Ayuso podría cobrar hasta 14 años después de dejar la Presidencia

Isabel Díaz Ayuso podría mantener durante años una relación económica con las arcas de la Comunidad de Madrid después de abandonar la Presidencia. El Estatuto de expresidentes aprobado por su Gobierno contempla dos mecanismos distintos: una compensación económica de hasta dos años tras el cese y la posterior posibilidad de participar como vocal electiva en la Comisión Jurídica Asesora, con indemnizaciones por asistencia y una permanencia que, bajo determinadas condiciones, puede prolongarse hasta 12 años.

Conviene afinar el titular antes de que las cifras hagan más ruido que la norma. No existe un sueldo garantizado durante 14 años. Los dos primeros años corresponden a una compensación temporal sometida a incompatibilidades; los otros 12 serían, en el escenario máximo, indemnizaciones por acudir efectivamente a plenos de un órgano consultivo. Tampoco esos 12 años están asegurados: el periodo inicial es de seis y su ampliación hasta 12 requiere una decisión motivada del Consejo de Gobierno. La combinación puede dibujar un horizonte de hasta 14 años desde el cese, sí, pero no una nómina automática durante todo ese tiempo.

Dos años con una compensación del 80 % del sueldo

El Decreto 59/2025, aprobado por el Gobierno madrileño en julio de 2025, permite a los expresidentes solicitar una compensación económica mensual desde el mes siguiente a su salida. Se percibe durante un periodo igual al tiempo que hayan ocupado el cargo, aunque con un máximo de 24 mensualidades.

La cuantía se fija en el mismo porcentaje y condiciones establecidos para los ministros después de abandonar el Gobierno central: el 80 % de las retribuciones correspondientes a la Presidencia madrileña. Tomando como referencia el sueldo actual de Ayuso, situado en torno a 103.091 euros brutos anuales, la compensación equivaldría aproximadamente a 82.473 euros brutos al año.

Si permaneciera dos años completos percibiéndola y las retribuciones de referencia no variasen, el importe rondaría los 164.945 euros brutos. No se trata, sin embargo, de un premio de despedida sin condiciones. Mientras cobre esa cantidad, la expresidenta no podrá desarrollar con carácter general otra actividad pública o privada remunerada ni percibir determinadas pensiones o dietas. Si opta por una actividad incompatible, debe renunciar a la compensación.

Ahí está uno de los matices que suelen evaporarse cuando la política entra en la trituradora de los titulares: el dinero existe, el derecho también, pero viene acompañado de restricciones. Otra discusión, bastante más política, es si quien aprueba el régimen puede acabar beneficiándose de él. Y en este caso la respuesta resulta evidente: Ayuso cumple sobradamente el requisito temporal.

De expresidenta a vocal de la Comisión Jurídica Asesora

El segundo tramo es más peculiar. El Estatuto permite que determinados expresidentes sean nombrados vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, el órgano que emite dictámenes sobre cuestiones jurídicas relevantes para la Administración regional.

Para acceder deben haber ejercido la Presidencia al menos dos años y haber llegado a esa responsabilidad al comienzo de una legislatura. Los expresidentes que cumplan los requisitos pueden solicitar su incorporación y asistirían a los plenos como expertos, con voz pero sin voto.

No recibirían un salario fijo por ocupar esa posición. La norma es bastante clara en este punto: únicamente existe derecho a cobrar por la asistencia efectiva a los plenos. Si no hay pleno, no hay indemnización. Si el vocal no acude, tampoco.

La cuantía fijada para estas asistencias es de 750 euros netos por pleno. Como referencia, la Comisión Jurídica Asesora celebró 45 sesiones plenarias en 2025. Un vocal que hubiera acudido a todas habría recibido 33.750 euros netos durante aquel ejercicio.

Los 405.000 euros son una proyección, no una cantidad asegurada

A partir de ahí aparece la cifra que convierte una norma administrativa en un asunto bastante más llamativo. Si se mantuvieran durante 12 años las 45 reuniones anuales de 2025 y Ayuso asistiera a absolutamente todas, las indemnizaciones sumarían 405.000 euros netos.

Pero esa cifra describe un escenario matemático, no una factura ya comprometida. El número de plenos cambia, la asistencia puede variar y, sobre todo, la permanencia durante 12 años no es automática.

El nombramiento como vocal electivo tiene inicialmente una duración máxima de seis años. Solo en el caso de quienes hayan presidido Madrid durante más de cuatro años —condición que Ayuso cumple desde hace tiempo— el Consejo de Gobierno puede aprobar, de forma motivada y mediante decreto, una ampliación que lleve la permanencia hasta un máximo de 12 años.

Hay otra pieza importante: las indemnizaciones por asistir a la Comisión son incompatibles con la compensación del 80 % que puede cobrarse tras abandonar la Presidencia. Es decir, los dos mecanismos no pueden acumularse simultáneamente. El hipotético periodo de 14 años surge de colocarlos uno detrás del otro: hasta dos años de compensación y, posteriormente, hasta 12 como vocal electiva si se produce la ampliación máxima.

Chófer, asesores y medios públicos durante cuatro años

El Estatuto no se limita al dinero. Los expresidentes que hayan permanecido al menos dos años en el cargo pueden solicitar durante los dos años posteriores a su cese hasta dos puestos de asesoramiento o apoyo, medios materiales y un automóvil con conductor.

Cuando la Presidencia se ha ejercido durante más de cuatro años, como ocurre con Ayuso, ese periodo se extiende a cuatro años después del cese. Los puestos quedan adscritos a la consejería competente en materia de Presidencia y su finalidad formal es atender las funciones representativas e institucionales del antiguo jefe del Ejecutivo.

También se contempla el uso puntual de dependencias de la Administración para reuniones y actos institucionales, el reembolso de determinados gastos de representación, atención protocolaria y medios vinculados a la seguridad personal. Esta última protección se prevé durante al menos cuatro años y puede mantenerse más tiempo cuando se considere necesario.

No hay, eso sí, una pensión vitalicia específica de expresidente ni un derecho perpetuo a asesores, chófer o instalaciones. El propio Ejecutivo madrileño presentó la norma como un modelo más restrictivo que los existentes en otros territorios. La austeridad, como tantas palabras de la política, depende bastante del metro con el que se mida.

El precedente ya funciona con Aguirre, Gallardón y Cifuentes

El mecanismo de los vocales electivos no pertenece únicamente al futuro político de Ayuso. En 2026 el Gobierno madrileño ha nombrado a los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora.

Su participación permite ver cómo funciona realmente el sistema. Cada asistencia efectiva a un pleno puede generar la indemnización correspondiente y, tomando como referencia las 45 sesiones celebradas en 2025, la cifra anual podría superar los 30.000 euros cuando la asistencia sea prácticamente completa.

La recuperación de esta figura tiene también una pequeña ironía institucional. El antiguo Consejo Consultivo madrileño fue suprimido en 2015 durante la Presidencia de Cifuentes. Una década después, la normativa impulsada por Ayuso ha vuelto a abrir a los expresidentes una puerta remunerada hacia la actividad consultiva, aunque mediante una estructura diferente y sin convertirlos en miembros con voto de la Comisión.

Qué significa realmente hablar de 14 años

Decir que Ayuso tiene garantizados 14 años de sueldo público sería ir más lejos de lo que establece el decreto. Lo jurídicamente preciso es menos redondo, pero bastante interesante por sí solo: tras abandonar la Presidencia podría cobrar hasta dos años una compensación equivalente al 80 % de las retribuciones del cargo y, en otro periodo, recibir indemnizaciones por acudir a los plenos de la Comisión Jurídica Asesora.

Su condición de vocal podría mantenerse seis años y llegar hasta 12 si el Consejo de Gobierno autoriza la ampliación prevista para expresidentes con más de cuatro años de mandato. La indemnización, además, depende de cada asistencia efectiva. No hay reunión, no hay 750 euros.

Incluso la tentación de sumar todas las cifras exige cautela. Los aproximadamente 164.945 euros correspondientes a dos años de compensación se expresan en bruto, mientras que los 405.000 euros del escenario de 12 años en la Comisión parten de una indemnización anunciada en términos netos. Sumarlos como si fueran magnitudes idénticas produce una cifra espectacular, pero fiscalmente poco limpia.

Lo relevante permanece aunque se quite el envoltorio. El régimen aprobado en 2025 permite que una presidenta con una trayectoria tan larga como la de Ayuso disponga, después del cargo, de una compensación económica temporal, medios públicos durante cuatro años y una posible actividad consultiva remunerada que puede prolongarse durante más de una década. No es una jubilación de oro escrita de antemano. Tampoco, desde luego, una despedida con una caja de cartón para recoger las cosas del despacho.

Un estatuto que sobrevivirá a quien lo aprobó

El asunto trasciende a Ayuso porque el decreto no lleva su nombre, aunque políticamente resulte imposible separar una cosa de la otra. La regulación se aplicará también a quienes ocupen la Presidencia madrileña en el futuro y reúnan las condiciones previstas.

Ese es el verdadero alcance de la decisión tomada en 2025: Madrid pasó de carecer de un estatuto específico de expresidentes a disponer de un entramado de compensaciones, apoyo institucional y tareas consultivas. Parte de esas figuras existe también en el Estado y en otras comunidades autónomas; la discusión no está únicamente en su existencia, sino en su duración, coste, incompatibilidades y justificación.

En el caso concreto de Ayuso, la norma abre un horizonte potencialmente largo después de abandonar la Puerta del Sol. Hasta 14 años es el máximo teórico que puede construirse encadenando sus distintas posibilidades. Garantizados, no. Gratuitos para las arcas públicas, tampoco.