¿Qué casos de corrupción siguen abiertos hoy en España?

España arrastra Gürtel, Púnica, Kitchen, Ábalos y más causas en un mapa judicial turbio que mezcla juicios, recursos y poder

España no tiene un gran marcador luminoso, un contador oficial colgado en la pared, que diga cuántos macrocasos de corrupción siguen abiertos con nombre y apellidos reconocibles por cualquiera. Lo que existe es algo más árido y bastante menos televisivo: un repositorio judicial de procedimientos por corrupción que va registrando causas en distintas fases, desde el procesamiento hasta la apertura de juicio oral. Eso obliga a hacer una distinción básica, que en el ruido político suele desaparecer. Una cosa es el número global de procedimientos por delitos de corrupción que siguen en movimiento. Otra, muy distinta, es el puñado de grandes causas que todavía ocupan tribunales, titulares y estrategias de partido.

La foto real, si se despeja la niebla, deja un paisaje bastante reconocible. Gürtel ya no está en el centro como hace unos años porque gran parte de su corazón ha sido juzgado y condenado, pero sigue proyectando sombra. Púnica continúa produciendo banquillo y declaraciones explosivas. Kitchen ha entrado en la fase decisiva, la del juicio oral, y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta tóxica: si el Estado se usó para proteger al partido del Gobierno de entonces. Ábalos y Koldo han llevado al Supremo uno de los juicios más sensibles para el PSOE. Los ERE andaluces no han terminado de cerrarse y siguen atrapados en una extraña pelea jurídica. Y, alrededor de ese núcleo, siguen respirando Lezo, Pujol, Mediador y Azud, entre otras derivadas. No son todos los casos de corrupción de España, claro. Pero sí forman el mapa más visible, más político y más revelador del momento.

Un mapa judicial lleno de causas que no están en el mismo punto

Hablar de corrupción en España como si todo estuviera en el mismo cajón es un error bastante español, por cierto. Se mezcla una causa con sentencia firme con otra que apenas ha terminado la instrucción, se mete en el mismo saco una macrotrama de financiación irregular y una red de comisiones nacida al calor de la pandemia, y al final sale una sopa espesa donde todo suena igual. No lo es. No todas las causas están igual de vivas, ni igual de avanzadas, ni presentan el mismo riesgo penal para los acusados.

Eso es lo primero que conviene ordenar. Hay procedimientos que están ya en juicio oral, es decir, en la fase donde se practican pruebas, comparecen testigos, se escuchan peritos y se juega la absolución o la condena. Ahí encajan con claridad Kitchen, Púnica en algunas de sus piezas y la causa de Ábalos y Koldo en el Supremo. Hay otras causas que están en una fase más resbaladiza, a medio camino entre sentencias previas, revisiones y recursos, como sucede con los ERE. Y luego están los procesos que continúan aún en instrucción compleja o a la espera de juicio, como Azud o varias piezas de Lezo. Ese es el primer filtro serio: distinguir entre escándalo, causa penal y fase procesal. Parece obvio. En España no siempre se hace.

También conviene separar la corrupción clásica —la de adjudicaciones amañadas, dinero público, intermediarios, comisiones, obras, fiestas, contratos— de la corrupción de cobertura, que es todavía más áspera. Ahí entra Kitchen, donde lo que se discute no es solo si hubo irregularidad, sino si se utilizó el aparato del Estado para taponar el daño de otra corrupción anterior. Es decir, no solo el robo, sino el encubrimiento del robo con placa, despacho y fondos públicos. Eso cambia bastante el paisaje.

Gürtel, el gran cráter que aún no ha dejado de humear

Una causa sentenciada que sigue pesando

A estas alturas, Gürtel ya no puede explicarse como un juicio pendiente en sentido estricto. Su tronco principal fue juzgado hace tiempo, acumuló condenas, dejó probada una red de intereses cruzados entre empresarios y cargos públicos del PP, y marcó un antes y un después en la política española. De hecho, fue una de las piezas que terminó alimentando la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy en 2018. No es poca cosa para una causa penal: pocas han tenido esa capacidad de mover el suelo institucional.

Pero Gürtel tampoco ha desaparecido del todo. Sigue habiendo efectos tardíos, resoluciones derivadas, ejecución de condenas, piezas residuales y responsabilidades civiles que se arrastran durante años. Esa es la diferencia entre un caso cerrado en el imaginario y un caso agotado en términos judiciales. Gürtel está muy avanzada, sí, pero no completamente extinguida en todos sus efectos. El gran esquema ya se juzgó; lo que queda son reverberaciones, las últimas ondas de un terremoto largo.

Por qué sigue importando

Sigue importando por dos motivos. El primero es jurídico: de Gürtel nacen o se entienden otras causas posteriores. El segundo es político: porque el nombre aún resume una época entera del PP. No funciona ya como juicio central, pero sí como la gran causa madre de la corrupción conservadora contemporánea. En su interior aparecieron la caja B, los amaños, las contraprestaciones, los regalos, las obras pagadas en negro, las redes empresariales amigas y una forma de hacer política que convirtió la contratación pública en un ecosistema de favores.

Gürtel, dicho de otro modo, ya no es el incendio principal, pero sí el terreno calcinado sobre el que se entienden muchos otros fuegos. Kitchen no se comprende sin Gürtel. Tampoco buena parte de la desconfianza social hacia el PP cuando se reabre cualquier frente judicial de aquella época. Eso explica que, aunque la gran fase de Gürtel haya pasado, su presencia siga condicionando el relato político. No es el presente puro del banquillo, pero continúa siendo el pasado que no acaba de irse.

Púnica, la macrocausa que todavía exprime el poder local

Granados sigue en el banquillo

Si Gürtel es el gran cráter, Púnica es una macrocausa que todavía está produciendo calor procesal directo. Y lo hace, además, en uno de sus frentes más reconocibles: el de los contratos amañados de festejos y adjudicaciones municipales en la órbita del PP madrileño. Ahí sigue apareciendo Francisco Granados, que durante años simbolizó ese poder de partido que no se conformaba con mandar: quería controlar el territorio, el presupuesto y el reparto de favores con una eficacia casi mecánica.

La importancia de Púnica está en que enseña una corrupción menos épica, menos de gran titular internacional, pero más pegada al terreno. Aquí no se trata solo de un gran esquema abstracto. Aquí aparecen ayuntamientos, fiestas patronales, campañas, proveedores, facturas sobredimensionadas, contratos troceados, amistades útiles y dinero público reconvertido en red de influencia. Es el barro fino de la política local, ese que rara vez luce en una pancarta, pero que explica cómo se captura una administración por dentro.

Una causa partida en varias velocidades

Púnica no avanza en bloque. Esa es otra de sus complejidades. Algunas piezas han ido cerrándose, otras han generado condenas y otras continúan en juicio. Esa estructura fragmentada hace que, para el lector normal, el caso parezca eterno. Y en cierto sentido lo es. Púnica no se mueve como una sola causa, sino como varias causas emparentadas, cada una con su calendario, sus acusados y sus pruebas.

Eso vuelve especialmente delicada cualquier síntesis. Porque no basta con decir “Púnica sigue abierta”. Hay que precisar que hay piezas ya en fase de condena y piezas aún en juicio oral, lo que coloca a sus protagonistas en situaciones muy distintas. Granados sigue siendo el nombre más llamativo, pero alrededor del exdirigente madrileño orbitan exalcaldes, exconcejales, empresarios y conseguidores que dibujan una corrupción sistémica más que individual. Esa es la clave incómoda del caso: no fue solo una conducta concreta, sino una manera de colonizar contratos, instituciones y ritmos municipales.

Kitchen, cuando la corrupción entra en las cloacas

El juicio más incómodo para el viejo PP

Kitchen no es una trama de adjudicaciones ni una secuencia de mordidas clásica. Es algo bastante más turbio. Lo que se está ventilando en la Audiencia Nacional es si desde el Ministerio del Interior se puso en marcha una operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas, obtener documentación comprometida y contener el impacto político y judicial de la corrupción que ya asfixiaba al PP. O sea, no el saqueo original, sino la posible utilización del aparato del Estado para blindarse frente a ese saqueo. La diferencia es abismal.

En el juicio se sientan antiguos altos cargos del Ministerio y figuras policiales clave de aquellos años. El nombre de Jorge Fernández Díaz está en el centro, junto al de Francisco Martínez y varios mandos policiales, con Villarejo como personaje inevitable de esa España en la que siempre aparece una grabación, una agenda, una llamada o un comisario en la penumbra. El mero hecho de que ese juicio esté ya en marcha vuelve a abrir una etapa que el PP preferiría enterrada bajo toneladas de argumentario, distancia generacional y cara de “eso fue otra época”.

El salto de gravedad

Kitchen tiene un peso singular porque sube el listón de la gravedad institucional. Una cosa es corromper la contratación pública. Otra, más seria, es presuntamente usar policías, fondos reservados y estructuras estatales para interferir en el curso natural de una investigación o para neutralizar pruebas. Ahí la corrupción deja de ser solo patrimonial y pasa a rozar el corazón del Estado de derecho. Ya no estamos ante el político que favorece al empresario amigo. Estamos ante la sospecha de que el poder público se moviliza para protegerse a sí mismo de los jueces.

Por eso Kitchen produce una incomodidad especial. Tiene algo de novela negra cutre y algo de manual de régimen mal ventilado. Y, sin embargo, todo eso se está discutiendo con toga, autos, testigos y peticiones de cárcel muy severas. No es un fantasma. Es un juicio. Uno de los que mejor explican por qué España no solo ha padecido corrupción administrativa, sino también una cultura de autoprotección del poder cuando el escándalo amenazaba con desbordarlo todo.

Ábalos y Koldo, la gran prueba judicial del PSOE

Del escándalo político al juicio en el Supremo

Si Kitchen vuelve a golpear al viejo PP, el frente de Ábalos y Koldo hace exactamente eso con el PSOE. Y aquí la diferencia con otras controversias recientes es clarísima: ya no se trata solo de investigación, filtraciones o batalla parlamentaria; hay juicio en el Tribunal Supremo. Esa circunstancia cambia por completo la temperatura del caso. Cuando una causa llega a esa fase y a ese tribunal, ya ha dejado atrás el estadio del rumor hipertrofiado. Entra en el terreno donde se pesa la prueba y se mide la responsabilidad penal real.

La causa gira alrededor de la compra de mascarillas durante la pandemia, los supuestos beneficios obtenidos por intermediarios, los favores cruzados y el papel de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama dentro de una red que habría aprovechado la urgencia sanitaria para convertir la contratación excepcional en oportunidad de negocio. El escenario es muy serio. No solo por los delitos atribuidos, sino por el valor simbólico del caso: afecta a un exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, es decir, a una figura que no estaba en los márgenes del poder, sino en el centro mismo del mecanismo.

Penas altas y daño político directo

Las peticiones de pena son contundentes. Eso no significa que vaya a haber condena, ni mucho menos, pero sí indica que la Fiscalía ve una estructura delictiva de notable gravedad. Y en política española la combinación de pandemia, contratos de emergencia y presuntas comisiones tiene un efecto especialmente corrosivo. Hay algo casi insoportable para el imaginario público cuando el negocio aparece pegado a un periodo de miedo, hospitales saturados y compras desesperadas de material sanitario. El caso, por eso, no solo desgasta a un partido; daña una idea básica de legitimidad.

Lo que más compromete al PSOE no es solo el nombre de Ábalos, sino el encadenado de escenas que el caso ha ido dejando: intermediarios con conexiones, conversaciones comprometedoras, favores, relaciones empresariales y una sensación de poder desordenado, donde lo oficial y lo oficioso terminan rozándose demasiado. A veces la corrupción no necesita una gran arquitectura ideológica. Le basta con una puerta lateral mal vigilada, una emergencia y gente dispuesta a convertir el caos en negocio.

Los ERE, Lezo, Pujol, Mediador y Azud: el paisaje que sigue latiendo

Los ERE y el laberinto judicial

El caso de los ERE andaluces ocupa un lugar extraño, casi fronterizo, porque ya no está en la fase de explosión que marcó sus años duros, pero tampoco puede darse por definitivamente resuelto. Las sentencias del Tribunal Constitucional alteraron buena parte del panorama penal y obligaron a reordenar la situación de varios condenados relevantes. A partir de ahí, el procedimiento entró en un terreno espeso, técnico y políticamente explosivo, con la Audiencia de Sevilla tratando de encajar ese nuevo marco y con un debate de fondo que ha llegado incluso a la órbita europea.

Eso convierte a los ERE en una de esas causas que no están “abiertas” como un juicio recién arrancado, pero tampoco “cerradas” en el sentido que cualquiera entendería en la calle. Persisten como macrocausa revisada, discutida y jurídicamente inestable. Y eso basta para que siga formando parte del gran mapa de la corrupción española, aunque ya no con la misma intensidad mediática de hace una década.

Lezo y la lentitud como castigo añadido

Lezo representa otra de las patologías típicas del sistema: las investigaciones gigantescas que tardan tanto en alcanzar su desenlace que el tiempo casi se convierte en un actor más del proceso. El caso, vinculado al Canal de Isabel II y al entorno de Ignacio González, sigue siendo uno de los nombres mayores de la corrupción madrileña. Su eje es conocido: operaciones opacas, compras sospechosas, desvíos de dinero y una utilización presuntamente corrupta de una empresa pública estratégica.

Que Lezo siga sin una resolución definitiva después de tantos años dice mucho del sistema judicial español, para bien y para mal. Para bien, porque las macrocausas requieren un trabajo técnico enorme. Para mal, porque la demora prolongada erosiona la confianza pública y convierte la justicia en una cinta larguísima que a veces parece no acabar nunca. El ciudadano medio, mientras tanto, ve pasar gobiernos, elecciones y relatos, y acaba con una sensación áspera: que las causas tardan tanto que el castigo, cuando llega, casi parece de otra era.

La familia Pujol y el viejo dinero oculto

El juicio a la familia Pujol sigue siendo una de las estampas más simbólicas de la corrupción española. No solo por lo que representa en Cataluña, sino por el choque entre la imagen de una familia que durante años ocupó una centralidad casi institucional y la acusación de haber mantenido una fortuna no declarada y una operativa patrimonial opaca durante décadas. El caso tiene una potencia casi literaria, pero no conviene quedarse en eso. Lo que se discute es muy material: patrimonio, movimientos de dinero, estructuras societarias, cuentas y presuntas ganancias ilícitas.

La carga política del apellido Pujol es evidente, pero la carga judicial también. El proceso se ha ido alargando de una forma exasperante y, aun así, continúa siendo una de las grandes causas vivas por su dimensión simbólica y penal. Aquí no hay solo una pregunta sobre el pasado de Convergència o del poder catalán. Hay una pregunta mucho más severa sobre cómo se sostuvo durante tanto tiempo una imagen pública mientras, por debajo, presuntamente funcionaba otra realidad.

Mediador y Azud, la corrupción que no pertenece al álbum viejo

El caso Mediador, con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, se ha ido acercando al juicio y muestra una versión muy reconocible de la corrupción española: comisiones, influencias, empresarios, favores administrativos y dinero que circula mejor de lo que debería. Su importancia no es solo penal. También es sociológica. Porque recuerda que la corrupción no siempre viste traje solemne ni necesita una estructura de partido entera detrás. A veces aparece en redes más pequeñas, más vulgares, más cutres si se quiere, pero igualmente dañinas.

Y luego está Azud, quizá uno de los grandes nombres que todavía no han agotado su recorrido. La causa, nacida en València, sigue asociada a presuntas mordidas, financiación irregular, regalos de lujo, operaciones urbanísticas y conexiones entre constructoras y responsables políticos. Todavía se mueve en una fase compleja de investigación, lo que significa que su verdadero perímetro penal no está completamente cerrado. Pero precisamente por eso merece atención. Porque no pertenece al álbum nostálgico de la corrupción española; pertenece al presente judicial que aún está tomando forma.

La política española sigue viviendo con sus cloacas abiertas

Si uno junta todas estas piezas, la imagen final no ofrece un dato limpio ni una cifra mágica para titular en una pancarta. Lo que ofrece es algo más incómodo: España sigue conviviendo con varias grandes causas de corrupción al mismo tiempo, pero cada una en una fase diferente y con implicaciones distintas. Gürtel está mayoritariamente juzgada, aunque no extinguida en todos sus efectos. Púnica sigue generando juicio y condenas en distintas piezas. Kitchen ha entrado de lleno en el banquillo. Ábalos y Koldo afrontan un proceso de altísimo voltaje en el Supremo. Los ERE no terminan de estabilizarse. Lezo, Pujol, Mediador y Azud mantienen abierta la sensación de que el sistema no ha conseguido cerrar del todo ni el pasado ni el presente.

La conclusión seria, la que incomoda a todos, es que la corrupción en España no pertenece a un solo partido ni a una sola década, aunque cada bloque intente vender esa coartada cuando le conviene. El PP sigue perseguido por la larga sombra de Gürtel, Púnica, Kitchen y Lezo. El PSOE tiene encima el peso creciente del caso Ábalos-Koldo, el recuerdo aún en disputa de los ERE y otros frentes como Mediador o ciertas derivadas territoriales. El viejo espacio convergente sigue atado al caso Pujol. Y la corrupción urbanística, que parecía una postal envejecida del boom inmobiliario, continúa reapareciendo con una obstinación casi ofensiva.

Al final, más que un inventario cerrado, lo que hay es una geografía de la descomposición pública. En unos sitios aparece como amaño de contratos. En otros, como comisiones por intermediación. En otros, como uso desviado de estructuras estatales para proteger al poder. Y en casi todos los casos se repite la misma música de fondo: dinero público, relaciones de confianza convertidas en privilegio, controles que fallan, administraciones capturadas y partidos que solo descubren la pureza institucional cuando el sumario cae del lado del adversario. España, visto así, no vive solo con varios casos abiertos. Vive con una costumbre demasiado larga de mirar sus cloacas cuando ya rebosan.