Arabia Saudí firma su año más letal con 356 ejecuciones

Arabia Saudí encadena otro récord con 356 ejecuciones en 2025 mientras Bin Salman vende reformas y endurece la pena capital a toda velocidad

Arabia Saudí cerró 2025 con al menos 356 ejecuciones, la cifra más alta registrada en el país desde que existen seguimientos sistemáticos comparables, y lo hizo apenas un año después de haber firmado ya otro máximo histórico, el de 345 ajusticiamientos en 2024. El dato no es un sobresalto estadístico ni una desviación puntual: marca una aceleración real de la pena de muerte bajo el mando del príncipe heredero Mohammed bin Salman, justo cuando el reino lleva años intentando vender al exterior una imagen de modernización, turismo, grandes inversiones y apertura social. A esa contradicción se suma el ruido político de las últimas horas, porque Pedro Sánchez habló el 7 de marzo con Bin Salman para trasladarle la solidaridad de España tras los ataques atribuidos a Irán contra territorio saudí, una escena diplomática que devuelve a Riad al centro del tablero regional mientras su balance de derechos humanos vuelve a oscurecerse.

Lo que explica este récord no es solo la dureza tradicional del sistema saudí. Lo decisivo es quién está siendo ejecutado y por qué. Una parte enorme de las condenas de 2025 estuvo ligada a delitos de drogas, no a asesinatos, y afectó de manera desproporcionada a extranjeros con menos recursos, peor acceso a defensa y más barreras idiomáticas. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales han denunciado la ejecución de personas condenadas por hechos cometidos cuando eran menores de edad, además del caso del periodista Turki al-Jasser, ejecutado en junio tras años encarcelado. La fotografía que deja el año no es la de un país que reduce el uso de la pena capital, sino la de un Estado que la normaliza, la amplía y la utiliza también como mensaje político.

El récord que rompe el relato reformista

Durante años, la monarquía saudí ha intentado sostener dos discursos a la vez. Hacia fuera, Vision 2030, las grandes obras, los fichajes del deporte mundial, los festivales, la apertura del ocio, la captación de capital extranjero y esa idea de un país que deja atrás viejos reflejos para parecerse a una potencia moderna del siglo XXI. Hacia dentro, en cambio, el poder ha seguido funcionando con una lógica mucho más áspera: hipercentralización, intolerancia con la disidencia y un sistema penal de enorme severidad. Las cifras de 2024 y 2025 revientan la envoltura de ese relato. En 2022, Mohammed bin Salman había llegado a decir que la pena de muerte quedaría prácticamente reservada a casos de homicidio, salvo supuestos muy concretos fijados por la ley islámica. La práctica posterior fue la contraria: las ejecuciones crecieron, los delitos castigados con la muerte se ampliaron de hecho y la distancia entre el discurso reformista y la realidad judicial se volvió imposible de disimular.

Ese desfase no es menor, porque desmonta una idea que había ganado terreno en muchas cancillerías occidentales: que Arabia Saudí estaba entrando, con sus contradicciones, en una fase de reforma autoritaria, sí, pero reforma al fin y al cabo. Lo que muestran los números es algo distinto: modernización económica sin relajación penal, escaparate global sin corrección de fondo en materia de derechos. El problema para Riad no es solo reputacional. También es político. Cada nueva ejecución por delitos no letales, cada caso de un joven juzgado por hechos cometidos siendo menor, cada expediente atravesado por denuncias de tortura o por confesiones contaminadas erosiona la credibilidad del propio príncipe heredero, que lleva años presentándose como arquitecto de una Arabia Saudí distinta. Y, aun así, el régimen ha preferido asumir ese coste antes que renunciar a una herramienta de control tan contundente.

Los números que explican el salto

La cifra total impresiona, pero el desglose impresiona más. Según el recuento más citado por las organizaciones que monitorean la pena capital en el reino, 240 de las 356 personas ejecutadas en 2025 habían sido condenadas por delitos de drogas. De ese grupo, 188 eran extranjeros. Y dentro de ese mismo bloque aparece otro dato llamativo: 98 ejecuciones estuvieron vinculadas solo a hachís. Traducido a lenguaje menos técnico, significa que el gran motor del récord saudí no fue una oleada excepcional de homicidios, sino un uso expansivo de la pena de muerte contra conductas que el derecho internacional no considera parte de los llamados “crímenes más graves”, el umbral con el que la ONU acota, donde aún existe, la aplicación de la pena capital. Ahí está el verdadero salto de 2025. No en una supuesta emergencia criminal fuera de control, sino en la decisión estatal de matar más y matar por más cosas.

El telón de fondo ayuda a entender la magnitud del giro. Amnistía Internacional documentó 1.816 ejecuciones en Arabia Saudí entre enero de 2014 y junio de 2025, y dentro de ese total identificó 597 casos relacionados con drogas; casi tres cuartas partes de esas ejecuciones por narcóticos afectaron a personas extranjeras. No es una anomalía reciente, por tanto, pero sí una tendencia que se ha disparado. En muchos de esos procesos aparecen siempre los mismos ingredientes: trabajadores migrantes o personas en tránsito, perfiles socialmente frágiles, familias sin capacidad de maniobra, defensa jurídica insuficiente, intérpretes deficientes, apoyo consular irregular y acusaciones de que algunas confesiones fueron obtenidas bajo coacción. Arabia Saudí no solo ha incrementado el uso de la pena de muerte; lo ha hecho golpeando con especial fuerza a quienes tenían menos herramientas para resistirla.

La moratoria que se evaporó

Hubo un momento, además, en que el régimen intentó vender lo contrario. En 2021, la Comisión Saudí de Derechos Humanos anunció una moratoria para las ejecuciones por delitos de drogas. Aquello fue leído como un gesto relevante, una señal de que el país empezaba al menos a recortar el uso más polémico de la pena capital. Duró poco. Las organizaciones de derechos humanos sostienen que esa pausa se deshizo en menos de tres años, y que desde entonces el ritmo se ha disparado con más intensidad todavía. En 2024 hubo 122 ejecuciones por delitos de drogas y en el primer semestre de 2025 ya se habían contabilizado 118, un ritmo que adelantaba lo que acabaría llegando meses después: otro récord absoluto. Lo que parecía un cambio estructural terminó pareciendo una suspensión táctica, casi una pausa de relaciones públicas, antes de volver a la casilla de salida con más dureza que antes.

Extranjeros, minorías y condenados sin red

La dimensión internacional de esta crisis penal suele quedar eclipsada por la cifra total, pero es central. Entre las nacionalidades más golpeadas por las ejecuciones por drogas aparecen, según el seguimiento de Amnistía, pakistaníes, sirios, jordanos, yemeníes, egipcios, nigerianos, somalíes y etíopes. No es casualidad. El sistema castiga con especial crudeza a personas que llegan al reino desde posiciones extremadamente débiles, a menudo endeudadas, con trabajos precarios o directamente atrapadas en rutas migratorias y redes de tráfico. En ese punto, la justicia saudí funciona como una trituradora: absorbe vulnerabilidad social y la transforma en condena extrema. Muchas familias describen el mismo paisaje: llamadas breves, escasa información, nula claridad documental y una sensación de oscuridad absoluta alrededor del proceso. No es solo que la pena sea máxima; es que el recorrido hasta ella suele resultar opaco, abrupto y desproporcionado.

A esa capa se superpone otra todavía más delicada: la del uso de la pena capital en causas atravesadas por protesta política, acusaciones de terrorismo muy amplias y discriminación contra la minoría chií, sobre todo en el este del país, en zonas como Al-Qatif. Ahí aparece con frecuencia el Tribunal Penal Especializado, creado formalmente para asuntos de terrorismo pero señalado desde hace años por organismos internacionales por su utilización en expedientes contra opositores, activistas o personas relacionadas con movilizaciones de protesta. La cuestión no es solo jurídica. Es profundamente política. Cuando un Estado convierte en materia capital causas rodeadas de denuncias por tortura, confesiones forzadas o interpretaciones expansivas del terrorismo, la pena de muerte deja de ser únicamente un castigo penal y pasa a funcionar también como un mecanismo de escarmiento y de control.

Los nombres que agravaron el escándalo

Dos nombres resumen como pocos ese cruce entre represión, arbitrariedad y línea roja internacional. Jalal Labbad fue ejecutado el 21 de agosto de 2025 por hechos que, según Amnistía, se remontaban a cuando tenía 16 y 17 años. Su caso estaba vinculado a protestas de 2011 y 2012 contra el trato dispensado a la minoría chií y a su presencia en funerales de personas abatidas por las fuerzas de seguridad. Apenas dos meses después, el 20 de octubre de 2025, Arabia Saudí ejecutó a Abdullah al-Derazi, también condenado por hechos presuntamente cometidos siendo menor y también en un procedimiento que organizaciones de derechos humanos calificaron de gravemente injusto, basado en una confesión contaminada por tortura. La ejecución de Al-Derazi, además, coincidió con un dato demoledor: era la número 300 del año. No había ya ni margen para el autoengaño. El sistema estaba funcionando a pleno rendimiento.

El otro caso que disparó las alarmas fue el del periodista Turki al-Jasser, ejecutado el 14 de junio de 2025 tras siete años detenido. Las autoridades saudíes lo acusaron de traición, colaboración con fuerzas extranjeras, financiación del terrorismo y amenaza a la seguridad nacional, pero su expediente fue leído por organizaciones de libertad de prensa como una confirmación brutal de que el régimen estaba dispuesto a llevar el castigo máximo al terreno de la disidencia y la expresión crítica. La ejecución provocó la condena del Comité para la Protección de los Periodistas y también de UNESCO, que subrayó la gravedad del caso. En el clima saudí posterior al asesinato de Jamal Khashoggi, el mensaje fue cristalino: la represión contra voces incómodas no pertenece al pasado. Sigue ahí, y en 2025 escaló hasta el patíbulo.

El poder que castiga y se exhibe

Todo esto no ocurre en un vacío. Arabia Saudí atraviesa una etapa de exhibición internacional calculada. Ha comprado visibilidad a golpe de deporte, cultura, turismo e inversión, y ha logrado que buena parte de la conversación global sobre el país gire en torno a NEOM, los grandes fondos soberanos, el fútbol, la Fórmula 1 o los conciertos. Esa estrategia existe y ha sido eficaz en términos de imagen. Pero las cifras de ejecuciones revelan el reverso de esa operación: mientras el escaparate se vuelve más brillante, el aparato coercitivo mantiene intacta su dureza, incluso la refuerza. No hay contradicción interna para el régimen. La fórmula saudí parece ser otra: apertura administrada en lo económico y lo social, cierre férreo en lo penal y lo político. Lo uno no corrige lo otro; conviven. Y esa convivencia es precisamente lo que hace tan singular el momento saudí.

La reciente conversación entre Pedro Sánchez y Mohammed bin Salman, producida tras los ataques iraníes contra Arabia Saudí, encaja dentro de esa lógica geopolítica. España, como otros países europeos, ha querido mostrar apoyo frente a una escalada regional peligrosa. Pero ese respaldo diplomático, comprensible en clave de seguridad y estabilidad, convive con un dato imposible de ignorar: Arabia Saudí acaba de firmar el peor año de su historia reciente en materia de ejecuciones. Ahí aparece la vieja tensión de Occidente con Riad. Socio estratégico, actor energético clave, comprador de armas, potencia regional útil. Todo eso suaviza el tono de las críticas y rebaja la presión efectiva cuando los derechos humanos vuelven a estallar en la cara del reino. No es que no haya condenas; es que suelen llegar con una intensidad muy inferior a la gravedad de los hechos. Y esa diferencia, a estas alturas, ya forma parte del problema.

356 ejecuciones detrás del escaparate saudí

La cifra de 356 funciona por sí sola como titular, pero se queda corta si se mira sin contexto. No habla solo de castigo. Habla de modelo de poder. Habla de una monarquía que ha decidido sostener su proyecto de transformación internacional sin renunciar a una justicia extraordinariamente dura, con una amplitud penal que choca con los estándares internacionales más elementales. Habla de delitos de drogas castigados con la muerte, de extranjeros ejecutados en masa, de jóvenes condenados por hechos cometidos siendo menores, de un periodista llevado hasta la ejecución, de promesas oficiales incumplidas y de una comunidad internacional que a menudo mira a Riad con una doble lente: la del negocio y la de la seguridad, bastante más nítida que la de los derechos. En ese paisaje, el récord de 2025 no parece un accidente, sino la confirmación de una trayectoria.

Y esa es la clave de fondo. Arabia Saudí no ha batido una marca en un terreno marginal, ni en una estadística secundaria que pueda archivarse como un exceso administrativo. Ha batido su récord en el uso del máximo castigo que puede imponer un Estado. Lo ha hecho por segundo año consecutivo, con Mohammed bin Salman ya plenamente consolidado como figura central del reino, en medio de una región en ebullición y mientras las grandes capitales siguen tratando a Riad como un socio imprescindible. La imagen que queda no es la de una reforma frenada por circunstancias adversas, sino la de una pena capital convertida en herramienta ordinaria de poder. Y cuando un país alcanza ese punto, la cifra deja de ser un número. Se convierte en un retrato entero del régimen.