación de rendir cuentas a posteriori. La gran ventaja era el tiempo: pasar de meses a días. El gran riesgo, obvio: relajar controles y depender de intermediarios capaces de conseguir en horas lo que el mercado ofrecía con cuentagotas.

En ese esquema, los pagos podían activarse con mayor agilidad, una vez comprobada la conformidad de la entrega. Pero el sistema seguía requiriendo fiscalización y autorizaciones. La realidad de aquellos meses, sin embargo, fue que muchas tesorerías trabajaron a destajo, con turnos extendidos y avalanchas de expedientes. Cualquier empujón desde arriba —un mensaje, una llamada— podía desbloquear días de espera. Y ese empujón, si beneficia a un proveedor concreto por su vinculación con intermediarios con influencia, entra en el terreno resbaladizo que vigilan los jueces.

La UCO sitúa la influencia de Aldama en esa rendija. No como una orden escrita, sino como un entorno de relaciones personales que hace que ciertas prioridades suban de nivel. La Guardia Civil acostumbra a reconstruir ese entorno con fotografías, geolocalizaciones, metadatos de mensajes y agendas. El objetivo no es medir la cortesía, sino la causalidad: ver si una petición de Koldo se tradujo, por ejemplo, en un salto en la cola de pagos o en una excepción a un reparo de intervención. Si la respuesta es sí y si además se detectan contraprestaciones, el tipo penal asoma. Si la respuesta es no, los mensajes quedarán como ruido de una época vertiginosa.

Fechas, cantidades y la pista que seguirán los jueces

El material difundido apunta a fechas concretas del verano de 2020 y a cifras millonarias. Se solicita el nombre de la empresa y el importe pendiente, se responde con la razón social y un montante elevado. Esos datos, cruzados con los asientos contables y los decretos de pago del Servicio Canario de Salud, permitirán ubicar cada conversación en el ciclo real del expediente: cuándo entró la factura, cuándo hubo conformidad, cuándo fiscalizó intervención, cuándo ordenó pagar tesorería y cuándo se abonó. Si el calendario fluye sin atajos, la interpretación de los chats pierde pólvora. Si aparecen saltos llamativos o cambios de prioridad no justificados, la lectura será otra.

Una pieza inevitable será la calidad del material entregado. La legalidad del pago no se agota en que exista una factura y un albarán; es crucial la homologación, los certificados de conformidad, la trazabilidad de la importación y, en su caso, las penalizaciones por retrasos o fallos. En pandemia abundaron contratos fallidos, entregas parciales y lotes defectuosos. Cada expediente tiene su historia. El de Soluciones de Gestión en Canarias, por tanto, deberá despejar si el suministro se ajustó a lo contratado y si el pago fue debido o, por el contrario, ventajoso gracias a palancas ajenas a los procedimientos.

Interpretaciones posibles: de la diligencia política al trato de favor

Un presidente que afirma estar pendiente de un pago puede ser leído como un dirigente que vigila el funcionamiento de su gobierno en un momento límite. También puede interpretarse como interferencia si esa vigilancia se proyecta sobre una empresa concreta que llega de la mano de intermediarios. La frontera se marca con hechos y documentos. Los juristas suelen recordar tres planos que no deben mezclarse: el político (la oportunidad, el relato, la responsabilidad), el administrativo (quién firma qué, con qué informes y con qué procedimiento) y el penal (si hay o no beneficio indebido, arbitrariedad o cohecho).

En el plano político, la oposición exigirá explicaciones y pedirá asumir responsabilidades si se acreditan privilegios. El oficialismo defenderá el contexto: que se corría contra el reloj, que las decisiones se tomaban con agua al cuello y que hubo controles suficientes. En el plano administrativo, hablarán los expedientes: si los pagos siguieron el cauce y si no hubo excepciones sin soporte, la polémica se desinflará con el tiempo. En el plano penal, la clave es si existió un intercambio (dinero, favores, ventajas) a cambio de agilizar o torcer decisiones. Y ahí los chats son una pieza que puede encajar o no en un puzle más grande.

La empresa en el centro: qué es Soluciones de Gestión y qué se le reprocha

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL no figuraba entre los proveedores habituales de material sanitario antes de 2020. Irrumpió con contratos voluminosos durante la emergencia y se apoyó en intermediarios para cerrar operaciones en aeropuertos, con logística de vuelo cambiante y con proveedores en Asia que exigían pagos por adelantado. Esa realidad, generalizada en el mercado, generó oportunidades para compañías ágiles y, también, un campo abonado para abusos.

Lo que se reprocha a Soluciones de Gestión en el caso que nos ocupa no es solo haber cobrado. Se analiza si cobró antes que otros sin una razón objetiva, si la documentación estaba completa cuando se ordenó el pago, si medió presión para saltarse reparos y, sobre todo, si existió una red de comisiones derivada de contratos en distintas administraciones. La defensa de la empresa sostiene que entregó material conforme y que lo que hubo fue cumplimiento en condiciones extremas. En la balanza, además, pesan los precios: se comparan importes por unidad o por lote con otras compras coetáneas para detectar sobrecostes.

Un aspecto colateral que puede ganar peso es la capacidad financiera de los proveedores. En pandemia, muchos adelantos exigían músculo de caja o coberturas. Si un proveedor apretó para cobrar con rapidez porque necesitaba financiar entregas siguientes, la prisa puede tener una explicación contractual. Si lo hizo porque el modelo de negocio dependía de comisiones y de mover liquidez sin suficiente soporte, el relato cambia. Los chats, de nuevo, sirven para iluminar esas motivaciones, pero no las concluyen por sí mismos.

Qué falta por aclarar: preguntas que decidirán el rumbo

Quedan interrogantes esenciales que marcarán el sentido de la causa:

¿En qué exacto punto del ciclo de pago se produjeron los mensajes? Es distinto pedir prisa con la intervención ya conforme que hacerlo antes de que exista documentación completa. ¿Hubo otros proveedores en situación similar que no recibieron la misma atención? El principio de igualdad en la administración obliga a no discriminar expedientes sin criterio técnico.

¿Existieron reparos —objeciones— de la intervención que se levantaron sin un informe robusto? Si la respuesta es positiva, ¿quién lo firmó y con qué justificación? ¿Hay rastros económicos —transferencias, facturas cruzadas, pagos en especie— que vinculen beneficios privados con decisiones públicas? Esa pista es la que suele diferenciar el interés político de la corrupción.

Por último, ¿cómo encaja todo en la línea temporal más amplia del caso? Si se demuestra que el binomio Koldo–Aldama actuó con el mismo patrón en varias administraciones y momentos, la hipótesis de método gana peso. Si en cambio lo de Canarias es un episodio aislado, con un volumen alto pero procedimientos ajustados, la lectura penal se complica para la acusación.

Consecuencias posibles: del sumario a la agenda política

En el frente judicial, lo previsible es que el caso avance con nuevas declaraciones, peritajes y requerimientos de documentación. La pieza de los chats no es un satélite: está llamada a conectarse con otros contratos y pagos analizados desde 2024. Los tiempos de la justicia no son los del titular, y menos en una causa con múltiples administraciones afectadas.

En el frente político, la presión sube. Cualquier elemento que sugiera trato de favor impacta en el prestigio de las instituciones y condiciona mayorías. Habrá peticiones de comparecencia, solicitudes de informes y una batalla por el relato: la que contrapone la necesidad de celeridad en 2020 con la obligación de integridad y control. El equilibrio entre ambas reivindicaciones —hacer rápido y hacer bien— es delicado y, por desgracia, no siempre compatible cuando se trabaja bajo emergencia.

En el frente administrativo, la experiencia acumulada ya está dejando cambios: mejores trazas digitales, alertas internas para sobrecostes, protocolos de homologación más estrictos y reglas sobre el uso de intermediarios. No borra lo ocurrido, pero reduce la probabilidad de que vuelva a pasar con esa intensidad. La pregunta es si, ante una nueva crisis, habremos aprendido lo suficiente como para acelerar sin desarmar la fiscalización.

Lo que conviene retener ahora mismo

Hay un puñado de certezas y un mapa de dudas razonables. Es seguro que existieron mensajes entre Koldo García y Ángel Víctor Torres en los que se pide y se confirma agilidad para un pago a Soluciones de Gestión. Es firme que la UCO los considera un indicio de influencia de Víctor de Aldama en el Ejecutivo canario a través de Koldo y del entorno de Ábalos. Es un hecho que la contratación de emergencia facilitó atajos que luego se investigan con lupa, y que la pieza canaria se integra en una trama más amplia.

También es un hecho que Torres niega cualquier irregularidad y defiende que su actuación se encuadró en la legalidad y en la urgencia sanitaria. Y que, sin contraprestaciones ni arbitrariedad probadas, un chat vigoroso no basta para condenar. De ahí que el foco inmediato esté en reconstruir con datos el ciclo de ese pago: fechas, firmas, reparos y prioridades. De ese detalle saldrá la respuesta a la pregunta que sobrevuela todo: si lo que vimos fue diligencia política cuando cada hora contaba o una injerencia que dio ventaja a una empresa señalada.

Lo que está en juego para la política canaria

El desenlace de esta pieza no solo afecta a los protagonistas. Está en juego la credibilidad de los controles en tiempos excepcionales y la manera en que entendemos la responsabilidad de un presidente sobre la marchas de su administración. Si los documentos avalan que los pagos discurrieron por el cauce ordinario —aunque acelerado por la emergencia—, la fotografía será la de un dirigente pendiente de que nada se atasque. Si, por el contrario, aparecen atajos sin soporte o favores que cruzan líneas rojas, el coste político y jurídico será mayor, y el caso confirmará la regla de que las prisas son el mejor amigo de las mala prácticas.

El ruido de los chats no tapará el balance global de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en 2020. Pero sí pone un nombre propio —Ángel Víctor Torres— en un cruce de intereses y urgencias donde ya estaban Koldo García, Víctor de Aldama y Soluciones de Gestión. Ahora, el sumario deberá encajar mensajes, importes y firmas hasta formar un relato sólido. Y ahí, lejos de titulares y de interpretaciones apresuradas, es donde se decidirá si aquellos “estoy encima” fueron solo eso, o si significaron algo más.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: El País, ABC, El Confidencial, Marca.